El Movimiento Urbano Popular en México: de lo social a lo político

En este texto, el Dr. Sergio Tamayo explica las principales características del Movimiento Urbano Popular en México desde los años setenta, qué peso ha tenido en la lucha por una vivienda digna y sus implicaciones en la actualidad.

Texto de 01/06/22

En este texto, el Dr. Sergio Tamayo explica las principales características del Movimiento Urbano Popular en México desde los años setenta, qué peso ha tenido en la lucha por una vivienda digna y sus implicaciones en la actualidad.

En México, es posible que la primera aparición de los movimientos sociales urbanos fuese en la modernidad tardía —finales de los sesenta y durante toda la década de los setenta—, un periodo caracterizado por la emergencia de grandes sectores de campesinos, trabajadores y colonos, que reivindicaron mejores condiciones de existencia para la población de más escasos recursos y que vivían en las zonas más deterioradas de las ciudades y las cabeceras municipales. También, que fuese el resultado de la influencia de múltiples grupos de jóvenes de izquierda, constituidos a partir de la desintegración del movimiento estudiantil de 1968. Por tanto, lo que se ha llamado el Movimiento Urbano Popular (MUP) en México no fue solo producto del espontaneísmo de las masas, ni mero resultado de su pobreza creciente, sino que la necesidad, el agravio y la ideología fueron sus múltiples dimensiones. El interlocutor directo del MUP fue el Estado, obligado a proporcionar derechos sociales básicos para toda la población. Así, se fue gestando la creación y formación de múltiples grupos urbanos que establecieron una coexistencia social entre sí a diferentes niveles: en los barrios y en los poblados, en los centros de trabajo y en las ciudades, en las regiones y hasta en el ámbito nacional. La construcción de estas densas redes sociales se facilitó ante la creencia común de que los derechos sociales eran requisito fundamental de una sociedad que asistía con justicia a, y se responsabilizaba de, las condiciones básicas de existencia para una vida digna.

Debe descatacarse que cualquier demanda social planteada como necesidad imperiosa comenzó —poco después, hacia finales de los setenta y la década de los ochenta— a ser englobada en un marco más amplio de reivindicaciones compartido por otros sectores de la sociedad civil; esto generó esa red social indirecta que unía grupos y movimientos, tanto en el ámbito local como en el regional. No es de extrañar entonces que cualquier demanda —campesinos luchando por una reforma agraria, obreros por el incremento salarial o colonos por el mejoramiento de los servicios públicos urbanos— se acompañara de otras exigencias más políticas: cambios en la reforma fiscal, alto a los subsidios estatales al capital privado, control de precios, nacionalización de la banca y fin a las políticas de austeridad. Las demandas se fueron entrelazando entre sí, ya que para lograr derechos sociales se necesitaba —eso se pensaba— obtener derechos políticos que les garantizaran contender con representantes populares, que fuesen conscientes de sus problemas y, por otro lado, acceder a otro tipo de derechos civiles, más asociados a la integridad del individuo, alto a la represión y por el ejercicio de los derechos universales, naturales e inalienables del hombre y la mujer, pero que tenían que exigirse y ejercerse en el marco de una amplia participación ciudadana. El movimiento fragmentario de los setenta fue construyendo, con otros sectores, un proyecto de ciudadanía social, política y de libertades democráticas.

La vivienda ha sido uno de los problemas centrales a los que se ha enfrentado el MUP. Primero, como un bien necesario para la reproducción social de la fuerza de trabajo, después como un derecho humano, que se vinculaba a una visión amplia del habitar la ciudad, el barrio y el derecho a una vida digna. 

Durante los setenta, la base principal del movimiento se constituyó por habitantes de nuevas colonias, que crecían como tentáculos en las periferias de las grandes urbes; algunos las llamaron “la nueva ciudad de las clases populares”. Estas clases construían sus propias casas en la ilegalidad de un suelo urbano vendida por especuladores e intermediarios o se apropiaban de los terrenos por la vía de invasiones colectivas. Con esto construían verdaderas identidades territoriales que reivindicaban una fuerte cultura local de oposición de izquierda, y se expresaban por oposición al resto de la ciudad, como los casos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Monterrey, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Mazatlán, Acapulco, Taxco, Oaxaca, Juchitán… Sus demandas eran muy concretas, todas relacionadas con la urbanización, servicios básicos y regularización de la tierra; algunas organizaciones centraban demandas muy particulares, en contra de los impuestos al predial, a la autoconstrucción de carácter popular y a la provisión de redes de agua y drenaje en barrios pobres; otras proponían aspectos más complejos como la creación del ejido urbano, o las llamadas comunas urbanas, que buscaban erigir formas de tenencia de la tierra más colectivas y con un carácter más social y menos individualista. Esta perspectiva se expresó durante los años setenta y el primer lustro de los ochenta, pues la prioridad sobre los aspectos de colectivización permeó en mucho la construcción de sólidas identidades en las organizaciones sociales. En algunos casos, se intentaron proyectos de autonomía organizativa y política, como la organización de comunas urbanas y el control territorial. Se pensaba que las relaciones sociales de propiedad en un barrio se deteriorarían en el momento en que los residentes se convirtieran en propietarios privados; es decir, el estatus del mercado inmobiliario modificaría la solidaridad existente por las redes sociales entre vecinos y decaería la identidad colectiva para dar paso a un egoísmo individualista. La visión de ciudadanía, si es que había en tal sentido, no era, de seguro, esa idea de ciudadanía centrada en el individuo como una desviación pequeñoburguesa, sino como una construcción social de ciudadanía colectiva, basada en los derechos sociales. La comuna implicaba lograr la propiedad social del suelo y la vivienda, que se mantendría fuera del mercado inmobiliario y se pasaría en usufructo por generaciones.

“La comuna implicaba lograr la propiedad social del suelo y la vivienda, que se mantendría fuera del mercado inmobiliario y se pasaría en usufructo por generaciones”.

Hacia el segundo lustro de los setenta, las expresiones sociales se diversificaron. Organizaciones barriales de distinto signo y experiencia surgieron por doquier. La lucha inquilinaria apareció como parte fundamental de la tipología del movimiento. Se dieron expresiones de descontento sobre la calidad del transporte público. Muchos sectores de vendedores ambulantes comenzaron a organizarse independientemente del PRI y de su sector popular. Bandas juveniles se unificaron y el movimiento por los derechos humanos creció en las ciudades bajo la influencia de una organización frentista nacional. 

Por su parte, el movimiento barrial creció como nunca, se integraron diversas luchas urbanas y otros sectores populares. El MUP se caracterizó más nítidamente como un sector constituido por diversas organizaciones sociales, algunas se movían dentro de tendencias políticas de izquierda, otras intercambiaron experiencias culturales y otras formaban coordinadoras y asociaciones civiles. Así se dieron los casos importantes de NAUCOPAC en el Estado de México, CUCUTAC en Tijuana, ynel Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey organizaciones formadas por miles de residentes, solicitantes de tierra, taxistas y comerciantes. En este contexto, en 1979, se creó uno de los frentes más importantes del momento: la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). Esta fue la tendencia del movimiento social en ese periodo, impulsado por una generación de organizaciones y activistas que se extenderían con gran fuerza en muchos sectores y barrios de las principales ciudades del país. Las resonancias biográficas de este activismo han tenido un efecto directriz en la formación después de la UPREZ en la CDMX, del movimiento por el agua a nivel nacional, en la formación del Partido del Trabajo, en los representantes en el PRD y luego Morena, con varias diputaciones, entre muchas otras.

Las resonancias sociales del movimiento durante los setenta empujaron la definición de un proyecto político del movimiento basado en la combinación de demandas urbanas y derechos sociales. Lo que se presenció en los ochenta fue que en las ciudades grandes y medianas miles de movilizaciones diversificaron esa lucha inicial por vivienda y tierra urbana. Entonces se llenó la escena de vendedores ambulantes, bandas juveniles, mujeres, maestros y ecologistas de todo signo. Con tantas manifestaciones públicas fue posible intentar varios proyectos de coordinación, regionales y nacionales, que abarcaron, a veces, no solamente lo referido a reivindicar infraestructura y servicios urbanos, sino muchos otros derechos vinculados a amplias esferas de los mundos vitales, lo que permitió la sistematización de demandas sociales, su clasificación y definición dentro de programas globales de reforma urbana, que significaban realmente la lucha por el derecho a la ciudad, ya no sólo de mi casa o de mi calle. Es importante decir esto porque fue convincente la manera en que distintas organizaciones sociales constituyeron verdaderas redes sociales y políticas, y con ello perspectivas y utopías más nítidas y distintivas de ciudad y ciudadanía que pudieron convertirse en verdaderos proyectos de nación. Por ejemplo, la Unión de Colonias Populares (UCP) en CDMX, apoyada por la organización política Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), reivindicó la necesidad de impulsar una reforma urbana integral. Por su parte, el Bloque Popular Revolucionario, un frente de organizaciones sociales a nivel nacional, apoyado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se abocó a impulsar lo que llamaron una reforma urbana radical. O bien, el caso de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo que impulsaba el control territorial y la comuna urbana, antecedente directo de la UPREZ, una de las fuerzas actuales más importantes de Iztapalapa y de la CDMX. Así, el principal asunto empezó a ser la incorporación de necesidades locales a demandas más amplias de ciudadanía social.

Para algunas organizaciones, por ejemplo, los servicios públicos, la regularización o adquisición de tierra urbana fueron necesidades sociales que se ligaban a exigencias que tenían un carácter más ambicioso, relacionadas con un programa nacional de regularización o, aún más, a la exigencia por la nacionalización del suelo urbano en favor de las necesidades de los trabajadores y los grupos más desfavorecidos. Parte de esta reivindicación se pudo plasmar en la Ley de Asentamientos Humanos de 1976, que tanta resistencia tuvo de los sectores inmobiliarios y otros grupos vinculados al PAN, y que además fue puesta parcialmente en práctica después de los sismos de 1985 en Ciudad de México, cuando, debido a la situación de emergencia de miles de damnificados, se aplicó un programa extendido de expropiación de suelo y vivienda urbana para beneficiar a las víctimas del siniestro.

La vivienda de interés social fue otra de las reivindicaciones importantes que se unió a la exigencia de crear la Secretaría de la Vivienda y que impulsara la nacionalización de materiales de construcción, que se promoviera con la participación y autoorganización de las y los trabajadores de la industria de la construcción. Así, el MUP estaba buscando una forma de incorporar demandas que integraran una propuesta distinta de ciudad y de hacer política, que atrajera las peticiones ambientalistas, las de seguridad social, de cultura y educación, aspectos esenciales del desarrollo social, que eran vistos, sin lugar a dudas, como parte de una concepción integral para alcanzar una alternativa de vivir.

“La vivienda de interés social fue otra de las reivindicaciones importantes que se unió a la exigencia de crear la Secretaría de la Vivienda y que impulsara la nacionalización de materiales de construcción, que se promoviera con la participación y autoorganización de las y los trabajadores de la industria de la construcción”.

Este concepto de vida digna fue muy importante, porque se refiere a un concepto amplio que incorpora otros derechos sociales particulares y que permite generar una estrategia política y social. La importancia de esta noción estriba en que era el resultado de importantes intentos de conformar un programa social y político que sedujera a amplios sectores populares hacia posiciones de izquierda, porque en verdad que los dirigentes de todos estos movimientos provenían directamente de organizaciones y partidos políticos de oposición. En efecto, para algunas asociaciones, como fue el caso de CONAMUP, esa combinación de demandas se explicaba en términos de establecer las demandas mínimas y las demandas máximas, entendidas aquellas como reivindicaciones de carácter local o gremial y las últimas, como de carácter político. Para otras, como las descritas anteriormente, UCP o BPR, las reivindicaciones tendrían que vincularse como parte de una reforma integral y radical. El hecho es que el concepto de vida digna se incluía como derechos sociales que globalizaba la idea de una ciudadanía social radical y que por vez primera fue definido en el 6to. Encuentro Nacional de la CONAMUP. La Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales (ABOV) que surgió en la CDMX vinculada a la Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC) también sostenía que: “Barrio por barrio tenemos que tejer esta alianza hasta convertir a nuestra ciudad en la ciudad del Pueblo… Retomar nuestro derecho a la ciudad mediante la participación, la movilización, la organización permanente y la iniciativa”. 

Para la ABOV era importante buscar el equilibrio entre la demanda inmediata y urgente con la visión amplia y general de la política y la cultura, como fue la creación del personaje Súper Barrio, un héroe gordo y popular, que se erigió como metáfora del comic Superman, para luchar por justicia para los pobres. Así, la noción de vida digna se recupera como un proyecto alternativo de sociedad, como un derecho social global, un postulado general que involucra una serie de derechos sociales más particulares, definidos como aquellos componentes mínimos aceptables para cubrir las necesidades psicológicas y socioculturales de la población, así como la adquisición de medios adecuados para alcanzar, resolver y superar tales necesidades. Queda claro, al menos, que de esa manera se fue erigiendo una propuesta de ciudadanía social que al final del periodo, hacia 1988, formó parte de una alternativa política global que quiso ser gobierno, diferenciándose del proyecto hegemónico del Estado y al que por su parte colaboraron los empresarios y los sectores más tradicionales.

En los ochenta, el principal desarrollo del movimiento estuvo determinado por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, así como por el surgimiento de fuertes organizaciones de vecinos en las áreas centrales de Ciudad de México, por las expresiones juveniles, principalmente a través de las bandas en barrios populares y de los estudiantes universitarios. El movimiento de damnificados surgió a través de decenas de organizaciones en varios barrios y colonias del área central de la ciudad, rescate, sobrevivencia, construcción de vivienda provisional y reconstrucción urbana fueron los principales temas que justificaron y dieron legitimidad al movimiento, que recibió gran solidaridad de toda la población de la ciudad. El movimiento creció y se hizo masivo, creando las condiciones para formar una consistente organización frentista, la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), con 40 organizaciones del movimiento urbano. Líderes, activistas, integrantes, adherentes y simpatizantes del movimiento de damnificados pudieron aprender, en muy poco tiempo, el enorme potencial que permitió la unidad de tantas organizaciones sociales, a pesar de sus diferencias en prácticas y experiencias, por la diversidad en la composición social e ideología y práctica política. La movilización logró orientar las políticas y estrategias de reconstrucción, definiendo la política de expropiación de predios, los recursos para la edificación de viviendas, y el proceso de reconstrucción en las mismas áreas centrales, sin desalojos ni represión. Este movimiento ha tenido una resonancia enorme en la conciencia crítica de los capitalinos.

“La movilización logró orientar las políticas y estrategias de reconstrucción, definiendo la política de expropiación de predios, los recursos para la edificación de viviendas, y el proceso de reconstrucción en las mismas áreas centrales, sin desalojos ni represión”. 

Resultado del movimiento de damnificados, surgió un movimiento paralelo, promovido por las mismas organizaciones originalmente de damnificados, quienes fueron las y los solicitantes de vivienda, que pudieron concretarse con proyectos habitacionales en delegaciones de la periferia con recursos del Estado y de organismos internacionales; destaca la UVYD 19 de septiembre, la UPNT y la ABOV.

Mientras tanto, el movimiento social urbano se desarrollaba también en otras regiones del país, y cobraba notoriedad con la formación de coaliciones, como la llamada Coordinadora Estatal del Movimiento urbano Popular de Sonora (CEMUP) constituída en 1986. La CONAMUP continuaba organizando los encuentros nacionales cada año con una participación promedio de 27 organizaciones de distintos estados. Más importante fue el reconocimiento que tuvo el XII Encuentro Nacional de las Comunidades Cristianas en la ciudad de Oaxaca, donde llegaron a participar más de 3 mil adherentes, y el Movimiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares, con 290 simpatizantes de 18 lugares y 8 diferentes iglesias del estado de Veracruz. 

Además, desde 1985, la lucha municipal creció en participación y en calidad de demandas, en diversas regiones del país. Fue así que se presentó la necesidad de que la ciudadanía alcanzara y se expresara por el control de los recursos, por la vía de la participación electoral, como en el caso de la COCEI en Juchitán, en Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Durango, en alianza con la izquierda de ese momento, el PSUM, PMS y PRT. La idea de impulsar la reforma urbana radical se aplicó con facilidad en los contextos municipales. Fue en la lucha de los municipios en donde las demandas, tanto de tipo rural como urbano, se traslapaban con mucha frecuencia, pues la aplicación de la reforma urbana se concentraba en pequeñas y medianas ciudades y cabeceras municipales. Muchas organizaciones sociales y políticas retomaron el concepto de reforma urbana y la adaptaron a sus propias posibilidades e interpretaciones. Las demandas urbanas tenían un referente territorial fundamental, de ahí que se construyera un proceso de identidad colectiva a partir de la acción organizativa y el control del territorio, aspecto que se englobaba con la lucha política y la participación ciudadana surgida en contra de autoridades impuestas por el PRI, que no expresaban las necesidades mediatas ni inmediatas de los pobladores. 

El Movimiento Urbano Popular, como la gran mayoría de los movimientos sociales, ha estado influenciado por los vaivenes de la política. Así pasó durante los setenta, impactado por el movimiento obrero y campesino; durante los ochenta con los efectos del sismo del 85 y el movimiento estudiantil, así como la gran turbulencia que significó la formación de la Corriente Democrática en el PRI, luego el Frente Democrático Nacional y finalmente el Partido de la Revolución Democrática. El MUP se dividió: unos apoyando la nueva corriente de centro-izquierda; otros buscando la continuidad de la lucha independiente. La enorme votación que obtuvo el FDN en la CDMX empujó a muchos dirigentes del MUP a la representación política de la entonces Asamblea Legislativa del DF. Se instituyeron así dos grandes vías de organización y participación, una orientada a la participación electoral, la gestión a través de la representación partidaria, pero también a través de la construcción de un proyecto político que tenía forzosamente que ver a la ciudad como referente, y no solamente una reivindicación reducida a la vivienda, al acceso a los servicios o a la regularización. La otra vertiente experimentó un cambio sustantivo en la negociación con las instituciones. La inserción de políticas e ideologías construidas en el neoliberalismo, planteando la reducción de la participación social del Estado, debido a su ineficiencia, hiperburocratización, situándolo en el centro de todos los males, que explicaban con claridad al responsable de la pobreza urbana, modificó el trato con el MUP. Los dirigentes fueron obligados a entrar en una dinámica no como activistas sociales, sino como gestores inmobiliarios; las negociaciones tenía como principio rector el crédito bancario para la adquisición de vivienda, y no el logro resultado de una lucha y solidaridad colectiva, de un lugar dónde vivir, como derecho humano y no como mercancía. El MUP cambió el referente de su nombre y se convirtió, la mayoría de las veces en movimiento ciudadano, a veces, asumiendo el papel más institucional del término, basado en el individuo y no en la colectividad, sustentado en la persona y no en la comunidad. 

“El MUP cambió el referente de su nombre y se convirtió, la mayoría de las veces en movimiento ciudadano, a veces, asumiendo el papel más institucional del término, basado en el individuo y no en la colectividad, sustentado en la persona y no en la comunidad”.

Otras resonancias históricas fundamentales en la década de los noventa fueron, por un lado, el surgimiento del EZLN y, por otro lado, el triunfo del PRD de Cuauhtémoc Cárdenas en las primeras elecciones libres para elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997. Esto permitió una extensión y ampliación de marcos de referencia en el MUP que le dio, de nueva cuenta, una visión más general y universal de los problemas urbanos. Las demandas al mismo tiempo que se diversificaban hacia los comerciantes en vía pública, los jóvenes de los barrios populares, la lucha por la vivienda, la organización popular contra los megaproyectos y la construcción de una vida digna en las ciudades, también se extendían hacia los municipios y comunidades indígenas, estableciendo vínculos entre lo propiamente urbano y otros temas de carácter ambiental y laboral. Al final, el tema del territorio y de la apropiación y producción social del espacio, específicamente del espacio público, se convirtió en la perspectiva principal.

Cuando, en 2000, Andrés Manuel López Obrador ganó por segunda vez la ciudad para el PRD, posicionó al DF con el MUP, aunque exacerbó sus contradicciones. El programa de vivienda ha sido uno de los más grandes y ambiciosos en la historia reciente de la ciudad. Se fundamentó en el llamado Bando 2, un decreto que estableció el nuevo gobierno para organizar territorialmente la ciudad y resolver el problema de la dotación de agua, la preservación de zonas de conservación y el acceso a una vivienda adecuada a todos los sectores sociales. Se alcanzó un número de 150 mil acciones de vivienda para ese sexenio, entre 2000 y 2006, en unidades habitación, nuevas o de sustitución en zonas con capacidad instalada, en zonas de alto riesgo y una redensificación de las delegaciones centrales de la ciudad. No obstante, la visión del gobierno estableció dos vías: la selección de los beneficiarios de manera individual y la negociación en paralelo con organizaciones del MUP. Para algunas, este proyecto no convencía porque significaba desplazar la concepción colectiva de la gestión de vivienda, por un trámite burocrático e individualizado.  Al mismo tiempo, la reducción sustancial de construcción de viviendas en las delegaciones periféricas constreñía las posibilidades a organizaciones del MUP, cuya influencia territorial estaba en las periferias, aumentando, en contraparte, la conveniencia de las organizaciones asentadas en la zona central.

Recientemente, el MUP ha seguido esta tendencia a la diversificación, lo que ha generado una paradoja: por una parte, ha incorporado diversidad y ha fragmentado su unidad, debido al desafío que ha confrontado la independencia política del MUP con respecto al gobierno; por otro lado, el MUP se ha podido erigir como un actor de primer orden en la definición de una concepción amplia y universal, por lo que se empezó a definir como el derecho a la ciudad.  

Con respecto a la diversificación, podemos mencionar las impresionantes construcciones de megaproyectos en muchas ciudades medias y grandes del país, en pactos alcanzados entre inmobiliarias y empresas constructores con los gobiernos: hicieron estallar hasta 102 conflictos en diferentes lugares como los casos del Club de Golf de Tepoztlán, el Nuevo Aeropuerto Internacional de CDMX en Texcoco, las Presas la Parota, el Zapotillo, el Parque eólico en San Dionisio del Mar, el Proyecto Integral Morelos… 

Recordemos que en los setenta el MUP respondía a diferentes sectores que hoy continúan, aunque con otro grado y nivel de demandas, así como de participación e ideologías. El movimiento de damnificados surgido a raíz de los sismos de 2017 —reivindicando la reconstrucción de viviendas en zonas rurales y zonas urbano-rurales del sur y sureste, y de vivienda multifamiliar, en el caso de la CDMX— respondía a situaciones diferentes que las vividas por los pobladores de viviendas en renta afectadas por los sismos de 1985. Al mismo tiempo, la lucha se ha expresado con taxistas en movimiento, confrontándose con empresas trasnacionales, pero además con otros trabajadores del transporte de taxi. La lucha urbana se sigue expresando con los comerciantes en vía pública. Llama la atención la constitución, a partir de los efectos de la pandemia de 2020, de las llamadas “mercaditas”, mujeres que toman las calles de las ciudades contra el hostigamiento y por el derecho al trabajo y a un ingreso digno.

Sin embargo, debemos reconocer la existencia de esta experiencia del MUP como un actor relevante a nivel social y político. Esto se ejemplifica con la definición de lo que se ha llamado “el derecho a la ciudad”, que pudo alcanzar su mayor éxito, desde el sexenio de Marcelo Ebrard, y en 2017 con la instauración inédita de una nueva constitución de la CDMX, resultado de una enorme consulta y participación de todos los sectores urbanos.

Los cambios en la alternancia de 2018 han impactado la organización independiente del MUP. Como en 1976, 1988 y 2000, el MUP va adquiriendo y se va acomodando a los vaivenes de la orientación política de los gobiernos en turno. Este movimiento formó parte de una gran movilización popular que posicionó a AMLO para la presidencia de la República. Si el MUP continúa sesgado a las contradicciones y restricciones electorales de este bloque hoy hegemónico, va a perder capacidad de acción, de negociación y de avance organizativo y de movilización. 

Como vemos, podríamos pensar en un MUP de una segunda ola, aquella que comenzó a finales de los sesenta y se alimentó después con activistas del movimiento del 68, que construyeron organizaciones independientes durante los setenta, y hasta grandes coordinadoras nacionales durante los ochenta, y que, finalmente, al asociarse con organizaciones políticas de la izquierda independiente fueron definiendo proyectos amplios de reforma urbana radical. Después podemos pensar en una especie de bisagra transicional, que llevó a la tercera ola del MUP, que tuvo que reajustarse como movimiento ciudadano, resistir los embates de la ciudad neoliberal, la ciudad del libre mercado y la privatización inmobiliaria, y participar mayoritariamente en las tumultuosas corrientes electorales del momento 1994, 1997 y 2000.

Actualmente, la tercera ola abarca la unificación de organizaciones y movimientos de diferentes sectores sociales, donde el MUP es un actor relevante: coexiste con un gobierno de izquierda moderado. La paradoja es que las nuevas condiciones le imprimen al MUP un carácter de movilización pasiva, restringida al comportamiento burocrático del gobierno y le reduce su capacidad de movilización independiente. EP

Referencias bibliográficas

Álvarez Lucía Enríquez, et. Al. (Coordinadores). (2016). Los desafíos de la ciudad del siglo XXI. México: Senado de la República LXIII Legislatura y UNAM.

Bautista González, R. (2015). Movimiento Urbano Popular. Bitácora de Lucha 1968-2011. México D.F: Casa y Ciudad.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (Coordinador) (2017). El derecho a la ciudad en la ciudad de México. Aportes para su debate en el siglo XXI. México: Editorial Colofón, Ediciones Académicas.

Tamayo, Sergio (1999). Del movimiento urbano popular al movimiento ciudadano. En Estudios sociologicos, vol. 17, núm. 50 (mayo-agosto), pp. 499-518.Tamayo, Sergio (coord.) (2007). Los desafíos del Bando 2. Evaluación multidimensional de las políticas habitacionales en el Distrito Federal 2000-2006. México: Gobierno del Distrito Federal SEDUVI-INVI, CAM, UACM.

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