Vestido con un traje gris y con el cabello engominado, el actor y empresario Roberto Palazuelos Badeaux habló en el programa matutino Sale el sol de Imagen Televisión sobre las críticas que ha recibido como precandidato para la gubernatura de Quintana Roo. “Estoy apuntando y estoy tomando nota”, dijo, “ya llegará el momento, cuando yo sea el titular del ejecutivo, que ajustemos cuentas”. Cuatro días antes de estos comentarios, se había hecho pública la muerte del cuarto periodista local asesinado en México en 2022 y seis días después matarían al quinto. Quizá Palazuelos Badeaux no dimensionó lo que dijo, o peor aún, quizá sí.

A estas alturas parece normal: un hombre con poder, hablando con total holgura sobre silenciar a quienes lo critican. Después de todo, México es un país donde disentir, especialmente desde el periodismo, puede ser causal de muerte. Lo sabemos bien.

Desde el año 2000, 150 periodistas han sido asesinados en México y desde 2003, 23 más han desaparecido, según cifras de Artículo 19; 30 de ellos fueron asesinados durante la actual administración. Esta estrepitosa cifra de violencia letal se ha disparado en los primeros 45 días de 2022, mismos que ya suman cinco periodistas asesinados en lo que va del año. 

El primero fue José Luis Gamboa Arenas, asesinado en la ciudad de Veracruz el 10 de enero. Le siguió Alfonso Margarito Martínez Esquivel, siete días después, a quien mataron el 17 de enero en Tijuana, Baja California. No había pasado ni una semana cuando su colega, María Guadalupe Lourdes Maldonado López, fue asesinada el 23 de enero enfrente de su casa, también en Tijuana. Periodistas en 28 ciudades del país salieron a protestar estos tres asesinatos, pero no fue suficiente para detener el siguiente; el 31 de enero, Roberto Toledo Barrera fue asesinado en Michoacán. Y tan solo 10 días después, febrero empezó su propia cuenta letal cuando Heber López Vásquez fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca el 10 de febrero.

Cuando hablamos de violencia contra la prensa solemos enfocarnos en los asesinatos; arrebatarle la vida a otro es la forma más extrema de agresión, la única absolutamente irreversible, posiblemente la peor.

Lo que a veces olvidamos es que esa última expresión de la violencia, la homicida, casi siempre es la capa más fresca de una acumulación sostenida de otros tipos de violencia. Éstas se presentan de diferentes maneras: amenazas y hostigamiento como el de las declaraciones de Palazuelos Badeaux; otras incluyen el desprestigio de la labor periodística desde el poder político; o bien, la falta de apoyo institucional, como las malas condiciones laborales para ejercer el periodismo local. 

Las y los periodistas locales en México sobreviven carencias y violencias todos los días. Aún así, continúan con su trabajo de informar, denunciar y visibilizar problemas, abonando a mejorar nuestra calidad de vida desde la defensa y fortalecimiento de la democracia.

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La presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido sui generis en muchos sentidos, pero quizá una de sus más polémicas y comentadas innovaciones ha sido la conferencia de prensa matutina —la mañanera, que se transmite todos los días en vivo por redes sociales. Hablando desde su púlpito en Palacio Nacional, López Obrador ha logrado concentrar la atención de la agenda pública, rompiendo récords de ratings y superando, por mucho, las audiencias de noticieros de radio y televisión a la misma hora. 

Un siglo antes de esto, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt reflexionó sobre lo mismo: el poder de persuasión y alcance incomparables que le confería la investidura del Ejecutivo cuando quería mandar un mensaje la población, máxime si podía hacerlo a través del radio, sin depender de los periódicos como intermediarios. A partir de ese hallazgo, Roosevelt nombró a la oficina presidencial —desde la cual podía predicar sin ningún contrapeso— el bully pulpit, o púlpito magistral, en español (en su acepción original, bully no tenía la connotación de acoso que hoy tiene).

Después de la radio y la televisión, y para la fortuna de los mandatarios contemporáneos como Donald Trump y Nayib Bukele, quienes echaron mano de Twitter para amplificar sus mensajes desde el púlpito magistral, llegaron las redes sociales. 

Con la investidura, el alcance y el poder que le confiere la presidencia, López Obrador ha utilizado el púlpito magistral para señalar, cuestionar y ridiculizar la labor periodística, desprestigiándola. Los ejemplos sobran: la mención de Nexos y Animal Político como “voceros de la oposición” en relación al escándalo del uso cuestionado de ivermectina por el gobierno capitalino; el señalamiento a Carlos Loret de Mola exponiendo su sueldo para llamarlo “golpista”; la nueva sección ‘Quién es quién en las mentiras’, inaugurada en verano de 2021 para exponer lo que el Ejecutivo considera son “las mentiras que se difunden en medios de información”. Tal vez en el bully pulpit de López Obrador la acepción contemporánea de bully sea más acertada que la original y venga al caso llamarle púlpito acosador.

Al respecto, Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mencionó: “Es francamente muy extraño, para una sociedad democrática, que haya espacios de auditoría gubernamental a la prensa, una auditoría que es errática, porque muchas veces les ha tocado corregir; que es ligera, que en algunos casos es caprichosa, que todos los miércoles es unilateral, y que es además selectiva”, en su petición para retirar la sección ‘Quién es quién en las mentiras’.

El uso de la mañanera para denostar a la prensa muestra un profundo error conceptual: contrario a lo que piensan muchos funcionarios públicos, el periodismo no existe para facilitar, reproducir, replicar o amplificar el mensaje de quienes detentan el poder. Por el contrario, existe para investigarlo, cuestionarlo, exigir respuestas a promesas electorales y fiscalizar el uso de recursos y presupuestos.

A veces pareciera que, desde el poder político, se confunde la labor periodística por una de relaciones públicas, donde el gobierno espera propaganda en lugar de exigir rendición de cuentas y donde los funcionarios públicos olvidan la importancia del disenso en la vida democrática. El mismo día del asesinato de Roberto Toledo Barrera en Michoacán, el 31 de enero de 2022, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, tuiteó que Toledo Barrera se desempeñaba como auxiliar en un despacho de abogados, no como periodista. Como si no se supiera que ser periodista local no da para vivir en este país.

El sueldo promedio de los reporteros en México oscila entre  $5,101 y  $14,031 mensuales, según diversos estudios. Los reporteros locales llegan a mandar hasta ocho notas al día a diferentes medios de comunicación para juntar pagos. Según un informe publicado por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, de los 318 reporteros veracruzanos encuestados entre 2017 y 2018, el 31% trabajaba en más de un medio de comunicación; el 83% trabajaba entre 6 y 7 días de la semana y el 46% más de 8 horas al día, sin cobrar horas extras. El 77% tenía dependientes económicos, la gran mayoría no tenía prestaciones laborales y el 43% no tenía vivienda propia.

En nuestro país no es raro que un periodista local tenga otros trabajos y fuentes alternativas de ingreso. Tal era el caso de Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido y asesinado en 2015 en Veracruz, quien conducía un taxi además de publicar su semanario, o el de Leobardo Vázquez Atzin, asesinado en 2018 en Veracruz, quien trabajaba como taquero además de difundir información local a través de redes sociales. 

Comentarios como el de Ramírez Cuevas, que desestiman la relevancia de la labor periodística en los casos de reporteros asesinados, alimentan el círculo vicioso de la impunidad. Cuando se desestima la labor periodística de un reportero asesinado, se empieza a erosionar rápidamente su legado: el crimen que les arrebató la vida se convierte en la cosa que los define. En un instante, se les arrebata la posibilidad de ser recordados por sus años de trabajo periodístico, a través del cuál nos brindaron información para participar en la vida pública. Se convierten en una cifra del crimen. 

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Lourdes Maldonado llegó a la mañanera en marzo de 2019, con el pelo rizado cayéndole largo sobre la espalda. Usaba lentes negros de pasta, una blusa oscura y labial rojo cuando tomó el micrófono para dirigirse al presidente: “vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral; hasta temo por mi vida”, dijo. 

Para entonces, Lourdes llevaba 6 años enfrascada en un pleito legal contra Primer Sistema de Noticias (PSN) de la empresa Media Sport de México S.A. de C.V. propiedad del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la que la periodista había trabajado años atrás. 

El fallo original de la Junta de Conciliación y Arbitraje había sido a favor de Lourdes por despido injustificado, pero tres semanas después de emitido, la decisión cambió, dándole el triunfo a la empresa del exgobernador. Ese día de 2019 en la mañanera, Lourdes aludió a la corrupción que suele existir en procesos como éste, donde una de las partes tiene mucho más poder que la otra. 

“Le voy a pedir a Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación social de Presidencia, que te atienda, que te apoye para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe”, respondió el presidente a la periodista.

Las y los periodistas asesinados en México desde el año 2000 eran, en su gran mayoría, reporteros locales de medios independientes, freelancers, dueños de sus propios medios de comunicación —mismos que, a menudo, eran pequeños y con pocos recursos: una página de Facebook o un portal en internet, radios comunitarias, un semanario o un panfleto impreso y fotocopiado para su distribución. 

Hay decenas de testimonios que explican por qué los periodistas locales eligen fundar sus propios medios. Coinciden en la falta de independencia editorial y en la carencia de sueldos decentes y prestaciones de ley por parte de empresas más grandes.

Después de salir de PSN, Lourdes transmitía su programa de radio, Brebaje, a través de internet. Era una periodista respetada y reconocida en Tijuana. Sus colegas la describen como una entrevistadora mordaz, incisiva e incansable que ponía los temas difíciles sobre la mesa y no se escondía al momento de hacer las preguntas duras. 

En enero de 2022, después de 9 años de proceso legal, Lourdes notificó victoriosa que había ganado el caso contra PSN. 

En una entrevista con López Dóriga días después, Bonilla Valdez reconoció que, efectivamente, la periodista había ganado el caso. “Le encargué a mis abogados que resolvieran ese asunto porque esa era la instrucción de México, que se le apoyara”, explicó. Con esto, Bonilla Valdez dio a entender que la justicia, si se le puede llamar así, sucedió por indicación directa del gobierno federal. Por instrucción selectiva, no por procesos institucionales. Esa justicia a modo también es desprotección. 

A pesar del fallo a favor de Lourdes, el pago de casi medio millón de pesos que se le debía no llegaba y la Junta de Conciliación y Arbitraje embargó la empresa convirtiendo a Lourdes en la nueva apoderada de PSN. “Yo la voy a manejar y yo soy la que voy a saber que nunca pagó seguro social, que nunca pagó Infonavit y que nunca pagó Afores y que no existe nómina de empleados porque todo lo paga en sobrecitos”, dijo la periodista en entrevista el 19 de enero afuera de las instalaciones de PSN. 

Cuatro días después fue asesinada.

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La impunidad es un ciclo vicioso que contribuye a que continúen los crímenes contra periodistas. Pero es sólo el último eslabón, como un médico de urgencias cuyo trabajo es frenar una hemorragia en tiempo real. Y así como existe la medicina preventiva, también hay maneras de atender la crisis de violencia contra periodistas desde el otro extremo: el que la inicia.

Los funcionarios públicos en púlpitos magistrales locales o el federal pueden reconocer, valorar y honrar la labor periodística como la pieza esencial de contrapeso democrático que es. Pueden usar esa investidura y su poder para poner un ejemplo loable, no para lo contrario. Si los mandatarios disienten de la opinión de la prensa, tocará a la ciudadanía evaluar, distinguir y utilizar la información que se nos proporcione. Como mexicanos merecemos ser tratados con dignidad, no con condescendencia mientras se nos explica desde la oficina pública con más poder qué creer y qué no creer. 

Los medios de comunicación tienen la obligación legal de pagar salarios y prestaciones de ley y, cuando se trata de periodismo local, tendrían también que tener la obligación moral de proporcionar los medios necesarios para respaldar a quienes salen a las calles a observar, a quienes tocan en las puertas y marcan los teléfonos para preguntar y averiguar y a quienes documentan lo que pasa en los miles de municipios de nuestro país, día con día. 

La violencia contra periodistas en México tiene muchas aristas, muchas capas, muchas fases. Por ello, combatirla y prevenirla también tiene que tener diferentes aproximaciones. Como sociedad, lo mínimo que podemos hacer es construir memoria en torno a la labor que realizaron estos periodistas. Exijamos la resolución de los crímenes, sí, pero rehusémonos a recordarlos meramente como estadísticas de la violencia. Para prevenir también hace falta recordar para entender, para no olvidar, para honrar y quizá en algún momento para —colectivamente— sanar. EP

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