El Grupo México en el Mundo ofrece en esta ocasión la reflexión sobre tres importantes temas internacionales. En primer lugar, hablaremos de la no política exterior en el debate presidencial. En segundo lugar, se presentan las nuevas barreras arancelarias impuestas a China por parte de Estados Unidos: implicaciones para México. Por último, tenemos un apartado sobre las elecciones en Panamá y sus implicaciones políticas y migratorias.

La no política exterior en el debate presidencial 

El pasado domingo 19 de mayo tuvo lugar el tercer y último debate presidencial de los candidatos Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maynez y Claudia Sheinbaum. Dos de los cuatro aspectos que iban a ser tratados ese día son fundamentales para nuestra relación con el mundo: Seguridad y Crimen Organizado y Migración y Política Exterior. En ninguno de los dos casos se hizo mención alguna sobre qué tipo de propuestas tienen los candidatos para manejarlos en colaboración con el exterior, en especial con Estados Unidos dado que son temas que afectan ambos países. Nunca se habló de una cooperación con América del Norte.

En el primero, Seguridad y Crimen Organizado, los candidatos de Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano se limitaron a mencionar algunas ideas generales sobre las políticas públicas que instrumentarían pero, sobre todo, en el caso de Gálvez se dedicó a confrontar las políticas seguidas por este gobierno y los resultados tan negativos en la materia. De igual manera, desacreditó a Sheinbaum sobre sus logros en la Ciudad de México. En el caso de la candidata de Morena, habló de continuar con las políticas del presidente e instrumentar a nivel nacional lo que se hizo en CDMX. Nunca mencionaron a EUA, siendo que el tema de narcotráfico, y particularmente el de fentanilo, es de gran preocupación para nuestros vecinos y es imposible de resolverse si la instrumentación de políticas y la cooperación bilateral es inexistente. Nada se habló al respecto, tan sólo un comentario superficial sobre la necesidad de frenar la entrada de armas estadounidenses a territorio mexicano.

En el caso de Migración y Política Exterior, la situación fue aun más deplorable. Mencionaron lugares comunes y nada de sustancia. Ante la pregunta explícita de qué harían con el Instituto Nacional de Migración, fue de llamar la atención que los tres candidatos se quedaron callados. Ninguno pudo responder. Denotaron la falta de preparación e interés en un tema que es sustancial para México y su relación con Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. A nuestra frontera norte llegan migrantes de al menos cien diferentes nacionalidades. Ninguno habló de la necesidad de contar con una política estratégica de migración que responda al gran problema que tenemos enfrente en sus diferentes aristas: migrantes económicos, refugiados o una mezcla de ambos. Tampoco se habló de responder a la migración en tránsito o a la creciente migración de familias mexicanas obligadas a dejar su tierra por el fracaso de la política de seguridad y las amenazas constantes del crimen organizado. Menos aún se mencionó la necesidad de políticas que respondan al cada vez mayor número de extranjeros que buscan quedarse en el país. El tema de respeto a los derechos humanos de los migrantes quedó fuera del debate.

La Política Exterior brilló por su ausencia. Nunca se mencionó la urgencia y necesidad de contar con una política exterior de Estado. Evidentemente es un tema muy poco atractivo para ganar votos. No obstante, el futuro y el desarrollo de México no se puede pensar sin considerar al exterior. El grave desdibujamiento que ha sufrido el país en sus relaciones con el mundo durante este sexenio, nunca antes había tenido lugar. ¿Cómo explicarse los pleitos con al menos tres países latinoamericanos o con España? Los embajadores mexicanos no habían sido nombrados personas non gratas, ni se habían roto relaciones con países como Ecuador, por caprichos y ocurrencias presidenciales. La falta de presencia del presidente en los principales foros internacionales, manda una señal al mundo de la falta de interés del gobierno mexicano por lo que sucede en lo internacional. En el debate no se mencionó tampoco la falta de definición ante conflictos internacionales como la invasión de Rusia en Ucrania ni la guerra en el Medio Oriente. Tampoco se criticó el coqueteo del presidente con países como Cuba, Venezuela o Nicaragua ni sobre la precaria relación bilateral que se ha tenido con Estados Unidos. No hubo mención alguna a las elecciones de noviembre de nuestro vecino. El posible triunfo de Trump representa amenazas ante las que hay que estar preparados en al menos migración, seguridad, energía y comercio. Si se reelige Biden, el escenario será diferente pero no menos complicado. Es necesario repensar la relación bilateral. Muy por encima se mencionó el maltrato que este gobierno le ha dado al Servicio Exterior Mexicano, uno de los mejores a nivel internacional, ni de la falta de recursos para la Cancillería, ni de la forma en cómo se ha destruído a la institución. 

Urge cambiar esto y recuperar el papel de México en el Mundo. A pesar del debate, el cambio de gobierno representa una oportunidad para replantear nuestras prioridades, intereses y relaciones con el exterior. Gane quien gane la presidencia de la República, sería muy grave que mantuviera la no política exterior actual.

Las nuevas barreras arancelarias impuestas a China por parte de Estados Unidos: implicaciones para México

El 14 de mayo, el gobierno estadounidense anunció una nueva escalada de aranceles a importaciones chinas a imponerse a lo largo de este año. Los incrementos se justificaron bajo la célebre sección 301 de la Ley Comercial de 1974, cuyo fin es abatir las prácticas comerciales desleales provenientes de otros países, sobre todo en materia de dumping y de violación de derechos de propiedad intelectual. Desde la administración Trump, Washington ha utilizado dicha ley para imponer una serie de aranceles cuyo objetivo era reducir el déficit comercial con el dragón asiático, lo que provocó que México desplazara a China, desde 2023, como el principal socio comercial de Estados Unidos En esta ocasión, la administración Biden invoca la misma legislación para desacoplar insumos que considera estratégicos para profundizar la revolución tecnológica que busca acelerar la electromovilidad de su país, así como la transición energética hacia fuentes limpias de energía.

Como es sabido, la Ley de Infraestructura, la de Reducción de la Inflación y la de Chips y Ciencia, todas votadas por el Capitolio durante los primeros años de la administración Biden, han dado incentivos de todo tipo tanto para la producción y el consumo de automóviles eléctricos, energías limpias, microprocesadores y otros insumos y productos clave para acelerar la era del Internet de las Cosas. Se estima que 860 mil millones de dólares se han invertido ya al amparo de estas leyes, por lo que los nuevos aranceles buscan proteger dichas inversiones de las importaciones chinas, consideradas predatorias. La nueva legislación también ha puesto condiciones para que el abastecimiento de insumos que impulsen el despegue de la economía verde provenga de países cercanos o que han firmado un acuerdo comercial con Washington, como es el caso de México.

En esta ocasión, los sectores que se busca desacoplar del dragón asiático cubren rubros que van desde el acero y aluminio, pasando por los carros eléctricos, semiconductores, baterías, minerales críticos, celdas solares hasta abarcar equipo médico y grúas portuarias. En el caso del acero y aluminio, se busca proteger inversiones que se han hecho para producirlos libres de la huella de carbono, utilizando hidrógeno verde en su elaboración. En el caso del sector automotriz, se trata, en principio, de salvaguardar todos los incentivos otorgados para acelerar la producción de transporte eléctrico con baterías y microprocesadores elaborados con minerales críticos. Los autos eléctricos, protegidos ya por un impuesto del 25%, elevarán sus aranceles en 100% en lo que resta del año. El mensaje a China es contundente, pues con este arancel se busca desalentar las compras de autos eléctricos provenientes de este país.

Dichas medidas tendrán sin duda un impacto de dos filos para México, sobre todo para el sector automotriz. El primero, sin duda favorable, es del país un destino preferido para la relocalización de cadenas de suministro, o lo que se ha llamado nearshoring, que se volvió en uno de los temas emblemáticos en las campañas presidenciales tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, estas medidas podrían también provocar el efecto contrario, sobre todo si China utiliza a México como plataforma manufacturera para ingresar al mercado estadounidense. BYD, la armadora china de autos eléctricos que ha desplazado, incluso, a Tesla en los mercados mundiales, ha anunciado ya la construcción de una fábrica en México para abastecer el mercado nacional. En caso de que parte de la producción local se exporte a Estados Unidos, no queda claro si dichos carros serán considerados mexicanos o chinos para efecto de los nuevos aranceles. Y lo mismo sucederá con la elaboración de microprocesadores, baterías, paneles solares o hasta equipo médico.

Más preocupante aún es el hecho de que algunos productos cuya elaboración es intensiva en energía, como el acero y el aluminio, también estén sujetos a impuestos debido a su huella de carbono, en un momento en que Estados Unidos se apresta a elaborarlos con hidrógeno verde. La Unión Europea ha anunciado políticas similares que entrarán en vigor en 2026. Dichas medidas podrían ser aplicadas a México, independientemente de si sus exportaciones incluyen componentes chinos o no, pues lo que será decisivo es la fuente energética con la que fueron elaboradas. En ese sentido, quien quede en la silla presidencial el primero de octubre de este año, deberá tener claro que los beneficios del “nearshoring” no están asegurados para el país, y que mantenerse rezagado en materia de descarbonización impactará negativamente el comercio de México con sus principales socios.

Elecciones en Panamá: implicaciones políticas y migratorias

A pesar de la cercanía geográfica y cultural de México con Centroamérica y el Caribe, pocas veces analistas y medios de comunicación siguen con interés los procesos electorales en la región. En mayo, Panamá y República Dominicana celebraron elecciones, con resultados y procesos muy distintos que modifican el panorama regional con implicaciones para México. Un punto en común a destacar es que en ambas elecciones la sensación de crisis migratoria y las promesas de sellar fronteras, estuvieron al centro de las campañas y de las preocupaciones ciudadanas. Si bien en Panamá perdió el oficialismo mientras que en República Dominicana ganó ampliamente el partido en el poder, no hay duda de que los dos países se encaminan hacia el endurecimiento de sus políticas de contención migratoria.

La elección panameña fue atípica en muchos sentidos y marca un cambio de rumbo en la política nacional más allá del relevo en el gobierno. La participación electoral alcanzó la cifra récord de 77.7% en 35 años de vida de democrática; el partido oficial y el más antiguo del país, Partido de la Revolución Democrática (PRD), se derrumbó por debajo del 6% como resultado de un voto de castigo sin precedentes contra el gobierno de Laurentino Cortizo; las fuerzas políticas independientes obtuvieron alrededor de 20 escaños de los 71 que componen la Asamblea Nacional, la bancada más numerosa, en una auténtica revuelta contra los partidos tradicionales. Todo esto, en medio de la fuerte crisis económica, ambiental y social que se vive en uno de los países más desiguales de América Latina. 

La incertidumbre fue el sello del proceso electoral panameño tras la inhabilitación en marzo del candidato líder en las encuestas, el expresidente Martinelli condenado a 128 meses de prisión por lavado de dinero y asilado en Nicaragua. Hasta el último momento hubo dudas sobre la legalidad y constitucionalidad de su sustituto y compañero de campaña, el exsecretario de defensa de centro derecha, José Raúl Mulino, quien finalmente resultó electo con 34.2% y diez puntos de ventaja frente al segundo lugar en una competencia entre 8 candidatos presidenciales y en medio de un fuerte malestar social.  Si bien el triunfo fue contundente, la fragmentación del voto junto con la debacle de los partidos indica que el presidente electo carece de un mandato claro y de mayoría legislativa, por lo que tendrá el enorme reto de gobernar articulando distintas minorías. 

Mulino enfrenta grandes desafíos y deberá demostrar resultados concretos rápidamente para evitar la suerte que han corrido muchos otros presidentes de la región que ven desvanecerse en un tris su luna de miel con el electorado. El primer desafío está en tomar en sus propias manos las riendas del poder frente a Martinelli, su mentor político y el hombre fuerte de su coalición, quien desde Nicaragua intentará mover los hilos para influir con fuerza y “a control remoto” en la agenda del nuevo gobierno. La gran pregunta en el aire es si Mulino se desmarcará de Martinelli, si este último aceptará quedarse al margen y cuanto conflicto o cooperación habrá entre ellos. Las incógnitas sobre el futuro de la relación política entre Mulino y Martinelli también trascienden el ámbito nacional y podrían derivar en tensiones diplomáticas con Nicaragua. Todo está por definirse. 

Hay dudas también sobre cuál será la orientación política y el programa de gobierno de la nueva administración. Sus promesas de campaña son una mezcla compleja de políticas en favor de la libre empresa y la promoción de la inversión privada con ofertas de desarrollo inclusivo, redistribución del ingreso, sustentabilidad ambiental, megaproyectos de infraestructura para crear empleo y, todo esto acompañado de mano dura en materia de seguridad y control migratorio.   Un asunto sobre el que hay gran expectativa y que será clave para el futuro del nuevo gobierno es la cuestión del Darién. Solo en lo que va de 2024 y de acuerdo con la OIM, este corredor selvático e inhóspito de 500 kilómetros cuadrados ha visto pasar a cerca de 120 mil personas en su camino hacia Estados Unidos, muchos de ellos menores de edad. En 2023, cerca de 500 mil personas de 70 nacionalidades distintas cruzaron el Darién, una cifra récord.  
A lo largo de su campaña, Mulino insistió en su promesa de restablecer el control sobre la frontera entre Panamá y Colombia y deportar masivamente a los migrantes que la crucen para cerrarles el paso en forma definitiva. El tamaño de los flujos y la geografía plantean enormes dudas sobre la viabilidad de poner en práctica la propuesta de cerrar la ruta del Darién no sólo por los enormes retos logísticos y presupuestales para poder hacerlo sino también por las implicaciones que una política de contención pueda tener en materia de derechos humanos y sobre la reputación internacional del país. Mulino ha anunciado ya que promoverá un diálogo trilateral con Estados Unidos y Colombia para controlar la migración. Sin duda, este giro en la política migratoria panameña tendrá consecuencias en todo el espacio mesoamericano por lo que México deberá estar atento y mirarse en el espejo. EP

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