La vecindad entre México y Estados Unidos ha condicionado y determinado la inserción de México en el mundo desde el siglo XIX. Nuestro modelo económico se ha conformado en concordancia y compatibilidad con el estadounidense; hoy en día el dinamismo de nuestra economía depende en buena medida de los 384 mil millones de dólares de las exportaciones de México con ese destino (2021), y de las inversiones y las remesas provenientes de ese país. Nuestros patrones de consumo están estrechamente ligados a su sociedad de la que también hemos adoptado un sinnúmero de referentes culturales; de la dinámica de la relación depende en gran medida la vida de las poblaciones en la extensa zona fronteriza común. 

A pesar de esta estrechísima interdependencia económica y social, entre México y Estados Unidos nunca ha existido una alianza formal en materia de seguridad. México forma parte del perímetro regional de seguridad de Estados Unidos, lo que nos ubica en la sombrilla de la seguridad global estadounidense, al punto de permitirle a México ser un país pacifista ante la ausencia de la necesidad de prepararse para un ataque armado desde el exterior. 

Sin embargo, existe otro ámbito de la seguridad compartida con aristas y retos distintos. El lado oscuro de la globalización ha llevado en las últimas décadas al desarrollo y fortalecimiento sin precedente del crimen organizado en temas como el tráfico de drogas, armas, personas, especies y delitos financieros que trascienden las fronteras nacionales. México padece en forma mucho más grave que Estados Unidos las consecuencias de esta evolución. El crimen organizado se ha interiorizado y expandido en México como nunca, al grado de convertirse en negocios perfectamente organizados con presencia en todo el territorio nacional y cuyos tentáculos llegan ahora en forma preocupante a las actividades económicas y al ámbito político-electoral.  

La mayor parte de estos fenómenos impactan e interconectan a los dos países. Sin embargo, sus consecuencias sociales y económicas no son comparables, por sus dimensiones y por los medios de contención con los que se cuenta en uno y otro país. La inseguridad pública se ha convertido en una fenómeno generalizado en México, no así en Estados Unidos, cuyos efectos se diluyen por el tamaño de su economía, la fortaleza de sus policías locales y la efectividad de sus sistemas judiciales y de sus agencias federales y estatales encargadas de la persecución del crimen.

A Estados Unidos le preocupa lo que sucede en México en la medida en que la producción y el flujo de drogas tiene como destino el territorio estadounidense. La violencia y la inseguridad afectan a sus nacionales en México, así como a sus negocios e inversiones, y tienen un impacto negativo constante en las interacciones económicas y sociales, en particular para sus comunidades fronterizas. 

Tradicionalmente, Estados Unidos ha impuesto en forma unilateral medidas para evitar que su sociedad y su economía se vean contaminadas por lo que sucede en México. El alcance y los resultados de estas medidas han sido limitados, pues en muchos casos no atacan el origen y causas del problema, ni dentro ni fuera de EUA y no pueden ser resueltas exclusivamente en forma unilateral.

Si bien una alianza militar entre los dos países frente a amenazas regionales y extracontinentales sigue sin parecer necesaria, no así el resto de la agenda de seguridad de América del Norte que, como hemos descrito, resulta diversa y compleja. 

Históricamente, la clase política mexicana ha desconfiado de cualquier alianza formal con Estados Unidos en el ámbito de la seguridad. Esta visión es compartida por un sector mayoritario del estamento militar. Lo más lejos que se ha llegado fue la iniciativa Mérida en de el 2008 a 2021, que a lo largo de casi tres lustros años representó desembolsos por poco más de 3 mil millones de dólares, cantidad que parece insignificante si comparamos con el apoyo militar de Estados Unidos a aliados como Israel, considerado aliado militar extra-OTAN y con quien tiene un acuerdo por 38 mil millones de dólares en asistencia militar para un lapso similar. Adicionalmente, hay que destacar que la Iniciativa Mérida no fue un acuerdo bilateral sino un programa de asistencia al exterior, la misma modalidad utilizada en Iraq y en Afganistán. 

En las últimas tres décadas se han instalado mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad como los Grupos de Alto Nivel y los contactos entre agencias que coordinan el intercambio de información y programas de asistencia técnica. En más de un momento se ha intentado, como sucedió con el gobierno de Obama, avanzar hacia un acuerdo más estructurado de cooperación en materia de seguridad. Estos esfuerzos no han logrado su objetivo. Hasta la fecha la cooperación nunca ha contemplado operativos conjuntos (fuerzas de los dos países en misiones conjuntas) y pocos han sido los operativos coordinados (cada uno en su territorio sobre un mismo objetivo).

En Estados Unidos las razones que impiden impulsar esquemas más formales de seguridad con México son diversas. Por un lado, hay quienes no ven mayor necesidad y confían en que el camino tradicional de las medidas unilaterales es suficiente. Hay también quienes creen en la necesidad de una cooperación formal con México, pero desconfían de la capacidad de la contraparte para cumplir y sostener sus compromisos. Esta desconfianza parte esencialmente de la debilidad y los vaivenes políticos de las instituciones mexicanas, que por ello son vistas como poco confiables. Hay también quienes, en el extremo, consideran que la magnitud y extensión del tema de la corrupción en México hace imposible el funcionamiento de cualquier esquema de cooperación. La desconfianza es mutua, aunque por distintas razones. 

Cualquier alianza efectiva en materia de seguridad requiere de al menos tres condiciones. La primera es la identificación y acuerdo de la existencia de una amenaza común. Las amenazas intermésticas a la seguridad de los ciudadanos de América del Norte son evidentes para ambas partes. Segunda, la voluntad política de asumir y cumplir los compromisos acordados. Tercera, la existencia de mecanismos de coordinación en los niveles estratégico, táctico y operativo, que permitan alcanzar los objetivos planteados para la contención y/o neutralización conjunta de las amenazas. Es una combinación de requerimientos políticos, estratégicos y operacionales. 

Desde su llegada en 2018, el gobierno de la 4T dejó entrever un mínimo o nulo interés en los temas internacionales. La agenda bilateral estaba —y continúa— contaminada por el tema migratorio que hoy en día pasa por un alto nivel de politización en Estados Unidos. La manifiesta simpatía del líder de la 4T por el presidente Trump y su tardío reconocimiento del triunfo de su sucesor marcó un mal comienzo de la relación entre los dos mandatarios. El tema del general Cienfuegos vino a complicar más el pobre entendimiento: no obstante el gobierno de Estados Unidos concedió su extradición a México, el gobierno de la 4T mandó señales poco amistosas, como modificar la ley para rigidizar en todo lo posible la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, con clara dedicatoria a los estadounidenses. El presidente Biden ha declinado cualquier invitación a venir a México o a encontrarse con su contraparte mexicana.

La identificación y el acuerdo sobre la existencia de una amenaza común existe, pero por las razones expuestas estamos ayunos de los otros dos componentes. Hay escasa voluntad política por ambas partes y ausencia de mecanismos eficientes de cooperación para la operación. 

La aceptación de la existencia de una amenaza común quedó reflejada en la firma del Entendimiento Bicentenario entre México y los Estados Unidos para Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras (10/2021). A finales de enero 2022, se dio a conocer el plan de acción para la implementación del acuerdo, un menú de objetivos generales. Destacan, sin embargo, tres faltantes en este acuerdo. El primero, la ausencia de programas específicos para alcanzar los objetivos planteados. Segundo, la ausencia de fondos para trabajar conjuntamente; y, tercero, la ausencia de mecanismos institucionales cuya construcción, en el mejor de los casos, llevará tiempo, voluntad política y recursos.

En el mejor de los casos es un pliego de buenas intenciones que está muy por debajo de lo que requieren las circunstancias, los daños de estos crímenes, en particular en México y las palpables consecuencias de la violencia y la inseguridad para quienes viven, transitan y trabajan en los dos países. Difícil pensar en que, en las actuales circunstancias, sobre todo en México, podremos presenciar un avance significativo en este ámbito de la cooperación en el corto y mediano plazo. Sin embargo, esto no nos exime de la necesidad ineludible de un acuerdo bilateral de seguridad, en forma, consistente y efectivo, si pretendemos que la vecindad sea algo más que una condición geográfica y en realidad buscamos enfrentar conjuntamente uno de los temas más urgentes y delicados para México y en la relación bilateral. En este proceso México tiene una enorme responsabilidad política, de construcción institucional y de habilidad diplomática, que hasta ahora no ha asumido. EP

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