La administración del fenómeno migratorio en México ha sido motivo de creciente polémica en años recientes. Esto ha obedecido a fallas estructurales en la visión y el manejo del tema por parte del gobierno federal, situación que se ha agravado debido a las recientes presiones de los gobiernos de Estados Unidos sobre México para detener los flujos migratorio y, ciertamente, a los diversos impactos de la pandemia de covid-19.

La política de buscar contener el ingreso de migrantes por la frontera sur, recurriendo para ello a la Guardia Nacional (hecho sin precedente en México), de poco ha servido para detener los flujos y en mucho ha contribuido a complicar la situación. Debido al carácter esencialmente económico del fenómeno migratorio, su tratamiento obliga a considerar en el curso de desarrollo económico de México una política migratoria alineada, por un lado, a las políticas económicas y, por el otro, a los requerimientos explícitos del fenómeno migratorio.

Para la mala fortuna de los migrantes, este tema usualmente absorbe más capital político que el que puede reportar a quien lo promueve. Sin embargo, su inadecuada administración pude provocar conflictos y malestar social en la población receptora y diferencias y desencuentros entre países emisores y receptores. Dadas las afectaciones que el fenómeno provoca a los migrantes, su tratamiento exige un trato humanitario, más allá de los postulados rígidos en la formulación del interés nacional. 

México es un país de origen, destino y tránsito de la migración, lo que hace su manejo aún más complejo, pues cada categoría exige un trato y planes y programas distintos. Al ser uno de los principales países de tránsito, esto convierte al fenómeno mexicano automáticamente en un tema internacional, característica que resulta insoslayable. En estos escenarios, la actuación de México frente al tema plantea la necesidad de ajustes importantes al menos en seis vertientes: 

En primer lugar, se debe impulsar una política migratoria clara y explícita. Los gobiernos mexicanos tradicionalmente han evadido la responsabilidad de formular una política migratoria explícita y clara en las tres vertientes (destino, origen y tránsito). Una política migratoria implica compromisos que el gobierno de México parece renuente a asumir. Un primer paso para ordenar la administración del fenómeno es la claridad de los objetivos de su política.

Además, en segundo lugar, se debe establecer un andamiaje institucional robusto. La debilidad institucional en materia migratoria ha sido una constante en los gobiernos de México. Además de la insuficiencia en recursos humanos y materiales para atender la magnitud y complejidad del reto, la ausencia de una política clara ha dificultado la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la administración del fenómeno en todo el territorio nacional. 

En tercer lugar, debe impulsarse una estrategia migratoria internacional. Por la naturaleza tridimensional que presenta el fenómeno migratorio en México (origen, destino y tránsito) sus casusas, consecuencias y manejo trascienden inevitablemente las fronteras nacionales. México requiere de una estrategia clara para abordar el fenómeno en el ámbito mundial (multilateral), regional (hemisférico) y bilateral (principales países de origen y destino). La ausencia de esta estrategia ha derivado en una política esencialmente reactiva frente a las posiciones de Estados Unidos, con graves consecuencias para México particularmente en el trienio de 2018 a 2021. 

Una cuarta vertiente es la necesidad de crear sinergias con la sociedad civil. Pocos temas en la agenda nacional involucran a toda la sociedad mexicana. Nueve de cada diez mexicanos tienen un pariente en Estados Unidos, y casi dos millones de familias reciben remesas. Las organizaciones sociales de asistencia y apoyo a los migrantes se cuentan por cientos y la mayor parte de las instituciones de educación superior tiene el tema en sus agendas de investigación. La sinergia entre Estado y sociedad en el tema migratorio es un imperativo para la mejor atención del problema, premisa prácticamente ignorada por el gobierno federal. 

En quinto lugar, la sensibilización de la población y de las autoridades operativas debe ser prioritaria. La inmigración económica y social, por sus dimensiones y características, está lejos de representar una amenaza a la seguridad nacional, a la economía o a los sectores públicos de prestación de servicios. Sin embargo, la visión del migrante como algo indeseable para México está muy arraigada en muchos sectores de la población. Peor aún, cuando encontramos esta percepción en las autoridades operativas del Instituto Nacional de Migración y de otras dependencias, federales y locales. Trabajar en cambios de percepción y sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades frente a esta población es una asignatura pendiente para los tres órdenes de gobierno.

En sexto lugar, se debe considerar la inclusión de políticas de bienestar social. Los flujos migratorios son inevitables, pues dependen de múltiples factores que van más allá del control de los gobiernos. Asumirlos es el primer paso para su mejor manejo. Por lo tanto, esta variable debe estar considerada en los planes de desarrollo, en los programas sociales y en los correspondientes presupuestos, a sabiendas de que estos flujos permanecerán. Los planes deben enfocarse principalmente en los puntos de mayor concentración, particularmente en las fronteras norte y sur. Por último, hay que tomar en cuenta la persistencia de la crisis sanitaria. Sus efectos, por la pandemia de covid-19, en la migración han sido múltiples. Su persistencia debe contemplarse como una variable adicional en los planes y programas en los próximos años. EP

Documento completo: Desafíos para la política exterior de México en 2022

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