En el ámbito de la política exterior han ocurrido cambios profundos desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la ejecución inmediata de algunos de sus anuncios de campaña al momento de asumir el poder; uno de ellos fue el fortalecimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al otorgarle nuevas atribuciones. En su discurso de toma de posesión, advirtió que se iban a disminuir las unidades administrativas en el país y no habría oficinas del gobierno en el extranjero, salvo embajadas y consulados. Para ello, anunció el cierre de las agencias de promoción comercial (ProMéxico) y turismo (Consejo de Promoción Turística de México, CPTM), así como todas sus oficinas en el exterior. Las Secretarías de Economía (SE) y de Agricultura y Desarrollo Rural, cerraron la mayoría de sus representaciones, mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cerró su única oficina externa, en Bruselas.

La desaparición de ProMéxico y del CPTM obligó al diseño de nuevas estructuras y de nuevos esquemas de colaboración al interior de la SRE y con otras dependencias. En enero de 2019, la Cancillería suscribió un memorando de entendimiento con la SE y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior para definir colaboración entre ellas en la tarea de promoción comercial y captación de inversiones internacionales. Por otra parte, en julio de 2020, se creó el Consejo de la Diplomacia Turística, en el que participan funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Turismo, empresarios del sector y expertos en la materia. Se trata de un órgano colegiado de opinión y consulta para la planeación, diseño e implementación de estrategias de promoción e imagen de México a nivel internacional. 

El nuevo Reglamento Interior de la SRE, vigente desde 2020, señala la creación de una Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública, que dependen de la propia oficina del canciller. Igualmente, se crean tres nuevas direcciones generales: Diplomacia Cultural, Diplomacia Turística e Impulso Económico Global. La Dirección Ejecutiva tendría como atribuciones principales definir, concertar y coordinar las acciones de la diplomacia en materia cultural, económica y turística, a desarrollar con las entidades y las dependencias de la Administración Pública Federal. La Dirección General de Impulso Económico Global atiende una nueva estrategia de promoción económica, en estrecha vinculación con la SE, basada en tres pilares: diplomacia económica, inversión extranjera y comercio exterior. De esta forma, tareas de promoción que correspondían previamente a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) pasan a la Dirección Ejecutiva y a la de Impulso Económico Global, dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Asimismo, a las embajadas y a los consulados se les amplían sus competencias para realizar promoción comercial y de inversiones, así como turismo. Es fundamental que este incremento de funciones no solo se vea reflejado en el Reglamento Interior de la SRE, sino también en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 

En el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, el gobierno anunció la concepción y ejecución del programa más amplio en varias décadas, en términos financieros: el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala y Honduras. Los 90 millones de dólares Iniciales dedicados al proyecto provienen íntegros del Fondo de Yucatán, renombrado Fondo México, y cuyas reglas de operación fueron modificadas. 

Siendo así, la Cancillería ganó nuevas responsabilidades y puso en marcha un nuevo andamiaje institucional. Sin embargo, este esfuerzo no vino acompañado con más recursos financieros ni humanos. Los presupuestos aprobados para la SRE para 2019 y 2020 fueron, respectivamente, de 8540 y 8720 millones de pesos. Esto representa una reducción de -5.11% y -3.11%, respectivamente, con respecto a los 9000 millones de pesos aprobados para 2018 (en pesos corrientes). Asimismo, aunque no hubo disminución en el número de miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) ni personal sindicalizado como consecuencia de la entrada en vigor de Ley Federal de Austeridad Republicana en noviembre de 2018 (y reelaborada en noviembre de 2019), se redujeron los salarios de los mandos medios y superiores (de las plazas en México), se recortaron plazas por honorarios y desaparecieron las direcciones generales adjuntas en el gobierno federal, incluida la SRE. Esto significó una reducción del personal no sindicalizado o del SEM, así como una disminución de los salarios de los mandos medios y superiores en la Cancillería. No se cuenta con el dato exacto de reducción de personal en la SRE, pero según la Secretaría de la Función Pública, con la reorganización del gobierno federal, se redujeron los salarios de los altos mandos entre 12% y 47% y se eliminaron 8828 plazas de mando y enlace (entre ellas 65 direcciones generales adjuntas) en todo el gobierno federal, generando un ahorro de 11 000 millones de pesos en 2019.

En suma, a partir del gobierno del presidente López Obrador, la SRE adquirió importantes facultades de coordinación y ejecución en materia de promoción internacional del país, particularmente en temas comerciales, de inversiones, turísticos y culturales. Sin embargo, es necesario que estas nuevas responsabilidades sean sustentadas jurídicamente, modificando no solo el Reglamento Interior de la SRE, sino también la LOAPF. Asimismo, es fundamental que el incremento de funcionales vaya acompañado de los recursos presupuestales y humanos necesarios para llevarlas a cabo de manera efectiva.

Para reconstruir los recursos y capacidades de la política exterior de México, con el propósito de promover efectivamente el desarrollo nacional, podrían ponerse en marcha algunas de las siguientes iniciativas: 1) aumentar sustantivamente los recursos presupuestales de la SRE; 2) consolidar legalmente los poderes de coordinación de la SRE en la LOAPF en materia de promoción internacional, para desplegar una política exterior integral, coherente y sólida a nivel global; 3) incrementar el número de miembros del SEM y de plazas administrativas; 4) ampliar la cobertura diplomática de México en el mundo, incrementando el número de embajadas para tener el nivel de otros países similares y diversificando geográficamente su ubicación; 5) fortalecer la red consular en Estados Unidos con mayores presupuestos y certidumbre en su ejercicio; 6) crear o consolidar áreas especializadas en temáticas de alta relevancia internacional en la Cancillería (consolidar: cultura, comercio, inversiones y turismo; crear: ciencia y tecnología, energía y medioambiente) para coordinar mejor las acciones de otras secretarías en el ámbito mundial; 7) que la Cámara de Diputados asigne un presupuesto para la AMEXCID, su fondo de cooperación (Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo), así como recapitalizar el Fondo México; 8) crear un mecanismo para compensar las variaciones cambiarias del peso frente a las divisas extranjeras en el presupuesto; 9) reconstituir los puentes con otras secretarías, para lo cual podría recrearse el Gabinete de Política Exterior, presidido por la SRE, y, finalmente, 10) elaborar un diagnóstico objetivo, independiente y transparente sobre las necesidades en cuanto a recursos humanos, financieros y materiales de la cancillería, con recomendaciones concretas de acción. EP

Documento completo: Política exterior y debilitamiento institucional

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