La creación del Grupo de los Nueve (G9) fue un proceso de construcción de confianza entre círculos antes incomunicados y cada vez más amplios, enmarcado en la lucha democrática de 1985 a 2000. Tuvo su antecedente remoto en el movimiento estudiantil de 1968 y en las protestas que recorrieron el mundo a partir de mayo de ese año. El espíritu crítico del movimiento antiautoritario se reflejaría en el desafío al Excélsior de Julio Scherer, que culminó con su expulsión del diario orquestada por el gobierno el 8 de julio de 1976 y la consecuente fundación de Proceso ese mismo año, unomásuno al año siguiente y casi una década después La Jornada, en 1984. Aún más tarde, pero en la misma línea, Este País aparece en 1991 para romper la censura gubernamental. Los cuatro medios se fundaron con base en una amplia convocatoria a círculos muy plurales de la intelectualidad y la sociedad civil para financiarse y gozaron desde su arranque de una clara influencia, contribuyendo así a ese proceso de construcción de confianza.

Otro elemento importante proveniente de los círculos del poder gubernamental, fue la reforma democratizadora de 1977 que Jesús Reyes Heroles impulsó, atento al acontecer internacional y especialmente a los eventos en España después de la muerte de Francisco Franco, para dar cauce a la inconformidad social y política que se gestaba y que se reflejó en la candidatura presidencial de José López Portillo, sin contrincantes. La observación de elecciones, la defensa de las encuestas independientes y la organización de Este País nos había mantenido bastante ocupados de julio de 1988 a abril de 1992, cuando se cumplió el primer aniversario de la revista. A mediados de 1992 Adolfo Aguilar y Jorge Castañeda convocaron a tres miembros por cada una de las tres corrientes políticas principales —el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) —, con la capacidad de socializar y establecer conversaciones sobre estrategias políticas que conviniera promover. Ese fue el verdadero ojo del huracán del que surgirían más grupos informales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y después las instituciones de la transición. Así, quedaron José Agustín Ortiz Pinchetti, Demetrio Sodi y Miguel Basáñez como contacto del grupo con los priistas; Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús González Schmall y Bernardo Bátiz con los panistas; y Adolfo Aguilar, Jorge Castañeda y Graco Ramírez con los perredistas.

Ortiz Pinchetti era un abogado muy bien acreditado que había trabajado cerca de Carlos Madrazo durante la presidencia del PRI, lo cual le daba muy buenas credenciales. Demetrio Sodi había sido un funcionario serio en Diconsa, reclutado por Cassio Luiselli durante la administración de López Portillo, en donde había dado muestras de sensibilidad y pensamiento crítico. Basáñez había pertenecido al círculo de Alfredo del Mazo, precandidato presidencial favorito del presidente Miguel de la Madrid —aunque no de sus colaboradores— y había publicado un libro de política mexicana, La lucha por la hegemonía, 1968-1990¹, de cierta resonancia por presentar una radiografía del poder de los años 80. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, michoacano y cercano a Gómez Morín, había sido candidato a gobernador de Michoacán en 1962 y precandidato presidencial del PAN; Jesús González Schmall, de Torreón, había sido diputado federal del PAN en dos legislaturas (1979-1982 y 1985-1988); Bernardo Bátiz, procurador de Distrito Federal (DF) y cuatro veces diputado federal, formó con Jorge Eugenio y Jesús el Foro Democrático y Doctrinario, como una corriente crítica que finalmente les valió a los tres la salida del PAN.

Adolfo Aguilar Zínser, nieto del Apóstol del Árbol, Miguel Ángel de Quevedo, era el más agudo, penetrante y simpático del grupo, con una enorme creatividad y preocupación social. Jorge Castañeda Gutman, le Enfant Terrible, era hijo del excanciller de López Portillo, exmilitante del Partido Comunista y tenía una bien ganada fama de provocador. Graco Ramírez Abreu, tabasqueño e hijo del general Graco Ramírez Garrido, participó en la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en 1975 y después se sumó al Frente Cardenista para la elección de 1988.

El grupo empezó a reunirse en comidas semanales para analizar los acontecimientos y decidir sus posiciones. Además de divertidas, las comidas eran bastante profundas e informativas y fueron descubriendo un México nuevo de izquierdas y derechas, desconocidas para todos. Conforme se fue logrando entusiasmar a más colegas, el G9 se amplió: con Clara Jusidman y Amalia García a 11 miembros; después a 14 con Jaime González Graff, Sergio Aguayo y Carlos Heredia; hasta llegar a su máxima expresión en el grupo San Ángel, en 1994. La presión social y política que ejercía este grupo provocaba que el gobierno fuera respondiendo con modificaciones al marco legal. Se fue gestando una transición del control electoral de la Secretaría de Gobernación hacia la autonomía, tímida primero y más clara después, de lo que fue el Instituto Federal Electoral (IFE) en noviembre de 1991. Pero su punto culminante, su página de oro, fue sin duda la participación en el IFE de dos consejeros ciudadanos ejemplares de 1992 a 1994: Ortiz Pinchetti y Santiago Creel.

Las líneas de acción

Las líneas de acción exitosas que tomamos en el G9 fueron, entre otras: el juicio popular al gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez Corbalá, por su intento de reelección en 1992, interpretado como una sonda de prueba que le había pedido el presidente Carlos Salinas; las movilizaciones en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1992 a 1994, por la falta de protección ambiental, sus consecuencias para los derechos de los trabajadores y la solicitud de un fondo de desarrollo al estilo europeo; la observación de las elecciones de mexicanos en el extranjero y las comparecencias ciudadanas en foros y medios extranjeros, destacadamente ante el senado de Estados Unidos; la formación de organizaciones no gubernamentales según las preferencias y preocupaciones de cada grupo; el plebiscito ciudadano del DF el 21 de marzo de 1993; la organización de la primera encuesta de salida de una elección presidencial, para evitar otra “caída del sistema”; la presión para televisar los debates de los precandidatos presidenciales; la primera encuesta panel, minutos antes y minutos después del primer debate presidencial, para ver los cambios de preferencias; la observación de extranjeros de las elecciones en México, donde Sergio Aguayo jugó un papel clave en la organización de Alianza Cívica; final e indirectamente, esta primera etapa culmina con la conformación del Grupo San Ángel.

Con motivo del juicio popular a Martínez Corbalá, un grupo numeroso del G9 asistió a San Luis Potosí, integrado por Aguilar, Basáñez, Castañeda, González Graff, Heredia, Ortiz Pinchetti y Sodi, entre otros. Habían convocado el doctor Salvador Nava y su familia, con una enorme concentración en la plaza central. En ese marco ocurrió un capítulo simpático. Cuando iba el grupo rumbo al evento acordamos que José Agustín sería el juez de la causa, pero en el camino tuvo que detenerse para enviar por fax su artículo semanal a La Jornada, de manera que el resto se adelantó y no hubo forma de retrasar el juicio tan pronto arribó el grupo. Por alguna complicación técnica José Agustín se retrasó y llegó al evento cuando los acusadores y defensores ya habían terminados sus argumentos y no los había escuchado. En el momento en que arribó al estrado, con ojos desencajados preguntó qué pasaba. Basáñez le dijo que tenía que dictar su sentencia en ese instante y —en una fracción de segundo, con un tino sorprendente— discurrió que la condena al gobernador consistía en que quedara sometido “al juicio de la historia”. Hubo una enorme algarabía, aplausos y regocijo entre el público. Entre nosotros nos desatornillábamos de risa esa noche en la casa del doctor Nava, quien nos invitó a celebrar. No podía faltar, ni en la plaza ni en su casa, la hermosa melodía de “La marcha de los esclavos” de Nabucco, que acompañaba siempre sus eventos. 

En noviembre de 1992, a iniciativa de Bob Pastor, el Centro Carter de Atlanta invitó a un grupo de mexicanos para observar la elección de Estados Unidos donde resultó electo Bill Clinton. Por el G9 asistieron Sergio Aguayo, Aguilar Zínser, Basáñez, Castañeda, Julio Faesler, Ortiz Gallegos y Federico Reyes Heroles; por el PRD Amalia García, Rogelio Gómez-Hermosillo y Ricardo Pascoe; por el PAN Cecilia Romero y René Creel, padre de Santiago. En la reunión introductoria del día anterior el grupo preguntó cuál autoridad daba el resultado electoral la misma noche de la elección; cuál sería su sorpresa al enterarse de que no era ninguna autoridad, sino las encuestas de salida, desconocidas entonces en México. Ahí mismo Reyes Heroles, Aguayo —entonces subdirector de Este País— y Basáñez decidieron organizar una encuesta de salida para la elección presidencial de 1994 en México. Cuando Reyes Heroles le dejó saber a Salinas las intenciones de Este País su respuesta fue seca e inmediata: no pueden hacerla. Seguramente, al percatarse de que no tendría forma de evitarla, Salinas optó por impulsar una proliferación de encuestas de salida, para que Este País no fuera la única voz. Se realizaron 11.

Debe haber sido a finales de 1992 o principios de 1993 cuando Ortiz Pinchetti fue a platicar con Basáñez y le propuso que se hiciera cargo del Acuerdo Nacional por la Democracia (ACUDE), una ONG sin constitución formal ni fondos, pero que bajo su presidencia impulsaba iniciativas de democratización. En ese entonces Basáñez presidía el consejo de Este País y Market and Opinion Research International (MORI) de México, lo cual lo mantenía muy ocupado. Ortiz Pinchetti propuso que fuera Carlos Heredia, tampiqueño, quien llevara la carga principal de ACUDE y de esa manera combinar las cuatro camisetas. Basáñez aceptó quedarse al frente, pero sólo por un año. A mediados de 1993 se organizó en Zacatecas un evento de las organizaciones críticas al TLCAN, con motivo de la reunión que celebraban los equipos negociadores de los tres países. El mismo día que ocurrían las negociaciones el foro opositor se agrupaba en algún teatro del centro de la ciudad, donde la mayoría estábamos hospedados, para discutir las preocupaciones ciudadanas. A ese evento acudieron, entre otros Aguilar, Basáñez, Castañeda, Ortiz Pinchetti y Reyes Heroles, en un mar de organizaciones de la sociedad civil que una a una exponían sus ideas en no más de cinco minutos. 

El 21 de marzo de 1993 se celebró el primer plebiscito ciudadano en el DF, con Manuel Camacho Solís como regente de la ciudad, amigo íntimo de Salinas, puente con las organizaciones ciudadanas y autor de un excelente artículo académico, “Los nudos históricos del sistema político mexicano”². Basáñez y el regente se conocían desde sus años universitarios. Seguramente para Camacho resultaba incómodo ser visto dentro del grupo salinista como el puente con esa sociedad civil en formación, que en el gobierno no entendían y mucho menos apreciaban. Los comentarios anteriores son el marco de una reunión de los integrantes de ACUDE y otras organizaciones ciudadanas para organizar el plebiscito, con Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, secretario de Gobierno en la regencia. Debemos haber acudido una veintena de miembros del G9, entre quienes destacaban Basáñez, Clara Jusidman, Ortiz Pinchetti, Santiago Creel, Amalia García y Carlos Heredia. Una imagen muy vívida de esa reunión es la de Santiago cuando ofrecía una explicación jurídica muy puntual sobre el fundamento de la procedencia del plebiscito y Camacho de inmediato le preguntó dónde trabajaba. El grupo tomó la pregunta como una insinuación a Creel para colaborar en el Departamento del Distrito Federal. Quedó en Ebrard y en Basáñez el seguimiento de los acuerdos sobre la base de buena fe, pero el grupo ciudadano propuso que mejor la base fuera la mala fe, para que ambas partes cuidaran su propio interés y la negociación fuera más realista. Fueron semanas muy intensas, de silencio total en los medios sobre el tema; la difusión del propósito tenía que ser a través de reuniones y de boca en boca. Como reflejo de esta estrategia, en aquellas colonias y áreas de la ciudad donde teníamos buenas y extendidas organizaciones de base la votación fue copiosa; en las que no, muy escasa. 

Otra imagen muy elocuente del plebiscito es la del conteo de los votos en el antiguo salón del Palacio Legislativo de Donceles esa noche. Estaba abarrotado con decenas de cámaras, reporteros y fotógrafos. Aquello recordaba las imágenes históricas del fin de la Revolución. En el presídium estaban Enrique Calderón de la Fundación Rosenblueth, a cargo de la organización y recepción de votos; Reyes Heroles, a cargo de convocar a observadores nacionales y estatales destacados; Ortiz Pinchetti, a cargo de las brigadas en el campo; y Basáñez, a cargo del conteo rápido de la votación con su equipo de encuestas, para ofrecer avances sobre los resultados. Ahí estábamos cuando Ortiz Pinchetti le dijo a Basáñez: “Va a ser un éxito total en la prensa”, a lo que Basáñez respondió: “Verás que no saldrá ni una nota”. Tal como ocurrió, ni una nota. 

A partir de la llegada de Patrocinio González Garrido a la secretaría de Gobernación, en enero de 1993, el ambiente político volvió a endurecerse. Nos recordó el incidente de junio de 1990, cuando un automóvil con cuatro sujetos interceptó a una asistente de investigación de Castañeda a unas cuadras de su casa de San Ángel y la amenazaron después de corroborar que trabajaba para él. El asunto no pasó a mayores, pero el relato llegó a la primera página de The New York Times. Una acción de González Garrido fue dejar correr la versión de que Basáñez y Reyes Heroles, presidente y director de Este País, eran “enemigos del Estado”. Dio órdenes de que le cancelaran a la revista toda la publicidad oficial y a Basáñez lo suspendieran del programa semanal de encuestas de Pedro Ferriz de Con. Más grave fue cuando un elemento del Estado Mayor, amigo de Basáñez, le confió que al parecer habían dado órdenes de eliminarlo, junto con  Reyes Heroles, Aguilar Zínser y Sergio Aguayo. Los directivos de Este País se llevaron a sus familias a Chapel Hill, atendiendo una invitación de la Universidad de Carolina del Norte. Cuando seis meses después González Garrido dejó el cargo y estalló la revolución zapatista, les avisaron que ya no se preocuparan.

En los meses finales de 1993 el debate sobre el TLCAN y la selección de candidatos absorbía la atención nacional. Con tal motivo, Basáñez hacía un pequeño sondeo semanal con MORI —que no encuesta— de 250 entrevistas por intercepción en cinco ciudades —DF, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida— para llevar el seguimiento de las preferencias políticas. En Los Pinos lo acusaron de provocar un comportamiento errático de la bolsa de valores con su sondeo semanal y exigieron a Liz Nelson, presidenta de la organización mundial de encuestadores (WAPOR, por sus siglas en inglés), su expulsión de la organización. El jueves 21 de octubre de 1993 —un mes antes de que se votara el TLCAN en EUA, el 20 de noviembre— el G9 recibió una invitación para comparecer ante el senado estadounidense y opinar sobre el tema. Se debatieron las implicaciones negativas en la opinión pública nacional de acudir a Washington y se decidió aceptar, a condición de que la comparecencia se televisara desde México. El senado americano rentó un estudio de Televisa en avenida Chapultepec y ahí llegaron Castañeda, Amalia García, Basáñez, Alfredo Corella y Zeferino Torreblanca, para conversar con los senadoreso³. Esa noche Jacobo Zabludovski, el principal comentarista de noticias de televisión, nos puso una tunda por aquella comparecencia y a la mañana siguiente la prensa y la radio hicieron lo mismo, totalmente lo contrario al silencio informativo que había rodeado al plebiscito unos meses antes. Jorge Castañeda relata esta travesura con más detalle en Amarres Perros. Una autobiografía⁴.

Deben haber sido unas semanas antes del destape de Luis Donaldo Colosio, el 28 de noviembre, cuando el G9 invitó a una comida con Manuel Camacho en la casa de Basáñez, en el Pedregal de San Ángel. Las organizaciones ciudadanas veíamos en Manuel una opción más abierta a la democratización dentro del PRI que en los otros precandidatos, por ello el acercamiento. Por la información que flotaba en los pasillos del poder le dijimos de lo que estábamos convencidos: no vas a ser tú. El resto de los acontecimientos es información pública. La rebelión zapatista marcó el inicio de 1994, año negro por los asesinatos de Colosio —el 23 de marzo— y José Francisco Ruiz Massieu —el 28 de septiembre—, precedidos por el del cardenal Juan Jesús Posadas, el 24 de mayo de 1993. En ese marco se dieron las reuniones del grupo San Ángel, los debates presidenciales, la organización de las primeras encuestas de salida de una elección presidencial, las observaciones nacionales y extranjeras y las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández y Ernesto Zedillo. En el primer debate presidencial, televisado del 12 de mayo de 1994, Diego Fernández fue el ganador indiscutible, como documentó la encuesta panel de MORI de esa noche. El desempeño de los candidatos en el debate había sido muy claro, pero no se reflejó en el voto del 21 de agosto: PRI 49%, PAN 26% y PRD 17%. El candidato panista acusó una ausencia perjudicial en los últimos días de la campaña y en los días posteriores. 

El Grupo San Ángel fue una iniciativa muy exitosa; surgió de un artículo de Sodi sobre el “choque de trenes”⁵, que Carlos Fuentes retomó⁶ y le propuso a Castañeda hacer algo al respecto. El 9 de junio los tres se reunieron con Enrique González Pedrero en la casa de Castañeda, en San Ángel, y elaboraron una lista plural para convocar a un pacto de concordia. El grupo buscaría reunirse con los tres candidatos y con el presidente. Quedaban apenas 10 semanas para la elección y había que actuar con celeridad. Alfonso Zárate, en su libro La generación de 1994 que marcó historia: Grupo San Ángel⁷, relata y documenta escrupulosamente la evolución del grupo. Castañeda y Sodi lideraron el grupo que se fue ampliando en torno a reuniones y comidas, muchas en los rumbos de San Ángel. La primera reunión ocurrió el 20 de junio, en la casa de Castañeda, en San Ángel —de ahí el nombre del grupo—, en la que deben haber participado unos 30 ciudadanos, que llegaron a superar los 100. Son memorables las comidas en la casa de Paco Cano, en Paseo del Pedregal, en la casa de Basáñez y en la de Elba Esther Gordillo en Bosques de las Lomas —a la que asistió Zedillo—, así como en la casa de Bernardo Sepúlveda en Paseo del Pedregal, a la que asistió más de un centenar de invitados. En la reunión tras la elección presidencial, el lunes 22 de agosto, en la casa de Javier Wimer, Basáñez distribuyó una hoja, pidiendo que cada quien anotara en forma anónima como había votado el día anterior: “de los más de 60 […] todos menos siete votaron por Cuauhtémoc, seis por el PRI y uno por Diego”, documenta Aguilar Zínser⁸.

La siguiente es una lista incompleta de los participantes: Carlos Salinas de Gortari, Adolfo Aguilar Zínser, Sergio Aguayo, Jorge Alcocer, Homero Aridjis, Miguel Basáñez, Manuel Camacho, Francisco Cano Escalante, Jorge Castañeda, Santiago Creel, los hermanos Manuel, Rebeca y Tatiana Clouthier, Laura Esquivel, Vicente Fox, Carlos Fuentes, Ricardo García Sainz, Amalia García, Alejandro Gertz, Elba Esther Gordillo, David Ibarra, Clara Jusidman, Enrique Krauze, Guadalupe Loaeza, Cassio Luiselli, Ignacio Marván, Lorenzo Meyer, Esteban Moctezuma, Carlos Monsiváis, Joel Ortega, José Agustín Ortiz Pinchetti, Elena Poniatowska, Federico y Jesús Reyes Heroles, Samuel Ruiz, Bernardo Sepúlveda, Jesús Silva Herzog-Márquez, Demetrio Sodi, Alberto y Gabriel Székely, Paco Ignacio Taibo, Luis Villoro, Javier Wimer y Alfonso Zárate. Puede consultarse la lista completa en el libro de Zárate citado.

En cada reunión se discutían las preocupaciones principales del grupo, que los asistentes planteaban en intervenciones muy breves de dos a tres minutos. El círculo inicial fue creciendo y la idea del choque de trenes ganó cada vez más notoriedad en los medios. La composición del grupo, con destacados empresarios, intelectuales, funcionarios y activistas sociales había conformado una verdadera “contra élite”, que resultó muy influyente en la opinión pública y en el gobierno. Destacó entre los participantes la presencia de Vicente Fox, apenas creciente en ese entonces. Todo este proceso debe haber llevado a Salinas a la conclusión de que un fraude como el de 1988 sería imposible, de manera que había que gastar todo lo necesario para comprar el voto de los mexicanos a favor del PRI. Margaret Thatcher declaró que Salinas había gastado $10,000 millones de dólares para asegurar el triunfo de su partido en la elección de 1994.

El difícil año de 1994

Al terminar 1993 Carlos Salinas parecía encaminarse a un gran final de sexenio. Nadie imaginaba lo que sucedería al amanecer del primer día de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un grupo indígena armado, asaltó simultáneamente San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal, en Chiapas. El subcomandante Marcos —aparentemente gente del EZLN— declaró que se levantaban en armas como respuesta a la entrada en vigor del TLCAN. Los rebeldes de Chiapas representaron el instinto de conservación de la razón, sobre todo de sus grupos indígenas. Pusieron un límite a los despropósitos del grupo en el poder y dejaron en ridículo sus sueños de grandeza. Después de un intento de aplastar militarmente a los rebeldes, el 10 de enero Salinas ordenó un alto al fuego y —con sentido pragmático y un diseño de gran talento— tomó varias decisiones drásticas: nombró a Manuel Camacho comisionado para la paz en Chiapas, despidió de la Secretaría de Gobernación a Patrocinio González Garrido, operador de mano dura, y en sustitución nombró a Jorge Carpizo. Carpizo era un político atípico, fiel al presidente de la república pero también fiel a sí mismo. Su nombramiento como secretario de Gobernación causó excelente impresión. Carpizo se convirtió en operador de un cambio democrático y también en el responsable de que las elecciones de 1994 terminaran bien. Salinas se mostró generoso frente a los adversarios indígenas y les ofreció un arreglo institucional que incluía amnistía y perdón a los alzados. El alzamiento zapatista fue apenas el primero de los graves acontecimientos que perfilaron todo el año. 

Las campañas políticas para la elección de agosto fueron particularmente fuertes, con Diego Fernández por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Colosio por el PRI. En enero de 1994, el alto cargo oficial que desempeñó Manuel Camacho y la negociación que desempeñó con mucho éxito hicieron suponer a muchos que él sería elegido candidato sustituto, en lugar de Colosio. Hubo muchas muestras de resistencia y fortaleza de Colosio; empezó a comentarse que Carlos Salinas iba a cambiar de candidato y el rumor se elevó tanto que éste declaró: “Que no se haga bolas nadie. El voto de los mexicanos hará triunfar a Luis Donaldo Colosio”. En febrero de 1994 gente del G9 y de otros grupos y sectores presentaron una iniciativa ciudadana llamada “20 Compromisos por la Democracia”, documento que fue firmado por Enrique Krauze, Gabriel Zaid, Santiago Creel, Enrique Sada, el G9 y otros 705 ciudadanos. También fueron suscritos por los tres candidatos. En su discurso del 6 de marzo de 1994 Colosio decidió poner el corazón mismo de su campaña en la promesa de la transición democrática, justamente en el aniversario del pri. El 23 de marzo Colosio fue víctima de un atentado fatal. Un hombre le disparó en el cráneo y otro en el vientre; dos horas después murió, lo que provocó un desastre político y económico para México. Nadie pudo remontar las trabas impuestas a la investigación del asesinato. Todavía hoy no se ha llegado a una conclusión, aunque hay numerosos indicios de pruebas “volatizadas”. Apenas unos días después del asesinato, el 29 de marzo, el presidente Salinas designó como su sucesor al doctor en economía Ernesto Zedillo, quien había sido secretario de Coordinación y Planeación; de Educación y coordinador de la campaña de Colosio. 

La figura de Zedillo no sólo era gris y representaba el continuismo, tampoco tenía contacto con el pueblo ni con las bases rasas priistas. Se veía muy difícil realizar otras elecciones fraudulentas y el PRI estaba en una situación complicada. El 12 de mayo se suscitó un debate que ganó ampliamente Diego Fernández y donde quedaron rezagados Zedillo y aún más Cárdenas. Diego alcanzó la cumbre de su popularidad en junio de 1994 tras del debate y, sin dar una explicación razonable, se apartó de la élite por más de 15 días, que probablemente decidieron la contienda porque le restó al PAN una cantidad enorme de votos. La crisis política no se había resuelto, era necesaria una reforma electoral importante y en mayo el PRI, el PAN y el PRD se pusieron de acuerdo en un recambio en el Consejo General del IFE para elegir a seis consejeros ciudadanos, excluyendo a los partidos. Había un consejero más: Jorge Carpizo, presidente nato del consejo, pero se abstuvo de votar en las tomas de decisiones. Después de haber barajeado cientos de nombres, los negociadores de la reforma seleccionaron a Fernando Zertuche, Miguel Ángel Granados, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg, Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti. Estos consejeros no habían sido funcionarios de ningún partido, aunque pudieran inclinarse por alguno, pero la decisión se tomó por consenso y el consejo nació con prestigio y con poder. Gran parte de ese mérito lo obtuvo Jorge Carpizo, persona independiente que se daba el lujo de enfrentar incluso al presidente como lo hizo.

Algunos de los consejeros ciudadanos eran activos defensores de la democracia; Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti decidieron formar una mancuerna que resultó muy activa en la defensa de la legalidad electoral. Para evitar otra caída desastrosa como la de 1994, se creó un centro de cómputo cuidadosamente oculto para los representantes de los partidos y los consejeros ciudadanos, en una confidencialidad absoluta. Los consejeros tuvieron que trabajar intensamente los días anteriores a la jornada electoral y hubo una batalla por el padrón electoral, porque resultaba sospechoso de un fraude cibernético y tuvo que pasar por la prueba de fuego, hasta que todos estuvieron de acuerdo en que era correcto. 

Otro incidente importante se produjo cuando el 24 de junio, en forma sorpresiva, Jorge Carpizo renunció como secretario de Gobernación y como presidente del IFE. Su renuncia fue un indicador de las fuertes presiones que generaba la contienda. Después de mucho tiempo se pudo precisar que Carpizo le exigía al presidente que disciplinara a los gobernadores y a otros funcionarios importantes, para que no intervinieran en las elecciones. Después de mil presiones y ruegos Carpizo aceptó retirar su renuncia, pero para entonces ya se habían cimbrado la bolsa de valores y la estructura financiera de México. Las elecciones se celebraron el 21 de agosto, con el terrible pronóstico de que se produciría un choque de trenes entre las fuerzas políticas, sobre todo entre la izquierda y el PRI. Sin embargo, las encuestas del Programa de Resultados Electorales Preliminares y los sondeos rápidos le dieron el triunfo claro a Zedillo. En todos hubo la certeza de que la competencia no había sido leal. Es cierto, el pueblo votó, voto por voto, pero confirmó la presencia del mismo partido. Los inversionistas nacionales y extranjeros se dieron cuenta que algo grave estaba pasando en el PRI. No les preocupaba la oposición sino la pugna interna del partido hegemónico. La fuga de divisas se había mostrado casi imparable antes y después de las elecciones, pero se desbordó cuando el 28 de septiembre José Francisco Ruiz Massieu, secretario del PRI murió asesinado a tiros en la calle de La Fragua. Aunque el asesino fue atrapado, tampoco se ha esclarecido este asesinato. Mario, hermano de José Francisco, planteó a un grupo de consejeros sus sospechas sobre los autores del asesinato, pero no se logró probar en definitiva la responsabilidad de nadie. 

El primero de noviembre de 1994 los consejeros ciudadanos presentaron ante el Consejo General un documento que debía verse como legado, un informe muy crítico de los resultados electorales en el que, aunque se reconocía el triunfo de Zedillo, se recalcaban las condiciones injustas y desventajosas en que habían ocurrido las elecciones, con recursos extremos a su favor y a favor de su partido. Un informe con la esencia de este documento fue reproducido por el propio Zedillo meses después, en una conferencia en España que se publicó ampliamente en México. Otro problema formidable lo presentaron las elecciones de Tabasco, donde Roberto Madrazo del PRI se impuso con trampas descaradas a Andrés Manuel López Obrador del PRD. Las elecciones fueron tan dudosas que el PRI y el PRD designaron a Santiago Creel y a José Agustín Ortiz Pinchetti para que a fines de 1994 revisaran a fondo la elección y rindieran un veredicto. Después de trabajar días y noches enteras concluyeron que las irregularidades presentadas por López Obrador se localizaban en 439 casillas, aproximadamente 78% de los casos, por lo que emitieron su resolución en el sentido de que había fuerte presunción de la nulidad de por lo menos 20% de las casillas, lo que permitía anular la elección. La solución, planteada internamente en el gobierno que sería ya presidido por Zedillo, era anular la elección y permitir que se celebraran otras en condiciones impecables. Madrazo aceptaba venir a la Secretaría de Educación, pero los grupos que habían dado grandes cantidades para su campaña se negaron a admitir esta solución y finalmente se impuso su gubernatura.

Durante 1995 los acontecimientos no pararon. Las responsabilidades de la tremenda crisis de 1994 se imputaron a Salinas, cuya herencia se hizo brutalmente real no porque no existiera antes, sino porque la opinión publica había negado la realidad, las desigualdades, la fragilidad económica, financiera y social del salinismo. Finalmente, la Procuraduría General de la Republica aprehendió a Raúl Salinas, hermano del expresidente, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu. El entonces procurador, Manuel Chapa Bezanilla, declaró que Raúl Salinas había financiado el atentado; que había resguardado a Manuel Muñoz Rocha, organizador del crimen, y había facilitado su huida. Salinas tuvo que salir del país y retirar su candidatura a presidir la Organización Mundial del Comercio. Al comenzar 1995, los consejeros ciudadanos Ortiz Pinchetti y Creel decidieron cumplir su propósito de empujar hasta donde se pudiera una reforma política. Para ello, establecieron un grupo formado por especialistas en politología y derecho y organizaron un seminario entre el PAN y el PRD, para lograr una sola demanda de los dos partidos, ofrecerla al PRI y obligarlo a negociarla. El seminario duró varios meses y finalmente se completó en 150 puntos que explicaban las diez condiciones mínimas, sin las cuales no podía considerarse una reforma radical y definitiva. Tras llegar a un pleno acuerdo, presentaron su plantilla de académicos e intelectuales y los enriquecieron con algunas de las personalidades más prestigiadas del PRI. La discusión se prolongó hasta fines de 1995 y los primeros meses de 1996; el PRI dio su beneplácito y se presentó en la Secretaría de Gobernación.

Finalmente, el PRI aceptó el anteproyecto con pocas modificaciones y a mediados de 1996 los partidos, basándose en alguna forma en el esquema de Chapultepec, llegaron a un acuerdo definitivo y la reforma de 1996 pudo prosperar, probablemente la mejor reforma que se ha hecho hasta ahora. El 25 de julio de 1996, día de Santiago, se firmó la reforma después de 20 meses de discusiones oficiales muy barrocas, se modificaron 18 artículos de la Constitución y se crearon las bases de un sistema verdaderamente democrático y sincero, por primera vez en la historia contemporánea de México. Los consejeros ciudadanos que intervinieron activamente en estas iniciativas fueron despedidos mediante la propia reforma constitucional que les impedía volver a ocupar sus puestos nunca más. 

EpílogoSin visibilizarse, el G9 estuvo en el trasfondo de muchos de los triunfos ciudadanos de la transición, origen profundo de la victoria oposicionista del congreso en 1997 y del triunfo panista de 2000. Pero los ciudadanos cometimos un error grave: permitir que los partidos empezaran a formar organizaciones no gubernamentales falsas, con fines políticos que confundían al público y se usaban para manipular, en realidad operadas con fines de lucro y ambición política. Mientras tanto, la verdadera sociedad civil, sin ONG alguna, se fue a dormir la siesta después de lograr la alternancia. Ese error retrasó otros 18 años el sueño de democracia que creímos haber alcanzado y manchó la imagen de un actor central de la transición: las organizaciones ciudadanas. La lección generacional fue apreciar la rapidez con que los partidos se reorganizaron para quedarse como beneficiarios de los cambios. De la dictadura perfecta México pasó a la partidocracia imperfecta, sin beneficio real para el país ni para las grandes mayorías. Pero quedó el sedimento de esa construcción de confianza iniciada en la encuesta de 1988, continuada con la observación de elecciones y la fundación de la revista Este País, hasta el punto culminante del Grupo San Ángel y las instituciones de la transición. EP

1 Siglo XXI editores España, 11ª edición, 2002.

2  Foro Internacional, El Colegio de México, Vol. XVII, 4 (68) abril-junio, 1977.

3 Proceso, 30 de octubre de 1993.

4 Alfaguara, 2015, p. 328.

5 La Jornada, 29 de abril de 1994.

6 The New York Times, 11 de mayo de 1994.

7 Planeta, 2019.

8  ¡Vamos a ganar!, Océano, 1995, pp. 28-30.

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