En un país con 98% de impunidad en los casos denunciados y que se ubica en el lugar 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad, lograr el acceso a la justicia para las mujeres en la migración es un reto mayor. La falta de acceso a la justicia para las mujeres migrantes es preocupante, considerando el aumento en los números de mujeres migrantes transitando y viviendo en México, el alto porcentaje que son víctimas del delito, y el nivel de impunidad. En 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 444 439 detenciones de personas migrantes en situación irregular, de las cuales, 136 080 fueron de mujeres (30%). Las personas con más detenciones provenían de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Ecuador, de acuerdo con el Boletín Estadístico Anual 2022 de la Unidad de Política Migratoria.  

En México, entre 2021 y el primer semestre de 2022, se contabilizaron 5 382 delitos cometidos en contra de personas en contextos de migración, de las cuales 1 082 fueron en contra de mujeres (20%). Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, homicidio, robo, secuestro y feminicidio. De las 5 382 denuncias registradas sobre delitos cometidos en contra de personas migrantes en México, solo 116 resultaron en una sentencia definitiva —no necesariamente condenatoria, lo que representa una tasa de efectividad en el acceso a la justicia para la población en contextos de movilidad del 2.1%, parecida a la tasa nacional—. Sin embargo, la mayoría de las mujeres migrantes, víctimas del delito, nunca denuncian debido a una serie de razones, la más importante: el miedo a las autoridades por su falta de documentación migratoria, a pesar de que no debería ser un impedimento para acceder a la justicia en México.  

¿Cuáles son las barreras para el acceso a la justicia de las mujeres migrantes?   

Existen barreras culturales, normativas y estructurales para el acceso de la justicia de las mujeres migrantes. Primero, la mayoría de las mujeres migrantes que son víctimas de algún delito nunca lo denuncian, porque no confían en el sistema de justicia por experiencias negativas que han tenido en sus países de origen, porque tienen miedo de las autoridades y por no contar con documentación migratoria. Otro factor es el desconocimiento del sistema, por ejemplo, cómo y dónde denunciar; el idioma, porque no hablan español o porque han vivido discriminación al intentar pedir ayuda a alguna autoridad. Aun si viola la Constitución mexicana y la Ley de Migración que garantizan acceso a la justicia, independiente de la nacionalidad, situación migratoria, y documentación de identidad que tenga la persona, muchas oficinas del Ministerio Público todavía requieren identificación y comprobación de una estancia migratoria regular para levantar una denuncia. Asimismo, las mujeres migrantes frecuentemente tienen presiones de deudas en su país de origen y urgentemente necesitan llegar a su destino para trabajar y pagar su viaje. No se van a detener varios años en México para darle seguimiento a un proceso penal.

Obstáculos normativos

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Migración y su Reglamento, las personas que hayan sido víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional pueden adquirir un documento migratorio por razones humanitarias, lo cual les permite residir en el país durante todo el tiempo que dure su proceso y realizar actividades remuneradas, así como entrar y salir de México las veces que lo deseen. Adicionalmente, se les otorga la posibilidad de regular su estancia migratoria al concluir su proceso.

Desafortunadamente, el proceso para pedir la estancia por razones humanitarias por ser víctima de un delito no es claro.  La normatividad migratoria menciona que la persona debe ser víctima de un delito grave para recibir el documento migratorio por razones humanitarias y tiene que haber denunciado o haber pasado por el proceso de ser reconocida como víctima ante la Comisión Ejectiva de Atención a Víctimas (CEAV). Si la mujer está en movimiento o si está detenida en una de las 56 estaciones migratorias en el país, sin información ni comunicación, es difícil seguir el procedimiento.  

Obstáculos estructurales

En 2015, se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y su Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. La Unidad debe facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, investigar y perseguir los delitos cometidos en contra de personas migrantes y dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas.

Por su parte, el Mecanismo debe facilitar el acceso a la reparación del daño a aquellas personas migrantes que fueron víctimas de un delito dentro del país, pero no se encuentran en territorio nacional. Busca asegurar que estas personas puedan acceder a las instituciones correspondientes para obtener una reparación, aun cuando se hallen fuera del país. 

No obstante, existen obstáculos en la práctica que impiden que la Unidad y el Mecanismo tengan plena eficacia. En primer lugar, no existen corresponsales de estos organismos en las estaciones migratorias. En segundo lugar, la ubicación de la fiscalía de migrantes se encuentra físicamente en lugares donde no es abundante el flujo migratorio. Tampoco existe una sistematización electrónica que pueda facilitar a las personas migrantes y a sus familias la revisión de sus expedientes correspondientes. En la práctica, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), la única forma que hemos logrado para avanzar en el acceso a la justicia para una mujer migrante que regresó a su país de origen o que se encuentra en otro país es a través de un poder notarial otorgado en el Consulado mexicano en el país donde se encuentra la víctima, y a través de la representación individual y privada.  

Experiencias en la práctica

El IMUMI ha representado varios casos penales –de delitos en contra de mujeres en la migración–, pero hasta la fecha nunca hemos presenciado ninguna sentencia penal en los casos acompañados. Eso, a pesar de haber logrado recomendaciones ante la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) y la reparación del daño ante la CEAV, incluyendo apoyo psicológico, atención médica, reparación económica y hasta una disculpa pública, pero el sistema penal no ha generado justicia.   

Actualmente, el IMUMI está representando el caso de una niña de Guatemala que falleció en la estación migratoria de Ciudad de México en 2019 debido a la negligencia médica: tenía golpes en la cabeza, pero no le dieron atención médica durante más de 8 horas, hasta que empezó a convulsionar, y falleció de camino al hospital. En este caso, a través de la CEAV se ha logrado la reparación económica, apoyo psicológico y documentación migratoria para la madre y el padre de la niña. Sin embargo, el caso penal no ha avanzado, a pesar de que el evento ocurrió hace 4 años. 

También representamos, en alianza con otras organizaciones, el caso de una mujer refugiada salvadoreña, Victoria, quien fue asesinada por policías municipales al aplicarle presión en el cuello con su rodilla. A pesar de que toda la escena fue grabada en video, incluyendo el momento en el que levantaban el cuerpo de Victoria y la metían a una camioneta de la policía municipal, el caso penal ha sido demorado en múltiples ocasiones y, a dos años, no ha habido una sentencia en el caso. La madre y las hijas de Victoria están esperando la justicia desde El Salvador, y aunque los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele prometieron que se llevaría el caso a la justicia sin impunidad, seguimos con pocos avances, incluso con una recomendación contundente de la CNDH.   

Además de los obstáculos mencionados, la falta de acción en los casos de delitos contra mujeres migrantes se debe a una percepción de que las personas migrantes son delincuentes, ya que son detenidas y deportadas. Las autoridades cometen abusos físicos –hasta toques eléctricos en pleno día– y no pasa nada. Hay un nivel de xenofobia alto en el país y para las autoridades, la falta de justicia no representa un costo político. En el caso de las mujeres, muchas veces el sistema y la sociedad puede llegar a culparles por haber salido de su país. En este sentido, nos falta un cambio de narrativa y el reconocimiento del derecho a recibir justicia independiente del género, la nacionalidad y la situación migratoria de la persona.  EP

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.