La noche del 11 de mayo, Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la alianza PRI, PAN, PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, fue víctima de un ataque a balazos mientras viajaba en su camioneta. Este incidente no es un caso aislado: parte de un patrón alarmante de violencia política que se ha intensificado en el contexto de las elecciones de 2024 en México. 

La violencia política en México ha alcanzado niveles críticos. Según la organización civil Data Cívica solo en abril, cuatro candidatos fueron asesinados, sumando un total de 19 asesinatos relacionados con el proceso electoral en lo que va del año. El informe Votar entre balas de abril, revela que, incluyendo colaboradores de campaña, funcionarios y familiares de los políticos, el número total de homicidios relacionados asciende a 37. Además, se han documentado secuestros, atentados, ataques armados y amenazas, con un total de 574 actos de violencia política-electoral registrados en 2024, el número más alto desde que se inició este registro.

Los atentados no solo afectan a las y los candidatos de la oposición, sino también a aquellos del oficialismo, indicando que la violencia es un problema transversal que amenaza la estabilidad política del país. La proximidad de las elecciones parece agudizar estas agresiones, lo que refleja una estrategia intimidatoria generalizada hacia quienes buscan participar en el proceso democrático.

La violencia política en México se manifiesta en múltiples formas, incluyendo homicidios, secuestros, y amenazas, particularmente durante periodos electorales. Sus causas son complejas y se entrelazan con la corrupción y la impunidad, así como con la presencia dominante del crimen organizado, que busca influir en los resultados electorales y mantener control sobre territorios específicos.

Las consecuencias de la violencia política son igualmente devastadoras. Más allá de la pérdida inmediata de vidas, esta violencia erosiona la confianza en las instituciones democráticas y fomenta un clima de miedo e incertidumbre. Esta atmósfera no sólo desincentiva la participación ciudadana en los procesos electorales, sino que también puede resultar en elecciones cuestionadas y en la legitimidad debilitada de los gobiernos electos. A largo plazo, la persistencia de la violencia política puede conducir a un ciclo vicioso de más violencia y desestabilización.

Como decíamos anteriormente, la persistencia de la violencia política está intrínsecamente ligada a la impunidad con la que se manejan estos casos. La falta de consecuencias efectivas para los perpetradores no solo fomenta la repetición de estos crímenes, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Este ciclo de violencia e impunidad representa una amenaza directa para la democracia, pues inhibe la participación política libre y justa, esencial para cualquier sistema democrático.Para enfrentar esta crisis, es importante fortalecer los mecanismos de justicia y aumentar la protección para los candidatos y participantes en el proceso electoral. Además, es indispensable promover una mayor conciencia y movilización social para exigir responsabilidades y garantizar que la violencia no determine el futuro político de México. Solo así se podrá asegurar que las elecciones reflejen la verdadera voluntad del pueblo y no los intereses de aquellos que recurren a la violencia para influir en los resultados electorales. EP

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