El 11 de febrero de 2020, un relajado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se plantó ante la prensa mexicana, la oficialista previamente colocada en primera fila, para hacer dos anuncios: por un lado, que el gobierno federal, con él a la cabeza, por primera vez en 25 años tomaría acciones para “garantizar el derecho del pueblo de México a la salud”, mediante la creación de un sistema que otorgara cobertura y gratuidad totales en los servicios, y luego informó que la pandemia de COVID-19 era una exageración de la que México estaba a salvo. “Afortunadamente no tenemos problema” —aseguró López Obrador, en referencia nuevo tipo de coronavirus—: “La fortaleza del virus, lo peligroso que es, está demostrado que no va acorde con todo lo que se ha manejado”.

A esta evaluación, tres días después, el presidente añadió un dato más: que México no sólo estaba bien protegido de la pandemia en materia sanitaria, sino que, en materia económica estábamos preparados: “Hacienda lleva un seguimiento de la economía diario y no se ve que tengamos problemas en lo económico, en lo financiero, inclusive hay signos de que vamos a crecer”.

Cinco meses después de esas afirmaciones, sin embargo, la realidad arroja datos distintos a los del presidente: para finales de julio de 2020, México ya sumaba al menos 45 mil muertes por COVID-19 (con una subestimación de 40% por el retraso en la generación de estadísticas), más de 400 mil contagios confirmados por laboratorio, una caída del Producto Interno Bruto de -17%, y 20 millones de personas en desempleo, según el INEGI.

Aun así, como en la canción infantil en la que la telaraña siempre resiste un elefante más, hasta el infinito, el pasado 30 de julio, el presidente López Obrador minimizó los saldos de la pandemia alcanzados hasta ese momento, particularmente los económicos. Aseguró que él mantiene su “optimismo”, y que los signos de la recuperación se verán en septiembre.

Pero, ¿será esto así? ¿La telaraña mexicana resiste más elefantes?

La antesala del desastre

Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mira con preocupación el optimismo oficial.

“En el contexto de la pandemia” —explica el economista—, “casi todos los gobiernos del mundo han empezado a diseñar y a aplicar estrategias específicas, de muy diversos tipos: programas de apoyo a las familias, programas de crédito para que las empresas no caigan en insolvencia, programas de empleo temporal, proyectos de infraestructura, en fin, cada país ha ido armando su paquete de políticas para controlar los efectos de la pandemia, pero en el caso mexicano, las políticas que ha instrumentado el gobierno han sido muy limitadas, todas bajo una política general: la política de ‘aquí no pasa nada’ y, por lo tanto, desde esta lógica, no se ha considerado necesario hacer cambios en las políticas públicas establecidas previamente a la pandemia.”

No obstante, advierte el especialista, el discurso negacionista del gobierno no disminuye la gravedad de la crisis económica por la que atraviesa el país y, por el contrario, la aumenta. “México ya tenía un problema económico desde antes de la pandemia” —recuerda Sojo—, “las primeras decisiones económicas del presidente López Obrador, en 2018 y 2019, generaron desconfianza en los inversionistas privados, lo que provocó que en 2019 cerráramos el año con un decrecimiento de 0.3% del Producto Interno Bruto”.

De forma positiva, destaca el especialista del CIDE, durante los últimos años del sexenio anterior, en México se experimentó una disminución progresiva de la inversión pública total respecto del PIB, pero esta reducción, subraya, “venía sustituyéndose con inversión privada, de tal forma que seguía habiendo crecimiento económico y estabilidad”.

Esta tendencia a la baja en la inversión pública total respecto del PIB continuó con el gobierno del presidente López Obrador, pero la desconfianza provocada en el sector privado provocó que este dejara de invertir en 2019, es decir, el hueco que dejó la menor participación pública no fue cubierto por la iniciativa privada y la economía cayó en recesión. En esas condiciones México esperaba la pandemia de COVID-19, en enero de 2020.

“Ya teníamos el problema de la desconfianza, y añadiendo a eso la crisis por la pandemia, México terminará distinguiéndose en el plano mundial, pero en términos negativos: la nuestra va a ser de las economías que más van a caer, y de las que más lento van a recuperarse” —lamenta Sojo—: “El presidente es el único que piensa que ya tocamos fondo y que vamos en franca recuperación.”

Tiros de corto alcance

Cuatro meses después de su triunfo electoral, en noviembre de 2018, López Obrador, del partido Movimiento Regeneración Nacional, anunció un viraje radical en la política social que venía aplicándose en México desde la época neoliberal, y uno de los pilares de esta gran reforma sería, tal como prometió, la instauración de un sistema universal de salud “como el de Canadá, como el de los países nórdicos”, en donde esté garantizada la cobertura de todos los servicios, el abasto de medicamentos y su gratuidad, dijo el entonces presidente electo.

“Esas eran el tipo de iniciativas que esperábamos de un gobierno de izquierda, encabezado por el presidente López Obrador” —explica la doctora Laura Flamand, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades e investigadora de El Colegio de México—, “pero lo que al final nos entregó fue el Instituto de Salud para el Bienestar, que no es un sistema universal. Con la llegada del actual gobierno sí se dio un cambio de rumbo en política social, y como parte de esta nueva política, las acciones que mayor efecto lograrán para abatir las desigualdades sociales son el incremento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones anunciado recientemente, pero lo que evidentemente no se llevó de forma adecuada es la reforma en salud.”

La universalidad en la cobertura de salud, detalla la catedrática, “se define por una cartera única de servicios, de la misma calidad, para toda la población, y sin costo al momento de la entrega. Pero en México, la reforma aplicada no implicó crear una cartera única de servicios de salud, porque estos se brindan de manera fragmentada por distintas instituciones, según el tipo de beneficiario: si cuentas con un empleo formal, tienes IMSS o ISSSTE, y si estás inserto en la economía informal o no tienes empleo, te toca el INSABI, es decir, lo que antes era el Seguro Popular”. 

Además, contrario al sentido de la universalidad, sobre el INSABI se depositó la responsabilidad de otorgar cobertura y gratuidad total en servicios de salud a más población que su antecesor, pero con un presupuesto menor, lo que en los hechos vuelve imposible cumplir con la misión asignada.

“Este año, el INSABI tiene un presupuesto de 72 mil millones de pesos, cuando el Seguro Popular tenía 87 mil millones un año antes” —lamenta la especialista—, “y es así como, lamentablemente, nos pesca la pandemia: con un sistema de salud fragmentado, subfinanciado, con un gran déficit de personal, con una proporción altísima de gasto de los beneficiarios en su propia atención médica, y que en términos de gasto público sigue favoreciendo a las personas con empleo formal”.

Tal como ha ocurrido en otros momentos de la historia, como en la Gran Depresión de 1929, “las crisis como la que ha generado la pandemia de COVID-19 se convierten en lupas que magnifican tanto las debilidades del Estado como las desigualdades sociales, creando nuevas formas de desigualdad y poniendo a la vista otras que no eran tan evidentes” —explica la doctora Flamand—, “pero la pandemia no sólo evidenció las debilidades en términos del sistema de salud, sino también la frágil regulación del mercado laboral. Según estudios de El Colegio de México, 45% de los trabajadores subordinados remunerados no tienen contrato, ni seguridad social, lo que no sólo dificulta mucho la vida de las personas, sino que en el marco de la pandemia ha permitido una ola de despidos y disminuciones salariales muy severas.”

Esta situación fue reconocida por Luisa María Alcalde, secretaria federal del Trabajo, desde principios de abril, aunque la única acción concreta de la funcionaria fue llamar a la consideración y buena voluntad del sector empresarial: “El llamado que hacemos” —dijo entonces la colaboradora de López Obrador—, “es a reconsiderar, es momento fundamental de solidaridad frente a los trabajadores e insistimos en que no existe fundamento para despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época”.

Asegura Laura Flamand que si bien el gobierno federal ha mantenido un discurso “sensible” con la situación de todos estos trabajadores que viven en precariedad o en situación vulnerable, “a los cuales no se les puede obligar un confinamiento, porque si no trabajan hoy no comen mañana, lo cierto es que el gobierno ha omitido reconocer que eso pasa porque no ha querido construir durante esta crisis los mecanismos para apoyar a las personas tanto en dinero como en especie, a ese 45% de los trabajadores subordinados que no tienen seguridad social. No existe en México un seguro de desempleo que en otros países ha permitido proteger a estas personas, ni se ha querido atender la solicitud de varios partidos de crear un ingreso vital mínimo para esas personas que no pueden dejar de trabajar y que, por lo mismo, están más expuestas a la pandemia. A partir de lo que la pandemia ha evidenciado deberían reorientarse las prioridades, no sólo en gasto público, sino también en política pública”, advierte.

Por dónde empezar

Desde que fue anunciada la aparición del COVID-19 en China y su potencial pandémico, las autoridades mexicanas tuvieron la oportunidad de diseñar estrategias de respuesta y aprovechar, para ello, las experiencias de los países a los que afectó antes que a México. Sin embargo, lamenta el doctor Gustavo Merino, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México, el tiempo transcurrido antes de que la pandemia llegara al país se desaprovechó, con efectos negativos.

“La pandemia no nos agarró de sorpresa” —destaca Merino—, “pero su gravedad y la necesidad de medidas especiales no fueron reconocidas por las autoridades federales desde 2019, a lo mejor para no afectar tanto a la economía haciendo ruido con lo sanitario. Pero esa negativa a reconocer los riesgos de la pandemia tuvo un costo: que cuando llegó, pegó más fuerte de lo que pudo haber sido de haberse tomado medidas oportunas y adecuadas.”

Tal como con otros problemas nacionales, como el incremento de la violencia feminicida, la solución para la actual crisis económica anunciada por la autoridad es la realización de obras anunciadas desde 2018 (como la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía), la aplicación de los programas sociales de reparto de dinero entre grupos vulnerables, que de por sí se tenían proyectados cuando inició la actual gestión federal, así como más recortes en el gasto operativo de la administración pública. Pero estas acciones, advierte el doctor Merino, no son suficientes ni efectivas.

“Cualquier burocracia acumula algo de grasa” —señala el especialista en política pública—, “y muy probablemente el presidente López Obrador tenía razón cuando, al iniciar su gobierno, en diciembre de 2018, aseguró que había muchos gastos oficiales que recortar, pero el problema ahora no es sólo recortar gastos superfluos. En este momento, en realidad, se tiene que gastar, los gobiernos del mundo tienen que invertir en reactivar las economías nacionales, pero nosotros, en México, en vez de invertir, estamos dejando de invertir. Y en el intento de reducir el gasto operativo del gobierno hemos llegado a cuestiones ridículas, como quitar las computadoras a los trabajadores, como si en 2020 fuera un lujo trabajar con una computadora, como si tener acceso a esa tecnología fuera algo ostentoso o superfluo.”

Por otro lado, destaca Merino, los programas de reparto de dinero entre campesinos, jóvenes y adultos mayores, lanzados por el gobierno de López Obrador a inicios de su gobierno, difícilmente paliarán los efectos de la pandemia.

En junio pasado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó ante legisladores que si se toma en cuenta a los beneficiarios de estos programas sociales, puede asumirse que el gobierno federal ha creado 2 millones de empleos, lo que permitirá enfrentar la crisis económica causada por la pandemia.

Sin embargo, advierte Merino, ampliar el padrón de beneficiarios de programas de reparto de dinero no es lo mismo que ampliar el número de fuentes de trabajo, como aseguró Alcalde, además de que estos programas de reparto de dinero tampoco han representado una inyección extra de recursos a la economía: “En monto total, no hay evidencia de que ahora se gaste más que en el pasado en programas sociales. Pero, además, hay que considerar que, en términos económicos, la pandemia ha afectado a unos grupos sociales más que a otros, y estos programas sociales no van dirigidos a la población más afectada económicamente. El grupo de personas que más ha resentido los efectos económicos de esta crisis no son los adultos mayores, ni los jóvenes o los campesinos, sino la población en edad productiva que está trabajando y que vive al día de su trabajo. Para los adultos jóvenes, hombres y mujeres, que han perdido su espacio laboral, no hay ayuda. Para las mujeres trabajadoras jóvenes, además, ya tampoco hay guardería para sus hijos, lo que dificulta todavía más que puedan trabajar. A ese sector de personas, que es el más afectado en términos económicos, el presidente no los está apoyando. No estoy diciendo que haya que quitar el dinero a los adultos mayores para dárselo a los trabajadores jóvenes, sino que lo que necesitamos es que las decisiones de política pública se tomen con base en evidencias, y las evidencias de lo que está ocurriendo ahora están siendo ignoradas”.

En julio pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), calculó que la pobreza laboral en México alcanzó en mayo su máximo histórico: 54% de la población trabajadora, según estas estimaciones, vio disminuido su ingreso por debajo del costo de la canasta alimentaria, a pesar de lo cual, las fuentes de trabajo no fueron protegidas por las autoridades, “bajo la premisa de que ayudar a una empresa es ayudar a un hombre rico a llenarse las bolsas de dinero” —señala Merino—, “pero no, de lo que se trata es de apoyar a las empresas para que no quiebren, condicionar el apoyo a que se mantengan las fuentes de trabajo para que sus empleados no se queden sin ingresos, y porque para la reactivación económica es necesario que las empresas estén ahí, que sigan existiendo, de lo contrario, la reactivación será mucho más lenta”. 

Nada de esto, sin embargo, se ha hecho: no hay programas de apoyo para las personas que perdieron su fuente de ingreso, y las iniciativas más cercanas, como la entrega de créditos por 25 mil pesos a microempresas, no sólo están basadas en entregas minúsculas de recursos, sino que el reparto fue realizado con base en padrones de beneficiarios opacos.

“Aun así” —advierte el doctor Merino—, “no todo está perdido. Ya se hizo mucho daño a la economía con las decisiones tomadas hasta ahora, pero todavía hay tiempo para tomar medidas que protejan el empleo, aunque eso implique reconocer que hay un problema, reconocer que no vamos saliendo de él, y que tenemos que reorientar el gasto, sí, pero no de la forma en la que se está haciendo, quitándole computadoras a los trabajadores de gobierno. Lo que se debe hacer es, quizás, dejar algunas acciones que para el gobierno de López Obrador siempre han sido prioritarias, como el Tren Maya o el nuevo aeropuerto, pero que para el país ahorita no son prioridad, dada la pandemia.”

Epílogo: cinco acciones de sentido común

Las consecuencias de la crisis ocasionada en México por la recesión previa a la pandemia, y luego por el desplome de la actividad económica derivada de esta, se sentirán con toda su fuerza más allá de 2020.

Gerardo Esquivel, miembro de la junta de gobierno del Banco de México, calculó en un artículo publicado por la misma institución que los niveles de producción que registraba el país antes de la pandemia sólo podrán recuperarse hasta el año 2022.

Otros especialistas, no obstante, son menos optimistas que Esquivel. 

“Existen estudios de instituciones bancarias que estiman que la producción que se tenía al finalizar el sexenio de Peña Nieto se va a recuperar hasta el año 2027”, advierte el doctor Eduardo Sojo, del CIDE. Y el problema de eso, añade, “es que, a lo largo de estos próximos siete años, ocho millones de jóvenes serán incorporados a la fuerza de trabajo. Entonces, la situación va a ser muy complicada; aunque en 2027 se recupere la producción que teníamos en 2018, para ese momento las presiones demográficas, la gente necesitando trabajo, van a ser muchas más que las que había en 2018. Aquí pasa algo distinto a lo que ocurre en Europa, allá la población ya no está creciendo y no necesitan generar nuevos empleos, pero nosotros sí, y lo tendremos que hacer con una economía más débil que nunca.”

Ante este panorama, advierte Sojo, existen cinco acciones que están al alcance del gobierno mexicano, aun en medio de esta crisis, y que pueden ayudar a reorientar la economía mexicana. Y algunas de estas acciones, de hecho, ya están en marcha.

“La primera acción es invertir en infraestructura” —destaca Sojo—, “y esto es algo que está haciéndose en la mayoría de los países afectados por la crisis. La inversión en infraestructura tiene un efecto multiplicador, y en nuestro caso el presidente anunció desde finales de 2019 la realización de 147 obras prioritarias. Este anuncio, de concretarse, puede ser muy útil para reactivar la economía y generar empleo. Además, se puede aprovechar la experiencia acumulada en México en la aplicación de programas de empleo temporal, que se han aplicado en crisis anteriores, en la de 1982, en la de 1995 y en la de 2009”.

La tercera acción imprescindible, añade el especialista en economía y política pública, es el financiamiento al sector productivo. “Algo que no sólo es necesario durante esta etapa de la crisis sanitaria, sino después también, porque la crisis económica seguirá. Si recordamos, los bancos pospusieron el cobro de créditos e intereses, pero no los cancelaron. Entonces, cuando se supere la crisis sanitaria y las empresas puedan volver a la actividad normal, lo harán con una deuda mayor a la que de por sí tenían, y en un ambiente económico deprimido. En esto también tiene experiencia acumulada México”.

Finalmente, señala, es necesario diseñar un modelo de ayude a la gente que se quedó sin trabajo, un seguro de desempleo bajo el concepto de “ingreso mínimo vital, como están proponiendo legisladores de diversas fuerzas políticas” y, también, un programa de apoyo a sectores que han sido especialmente afectados por la crisis sanitaria y la económica, en particular los sectores turístico, de transporte y de entretenimiento. Pero para todo esto, concluye el doctor Eduardo Sojo, es necesario que antes se reconozca la grave realidad en la que ha caído el país. EP

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