Consideraciones previas

El artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, define dicha figura de democracia semidirecta o participativa, en los siguientes términos:

El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. 

Ahora bien, el presidente se elige por un periodo de seis años (en esta ocasión será de 5 años diez meses) y tiene la obligación, la prerrogativa y el derecho de desempeñar su cargo hasta su conclusión.

La excepción a esta regla se da cuando un sector muy amplio de ciudadanos le ha perdido la confianza al presidente de la República y juzga que su actuación ha sido tan negativa y dañina al interés nacional, que considera una necesidad imperiosa que se le deponga de su cargo antes de que concluya el periodo para el que fue electo. 

Para que los ciudadanos inconformes con la gestión del presidente puedan lograr su propósito de que deje el cargo, se requiere que, conforme al artículo 35 constitucional, soliciten al Instituto Nacional Electoral (INE) que convoque a un proceso electoral de revocación de mandato. Con ese objeto, los ciudadanos tendrán que recabar previamente las firmas al menos de un número equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, que representa dos millones ochocientos quince mil ciudadanos. 

Para que el proceso revocatorio sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 40%, de ciudadanos, que equivale a  37.5 millones de votantes. Sin embargo, para que el resultado sea vinculatorio, es decir, para que se obligue al presidente a dejar el cargo, se requiere la mayoría absoluta de votos, o sea, 18.8  millones de ciudadanos.

Si no se obtiene esta mayoría, el presidente permanece en el cargo hasta la terminación de su periodo. Por ello, en la boleta electoral debería aparecer la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que al Lic. Manuel Andrés López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza?  La respuesta no podría ser más que SÍ o NO. Cualquier añadidura a esta pegunta desvirtuaría la figura de la revocación de mandato y, por ende, vulneraría la Constitución.

Sin embargo, prevaliéndose de su mayoría en el Congreso, y a instancia del propio presidente, Morena introdujo en la Ley Federal de Revocación de Mandato (art. 34), que la pregunta en la boleta electoral debía ser en los siguientes términos:

  ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? (resaltado añadido).

Es evidente que esta redacción es manifiestamente inconstitucional y así lo pidió la oposición a la Suprema Corte de Justicia que lo declarara, pues dicha redacción deforma  la figura de la revocación de mandato al mezclarlo con una especie de “voto de confianza”  o “ratificación de mandato”,  o de “plebiscito”,  que suele usarse como sinónimo de procedimiento dirigido a la aclamación popular de un líder, ninguno de los cuales están previstos en nuestra Ley Suprema.

En la discusión que al efecto se llevó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, 7 de sus 11 ministros —la mayoría— votaron en el sentido de que se declarara inconstitucional la referida pregunta y cuatro por su constitucionalidad. Sin embargo, salió avante la propuesta de la minoría de los ministros —significativamente integrada por el presidente de la Corte y los tres ministros propuestos por el Lic. López Obrador—  porque se requería al menos ocho votos para invalidar la pregunta. 

Es preciso tener presente, por otra parte, que la revocación de mandato es un instrumento que la Constitución concede en forma exclusiva a la ciudadanía que manifiestamente está inconforme con la manera en que el presidente está ejerciendo sus funciones, que no le tiene confianza y por ello pide legalmente que se vaya. De ninguna manera pueden solicitar la revocación de mandato los ciudadanos que no le han perdido la confianza al presidente, que no quieren que se vaya y que continúe hasta el fin de su cargo. Por ello, para evitar cualquier equívoco o ambigüedad y para que el ciudadano que firma conozca claramente el sentido de su petición, el art. 11 de la citada Ley de Revocación ordena que en el documento en donde estampa su firma el peticionario debe estar encabezado por la siguiente leyenda: ”Formato para la obtención de firmas ciudadanas para la revocación de mandato del titular de la Presidencia de la República por pérdida de la confianza”. De lo contrario, añade la ley, “la solicitud será desechada”.  

Lo cierto es que ningún ciudadano o grupos de ciudadanos inconformes con la gestión del presidente solicitaron que se convocara al proceso electoral para la revocación de su mandato. Nadie lo había pedido. No era un tema que estuviera en la opinión pública. Los que lo pidieron fueron los que no quieren que se destituya al presidente. Por absurdo que sea, los que no quieren que se revoque el mandato pidieron al INE que convocara a la  revocación de mandato para  votar porque no se revoque el mandato. La kafkiana ocurrencia partió del propio ejecutivo y Morena la llevó a cabo con gran eficiencia. Recabó las firmas necesarias para cubrir con holgura el requisito del 3% de los electores para que el INE convocara a dicha consulta, a verificarse el próximo 10 de abril, aunque no faltó la acusación fundada de que había utilizado recursos del erario y que se había valido de funcionarios públicos, de “los servidores de la nación” y aun de presiones a ciudadanos vulnerables que reciben apoyo de los programas sociales.

Independientemente de los medios poco ortodoxos que pudieron haber empleado para obtener las firmas, los propios morenistas no han desaprovechado cuanta oportunidad han tenido para jactarse que ellos son los que promovieron la solicitud de la revocación y, aun desde la tribuna de la Cámara de Diputados, un legislador fanfarroneó que habían conseguido para ese objeto no sólo los 2.8 millones que exige la Constitución, sino 10 millones de firmas. 

EL INE, empero, pudo haberse negado prudencialmente a convocar a la consulta con base en que los morenistas peticionarios no se encontraban en los supuestos que exige que exige el art. 5 de la ley (arriba transcrito), toda vez que ni quieren que se deponga al presidente  ni le han perdido la confianza. No podían ignorar que la figura de la revocación siempre implica la censura, el retiro de la confianza, la inconformidad con la forma de gobernar. Por ello la simulación de Morena para desnaturalizar la institución, trae aparejada un vicio de origen de la consulta revocatoria. 

Es incuestionable, entonces, que utilizaron dicho instrumento revocatorio con la intención maliciosa de desvirtuar esa figura y transformarla en una ratificación de mandato o de confianza, con miras a una proclamación apoteósica de la popularidad del presidente. Esta insidiosa maniobra, se pone ahora de manifiesto con la engañosa propaganda de “vota para que siga el presidente” y otras semejantes. Resulta patente que se trata de un fraude a la Constitución y a la ley.

El pasado 6 de marzo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, con nostálgicas resonancias del viejo PRI, convocó a un foro multitudinario de funcionarios públicos del más alto nivel (como el secretario de Gobernación y el director del IMSS), gobernadores, senadores y diputados —federales y locales—, alcaldes,  candidatos a gobernadores y dirigentes de todo el país, para que todos y cada uno se comprometieran a promover la asistencia a las urnas el próximo 10 de abril, dar a conocer la obra del presidente de la República y defenderlo de todos los ataques de que ha sido víctima. Este acto reviste una especial gravedad porque constituye un desafío abierto a la Constitución (art. 35), a la Ley Federal de Revocación de Mandato (art. 33) y a la autoridad electoral (INE), que prohíben categóricamente la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, pese a lo cual el presidente en las mañaneras y en algunas de sus giras, así como Morena, se han complacido en transgredir la veda electoral y han desacatado reiteradamente las órdenes que sobre este particular ha emitido el INE.

En una siguiente escalada hacia la plena deformación del instituto revocatorio, el día 10 de marzo —un mes exacto antes de la consulta— por iniciativa del propio presidente de la Cámara de Diputados, de filiación morenista  y suscrita por el coordinador de la bancada y hasta por el representante de ese partido ante el INE,  por  267 votos de la mayoría morenista en favor y  210 votos en contra, en un clásico balazo legislativo se aprobó un decreto interpretativo del art. 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe a todas las autoridades y funcionarios de cualquier orden realizar propaganda gubernamental durante la veda  electoral; prohibición que también se encuentra establecida en el ya citado artículo 35 fracción IX de la Constitución,  que, además,  especifica que  el INE será la única instancia para promover la participación ciudadana, que deberá ser de manera objetiva, imparcial y con fines informativos.

Ahora, en virtud de esa “interpretación”, que violenta la Constitución y la ley, el presidente de la República y todos las autoridades y funcionarios públicos, podrán realizar propaganda gubernamental, siempre que no sea con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público. Es decir, salvo esa excepción, ya no habría límite para la propaganda gubernamental. A nadie escapa que este es un subterfugio para legitimar la propaganda ilegal que han estado realizando el presidente y sus epígonos de Morena para que se le ratifique en su puesto y eludir las sanciones en que han incurrido. La abundancia de recursos que ha desplegado Morena  —presumiblemente  públicos— le  ha permitido atiborrar a lo largo y ancho de todo el país de bardas, lonas  y espectaculares, todo lo cual, además de su patente ilegalidad,  afecta la equidad  y  la imparcialidad del  proceso en marcha.

A mayor abundamiento, el artículo 34 de la Constitución  prescribe que “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, que es exactamente lo que han venido haciendo impunemente los funcionarios del gobierno y que ahora tratan de lavarse la cara, mediante otra violación más a la Constitución, como lo es el mencionado  decreto dizque interpretativo, al que, además, se le pretende dar carácter retroactivo, que prohíbe el artículo 14 de la ley fundamental. Habida cuenta de la aplanadora morenista en el Senado, sería muy improbable que rechazara el aludido decreto.

Para frustrar esa maniobra disruptiva de la democracia, habría que abstenerse de ir a votar. Habida cuenta de que sólo por ingenuidad o emocionalismo voluntarista, se podría pensar que ganen los que quieren que el presidente se vaya. No existe la menor posibilidad de que esto ocurra. Cada voto se sumaría al total de los emitidos por los demás ciudadanos y acercaría al gobierno a su intensamente anhelado 40%, que le daría validez a la consulta y la consiguiente consumación de la mascarada urdida AMLO y su partido. Ya se logró hacerlo con óptimos resultados en la consulta popular del 1º de agosto de 2021. La desfachatez y engaño con los que Morena realizó su propaganda de la consulta como “el enjuiciamiento a los expresidentes”, tuvo como respuesta que solamente votara el 7.11% de los ciudadanos inscritos la lista nominal de electores, muy lejos del 40% que exige la ley suprema para hacerla vinculatoria. Fue un rotundo fracaso del cual ya no quieren ni acordarse, ello sin desconocer que la organización misma  fue muy exitosa por parte del INE. 

A este respecto, algunos piensan que todo esto está orientado a la reelección del  presidente y aducen los casos de Chávez, Maduro y Evo Morales, que forzaron sus respectivas reelecciones violentando el orden jurídico. Sin embargo, hay suficientes elementos para considerar que el propio López Obrador no lo quiere, y aunque lo deseara, no lo podría llevar a cabo por diversos factores en los que sería prolijo abundar en ellos, y mucho menos si no se alcanza el porcentaje de participación que se ha señalado.

En este teatro fársico en que el gobierno y sus adláteres han convertido el proceso de revocación de mandato, es necesario defender al INE, que con todas las deficiencias de que pudiera adolecer y algunos fallos cuestionables, por demás corregibles, es la piedra angular de nuestra democracia y ha resistido a las continuas agresiones del poder público con dignidad, con valor y con los hechos irrefutables del cumplimiento de sus insustituibles funciones. Detrás de los ataques, insultos y descalificaciones de que ha sido objeto, se encuentra la intención de desaparecerlo o convertirlo en un organismo a modo y controlado por el ejecutivo, como en el largo periodo del autoritarismo priista en nuestro país. 

¿Cómo se le podría defender? Paradójicamente absteniéndose de acudir a votar. Entre más participación ciudadana haya mayor será la posibilidad de alcanzar el ansiado 40% para darle validez al ejercicio (seudo) revocatorio que solamente solicitó Morena para sus ilegales objetivos. El INE, por su parte, ha cumplido con las complejas funciones que le corresponden conforme a ley. Lo  que no ha hecho —ni hubiera podido hacer— es evitar la perversión del proceso, cuyos  responsables son los legisladores de Morena, que introdujeron la inconstitucional pregunta en la ley,  y los cuatro ministros de la Suprema Corte que la  convalidaron. Sin omitir la responsabilidad del presidente y de Morena.

En la intención destructiva del gobierno respecto al INE, la maniobra es muy clara. Si en la consulta hubiera mucha participación ciudadana, se diría que fue un mérito de Morena a pesar de la inactividad y del boicot de dicha autoridad electoral a la consulta. Si hubiera poca afluencia en las casillas, se diría exactamente lo mismo, que de ello fue responsable el órgano electoral por su falta de actividad y porque saboteó el proceso revocatorio. Aquí sí que se podría aplicar el dicho coloquial: ”Si lo ensartas pierdes y si no lo ensartas, ya perdiste”.

Hay que añadir a todo lo expresado arriba, que la figura de revocación de mandato, establecida en la Constitución en 2019 a iniciativa del mismo López Obrador, es notoriamente antidemocrática. En el supuesto de que —como piensa uno que otro iluso— la mayoría de los ciudadanos votara por la revocación del mandato de AMLO, lo sustituiría provisionalmente  el Secretario de Gobernación por un término no mayor de sesenta días e inmediatamente después el Congreso designaría por mayoría absoluta al presidente substituto que deberá concluir el periodo. En otros términos, se iría el presidente de la República de Morena y llegaría otro presidente de la República de Morena. Con la desventaja, además, de que al presidente substituto no lo elegiría el pueblo sino el Congreso, integrado por una mayoría morenista. 

Las razones para no votar

Ante esta situación objetiva de simulación democrática y de desacato a la Constitución, no solo es válida sino absolutamente necesaria, hacerse la pregunta: ¿Qué sentido tiene votar? La respuesta sería: Ninguno.

Los porqués de esa respuesta, que se desprenden y recapitulan de las anteriores consideraciones, serían los siguientes:

• Porque la petición para la revocación del mandato se hizo absurda, ilegal y contradictoriamente por quienes no quieren que se revoque el mandato al presidente. Los ciudadanos que quieren destituir al presidente por haberle perdido la confianza, son los únicos que tienen derecho a ejercitar dicha acción peticionaria y no lo hicieron.

• Porque la oposición al gobierno de AMLO, partidos, grupos, ciudadanos del común – salvo grupos muy marginales- tampoco quieren la revocación de mandato y por ello no la solicitaron.

• Porque López Obrador fue elegido democráticamente por un periodo de seis años, y tiene legitimidad y derecho para desempeñar su cargo durante todo el sexenio, además de que conserva una popularidad del 60%. 

• Porque los disidentes no quieren que se vaya sino que concluya su mandato para poder exigirle cuentas. ¿Qué propósito tendría, entonces, sumarse a los millones de morenistas que votarán por qué permanezca hasta que concluya su periodo? En este sentido cada voto de un disidente será un voto en favor de AMLO para alcanzar el 40% de la participación ciudadana.

• Porque carece de justificación despilfarrar casi dos mil millones de pesos en una consulta revocatoria sin sentido, con cuya cantidad se podría financiar, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo que benefician a casi cuatro millones de niños -la mayoría en zonas marginadas-  y que el presidente acaba de eliminar.

• Porque para los disidentes el objetivo central debería promover la abstención electoral para no colaborar con el proceso revocatorio, que tiene un vicio de origen y constituye una parodia democrática, y repetir la lección que dio los la ciudadanía en la consulta popular de 2021, —con similares elementos fraudulentos que la actual— en la que se abstuvieron de votar el 93% de los ciudadanos. 

• Porque la figura de revocación de mandato tal como se introdujo a iniciativa de AMLO en la Constitución en 2019, es de suyo antidemocrática, todavía que si se depusiera al presidente no sería el pueblo quien elegiría a su sucesor, sino de manera inmediata ocuparía la presidencia en forma interina el Secretario de Gobernación, por un periodo no mayor de sesenta días, y después el Congreso —o sea Morena— designaría al presidente substituto, que concluirá el periodo. 

• Porque desde una perspectiva ética, hay que considerar qué si bien el voto no sólo es un derecho sino una obligación, ésta última no se da en forma automática ante cualquier tipo de elección ni en cualquier circunstancia. Es necesario hacer un discernimiento. Si el proceso electoral de revocación de mandato, en realidad es un andamiaje de simulación, cuya única y verdadera finalidad es rendir pleitesía al presidente, obviamente no existe el deber de votar, porque es imposible realizar el fin propio para el que fue creada esa figura.

• Porque no hay que confundir la exposición abstracta de los principios con la aplicación de los mismos con la situación concreta. Cuando se utiliza una propaganda engañosa que no abona a la democracia sino que la degrada, la abstención electoral puede convertirse – salvada la conciencia de cada quien – en un imperativo moral. Porqué no  puede haber  obligación de votar en caso de perversión objetiva de la esencia misma de la consulta revocatoria y de su fin natural,  porque está desprovisto del nexo necesario que debería unirlo con el fin o bien que se persigue. En ética, el deber inconducente es deber inexistente. EP

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