En el mundo contemporáneo, constituido por sociedades de millones de habitantes, la celebración de procesos democráticos representa un desafío mayúsculo para las autoridades electorales. El caso de México no es la excepción. El próximo 6 de junio, se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, en las que podrán votar más de 92 millones de ciudadanos para definir quiénes ocuparán más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas[1] y cerca de 2 mil presidencias municipales y alcaldías.[2]  Para ponerlo en perspectiva: en el proceso electoral del 2018 se renovaron 18 299 cargos federales y locales, incluyendo la Presidencia y las dos Cámaras del Congreso.[3]

Además del tamaño de las elecciones, las democracias contemporáneas enfrentan un reto adicional: una crisis de desafección democrática agravada por la desinformación que propician las nuevas tecnologías. En palabras de IDEA Internacional: “No ha habido un momento en la historia moderna, o por lo menos desde la década de 1930, en que se haya cuestionado más el valor, la viabilidad y el futuro de la democracia”.[4]

Sin embargo, estoy convencido de que debemos salvaguardar la democracia representativa a toda costa, pues es la única forma de gobierno que conocemos que permite la renovación periódica y pacífica del gobierno mediante un mecanismo inclusivo y plural que garantiza la participación igualitaria de toda la ciudadanía: el voto. Un ejemplo de ello es que, en México, desde hace 20 años, la titularidad del Poder Ejecutivo ha sido ocupada pacíficamente por tres partidos políticos distintos, y el Congreso de la Unión ha cambiado su configuración en, por lo menos, igual número de ocasiones. Para que esto ocurra, es necesario que las elecciones se lleven a cabo dentro del marco de la Constitución y la ley.

En ese contexto, la efectividad de las autoridades resolutoras de controversias en materia electoral —función que en nuestro país recae principalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— es indispensable para garantizar la legalidad y la legitimidad de los procesos democráticos y reconstruir la confianza de la ciudadanía en la democracia tutelando sus derechos político-electorales y garantizando la regularidad constitucional de la elección.

En este artículo describiré brevemente algunos de los principales desafíos que enfrentará el Tribunal Electoral en las elecciones de este 2021 y mostraré cómo, a pesar de ellos y de la crisis sanitaria que atraviesa el país, el TEPJF está listo para desempeñar sus funciones y responsabilidades con solidez jurídica e institucional.

1. Tiempos reducidos para la resolución de miles de impugnaciones

Un estudio estadístico encargado por el propio TEPJF estima que, durante el proceso electoral en curso, se recibirán entre 17 mil y 29 mil impugnaciones, las cuales se presentarán, en su mayoría, con posterioridad a la jornada electoral que se llevará a cabo el primer domingo de junio.[5]

Ahora bien, en aras de dotar de certeza y eficacia al voto de los electores, es imperativo que el TEPJF resuelva la totalidad de esas impugnaciones antes de la fecha de toma de protesta de los más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán este año[6]. De acuerdo con las diversas legislaciones locales y la Constitución, la mayor parte de las protestas constitucionales se llevarán a cabo en los meses de septiembre y octubre de 2021, incluidas 11 gubernaturas y las 500 diputaciones federales. Es decir, el TEPJF contará con apenas cuatro o cinco meses, según el caso, para resolver las miles de controversias que se presenten. A este plazo, además, se debe restar el tiempo que se tomen las instancias locales para atender las impugnaciones de las elecciones de gobernadores, diputados locales e integrantes de ayuntamientos o alcaldías.

Si bien el margen de actuación impuesto por el marco legal y constitucional es reducido, el TEPJF está preparado para resolver en tiempo y forma, tal y como lo ha hecho en elecciones pasadas. Esto es posible, en primer lugar, gracias al invaluable trabajo y compromiso con la democracia de los funcionarios que integran el Tribunal, pero también, en parte, a la contratación de personal jurisdiccional adicional para los procesos electorales.

2. Reducción de presupuesto

La resolución a contrarreloj de un gran número de asuntos jurídicamente complejos, que muchas veces implican ponderar derechos o principios en pugna como, por ejemplo, entre paridad de género y reelección, o la evaluación de temas sumamente técnicos como la sobrerrepresentación parlamentaria, o de alta relevancia política como los relacionados con la vida interna de los partidos, requiere, forzosamente, de capital humano suficiente y altamente especializado, lo que, a su vez, exige un presupuesto acorde.  Este no será el caso en las elecciones actuales: la Cámara de Diputados, en una decisión de último momento, disminuyó el presupuesto solicitado por el Tribunal en 195 millones, esto es, lo redujo en más del 6%.

Para ponerlo en perspectiva: para hacer frente al proceso electoral del 2018 (en el cual se eligieron 18 299 cargos)[7], el presupuesto del Tribunal aumentó un 24.5 % con respecto al año anterior, mientras que para 2021 el incremento fue de sólo el 14.4 % en relación con el 2020. Más aún, el presupuesto para el proceso electoral de este año es 22 % menor al de 2018, lo que representa una diferencia de casi $863 millones, a pesar de que este año se renovarán 3000 cargos más de elección popular (14.75 % más) que en las elecciones anteriores.

Esto tiene implicaciones considerables, pues el TEPJF tendrá que resolver miles de medios de impugnación, en tiempos muy reducidos y prácticamente con los mismos funcionarios con que cuenta en un año no electoral. Además, dichas reducciones han impactado ostensiblemente en la capacidad de organización de misiones de observación electoral internacional administrativas y jurisdiccionales, las cuales son una parte esencial para la legitimidad de cualquier democracia consolidada. Sin embargo, a pesar de dichos obstáculos, el Tribunal Electoral no dejará de garantizar la regularidad constitucional de las elecciones y de dotar de certeza a la ciudadanía, con el profesionalismo, compromiso y sacrificio de quienes lo integran actualmente.

3. Crisis sanitaria

La irrupción del COVID-19 ha afectado todos los ámbitos de la vida humana, incluido, desde luego, el electoral. Al menos 75 países y territorios en todo el mundo han decidido posponer elecciones nacionales y subnacionales, y cerca de 100 han optado por celebrar comicios implementando medidas de mitigación de riesgos sanitarios.[8] En este contexto, en el Tribunal Electoral tenemos el firme compromiso de velar y potenciar los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como de tutelar su derecho a la salud.

Como prueba de lo anterior, recientemente la Sala Superior aprobó el Acuerdo General 7/2020 por el que se aprobaron los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición de todos los medios de impugnación. También, por vía jurisdiccional, el TEPJF ha validado o dictado diversas medidas para hacer frente a la situación extraordinaria que vivimos, entre las cuales destacan la validación de notificaciones (SUP-JE-30/2020) y la presentación de demandas por correo electrónico (SUP-JRC-7/2020), así como la validación del otorgamiento de medidas cautelares solicitadas a través del mismo medio (SUP-REC-74/2020), o la confirmación del Acuerdo a través del cual el INE fijó una nueva fecha para la celebración de las elecciones de Hidalgo y Coahuila en atención a la situación sanitaria (SUP-RAP-42/2020). Así, las decisiones del Tribunal permitieron la celebración de esos comicios y, al mismo tiempo, la generación de medidas de protección sanitaria para todos los que participaron en ellos. Sobre las elecciones en Hidalgo vale la pena destacar que, a pesar de las circunstancias adversas, más de un millón de personas (el 48.96 % de la lista nominal) acudieron a votar. Esto es, sin duda, una expresión de confianza en la democracia y en sus instituciones.

Como he mostrado, existen diversos retos para el TEPJF en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, pero este órgano jurisdiccional, el cual tengo el honor y la alta responsabilidad de presidir, está listo para hacerles frente en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, así como a los más altos estándares internacionales en materia de justicia electoral, tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora.

La ciudadanía puede confiar en que sus derechos político-electorales y su voluntad expresada en votos serán salvaguardados por nuestras sentencias y que, en la resolución de cada caso, protegeremos el Estado de Derecho y los principios fundamentales de la democracia. EP

[1] Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

[2] INE. “INE enfrentará los retos del Proceso Electoral Federal 2020-2021 con responsabilidad” y “Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral”

[3] INE. “Numeralia del PEF 2017-2018”.

[4] IDEA Internacional. “El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019. Confrontar los Desafíos, Revivir la Promesa”, 2019.

[6] INE. “INE enfrentará los retos del Proceso Electoral Federal 2020-2021 con responsabilidad”, 2020.

[7] INE. “Numeralia del PEF 2017-2018”.

[8] IDEA Internacional. “Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones”.

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