La judicialización de las elecciones

Con tal de llenar vacíos que pudieran aparecer en los comicios, México se ha llenado de leyes, abogados, normas y retruécanos difíciles de entender para todos. De eso habla aquí con claridad Juan Jesús Garza Onofre. Hemos sembrado nuestro camino a la democracia de muchísimas espinas y los resultados pueden ser contraproducentes y afectarnos en el mediano y largo plazo. La judicialización de las elecciones es un tema fundamental, que debemos atajar.

Texto de 02/06/21

Con tal de llenar vacíos que pudieran aparecer en los comicios, México se ha llenado de leyes, abogados, normas y retruécanos difíciles de entender para todos. De eso habla aquí con claridad Juan Jesús Garza Onofre. Hemos sembrado nuestro camino a la democracia de muchísimas espinas y los resultados pueden ser contraproducentes y afectarnos en el mediano y largo plazo. La judicialización de las elecciones es un tema fundamental, que debemos atajar.

1. 

Sin temor a equivocaciones, es posible afirmar que en vísperas de que concluyan las campañas de cara a la elección del próximo 6 de junio, hasta ahora, el actual proceso electoral se ha definido por tres notas características.

a. La mediatización y ridiculización. Como si hacer política significara llamar la atención, provocando un bochornoso espectáculo en donde quien más destaque no sea quien tenga mejores propuestas, sino simple y sencillamente quien sepa hacer un espectáculo más estridente; de la noche a la mañana, los bailes, las coreografías, las botargas, las videoclips y el grotesco y sobrepasado contenido audiovisual inundaron la agenda pública en aras de conseguir el voto a costa de todo menos de ideas.

No sólo decenas de candidatos han sido asesinados durante estas elecciones intermedias, sino que también resulta imposible no mencionar cómo militantes, activistas, funcionarios y periodistas han estado en riesgo en alrededor de 169 ataques a lo largo y ancho de la República (¡en tan sólo un lapso de tres meses!)”

b. La violencia exacerbada. No sólo decenas de candidatos han sido asesinados durante estas elecciones intermedias, sino que también resulta imposible no mencionar cómo militantes, activistas, funcionarios y periodistas han estado en riesgo en alrededor de 169 ataques a lo largo y ancho de la República (¡en tan sólo un lapso de tres meses!). Esto, además de resultar inadmisible, se torna preocupante por el poder que han adquirido distintos grupos de la delincuencia organizada que intentan desestabilizar un sistema ya de por sí con bastantes desincentivos para participar en el mismo. Mientras se siga normalizando la violencia política como una cuota que hay que pagar para ser parte de este juego, se menoscabarán en definitiva las bases de la democracia.

«Judicializar incesantemente las elecciones significa mermar las vías sobre las que descansa el derecho al voto, litigar por litigar y que los partidos políticos promuevan, como lo han afirmado algunos expertos, “recursos jurídicos como extensión de las campañas políticas al ámbito legal, interponiendo quejas frívolas sin fundamento”»

c. La incesante judicialización. Nunca antes en democracia, el rol de los árbitros electorales y sus accionantes había sido tan protagónico y determinante. Como si el sólo hecho de apelar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al Tribunal Electoral o a cualquier institución ajena al juego político-ideológico, fuera suficiente para levantar sospechas respecto de alguna controvertida candidatura y, por ende, influir en el electorado, lo cierto es que este fenómeno —que resultaba más bien de carácter excepcional— con el paso del tiempo y la tecnificación del derecho electoral, se ha convertido en una constante. Judicializar incesantemente las elecciones significa mermar las vías sobre las que descansa el derecho al voto, litigar por litigar y que los partidos políticos promuevan, como lo han afirmado algunos expertos, “recursos jurídicos como extensión de las campañas políticas al ámbito legal, interponiendo quejas frívolas sin fundamento”, o bien, erogando una gran cantidad de recursos en revocar decisiones que no los favorecen, no es más que un síntoma de un sistema que se usa a conveniencia o de manera facciosa con la intención de aprovecharse del mismo.

En el presente ensayo me enfocaré en la última de dichas notas distintivas, con el fin de ofrecer algunas razones que explican tal fenómeno; es decir, tratando de comprender por qué los abogados en materia electoral están teniendo un rol crucial en la presente elección. En resumidas cuentas, aportaré algunas ideas que respondan por qué ha sucedido una judicialización de las elecciones y por qué esto puede ser algo preocupante que, a la larga, termine mermando la legitimidad de todo el sistema político-electoral.

2.

Cabe advertir que la lista que a continuación se presenta no pretende, en absoluto, aspirar a la exhaustividad. Por el contrario, su carácter enunciativo, intenta discutir un fenómeno que hace falta teorizar y pensar mejor a partir de entender a los medios de impugnación electorales no como una forma de generar presión o posicionar mediáticamente un mensaje, sino como una de las últimas alternativas para velar por la protección de los derechos políticos.

“…la sobrerregulación puede servir para abonar a una sugerente narrativa que visualiza a los requisitos como obstáculos que impiden que cualquier persona pueda aspirar a un cargo de representación popular.”

Así, algunas de las causas que explican la continua (y redituable) judicialización de los procesos electorales son:

  • La sobrerregulación del derecho electoral. Las invariables reformas electorales que ocurren cada elección —como si la lógica de esta materia se basara no sólo en la prueba y el error, sino también en ir colmando lagunas que quedan evidenciadas durante cada proceso—, han provocado un afán por intentar que ningún aspecto de la vida política quede fuera del margen de la ley. Sin lugar a dudas, se podría pensar que esto es algo bueno, una estrategia que abona a la certidumbre de las elecciones; sin embargo, esa dinámica por controlar todo conlleva una mayor demanda de servicios, donde se corre el riesgo de que la abundancia de reglas sea utilizada como excusa para no cumplirlas. Por eso, precisamente, no sólo es que cada vez se necesiten más y más personas para vigilar que cualquier candidato cumpla la ley y evite caer en infracciones, sino que también la sobrerregulación puede servir para abonar a una sugerente narrativa que visualiza a los requisitos como obstáculos que impiden que cualquier persona pueda aspirar a un cargo de representación popular. Los célebres casos de las pérdidas de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán (ambos del partido MORENA), sirven como anti-ejemplo de cómo resulta indispensable contar con buenos abogados que puedan constatar que todo está en orden y los candidatos sí se encuentran en condiciones de competir por un puesto

“Los lúgubres y variados ejemplos de las personas que fingen ser indígenas o miembros del colectivo LGBTQ+ para ser candidatos y pelear sus casos ante las autoridades correspondientes, ponen en evidencia la forma en que se puede estar en condiciones de violar la ley sin que necesariamente se tengan consecuencias por contar con una debida defensa patrocinada por el propio sistema.”

  • Una mayor cantidad de dinero en la política. No cabe la menor duda de que cada día hay más capital invertido en las instituciones electorales, en los partidos, en las precampañas y campañas, en publicidad, divulgación, pedagogía… en la política en general. La negativa de los partidos políticos por reducir su financiamiento ha generado un círculo vicioso en donde mucho de ese mismo dinero se utiliza para contratar abogados que puedan llevar a buen término sus procedimientos e impugnaciones. Y es que la contradicción es evidente y burda, pues mientras los propios protagonistas del juego electoral se encargan de ver cómo darle la vuelta a las reglas, cuentan al mismo tiempo con equipos legales que los defienden y no sólo eso, sino que también pueden sentar criterios en tribunales en el mediano plazo, porque eso les permitirá establecer ciertos límites a sus competidores, y entonces el litigio se usa de manera estratégica para tergiversar leyes que les podrían resultarles redituables en futuras elecciones. Los lúgubres y variados ejemplos de las personas que fingen ser indígenas o miembros del colectivo LGBTQ+ para ser candidatos y pelear sus casos ante las autoridades correspondientes, ponen en evidencia la forma en que se puede estar en condiciones de violar la ley sin que necesariamente se tengan consecuencias por contar con una debida defensa patrocinada por el propio sistema.
  • El controvertido rol de los árbitros electorales. Los incesantes escándalos en sede jurisdiccional, así como los constantes ataques a la autoridad administrativa desde Presidencia del República, han generado que la confianza e imparcialidad tanto en el Tribunal Electoral como en el INE se ponga en duda. En ese sentido, su trabajo parecería cobrar más relevancia que nunca, provocando que, en múltiples ocasiones y por distintos motivos, se hayan tomado fuertes determinaciones que parecerían minar la certeza sobre la que descansa el Derecho. Así, la tendencia por litigar y cuestionar dichas decisiones, se ha convertido en una constante. Evitando cualquier atisbo de racionalidad y de deferencia hacia el rol que los partidos políticos deben de tener la autoridad electoral, estos terminan por accionar toda la maquinaria legal cada vez que no estén de acuerdo con algo que afecte sus intereses. Basta ver el caso de la sobrerrepresentación, así como las resoluciones respecto a la manera en cómo el presidente López Obrador ha intervenido en el proceso para ejemplificar lo dicho. 
  • Los tiempos de la justicia electoral. Muy en línea con el anterior punto, habrá que mencionar que la premura por resolver las múltiples controversias antes de que se lleven acabo las elecciones, resulta un aliciente perverso por parte de los partidos políticos para llevar ante las autoridades electorales todo tipo de cuestiones que puedan beneficiarles. Utilizando el sistema para obstaculizarlo, el tiempo en estas cuestiones puede resultar un factor determinante en la consecución de ciertos objetivos políticos, pero difícilmente fundamentados en el derecho. Así, el litigio electoral se convierte también en una forma bastante extravagante de comunicación política, en una cuestionable pero, tal parece, efectiva estrategia para seguir estando en los medios y hacer campaña en nombre de la justicia.
  • La cultura del mal perdedor. Al momento en que las mismas reglas electorales permiten un margen considerable para presentar impugnaciones —y cuando tradicionalmente el fantasma del fraude resurge cada tres años en contiendas cuyos márgenes resultan cerrados— no cabe la menor duda de que algunos contendientes aprovecharán todas y cada una de las herramientas que les brinda el sistema para obtener los resultados que les convengan. De esa manera, aceptar una derrota el día de la elección no es una opción viable, acaso cuando el resultado sea bastante amplio (pero habrá que mencionar que incluso, a veces, esto no es suficiente). El agotamiento de las instancias procesales se ha venido entendiendo como algo más importante que la misma elección. Ahora sí que el dicho que afirma que “esto no se acaba hasta que se acaba” deja claro que el momento final de las elecciones es hasta que ocurra la calificación de la elección; antes de eso, de forma muy lamentable, nadie puede declararse cien por ciento seguro de su victoria. 

3.

Mientras se ubique a los abogados en el centro de la discusión pública —como si se les pidiera explicar, analizar y darle cuadratura a una realidad mermada por una incesante cantidad de escándalos jurídicos—, resultará probable que distintas decisiones y actuaciones políticas se encuentren poniendo en entredicho los propios límites y alcances que postulan los actuales entornos.

Más allá de la simpatía o la aversión que se tenga hacia alguna determinada opción política, no cabe duda de que las posibilidades con las que cuenta el derecho para circunscribir al poder y así trascender coyunturas, dependen, en mayor o menor medida, tanto de su correcta estructuración normativa como de su reflexiva aplicación a través de sus operadores. 

“…lo más prudente y sensato será evitar una innecesaria judicialización como estrategia para conseguir en la mesa lo que no se pudo en las urnas.”

La obediencia y el cumplimiento de las reglas sobre las que se estructura la democracia mexicana radica, preponderantemente, en que los actores políticos sepan comportarse a la altura de las circunstancias y desplieguen una actitud de respeto institucional, asumiendo con cabalidad que habrá perdedores y ganadores, que existirá la posibilidad de que la ciudadanía no les brinde su voto y, entonces, lo más prudente y sensato será evitar una innecesaria judicialización como estrategia para conseguir en la mesa lo que no se pudo en las urnas.

La razonabilidad que demanda la práctica jurídica debería entenderse como el eje central de la democracia. Independientemente de la visión política que se postule, mientras se cuente con un sólido grupo de especialistas que puedan filtrar y distinguir las proposiciones y pretensiones posibles de las irrealizables, será mucho más sencillo concretar un Estado de Derecho, un gobierno de leyes que no de personas. 

Y es que quizá ya no sólo basta con saber quiénes son esas personas que aspiran a representarnos, sino también sus abogados; actores que, tristemente, hoy resultan incluso más cruciales que los propios candidatos. EP

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