El grupo de México en el Mundo revisó este mes los principales temas de la agenda internacional. En esta ocasión la discusión se centró en los siguientes aspectos: el penoso manejo de la política exterior mexicana; el resultado final de las elecciones intermedias en Estados Unidos; el nuevo eje Pekín-Riad y el debilitamiento de las sanciones occidentales a Moscú y, como última pero muy importante reflexión, la inestabilidad política crónica peruana y sus impactos regionales.

Apena el manejo de la política exterior mexicana 

Lo que sucede en política exterior es vergonzante. Estamos perdiendo un lugar en el mundo. Este mes perdimos por segunda ocasión en esta administración, en forma muy lamentable, la posibilidad de presidir el BID. Por otra parte, ante la cancelación de AMLO de la reunión de la Alianza del Pacífico, tuvimos las visitas del presidente Boric de Chile, Lasso de Ecuador y  Petro de Colombia, y quedó claro, en especial en el caso de Boric, que su postura ante Nicaragua es totalmente contraria a la mexicana por la violación de derechos humanos. La izquierda democrática latinoamericana no coincide en nada con el gobierno mexicano. 

En un momento en que surgen posibilidades en que América Latina recupere sus capacidades de coordinación, de poder hablar con una sola voz, es el momento en que México tendría que estar presente pero no va a suceder dado que el presidente está centrado en las elecciones de 2024 y el tema de política exterior no le es prioritario. En el grupo de México en el Mundo pensamos que es el momento para que la ciudadanía y la sociedad hablen. Estamos ante una oportunidad en que por lo que se viene el año entrante, los ciudadanos deben hablar y subrayar lo que sucede con la política exterior mexicana. Es necesario tener presencia en diferentes medios de comunicación señalando la incompetencia y los desaseos en la política exterior. Estas últimas semanas el papel del gobierno mexicano ante  el mundo ha sido, no sólo muy negativo sino muy vergonzante. El mundo nos mira sin comprender las decisiones de AMLO y cada vez lo toman con menos seriedad, como a alguien que desconoce por completo lo que sucede en el ámbito internacional, alguien que no escucha ningún tipo de consejo o asesoría y que claramente se mueve por sus intereses individuales y no por los intereses nacionales.

En la marcha del 7 de noviembre, el presidente dio su cuarto informe de Gobierno. En este, dedicó menos de diez minutos a la política exterior. El texto es de una enorme pobreza en el que destacó, una vez más, las remesas de los trabajadores mexicanos como si los mexicanos que no encontraron trabajo en su país —lo cual no tiene nada de loable— fuesen grandes héroes por justamente mandar las remesas. Mandó de manera muy breve y sin seriedad un saludo a Lula, presidente electo de Brasil, un saludo a los gobiernos progresistas. Fue tan pobre que deja ver que no le preocupa tener ningún liderazgo en Latinoamérica. Habló también de los principios de la política exterior, pero es él mismo quien día tras día los viola abiertamente. En cada mañanera habla de lo que ocurre internamente en otros países. En estas semanas hemos visto que lo hizo con Argentina y con Perú en forma muy intervencionista. 

A diferencia de México, el regreso de Lula ha dado señales claras de su intención de tener un liderazgo latinoamericano como lo hizo activamente en el pasado. Esto a AMLO no le gusta nada, pero es él mismo quien ha perdido todas las posibilidades de jugar con estrategia en el mundo. Los intereses de Brasil son muy distintos a los de México. En primer lugar por la singularidad del caso mexicano en que por razones geopolíticas, económicas y sociales, a diferencia de cualquier otro país latinoamericano, somos de América del Norte. Sin duda pertenecemos a Latinoamérica. Esta doble pertenencia nos lleva a actuar en forma muy distinta en ambas regiones.

El papel de la política exterior en estas últimas semanas ha sido muy lamentable.

Resultado final en las elecciones en Estados Unidos

Vale la pena hacer una mención al proceso de elecciones intermedias en EUA. Aunque fueron a principios de noviembre quedaba la duda del resultado del estado de Georgia que se fue a una segunda vuelta en su elección para el Senado. Ganó el 6 de diciembre el demócrata Raphael Warnock, por lo que los resultados quedan de la siguiente manera: 49 votos demócratas, 49 republicanos, dos independientes además del voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Al no perder el Senado, el presidente Biden puede estar más tranquilo frente a la victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes. A diferencia de otros presidentes como el mismo Barack Obama después de las intermedias, no tendrá inmovilidad por sus propuestas. Además, los grandes proyectos ya fueron aprobados antes de este proceso electoral por lo que toca ahora instrumentarlos y darles seguimiento. Por otra parte, se buscará aunque no suceda para todos los temas, que los votos independientes jueguen a favor de los demócratas. Le quedan dos años a la administración Biden con mucha más luz que antes de noviembre, ya que las encuestas predecían que perdería ambas Cámaras.

El nuevo eje Pekín-Riad y el debilitamiento de las sanciones occidentales a Moscú

Mientras Europa ha empezado a diversificar sus importaciones de gas ruso, tocando las puertas para elevar sus pedidos en Argelia, Estados Unidos y Qatar, y se prepara a poner en marcha un embargo a las importaciones de crudo provenientes de Rusia, la OPEP y  algunos no miembros del cartel, conocidos como OPEP+, entre los que se encuentra Rusia, decidieron a principios de diciembre mantener recortadas sus cuotas de crudo, que suman 2 millones de barriles diarios, con el objetivo de evitar un desplome de precios y, por el contrario, intentar subirlos. Esta decisión, liderada por Arabia Saudita, el productor que cuenta con la mayor flexibilidad para abrir o cerrar la llave de su petróleo, se hizo días antes de la histórica visita de Xi Jinping, el mandatario chino, a Riad, del 8 al 10 de diciembre pasados. Durante la visita, el presidente Xi pudo reunirse no sólo con el Rey Salman, sino con los líderes de Egipto, Túnez, Kuwait y Sudán, que se perfilan como socios clave de la Nueva Ruta de la Seda china hacia el Medio Oriente y el Cuerno de África.

En Riad, además, el mandatario chino auspició la firma de 34 acuerdos entre compañías de su país y sus contrapartes sauditas para desarrollar tecnologías en materia de información, genética, minería, hidrógeno y manufactura, incluyendo la instalación de una planta de vehículos eléctricos en tierra saudita. Por su parte, Huawei, el gigante de telecomunicaciones chino, sancionado y prohibido por los Estados Unidos, firmó un Memorando de Entendimiento con el gobierno saudí para desarrollar un centro de datos en el reino. Con esta visita, China se convierte en la nueva potencia mundial que busca influir en el equilibrio geopolítico del Medio Oriente, en un momento en que Rusia y los Estados Unidos han perdido terreno en la región por su desgaste en la revolución civil siria y por concentrar ahora sus esfuerzos en la crisis ucraniana. A su vez, con esta visita, Riad, quien había fungido como un aliado estratégico de Washington desde la segunda posguerra, hace público su realineamiento con Pekín, no sólo anunciando contratos para desarrollar con tecnología china productos que Estados Unidos ha castigado con aranceles o prohibiciones para entrar a su territorio, sino liderando recortes a la producción mundial de crudo con miras a mantener y hasta elevar, los precios del combustible.

Como se sabe, desde la invasión de Rusia a Ucrania, Washington y sus aliados europeos han impuesto sanciones financieras y comerciales para elevar los costos de la guerra a Moscú. En la segunda mitad de este año, los europeos han diseñado un plan cuidadoso para diversificar progresivamente sus importaciones de gas siberiano y, en diciembre de este año, decidieron por fin imponer un embargo a las importaciones de petróleo ruso. Dado que buena parte de este combustible exportado por barco utiliza puertos europeos para destinarse a países como China o India, países que no apoyan el embargo, la Unión Europea (UE) decidió poner un tope de 60 dólares el barril al precio de exportación del crudo ruso, con la idea de limitar los ingresos de Moscú y debilitar sus operaciones en Ucrania. La decisión de la OPEP, a principios de diciembre, busca el efecto contrario, pues mantener los recortes a la producción tenderá a elevar los precios cuando la demanda de invierno se incremente, por lo que podría invalidar el tope impuesto por la UE y debilitar las sanciones a Moscú que hasta ahora ha articulado la alianza occidental.

La inestabilidad política crónica peruana y sus impactos regionales

Pedro Castillo, el maestro rural que llegó a la presidencia en 2021 con un estrecho margen de 40 mil votos, intentó un golpe de estado en un movimiento desesperado para evitar cargos pendientes por corrupción y darle la vuelta a un tercer intento de moción de vacancia por parte del Congreso. La flagrante ruptura del orden constitucional aceleró su destitución como única salida posible y condujo a su detención. Una suerte de suicidio político en un intento de golpe de estado improvisado, efímero, mal orquestado y sin respaldo alguno, lo que facilitó una salida dentro de los cauces institucionales y los mecanismos sucesorios previstos por la Constitución.

La impericia y la improvisación marcaron desde el primer día hasta el último a la presidencia de Castillo. Una gestión gubernamental fallida y errática en todos sentidos. Sin mayorías parlamentarias se enfrentó a un Congreso obstruccionista que promovió en tres ocasiones su remoción. Pero su fracaso es también responsabilidad propia por falta de experiencia, ineptitud política y casos de corrupción que le fueron generando problemas con la justicia. En 16 meses de gestión no pudo siquiera consolidar un equipo de gobierno con más de 70 cambios ministeriales en una sucesión de cinco gabinetes distintos cuestionados por falta de solvencia técnica o de integridad.

Nunca logró articular un programa de gobierno definido ni políticas públicas concretas dando giros y bandazos a lo largo de su mandato, por lo que fue perdiendo apoyos entre sectores de izquierda democrática e incluso de su propio partido, que terminó por expulsarlo. Al momento de su caída, su aprobación apenas alcanzaba el 25%, pero la del Congreso que lo destituyó era incluso más baja (11%). Un reflejo nítido de la completa desafección ciudadana y el hartazgo con el sistema político en su conjunto.  

La crisis política peruana es de larga data y difícil solución. El país lleva seis relevos presidenciales y siete mociones de vacancia en los últimos seis años. La situación es sumamente compleja y desafía las narrativas simplificadoras de un presidente de izquierda democráticamente electo, pero destituido por el “acoso de élites conservadoras” o de un intento de golpe de estado por parte de un líder comunista con francas pulsiones autoritarias.  El de Perú es un caso sui generis de descomposición gradual del régimen político y desgaste completo del sistema de representación por la disolución de los partidos políticos, la extrema fragmentación de los actores políticos y la corrupción sistémica como moneda de cambio para lograr apoyos y acuerdos en un sistema disfuncional.

La inestabilidad política crónica tiene su origen, en parte, en las propias reglas institucionales del presidencialismo peruano que, al permitir la destitución mutua del ejecutivo y del congreso, cuando no hay mayorías genera incentivos para un conflicto permanente entre poderes. La prioridad de los presidentes minoritarios es evitar la vacancia o provocar acciones de desconfianza parlamentaria para disolver al parlamento, mientras que la del Congreso es presionarlos para obtener concesiones y prebendas a cambio de no destituirlos.  Sin partidos políticos las elecciones no generan mayorías pues los votos se fragmentan en una multiplicidad de coaliciones políticas cambiantes de intereses particulares. Un galimatías que no se explica por la confrontación entre izquierdas y derechas pero que abreva de añejas y profundas desigualdades urbano-rurales, sociales y raciales.

En suma, la crisis política no termina con la salida de Castillo ni con el nombramiento de Dina Boluarte como presidenta, a pesar de estar ambos procesos apegados al marco constitucional. El de Boluarte será, sin duda, un gobierno de transición y temporal. Aunque la presidenta ha buscado alianzas para formar un gobierno de unidad nacional a través de un gabinete multicolor con cierta solvencia profesional, carece de fuerza política propia en el Congreso. Enfrenta, además, una espiral de protestas, paros y huelgas, algunas violentas, con demandas inviables en el marco jurídico vigente como una asamblea constituyente y la liberación de Castillo junto con peticiones puntuales como la celebración de elecciones inmediatas, servicios de salud y derechos laborales. Es alto el riesgo de que incurra en un uso excesivo de la fuerza pública para contener la movilización social, lo que podría precipitar su renuncia o dar lugar a una nueva moción de vacancia.

Las encuestas revelan que 87% de la población está a favor de una salida política para convocar a nuevas elecciones generales y priva el reclamo de “que se vayan todos”. En un gesto de realismo político para normalizar la situación, Boluarte anunció una iniciativa para adelantar las elecciones a abril de 2024. Pero tendrá que negociarla con un Congreso reacio a acortar el mandato para el que fue electo y dividido en cuanto al paquete de reformas políticas necesarias. Muchos temen que celebrar elecciones anticipadas en las actuales condiciones abra el camino a la extrema derecha o a proyectos autoritarios de otro signo como el de Antauro Humala.

El estado de fluidez de la crisis política peruana representa un reto mayúsculo para el regionalismo latinoamericano y los mecanismos de defensa de la democracia a nivel regional. Las primeras reacciones han dejado entrever las profundas diferencias que separan a los gobiernos latinoamericanos, incluso a los de izquierda, dificultando la concertación de respuestas colectivas constructivas y la activación de las instancias de mayor alcance regional como la OEA y la CELAC.

El contraste más notable es entre la posición prudente asumida por Boric y Lula en favor del orden democrático dentro de los términos establecidos por la constitución peruana reconociendo tácitamente al gobierno de Boluarte, y la postura del gobierno de México en defensa del expresidente Castillo como víctima de un “golpe blando” en necesidad de asilo, con el consecuente enfriamiento de la relación bilateral con Perú. Estando Castillo en la cárcel, el asilo resulta improcedente.  

A cinco días del intento fallido de golpe, cuatro países con gobiernos de izquierda afines —Argentina, Bolivia, Colombia y México— emitieron un comunicado conjunto en respaldo del expresidente peruano con el argumento de que su destitución es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El comunicado, además de parcial en tanto omite mencionar la ruptura constitucional por parte de Castillo y deficiente en su manufactura con errores evidentes, resulta desafortunado y poco constructivo en la búsqueda de soluciones legales políticamente viables.  Además, podría ser un factor divisivo en varias instancias subregionales como la CAN, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, con miembros que tienen una lectura muy distinta de la situación.

La primera víctima de la crisis peruana ha sido la Alianza del Pacífico. La Cumbre presidencial del mecanismo se ha cancelado y pospuesto en dos ocasiones a iniciativa de México, quien ocupa la presidencia pro tempore, por lo que deja pendiente el traspaso de estafeta que le corresponde a Perú. Preocupa que esto llegue a paralizar o ralentizar sus actividades además de obstaculizar la eventual incorporación de Ecuador y Costa Rica. El riesgo de que la situación peruana divida aún más a la región politizando a las instancias regionales, como en su momento ocurrió con la crisis venezolana, está presente.Perú no es el único foco de desacuerdo regional. La condena a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por desfalco al Estado ha dividido a la región entre sectores de centro y derecha que creen que es un éxito de la justicia en contra de la corrupción y entre las izquierdas latinoamericanas que lo consideran un caso de persecución política por la vía judicial. El asunto ha modificado el escenario político argentino de cara a las elecciones de 2023 pues la decisión de la vicepresidenta de no estar en la boleta deja al peronismo sin su carta más fuerte aumentando las probabilidades de una eventual alternancia en el poder.  Así pues, el ciclo de gobiernos progresistas en la región no está dando lugar, hasta ahora, a un nuevo ciclo de regionalismo. EP

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