Señalaban los comentaristas políticos de los años sesenta del siglo pasado en Estados Unidos que la democracia estadounidense permitía con Truman que cualquier ciudadano pudiera ser presidente; con Eisenhower, decían, era posible no tener presidente —dada la percepción de que pasaba más tiempo en el campo de golf que en la oficina—, y con Kennedy, señalaban cuán peligroso era ser presidente. Actualmente pudiera comentarse qué peligroso sería que Donald Trump fuera presidente.

Este breve análisis intenta explicar la forma en que el Partido Republicano en los últimos tiempos ha descendido a los niveles más bajos de la política, arrastrado ahora en su caída por uno de los peores candidatos en la historia electoral de los Estados Unidos. Esta declinación moral se ha venido dando a lo largo de más de medio siglo, y su situación actual no es más que el resultado del abandono de los más elementales principios de la lucha política en una democracia, particularmente como la de Estados Unidos, considerada la cuna de la democracia moderna.

El inicio de este ciclo pudiera establecerse en la presidencia de Richard Nixon en 1969, con los lamentables sucesos que antecedieron al escándalo de Watergate —y que obligaron al presidente a renunciar—, en donde hubo actos ilegales de espionaje y denigración de personajes de la vida política estadounidense, así como el uso de recursos de la campaña electoral para estos fines, promovidos por el propio presidente y por altos funcionarios de la administración, entre los que se encontraba el procurador general de justicia, John Mitchell, encarcelado posteriormente en 1974 por perjurio, conspiración y obstrucción de la justicia. Este caso marcó la utilización del “juego sucio” por parte del Partido Republicano como instrumento para alcanzar el poder, no importando los medios.

Independientemente de lo anterior, la administración de Nixon está tristemente ligada al derrocamiento en Chile del presidente Salvador Allende, y la sangrienta y brutal represión protagonizada por Augusto Pinochet, acción que desafortunadamente está asociada a una política internacional intervencionista de las administraciones encabezadas por el Partido Republicano. Políticas de este tipo se remontan, en el siglo pasado durante la administración de Eisenhower, a los golpes de Estado —conducidos en 1953 por la CIA y el Servicio Secreto de Inteligencia Británico en Irán— y al asesinato del primer ministro Mohammad Mosaddegh, así como al derrocamiento —a instancias de la United Fruit Company— del presidente Jacobo Árbenz en 1954 en Guatemala, llevado a cabo por la CIA y el Departamento de Estado —a cargo de los siniestros hermanos Allen y John Foster Dulles, respectivamente.

Este patrón de política internacional intervencionista de los regímenes republicanos se repitió posteriormente, en la era de Ronald Reagan, con la invasión de Granada en 1983 y la subversión contra el Gobierno sandinista en Nicaragua en 1985 a través de los Contras; así como con la invasión de Panamá en el periodo de George H. W. Bush en 1989, bajo el pretexto de aprehender al presidente Manuel Antonio Noriega, acusándolo de narcotraficante, pero en realidad buscando asegurar el control del canal de Panamá.

En la presidencia de Ronald Reagan hay otro ejemplo de cómo en política los fines supuestamente justifican los medios, aunque se requiera de acciones fuera de la ley, auspiciadas en este caso por el propio presidente y altos funcionarios de la administración. El escándalo de Irán-Contra ilustra los métodos ilegales utilizados por la administración de Reagan, ya que a pesar de existir un embargo internacional de armas a Irán, altos funcionarios del Gobierno negociaron la venta de armas y de refacciones al régimen iraní a cambio del apoyo de Irán para la liberación de rehenes estadounidenses en manos del grupo paramilitar de Hezbollah en Líbano. Oliver North, el entonces director del Consejo de Seguridad Nacional, diseñó un mecanismo ilegal para transferir el producto de la venta de armas a Irán para financiar la subversión contra el Gobierno sandinista mediante el financiamiento de grupos armados —a pesar de que existía una prohibición expresa del Congreso de Estados Unidos en la enmienda Boland para el envío de fondos a la contrarrevolución nicaragüense—, y de paso la introducción y venta en Estados Unidos de cocaína procedente de Colombia con el mismo fin, financiado con fondos del Departamento de Estado para ayuda humanitaria en Centroamérica.¹

Debe mencionarse por último la engañosa maniobra para justificar la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein en 2003, alegando la posesión de armas de destrucción masiva y ligas del régimen iraquí con Al-Qaeda, y que contó con la participación de funcionarios de los más altos niveles de la administración de George W. Bush, incluyendo al vicepresidente Richard Cheney, al secretario de la Defensa Donald Rumsfeld y al secretario de Estado Colin Powell. Dichas aseveraciones fueron desacreditadas posteriormente a la invasión.

Si bien las actuaciones señaladas anteriormente son contrarias al derecho internacional y moralmente reprobables, entran en la esfera de la real politik, como cínicamente lo expresó Henry Kissinger. Es en el ámbito político de la democracia donde el Partido Republicano ha venido cayendo en el abismo, hasta llegar a la triste posición en la que se encuentra actualmente con la candidatura de Donald Trump.

A partir de la candidatura de George W. H. Bush en 1988, este partido inició las agresivas y sucias tácticas electorales que ha desarrollado hasta la fecha, bajo la conducción de Lee Atwater, el entonces presidente del Comité Nacional Republicano. Fue él quien inauguró los procedimientos despiadados e inescrupulosos de juego sucio sin precedente en las campañas electorales de Estados Unidos, que se caracterizaron por la diseminación de calumnias y rumores falsos de los oponentes políticos, la falsificación de encuestas electorales, el ataque —antes impensable— a las esposas de los candidatos, y la publicación de los tratamientos médicos y las enfermedades de los adversarios políticos.

La siguiente ronda de métodos para minar la actuación del Partido Demócrata se dio después del ascenso a la presidencia de Bill Clinton, cuando el Congreso en manos de los Republicanos paralizó el funcionamiento del Gobierno mediante la negativa de aprobar el presupuesto en 1996, y una agresiva campaña que se inició con una investigación de Hillary y Bill Clinton relativa a los manejos de un desarrollo inmobiliario en Whitewater, Arkansas, para lo que se designó a un procurador especial. Esta investigación se desvió al escándalo de la relación sexual de Clinton con Monica Lewinsky y a la iniciativa del líder del Congreso, Newt Gingrich, de destituir al presidente. Es interesante destacar que Gingrich debió renunciar a su liderazgo en el Congreso después de una investigación ética sobre manejos fraudulentos de fondos de organizaciones sin fines de lucro, y además, él mismo fue acusado de adulterio en el divorcio de sus dos primeras esposas. El burro hablando de orejas.

La pérdida de la presidencia y de las dos Cámaras en 2008 marca el principio de la desintegración de la estructura del partido, con la aparición de grupos conservadores de extrema derecha que se denominaron como el Tea Party. Este movimiento tomó fuerza durante la campaña presidencial de John McCain, y su vocero más visible fue la candidata a la vicepresidencia Sarah Palin. Este sector se rebeló en contra del establishment tradicional republicano, acusándolo de inefectividad en el impulso de la agenda del partido —particularmente la más extrema. El distanciamiento también se debió a la percepción de dicho sector de la lejanía de la dirigencia del partido y los legisladores con respecto a las preocupaciones de la población, así como por su cercanía con los grupos de élite del mundo financiero y de las grandes corporaciones —aunque en el fondo subyace la sospecha de racismo por tener un presidente afroamericano.

Como resultado de lo anterior, la estrategia de los republicanos en las dos Cámaras y en las gubernaturas en manos del partido —durante las dos administraciones del presidente Obama— ha sido oponerse sistemáticamente a todas las iniciativas gubernamentales y a las del Partido Demócrata en su intención de hacer fracasar al régimen de Obama, provocando en el camino la paralización de las tareas de gobierno y ocasionando de paso un grave daño a Estados Unidos. En su ánimo de aferrarse al poder, el Partido Republicano ha promovido leyes en las entidades gobernadas por republicanos para obstaculizar la aplicación de leyes federales en materia de inmigración, salud, sindicalización, registro del voto, entre otras, con la intención de sabotear los programas de gobierno y limitar la votación de sectores de bajos recursos que consideran propensos a votar por el Partido Demócrata.

La aceptación de la candidatura de Donald Trump y el sostenimiento del apoyo de la dirigencia republicana después de las inexcusables actuaciones de un candidato a la presidencia de tan baja calidad moral y de tan pocas calificaciones para dirigir el país, demuestran el decaimiento político del Partido Republicano y conducen a la desintegración del partido, resultado del abandono de importantes figuras republicanas que rechazan estar asociados con un candidato como Trump.

A final de cuentas, el Partido Republicano está cosechando lo que ha sembrado por muchos años. Puede concluirse que la búsqueda del poder sin importar los medios y el colocar al partido por encima de los intereses de la nación acaban por revertirse finalmente. EstePaís

¹ Investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos (1986).

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Fernando Sepúlveda Amor es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

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