Cinco niños y su madre en Xalapa, Veracruz; dos pequeños más con su mamá en el Cerro del Chiquihuite y una familia completa de cuatro integrantes en Villa Guerrero, Estado de México, son sólo algunos de los mexicanos que han muerto este año en la recta final de la temporada de lluvias bajo el techo de su propia casa, víctimas del desprendimiento de toneladas de rocas y lodo que les sepultaron en segundos.

Desde el punto de vista geológico, a este fenómeno se le denomina inestabilidad de laderas, deslizamientos o remoción de masa y, si bien se trata de un riesgo inherente a los diversos relieves de las montañas, existen factores externos que modifican sus condiciones y pueden acelerar un desprendimiento de material rocoso, tales como lluvias intensas, sismos y cambios en el agua subterránea, principalmente.

Sin embargo, hay actividades humanas que aumentan los factores de riesgo de desprendimiento, que pueden ser la vibración por maquinaria pesada, la perforación del suelo, cortes geológicos para la construcción de carreteras, la deforestación, tala o incendios forestales, que cambian las condiciones del suelo y aceleran procesos erosivos.

Pero la influencia humana no termina allí. De acuerdo con la Doctora Lizeth Caballero García, especialista en fenómenos terrestres de la Facultad de Ciencias de la UNAM, para que un suceso natural se convierta en desastre necesita un ingrediente social, la exposición de actividades o asentamientos humanos, los cuales se han disparado en zonas sub reguladas, marginadas y altamente vulnerables. Y cuando llegan cíclicamente los desprendimientos, estas comunidades se llevan la peor parte.

El deslizamiento, una necesidad de la Tierra

Entre los fenómenos naturales de origen geológico, los deslizamientos de laderas son los más recurrentes en México y es en temporada de lluvias cuando se dispara su ocurrencia, según diagnostica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Mientras exista una pendiente, habrá riesgo de desprendimiento de suelo, y al ser México un país vasto en sistemas montañosos rodeados de seres humanos, el peligro es latente.

“El relieve es fundamental, se dan principalmente en pendientes abruptas, zonas escarpadas, con rocas y suelos que pueden ser materiales suaves que no tienen compactación, que sean materiales sueltos o muy fracturados o aterrados por el ambiente, van ligados con otros fenómenos como lluvias, sismos o actividad volcánica”, explica Lizeth Caballero García, de la UNAM.

“En México tenemos muchos ingredientes naturales para que ocurran porque tenemos muchas zonas montañosas, gran parte del país tiene temporadas de lluvias con precipitaciones importantes, uno de los detonadores de la mayoría de los deslizamientos”, que además son cíclicos y necesarios para los distintos procesos geológicos que han ocurrido en la Tierra a lo largo de sus 4 mil 600 millones de años.

Debido al reconocimiento de estas condiciones de peligro, el Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado un mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas en el que están descritos los niveles de riesgo de todo el país ante este fenómeno. “Bajo”, “moderado” y “alto” en colores verde, naranja y rojo son las palabras y tonos con los que se ilustra para el público en general los riesgos ante un posible desprendimiento de material geológico a lo largo y ancho de la República.

Además, la Ley General de Protección Civil del 2012 sienta las bases para la coordinación entre instituciones y la sociedad civil con miras a fortalecer la gestión de riesgos, desde la identificación del peligro hasta la recuperación posterior al desastre. La maquinaria institucional está aceitada y en marcha, pero sólo en el papel.

¿Dónde comienza el problema?

Una vez identificado el riesgo que significan las laderas a nivel nacional y, además, definidas las atribuciones de cada autoridad en la prevención de desastres naturales, ¿por qué siguen ocurriendo tragedias donde se pierden familias completas a causa de derrumbes intempestivos? Para la especialista en Ciencias de la Tierra, la respuesta puede abordarse desde diversas aristas, pero vislumbra como un denominador común la falta de accesibilidad de una familia para acceder a vivienda digna, segura y céntrica.

Esta premisa la respalda el Diagnóstico Nacional de Asentamientos Humanos Ante el Riesgo de Desastre, de la Secretaría de Desarrollo Social, donde advierte que la constante migración de las poblaciones rurales a núcleos urbanos con profundas desigualdades económicas ha abierto una creciente demanda de viviendas irregulares, que suelen encontrarse en las periferias de las ciudades en zonas con pendientes abruptas.

De hecho, el diagnóstico estima que el 60% de la demanda anual de incorporación al suelo urbano hasta el 2010 a nivel nacional correspondió a asentamientos irregulares, que aportan mayores condiciones de vulnerabilidad ante desastres naturales.

“Si analizas la oferta de bienes raíces en zonas centrales de la ciudad, es muy cara, mientras que las periferias son zonas marginadas de pendientes abruptas pero muy baratas. El riesgo va ligado a la vulnerabilidad y hay de muchos tipos, se tiene registrado que la mayoría de los desastres afectan a comunidades que tienen condiciones socioeconómicas precarias y son estas zonas no reguladas las que están más expuestas a fenómenos naturales”, discurre la especialista.

“Si ocupamos esas zonas que están en pendientes y modificamos el relieve, es donde se acoplan estos ingredientes de riesgo. Ya tengo las características naturales, pero si deforesto porque ahora voy a tener vivienda, cambio las características del suelo y la lluvia puede afectar mucho más, pueden venirse estos desastres”.

El problema radica en que, lejos de ordenar el territorio para que las zonas identificadas con mayor riesgo de deslizamiento de laderas e inundaciones no sean ocupadas por asentamientos irregulares, siguen creciendo a medida que lo hace la población urbana, incentivada también por la constante expulsión de personas de las zonas rurales sin condiciones de acceder a viviendas seguras dentro del marco de la ley.

Para Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, es el crecimiento poblacional en zonas vulnerables lo que crea la percepción de que los fenómenos naturales, geológicos e hidrometeorológicos, aumentan su frecuencia e intensidad, aunque no sea precisamente el caso.

“Tenemos mayor cantidad de personas viviendo en zonas de alta vulnerabilidad porque los municipios no han podido ordenar su territorio, están preocupados por terminar su trienio, tienen sus intereses en otro lado y no en evitar desastres”, aunado a esto, considera que se trata de sectores con dificultades para accedera a servicios públicos como la recolección de basura, seguridad, energía eléctrica, suministro de agua, áreas verdes, que la Sedesol cataloga como pobreza urbana y como un factor que amplía las brechas de desigualdad en una misma urbe.

Además, les vuelve más vulnerables ante fenómenos naturales como el deslizamiento de laderas, ya que estas viviendas suelen ser ocupadas en condiciones de hacinamiento e incluso insalubridad, y al estar en zonas de difícil acceso complican aún más las labores de atención y rescate en caso de necesitarlo.

Cuando destruir la naturaleza desata el riesgo

Existen tres clases de desprendimiento de laderas: por derrumbe de rocas, deslizamiento de una superficie y flujos de suelo. Este último está vinculado a cambios en la composición de la cubierta vegetal, que tiene un papel insustituible para la retención de suelo.

Cuando en las partes altas o medias de las montañas se desmonta la vegetación nativa para establecer monocultivos, introducir ganadería, fincar asentamientos humanos o sucede un incendio forestal destructivo, se generan cambios inmediatos en la absorción de agua en las laderas que influyen en la mecánica del terreno.

Al estar el área desprovista de vegetación, cuyas raíces crean una red de soporte subterráneo que absorben el agua, las pendientes se humedecen y saturan a mayor velocidad, pierden estabilidad y el deslizamiento se presentará en la medida en que las lluvias vuelvan insostenible el terreno.

“Modificar un ecosistema tiene repercusiones en muchas aristas que a su vez desembocan en fenómenos naturales como inundaciones y deslizamientos. En este caso, las sociedades somos parte de la naturaleza, ahí nos movemos y todo lo que hacemos desemboca en alterar un ecosistema que tiene un funcionamiento, pero nos exponemos y aumentamos nuestro riesgo”, explicó Caballero.

De ahí que ha habido casos, como el 2 de junio 2019 en San Gabriel, Jalisco, que en la cabecera municipal, donde ni siquiera llovió, les azotó un alud de lodo y troncos proveniente de la Sierra de Apango, que ese año fue víctima de talas inmoderadas e incendios forestales provocados. En la parte alta de la montaña sí cayó una tormenta, pero la inestabilidad del suelo provocó un deslave de suelo y troncos quemados que bajó hasta el pueblo y mató a cinco personas.

A este factor de riesgo se suma el cambio climático, del cual se espera que modifique aún más la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos y exacerbe desastres de esta naturaleza, regidos por las condiciones propias de las laderas, los cambios de uso de suelo, los regímenes de lluvia y la exposición de los hogares.

Saber leer los signos de alertamiento

Aunque existe una estructura institucional a nivel nacional para gestionar riesgos y prevenir desastres naturales —que además debería coordinarse con los estados y municipios—en los hechos no sucede así. 

De acuerdo con un diagnóstico del Sistema Nacional de Protección Civil del 2019, tras entrevistar a funcionarios de 25 municipios de los 19 estados con mayor incidencia de desastres naturales, sólo 24% cuenta con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 32% tiene un Atlas de Riesgo actualizado y 36% desarrolló manuales para saber cómo actuar en caso de cada tipo de desastres. Es decir, no cumplen la Ley General de Protección Civil sobre la gestión integral de riesgos, lo que se traduce en no monitorear suficientemente los peligros locales para prevenir tragedias.

Ante esto, los especialistas consultados apelan a que quienes ya viven en zonas cercanas a laderas identifiquen indicios de alerta, que podrían advertir sobre cambios en el relieve para evacuar a tiempo.

Entre las señales de alerta en las laderas figura el surgimiento de manantiales o zonas húmedas donde antes no había agua, agrietamientos o abultamientos en el terreno, ruptura de tuberías o drenajes, desalineamiento de puertas y ventanas o desprendimiento de algunas rocas. Además, recomiendan prestar atención a los avisos de posibles lluvias y tormentas, máxime si meses previos al temporal ocurrieron incendios o talas en las partes altas de la montaña, pues podría esperarse un posible desprendimiento de suelo que ha perdido vegetación.

Hay que identificar las zonas de riesgo, plantear estrategias para la gente que ya está ahí, pero también para que ya no sigan creciendo aquellas zonas. Los que ya están y notan algo, si salen de su casa a tiempo y avisan, podrían tener una pérdida económica, pero no de vidas”, planteó Caballero García.

Adicionalmente a la prevención y al nivel de alertamiento que debe manejar una población expuesta, los especialistas insisten en que las autoridades están obligadas a gestionar la reubicación de los asentamientos más vulnerables para proteger vidas, así como apostar por el reforzamiento de los sistemas de Protección Civil orientados a la prevención.

Además, apelan a cerrar la brecha de desigualdad en acceso a la vivienda digna y segura dentro de las urbes como un disuasivo de los desarrollos urbanos sub regulados, en las zonas más peligrosas y alejadas de las ciudades que, al ser las más baratas, arriesgan en silencio la vida de sus moradores. EP

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