Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2019

2018 fue el año más violento del que se tenga registro: cada 15 minutos una persona fue asesinada. Además de esta alza en el número de homicidios, observamos una baja en las sentencias condenatorias para este delito, lo que resulta en altos índices de impunidad. Por tercer año consecutivo, Impunidad Cero lanza el reporte sobre impunidad en homicidio doloso en México, con una aproximación al problema y propuestas de política pública para aumentar las capacidades de investigación de los operadores del sistema de justicia que propicien el esclarecimiento de este delito.

Texto de y 09/12/19

2018 fue el año más violento del que se tenga registro: cada 15 minutos una persona fue asesinada. Además de esta alza en el número de homicidios, observamos una baja en las sentencias condenatorias para este delito, lo que resulta en altos índices de impunidad. Por tercer año consecutivo, Impunidad Cero lanza el reporte sobre impunidad en homicidio doloso en México, con una aproximación al problema y propuestas de política pública para aumentar las capacidades de investigación de los operadores del sistema de justicia que propicien el esclarecimiento de este delito.

En los últimos años la violencia en México ha alcanzado niveles sin precedentes. 2018 cerró como el año más violento en la historia reciente de nuestro país, con más de 33 mil víctimas de homicidio doloso o intencional. Dado el impacto del homicidio doloso en la sociedad, la tercera edición de este estudio1 busca abonar al conocimiento de esta problemática y su evolución, mediante el análisis de la respuesta del Estado para enfrentar este delito y la revisión de algunas propuestas para mejorar la investigación y reducir la impunidad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó recientemente un estudio global sobre homicidio,2 el cual resalta que los efectos del homicidio doloso van más allá de la pérdida de una vida, ya que permea en las vidas de los familiares de las víctimas y de toda la comunidad, quienes pueden ser descritas como “víctimas secundarias”. Además, crea un ambiente violento con un impacto negativo en la sociedad, la economía y las instituciones.3

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20304 se encuentra “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”, y uno de los indicadores establecidos por las Naciones Unidas para evaluar cómo cumplen los Estados con estos objetivos es el número de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Será difícil alcanzar el objetivo establecido en la Agenda de Desarrollo Sostenible de continuar la tendencia actual de incidencia de homicidios a nivel global.5 En 2017, a nivel mundial, hubo 6.1 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes. América conserva la tasa más alta, con 17.2, seguida de África, con 13.0, Europa con 3.0, Oceanía con 2.8, y Asia con 2.3. Se estima que en el mundo, en promedio, 65 mil asesinatos al año fueron relacionados con el crimen organizado y las pandillas, de 2000 a 2017.6 En México más de 50%7 de los homicidios intencionales o dolosos están relacionados con organizaciones criminales, por lo que México estaría aportando una buena parte de los homicidios considerados en dicha estimación de la UNODC.

Homicidios en el mundo

Según la información actual disponible recopilada por la UNODC correspondiente a 2017, México se ubica entre los países más violentos en términos de homicidios. El país con la mayor tasa es El Salvador, con 61.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Jamaica, Honduras, Belice y Sudáfrica. México ocupa la decimosegunda posición, con una tasa de 24.8, un valor muy similar al observado en Colombia. Como se ha mencionado, el continente americano es el que presenta más violencia en el mundo y ésta se encuentra focalizada en Centroamérica y los países aledaños.

Por otro lado, México es el país más violento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de homicidios de 24.8; le sigue, de lejos, Estados Unidos con una tasa de 5.3: la tasa en nuestro país es cuatro veces mayor que en el país vecino. La diferencia sigue siendo abismal si comparamos nuestra situación con Chile, el otro país de Latinoamérica perteneciente a la OCDE, cuya tasa de homicidios es de 4.3. Entre los países analizados el de menor tasa es Japón, con 0.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Luxemburgo, Noruega, Suiza y República Checa.

Causas de muerte en México

De acuerdo con la información disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre mortalidad general, un total de 83,749 defunciones obedecieron a causas externas de morbilidad y mortalidad.8 Del total de defunciones por dichas causas externas, las agresiones representaron 43.8%, mientras que 9% fueron causadas por exposición accidental a otros factores, 8.9% por otros accidentes de transporte terrestre y 8.1% por lesiones autoinfligidas intencionalmente, entre otras causas, como puede observarse en la Gráfica 3. Cabe destacar que 6.6% de las muertes por causas externas fueron por eventos de intención no determinada.

Al igual que en la edición anterior de este estudio,9 realizamos un análisis para conocer qué lugar ocupan las agresiones u homicidios entre las causas de muerte en México. Al considerar todas las defunciones, las agresiones u homicidios fueron la sexta causa de muerte a nivel nacional en ambos estudios. Cabe destacar, sin embargo, que la proporción que representan ha aumentado en los últimos años, ya que pasó de 3.6% en 2016, a 5% en 2017 y a 5.1% en 2018. Tal como se había detectado el año anterior, al analizar la información por rango de edad el panorama es preocupante, ya que los homicidios se mantienen como la principal causa de muerte en personas entre 15 y 44 años.

Este fenómeno es más marcado en el rango de jóvenes de 20 a 24 años, donde los homicidios fueron la principal causa de muerte, con un porcentaje de 33.9%; esta cifra fue mayor el año inmediato anterior, cuando representó 31.8%. Por su parte, entre los jóvenes de 25 a 29 años los homicidios representaron el 32.6% de las defunciones, con un aumento de 30.1% respecto al año anterior. Entre las personas de 30 a 34 años las agresiones representaron 28.4% de las muertes, mientras que para los jóvenes de 15 a 19 años el porcentaje fue de 27.5%. Entre las personas de 35 a 39 años también fue la principal causa de muerte, aunque con un porcentaje ligeramente menor que representa 22.1%; es decir, una de cada cinco personas que murieron en este rango de edad falleció por una agresión directa. En el último año los homicidios también fueron la principal causa de muerte de personas de 40 a 44 años, con 14.7%. En todos los rangos de edad se observa un aumento de la proporción que representan los homicidios entre las causas de muerte. En la Tabla 1 se puede observar el porcentaje que representaron las agresiones del total de muertes registradas por cada grupo de edad.

Al analizar las causas de muerte por sexo, encontramos que las agresiones son la principal causa de muerte entre los hombres de 15 a 44 años en México y son más representativas en el grupo de edad de 20 a 24 años donde, del total de hombres fallecidos, 38.5% corresponden a esta causa. Estos rangos de edad coinciden con la edad productiva de la población, por lo que entre muchas otras consecuencias, la violencia dirigida a los jóvenes puede traer consigo pérdida en la productividad en el país.11

En el caso de las mujeres, las agresiones son la principal causa de muerte en el rango de edad de 20 a 24 años, con 16.5% de las defunciones en este grupo. A pesar de que en términos absolutos hay menos víctimas mujeres, cabe señalar que las características o condiciones de los crímenes suelen ser distintos. La UNODC estima que más de la mitad de los homicidios de mujeres son cometidos por parejas sentimentales u otros miembros de la familia de las víctimas, y que una proporción aún mayor son cometidos por cuestiones relacionadas con el género.12 Además, no puede observarse la notoria diferencia entre las causas de muerte entre hombres y mujeres, sin considerar que la normativa existente en México para la clasificación nacional de delitos para fines estadísticos13 distingue entre el delito de homicidio doloso y el feminicidio,14 lo que implica que en la estadística delictiva se reporten por separado ambos delitos. Cabe aclarar que este estudio se centra únicamente en el delito de homicidio doloso, tanto de hombres como de mujeres, y que el análisis no considera el delito
de feminicidio.15

Víctimas de homicidio doloso en México

Como se mencionó en el análisis pasado, así como en diversos estudios sobre el fenómeno de la violencia en México,16 existe una disparidad entre los datos sobre homicidios reportados por el INEGI y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Para la estimación de la impunidad en homicidio doloso en nuestro país se consideran los datos del SESNSP, toda vez que son las estadísticas oficiales en materia de incidencia delictiva.17 De acuerdo con los datos del SESNSP sobre víctimas, durante 2018 se registraron en total 33,521 víctimas de homicidio doloso en México,18 lo que representa una tasa de 26.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Al comparar este dato con el total de víctimas registradas en 2017 se obtiene un aumento de 16.1% y, si se compara con lo registrado en 2015, en los últimos cuatro años la violencia homicida en nuestro país ha aumentado 87.4 por ciento.

Sin olvidar que, como se ha mencionado, entre las víctimas de homicidio doloso reportadas por el SESNSP no se consideran las víctimas de feminicidio. Del total de víctimas registradas en 2018 92% fueron hombres y 8% mujeres;19 a nivel internacional, 81% de las víctimas fueron hombres y 19% mujeres.20 En México la tasa de homicidio doloso entre los hombres es de 49.3 por cada 100 mil habitantes, mientras que la de mujeres es de 4.3.21 Ambas tasas son mayores en México que a nivel mundial, incluso que a nivel continental, ya que la tasa mundial de victimización de hombres por homicidio doloso es de 9.9 y de 2.3 la de mujeres.22 En el continente americano, por su parte, la tasa de homicidio entre hombres es de 31.2 y para mujeres de 3.6.23 Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que las condiciones y circunstancias en las que se dan la mayoría de los homicidios de mujeres son distintas a la de los hombres. La Asamblea General de las Naciones Unidas24 ha reconocido que la prevalencia de diferentes manifestaciones de asesinatos de mujeres y niñas ha alcanzado proporciones alarmantes a nivel global. Con respecto a la edad de las víctimas, entre los hombres 80.9% fueron adultos de 18 años y más, 3.4% fueron menores de edad y en 15.7% de los casos no se especificó la edad. En el caso de las mujeres víctimas de homicidio doloso, 75.7% eran mayores de edad, 7.9% menores y en 16.5% de los casos no se especificó la edad.

Sobre la modalidad de los homicidios dolosos, la gran mayoría de los mismos fueron cometidos con arma de fuego (71%), seguidos por los cometidos con otro elemento (18%),25 con arma blanca (10%) y en 1% de los casos no se especificó la modalidad de comisión. La proporción de homicidios cometidos con arma de fuego está muy por encima de la proporción estimada global, donde 54% de los homicidios se realizaron con arma de fuego, 22% con arma blanca y 24% con otros elementos.26 Esta situación refleja la grave problemática que existe en el país respecto a la portación, —en la mayoría de los casos ilegal— de armas de fuego y es alarmante, ya que “la disponibilidad de armas es uno de los factores principales que contribuyen a la prevalencia de la violencia letal”,27 por lo que es importante que se implementen a la par medidas para regular la posesión de armas.

En casi todas las entidades federativas, con excepción de Yucatán,28 la mayoría de los homicidios dolosos fueron cometidos con arma de fuego. En Guanajuato, 83.5% de los homicidios se cometieron bajo esta modalidad, seguido de Michoacán (80.7%) y Oaxaca (79.3%). Como se abordará más adelante, en estas tres entidades se ha incrementado la presencia del crimen organizado, lo que podría explicar este fenómeno.

Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes por entidad federativa

En 2018, la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes fue Colima, con una tasa de 93, seguido de Baja California (89.1), Guerrero (68.1), Chihuahua (58.7) y Guanajuato (53.8). Los niveles de violencia de estas entidades están por encima de los países más violentos del mundo ya que, como se mencionó, la tasa de violencia para El Salvador se estimó en 61.8, para Jamaica en 57 y para Honduras en 41.7 (ver Gráfica 1). En México, la entidad con menor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es Yucatán, con 2.2, seguida de Aguascalientes (5.5), Campeche (7.4), Hidalgo (7.6) y Coahuila (7.8). El incremento de este indicador en Colima y Baja California es alarmante, pues en un par de años rebasaron la incidencia que alcanzó Chihuahua, en el aciago periodo de 2008 a 2010.29

Del total de víctimas de homicidio doloso, 40.8% se concentró en sólo cinco entidades federativas. El 9.8% de estas víctimas (3,290) se registró en Guanajuato, 9.4% en Baja California (3,136), 7.9% en el Estado de México (2,655), 7.2% en Jalisco (2,418) y 6.5% en Chihuahua (2,190).

Al analizar la evolución de víctimas de homicidio doloso en las 32 entidades federativas, Oaxaca es el estado donde el incremento ha sido mayor, con un aumento de 420.9% entre 2015 y 2018. Le sigue Nayarit, con un aumento de 338.5 %; Colima, Baja California, Guanajuato y Quintana Roo, con incrementos superiores a 200%. Por el contrario, Coahuila es la entidad  cuyos niveles de violencia en términos de homicidios han descendido más, con una disminución de 24.4%, seguida por Durango y Yucatán. Estas tres entidades son las únicas donde el número de víctimas de homicidio doloso registradas ha disminuido. Aunque el fenómeno de la violencia es multifactorial y analizar las causas del aumento o descenso de la violencia homicida en determinados territorios requiere de un análisis particular, los principales factores identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) que dan lugar a la violencia en México son: los actores estatales, el crimen organizado, el uso de la fuerza por actores no estatales, la pobreza, la exclusión social, el tráfico de personas, las drogas, la posesión de armas y la impunidad.30

En entidades como Nayarit, Colima y Baja California, con aumentos importantes en el número de víctimas por homicidio doloso en los últimos años, se ha expandido la actuación del crimen organizado.31 En el caso de Guanajuato, algunos analistas señalan que este aumento de la violencia es resultado de las pugnas entre cárteles, donde uno de los negocios más disputados es el robo de combustible.32 En Oaxaca se ha señalado también una dispersión del crimen organizado, aunada a una marcada debilidad de las fuerzas de seguridad pública y a la ineficiencia del sistema de justicia penal.33 En las entidades que han experimentado una reducción de la violencia homicida, se han implementado estrategias específicas de seguridad y programas de prevención del delito. En el caso de Yucatán, en 2016 el gobierno estatal lanzó la estrategia Escudo Yucatán, que contempló acciones como el reforzamiento de la investigación de la Fiscalía Estatal, con la creación de la Policía Investigadora y la desaparición de la Policía Ministerial,34 así como el reforzamiento de los programas de prevención, con mayor involucramiento de la sociedad civil organizada y de vecinos.35 En Durango se implementaron varias acciones como parte del Programa Nacional para la Prevención del Delito, principalmente enfocadas a jóvenes;36 por su parte, en Coahuila se destacan acciones de seguridad pública coordinadas entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de disminuir los índices delictivos en la entidad.37

Sentencias por homicidio doloso en México

Para la obtención de los datos de sentencias por homicidio doloso se realizaron solicitudes de información a los poderes judiciales de cada una de las entidades del país. En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, no se obtuvo la información de Campeche ni de Querétaro. Además, por primera ocasión San Luis Potosí no proporcionó datos. Campeche y Querétaro respondieron que no tienen procesada esta información y compartieron links de informes judiciales;38 sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva en la información disponible, no se encontraron las variables solicitadas. Por su parte, San Luis Potosí respondió que la información solicitada incluye datos que no son reportados, procesados ni registrados en el sistema estadístico del Poder Judicial.39 Si se considera la información de las 29 entidades que sí proporcionaron información (el año anterior sólo brindaron información 24 estados), se obtiene que durante 2018 se dictaron 4,294 sentencias por el delito de homicidio doloso, de las cuales 3,600 fueron sentencias condenatorias y 694 absolutorias. De esta forma, se obtiene que la tasa de condena —la proporción de sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso— en 2018 fue de 83.8 por ciento.

Con respecto a la información sobre sentencias, se observa que para esta edición se logró contar con información de más entidades federativas, ya que 24 entidades proporcionaron la información por dos años consecutivos. Sin embargo, sería deseable que estas variables fueran sistematizadas de manera anual, como anteriormente lo hacía el INEGI.

Impunidad en homicidio

Además de recabar información a nivel nacional sobre la incidencia delictiva, la UNODC recopila también información sobre la capacidad de los sistemas de justicia para responder ante este crimen. Entre las variables que recopila se encuentra el total de personas condenadas por homicidio intencional. Lamentablemente, no todos los países reportan la información sobre esta variable. En el caso de México, la última información disponible en la base de datos de la UNODC corresponde a 2013.40 En la Gráfica 10 se presenta la impunidad en homicidio doloso por país, calculada con la información disponible en los datos de UNODC, mientras que para México se utilizaron los datos recopilados vía información pública nacional y solicitudes de acceso a la información. En Belice, por ejemplo, la impunidad en homicidio doloso llega a 96.4%, mientras que en Honduras es de 92.2%. En México no estamos alejados de estas cifras ya que, según la información sobre sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso recopilada para la elaboración de este estudio, la impunidad en nuestro país se estima en 89%. Países como Chile, Suecia y Portugal, tienen impunidad cero en homicidio doloso. Un indicador aceptable para el homicidio doloso o intencional es un promedio, a lo largo de tres años, menor a 30 por ciento.

Como se ha señalado en ediciones previas de este estudio, cada vez es más difícil acceder a información confiable sobre condenas en México, por lo que es necesario solicitar a cada una de las entidades federativas dicha información. Para calcular la impunidad en homicidio doloso por entidad federativa las variables que se utilizaron fueron el número de víctimas registradas y el total de sentencias condenatorias por este delito. La fórmula utilizada para calcular la impunidad en este delito es la siguiente:

Donde:

ImpHom= Impunidad directa en homicidio doloso

CondHom= Sentenciados en sentido condenatorio por el delito de homicidio doloso

VicHom= Víctimas registradas en casos abiertos en las fiscalías y procuradurías estatales por el delito de homicidio doloso

Desafortunadamente, en la Gráfica 11 se observa una tendencia al alza en los niveles de impunidad en homicidio doloso en el país. En 2006 se estimaba una impunidad de 59.4%, para llegar a su nivel más bajo en 2007, cuando la impunidad fue de 54.7%. A partir de ese año la impunidad ha ido en aumento, en coincidencia con el aumento de la violencia en México. Entre 2010 y 2014 los niveles de impunidad se mantuvieron estables, pero a partir de 2015 se observa nuevamente una tendencia al alza, la cual coincide con el año en que la tendencia de la tasa de homicidios en México aumentó considerablemente. En los últimos cuatro años la impunidad en homicidio doloso ha seguido aumentando: con la información disponible, para 2015 la impunidad se estimó en 81.3% para el grupo de entidades que proporcionaron información, para 2016 en 86.6%, para 2017 llegó a 89.5%41 y para 2018 a 89%. Esto implica un retroceso de casi diez puntos porcentuales en los últimos años, mientras que la violencia ha aumentado en términos de número de víctimas en 16.1 por ciento.

Este nivel de impunidad explica la escasa capacidad de disuasión del sistema penal sobre el crecimiento de la violencia. Desde hace un par de lustros quedó evidenciado que la política legislativa ensayada en México —aumentar las penas a los delitos más frecuentes y de mayor impacto— tiene un efecto irrelevante, mientras no se incremente la probabilidad de captura y de sanción. En México, la entidad donde existe una mayor impunidad en homicidio doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99.0%), Oaxaca (97.8%), Nayarit (97.7%) y Quintana Roo (96.6%). Las entidades con menor impunidad son Yucatán (27.1%), Aguascalientes (45.5%), Nuevo León (61.0%), Durango (64.8%) e Hidalgo (71.7%). Hace tres años sólo tres estados presentaban más de 91% de impunidad para este delito y la entidad con mayor impunidad en homicidio intencional era Oaxaca, con 97%. En el indicador de este año, once estados exceden 91% de impunidad y siete rebasan 95%. Sólo Yucatán está por debajo de 30%, aunque en años anteriores ha alcanzado impunidad cero para este delito.

Si se compara la impunidad en homicidio doloso entre 2017 y 2018, tenemos que Yucatán fue la entidad con el mayor aumento, aunque aún es la entidad con menor impunidad para este delito en el país. El caso de Yucatán es particular pues, al tener una baja incidencia de homicidios, el cálculo de impunidad suele variar mucho; por ejemplo, puede ocurrir, como se evidenció en el estudio del año anterior, que en un año exista un número mayor de condenas que de homicidios durante el mismo periodo, debido a que algunos homicidios ocurridos en los últimos meses del año se resuelven al año siguiente. La Ciudad de México fue una de las entidades con el mayor aumento en términos porcentuales, al pasar de 65.8% a 86.7%; caso similar al de Quintana Roo, que pasó de 79.1% a 96.6%. Por otro lado, Nuevo León bajó sus niveles de impunidad de 74.8% a 61.0%, así como Michoacán, de 89.1% a 78.1%. En la mayoría de las entidades las variaciones fueron ligeras entre este ejercicio y el anterior.

Capacidad de investigación colapsada

Desde luego, las políticas en materia de prevención social de las violencias tienen un impacto potencial significativo que no ha sido desarrollado. En México, desde 2012 se expidió la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD)42 y en dicho ordenamiento se menciona que la prevención social de la violencia incluye los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. En el ámbito social se establece que la prevención se llevará a cabo a través de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico; la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; el fomento de la solución pacífica de conflictos; estrategias de educación y sensibilización; así como programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo.43 Sin embargo, el gran pasivo de las autoridades de nuestro país en materia de incidencia delictiva y de violencia está en el creciente deterioro de la capacidad de investigación criminal, cuya función de disuasión en algunos estados —como se ha demostrado— es prácticamente nula. La media nacional de efectividad de investigación de los ministerios públicos se estimó en 19.4%;44 sin embargo, se observa una gran disparidad entre las entidades federativas en términos de este indicador.45 Al considerar además la alta cifra negra registrada, estimada en 93.2%, tenemos que en México la probabilidad de esclarecimiento del delito es de apenas 1.3 por ciento.46

Si a las 3,600 condenas reportadas por las 29 entidades federativas sumamos los registros más recientes disponibles de sentencias condenatorias para los tres estados que no nos proporcionaron información en este año (29 en San Luis Potosí en 2017, 63 en Querétaro en 2016 y 41 en Campeche en 2012), tendríamos que se habrían obtenido en las salas de audiencias 3,733 condenas por el delito de homicidio intencional: el número de condenas más bajo desde 1997. Entre 1997 y 2007 tuvimos un descenso en la incidencia de homicidios dolosos en el país, además de una ligera tendencia al alza en el número de sentencias condenatorias para este delito, lo cual es el mejor escenario para reducir los niveles de impunidad. Sin embargo, a partir de 2007 la situación se revirtió y el número de homicidios aumentó considerablemente y llegó al pico más alto registrado en el periodo en 2011. Entre 2011 y 2014 se volvió a observar un periodo de reducción de violencia y, a partir de 2015, nuevamente una tendencia al alza, para cerrar 2018 como el año más violento en la historia de nuestro país. A la par del aumento de la violencia, se empezó a observar un estancamiento en la capacidad del sistema de justicia para castigar a los responsables, ya que —independientemente del aumento o disminución de los homicidios y la violencia— las sentencias condenatorias por homicidio doloso nunca han rebasado las 4,803 logradas en 2005, e incluso se ha observado una tendencia decreciente en los últimos años.

El SES es la instancia responsable de publicar la incidencia delictiva, y no fue hasta 2015 que hubo una mejora en la información recopilada y se empezaron a contabilizar víctimas además de las carpetas de investigación.47 Hasta 2014 sólo se contaba con la información de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso, para contabilizar la incidencia delictiva a partir de ellas, como puede observarse en la Gráfica 13. Por otra parte, en la Gráfica 14 se muestra la incidencia ya medida en número de víctimas de homicidio. Como se ha reiterado en las ediciones anteriores de este estudio, cada vez es más difícil acceder directamente a la información sobre las sentencias por delito. 2012 fue el último año en el que se contó con información completa para todas las entidades federativas reportada en la serie histórica de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI, sustituida por los censos nacionales de procuración e impartición de justicia penales a partir de 2013.

Como se mencionó, a pesar de que desde 2007 el número de homicidios dolosos se ha triplicado, el número de sentencias y de condenas no sólo no ha aumentado, sino que incluso presenta una reducción de 20%.48 Por su parte, la inversión pública se ha incrementado significativamente en la contratación de personal policiaco y en la incorporación de contingentes militares en materia de seguridad, así como en su equipamiento; en tanto, el incremento en materia de procuración de justicia es mucho menor y se refleja en el aumento en los tiempos de espera de los denunciantes en las oficinas del Ministerio Público,49 en los rezagos y las crisis forenses que experimentan varios estados, en el mínimo incremento en el número de policías investigadores y en los modelos de gestión de investigaciones obsoletos. Todo lo anterior ha derivado en el colapso de la gestión de carpetas de investigación y en la reducción, ya referida, en la efectividad de su resolución, que entre 2017 y 2018 pasó de 21.7% a 19.4 por ciento.50

Los modelos más modernos y eficaces de investigación son los que fortalecen la triada ministerio público-policía de investigación-peritos, creando sólidos equipos de trabajo interdisciplinario, donde la mayor parte de las indagatorias, pesquisas, análisis de información e inteligencia y trabajo de campo son realizados por los policías, y la evidencia es analizada y preservada por los peritos, con el análisis y la conducción legal y procesal de los fiscales. Sin embargo, los policías investigadores no han incrementado significativamente su número y no se han desarrollado sus competencias ni se les ha dotado de equipamiento para la investigación criminal científica, en la mayoría de los estados mexicanos. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) de INEGI, en 2016 había 10,599 policías ministeriales, investigadores o judiciales, cifra que en 2017 pasó a 11,972. Para 2018 las procuradurías y fiscalías estatales reportaron en total 10,237 policías investigadores.51

La investigación criminal comprende los siguientes pasos: protección del sitio del suceso, observación de dicho espacio, fijación del sitio, colección de evidencia física y suministro de la evidencia física al laboratorio.52 Se ha señalado que en México —a pesar de contar con la infraestructura necesaria en algunos lugares— los investigadores no leen ni utilizan los informes científicos que generan los servicios médico forenses, además de que los tribunales no obligan a los investigadores a utilizar las herramientas científicas53 ni incorporan las nociones de causalidad científica en su teoría del caso y, por lo mismo, no las aplican en sus argumentaciones en las salas de audiencias. También se han documentado algunos casos en donde se pone en evidencia la falta de capacitación de los investigadores, ya que es común que se contaminen escenas del crimen y se pierdan evidencias por un mal manejo de la cadena de custodia y un mal procesamiento de pruebas. En muchos lugares del país hay que sumar, además de la falta de capacitación, la falta de insumos para realizar las labores de investigación criminal.54

Los efectos de esta bajísima capacidad de investigación criminal se magnifican, toda vez que los homicidios relacionados con las actividades de los grupos delincuenciales (que como se ha mostrado son la mayoría) representan una mayor complejidad para su investigación, pues desentrañar los móviles requiere labor de inteligencia y un adecuado mapeo de los grupos criminales, así como de su dinámica e interacción. De la misma forma, se necesitan más y mejores indagatorias para determinar la identidad de los agresores, más claras en los homicidios en los que existe una relación previa y conocida entre víctima y victimario. El modelo de gestión de las investigaciones sigue dejando el mayor peso de la investigación en el ministerio público que —abrumado por la carga de trabajo— suele concentrarse en aquellos casos en que se tiene un detenido; para el resto de los casos se hacen sólo investigaciones de gabinete, con escasas actividades de campo y sin que se establezca una metodología de investigación que involucre al personal del área de criminalística y servicios periciales. En pocos estados se trabaja en torno a unidades de investigación e intercambio de información entre equipos de trabajo.

Según la información del CNPJE 2019, 27 de las 32 entidades reportan contar con una agencia especializada en homicidios dentro de la estructura orgánica de la fiscalía o procuraduría estatal,55 en las cuales laboran 478 ministerios públicos y fiscales. Entre las que cuentan con una agencia especializada, sólo Baja California, Coahuila, Chihuahua y el Estado de México reportan disponer de peritos adscritos a dicha agencia y en 14 entidades cuentan con policías ministeriales, investigadores o judiciales adscritos a dichas agencias especializadas.56 Por otra parte, las áreas de investigación criminal de alto impacto, como las dedicadas al esclarecimiento de homicidios, secuestros, desapariciones, trata de personas y otras manifestaciones criminales de la delincuencia organizada, están expuestas a la penetración y el ataque de los grupos criminales. El incremento en los homicidios de servidores públicos de los subsistemas de seguridad y justicia penal en todo el país contribuye a crear un entorno de desconfianza, inseguridad y vulnerabilidad para los profesionales de la seguridad y la investigación criminal que, en algunos casos, puede inhibir o mermar su capacidad de operación.

Por ejemplo, en Jalisco, en ocho años dos titulares del área de investigación de homicidios fueron asesinados, lo mismo que cuatro agentes del Ministerio Público, en tanto que otro ministerio público del área desapareció en 2017.57 De esta forma, un área que presentaba 41% de impunidad en 200858 pasó a 88.5% en 2018. Por ello, la protección y apoyo a los profesionales de la investigación criminal debe ser una prioridad. Esta erosión de la capacidad de investigación tiene efectos tanto en la reducción del número de personas imputadas por el delito de homicidio intencional o doloso puestos ante los jueces, como en la reducción en la proporción de sentencias condenatorias obtenidas. En este indicador, que en 2018 fue de 83.8% de sentencias condenatorias, se registra un descenso con respecto a una década atrás, cuando la tasa de condena era mayor a 90%; por ejemplo, de 93% en 2007 y de 90% en 2012. La investigación criminal no alcanza la calidad para satisfacer los estándares probatorios y de argumentación requeridos por la dinámica del sistema acusatorio.

Propuestas

Es fundamental reconstruir la capacidad de investigación criminal, particularmente para los delitos de alto impacto. Ya se ha señalado la necesidad de brindar seguridad y apoyo a los ministerios públicos, policías y peritos, pues enfrentan la presión y la hostilidad de los grupos criminales. “Blindar” las unidades de investigación implica garantizar la seguridad personal de los funcionarios y sus familiares. De hecho, sus espacios de trabajo deben estar en instalaciones distintas del resto de las áreas de las fiscalías y policías; tal es el caso, por ejemplo, de Nuevo León y Jalisco.59 Las fiscalías y procuradurías del país, como el resto de las instituciones, trabajan con recursos limitados, tanto humanos como materiales, por lo que deben optimizarse los procesos y modelos de gestión a fin de aumentar su efectividad. Los modelos de gestión para cualquier delito tienen un papel fundamental en la organización y distribución real del trabajo, de acuerdo con la complejidad de los ilícitos y la especialización del capital humano. Es por esto que el modelo de gestión de las fiscalías debe orientar los recursos según las necesidades de las víctimas y la política criminal asumida. Se debe establecer un protocolo de asignación de casos y decisión inmediata en las áreas de recepción de denuncias, para hacer más eficientes los procesos y romper los circuitos de la corrupción. Una parte muy significativa de los asuntos que son de conocimiento de los ministerios públicos, considerando todos los delitos —entre 30% y 40%—, califican para su atención en el sistema de justicia alternativa,60 con el objetivo de aprovechar las vías que ofrece el nuevo sistema para focalizar los esfuerzos hacia los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso. Los casos en los que no hay detenido ni suficiente evidencia para identificar a los responsables —otro 40%— deben ser canalizados a las unidades de investigación con imputado desconocido, donde los analistas realizan el ciclo de investigación e inteligencia —descrito más adelante— para esclarecer los casos.

Hablando de delitos en general, aquellos casos en los que haya un detenido —un 10%— se canalizan a las unidades de tramitación para determinar, según el tipo de delito y la política criminal correspondiente, si se dirige a los mecanismos alternativos, a la suspensión condicional del proceso, al procedimiento abreviado o, en su caso, al juicio oral. En todo caso, los delitos de alto impacto —el 10% o 15% restante—, dentro de los cuales se encuentra el homicidio doloso, deben canalizarse a las unidades de investigación especializadas, en las que debe darse la atención más esmerada para el esclarecimiento, el procesamiento y la sanción de estos crímenes. Con estos modelos, las fiscalías logran dar solución a más de 50% de las investigaciones iniciadas y les permiten concentrar esfuerzos en la investigación de delitos como el homicidio doloso. Ya no basta la investigación de gabinete; deben mejorarse los procesos y las metodologías de recolección y minería de datos, planeación de la investigación, trabajo de campo, análisis de entorno, análisis de información, pesquisas adicionales y generación de inteligencia para lograr dirigir operativos y enfocar la investigación criminal en el esclarecimiento, la captura, la imputación y la defensa de las investigaciones en las salas de audiencia, así como en sancionar a los responsables de estos graves delitos.

Por supuesto, el personal deberá estar especializado y tener las competencias y certificaciones propias de su actividad, así como la especialización en las materias y los procesos de la unidad. Además, las unidades irán acumulando el aprendizaje organizacional, evaluando qué diligencias tienen mayor impacto en la acusación y posterior condena de la persona imputada. Adicionalmente, es fundamental que el personal cuente con los insumos necesarios para llevar a cabo sus actividades de forma eficaz, ya que se puede tener buena capacitación, pero sin insumos no se podrán realizar las diligencias necesarias que permitan contar con evidencias suficientes para resolver los casos.

Resulta importante contar con diagnósticos específicos para cada una de las entidades federativas, con la mayor desagregación posible, ya que en cada territorio existen condiciones particulares y la incidencia delictiva es distinta, por lo que una sola política pública aplicable a todo el país no es suficiente. Deben diseñarse políticas públicas focalizadas en cada territorio, aprovechando las buenas prácticas de otros lugares y tomándolas como herramientas poderosas para el establecimiento de la estrategia específica a realizar en la entidad. Yucatán ha sido consistente en el esclarecimiento de la mayoría de los homicidios, manteniendo bajos niveles de incidencia y violencia en la entidad. Nuevo León, Durango, Coahuila y Querétaro muestran buenas tendencias y una metodología de investigación criminal más efectiva. En los casos de Yucatán, Coahuila y Durango —y en menor medida en Nuevo León y Querétaro—puede constatarse que la reducción de la impunidad, sumada a las acciones para la prevención social de la violencia, puede reducir los homicidios intencionales y revertir la espiral de impunidad que aqueja a la mayoría de los estados del país.

Debe darse una estrecha coordinación entre autoridades de todos los niveles para detener este deterioro en la capacidad de investigación criminal, que hoy está en el punto más bajo y más desalentador de la historia reciente del país. Asimismo, deben implementarse políticas criminales locales basadas en evidencia, enfocadas en contener y reducir los homicidios a través de acciones coordinadas y articuladas entre los tres niveles de gobierno, donde se prioricen poblaciones con altos índices de homicidio. Para ello, es fundamental que se mejore la calidad en la desagregación de la información referente al homicidio, a fin de estar en condiciones de llevar a cabo políticas públicas focalizadas para reducirlo. Actualmente no hay información suficiente ni sistematizada para conocer las motivaciones que llevaron a cometer la gran cantidad de homicidios en el país, ni las características de los responsables. Si bien es cierto que un gran porcentaje de la violencia que vivimos está relacionada con el crimen organizado, es necesario que se mejore la información recabada por las autoridades, para que pueda realizarse una investigación más rigurosa y esto permita, a su vez, contar con causas penales sólidas que eviten la impunidad en estos casos.

Si bien es cierto que existe una valoración costo-beneficio al momento de cometer un delito, donde el responsable valora los beneficios monetarios y de otro tipo que obtendrá por su actuación ilegal comparados con los que obtendría obrando legalmente, también es cierto que la valoración sobre la probabilidad de captura y condena juega un papel determinante para perpetrar los hechos delictivos. Por esta razón, es fundamental erradicar la impunidad para combatir el homicidio doloso, a través del mejoramiento y robustecimiento de las capacidades en los procesos de procuración e impartición de justicia, así como de la reconstrucción de las capacidades de investigación y la reformulación de la coordinación entre las diferentes autoridades.  EP

1   La primera fue dada a conocer en diciembre de 2016 y la segunda en noviembre de 2017, ambas disponibles en impunidadcero.org.

2   El Estudio Global sobre Homicidio 2019 está disponible para consulta y descarga en unodc.org.

3   UNODC, 2019, Global Study on Homicide, Viena, p.7.

4   Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron establecidos el 25 de septiembre de 2015 por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, con el fin de aprobar la agenda en la materia. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas con el objetivo de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, generar mejores instituciones, garantizar el acceso a la justicia y hacer frente al cambio climático, entre otros, en undp.org.

5   UNODC, 2019, Op. Cit.

6   Idem.

7   El 57% de los homicidios del primer semestre del país estaban relacionados con la actividad de grupos de la delincuencia organizada, según las estimaciones con base en el seguimiento de sus características y su contexto, presentados por el delegado en Jalisco del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esa entidad, en noviembre de 2017.

8   Según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (cie), entre las causas externas se incluyen las agresiones u homicidios, los accidentes de transporte, las lesiones autoinfligidas y las caídas, entre otras.

9 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, “Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2018”, Este País, núm. 331, noviembre 2018, pp. 27-38, en impunidadcero.org.

10 La clasificación de la norma cie está disponible en inegi.org.mx.

11 El lector interesado en cuáles son los costos de la impunidad en homicidio doloso, más allá del número de muertes por este delito, puede consultar el proyecto Costos de la Impunidad en costosdelaimpunidad.mx.

12 UNODC, “Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and girls”, p. 8.

13 La “Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos” se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2018 en snieg.mx.

14 De acuerdo con la norma técnica, el homicidio doloso “Consiste en privar de la vida a otra persona”. Por su parte, el feminicidio “Consiste en privar de la vida a una mujer por razones de su género. Se entiende que existen razones de género cuando en la privación de la vida, se presenta alguna de las siguientes circunstancias:

I.     Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguineidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;

II.    Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad;

III.   La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo;

IV.   A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida; o al cadáver se le hayan realizado marcas infamantes, degradantes o mutilaciones;

V.    Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima;

VI.   La víctima haya sido incomunicada; y

VII.  Cualquier otra circunstancia establecida en la normatividad correspondiente que implique privar de la vida a una mujer por razones de género.”

15 Cabe señalar que es responsabilidad de cada entidad federativa la clasificación y el reporte de los delitos de feminicidio ante el SESNSP. De acuerdo con los datos de incidencia delictiva del SESNSP en 2018 hubo 920 mujeres víctimas de feminicidio en México, incidencia que ha aumentado en los últimos años, ya que en 2015 se contabilizaron 426 víctimas por ese delito, 639 en 2016, 766 en 2017 y 920 en 2018, lo que representa una tasa de incremento de 116% entre 2015 y 2018.

16 El lector interesado en el análisis de los datos del SESNSP puede consultar el estudio “Fallas de origen 2019. Índice de confiabilidad de la estadística criminal” de México Evalúa, en mexicoevalua.org.

17 Según se estipula en la página oficial del SESNSP, en gob.mx.

18 Los datos que se utilizan para el análisis de víctimas de este estudio corresponden a las cifras recabadas en julio de 2019. Cabe señalar que el SESNSP realiza continuamente actualizaciones de estas cifras, incluso en meses posteriores, por lo que los datos pueden variar a la fecha de esta publicación.

19 Según la base utilizada de víctimas del SESNSP, de las 33,521 víctimas de homicidio doloso 30,261 fueron hombres, 2,732 mujeres y hubo 528 donde no se pudo identificar el sexo de la víctima. Los porcentajes se calcularon sobre el total de víctimas con sexo identificado, menos las no identificadas.

20 Idem.

21 Esto, nuevamente, sin considerar las víctimas de feminicidio.

22 En el reportaje “En 10 años se cuadruplicaron asesinatos de mujeres en el espacio público, alerta estudio” de Animal Político, se menciona lo siguiente: “Aunque la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sistemáticamente distinta y por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. Es decir, lo que puede funcionar para reducir los homicidios de hombres no necesariamente va a funcionar para reducir los homicidios de mujeres y viceversa”, en animalpolitico.com.

23 Idem. Cabe señalar que el documento de la UNODC incluye datos de los homicidios dolosos de mujeres, entre los cuáles se encuentran también los cometidos por razones de género.

24 Resolución 68/191, “Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por razones de género”, aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013, en undocs.org.

25 Este rubro considera cualquier elemento u objeto utilizado con la intención de causar el daño y privar de la vida a una persona, como pudieran ser estrangulamiento, asfixia, golpes con objetos contundentes o venenos.

26 UNODC, Op. Cit.

27 México sin homicidios, “La relación armas-homicidios en México”, 16 de octubre de 2017, en mexicosinhomicidios.org.

28 En Yucatán, 47.9% de los homicidios fueron cometidos por “otro elemento”.

29 En 2007 la tasa de homicidios dolosos en Chihuahua fue de 18.3, pero en 2008 pasó a 59.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, llegando incluso a una tasa de 110.7 en 2010. A partir de ese año la violencia ha disminuido gradualmente, sin embargo no ha regresado a los niveles que tenía en 2007 y años anteriores. En 2008 Chihuahua fue escenario de una cruda guerra entre narcotraficantes y de una ola de violencia con graves implicaciones sociales y económicas en la entidad. La Jornada, “La violencia en Ciudad Juárez provoca éxodo de 3 mil familias”, 17 de noviembre de 2008, en jornada.com.mx. Cabe señalar también que entre 2007 y 2010, la entonces procuradora general de justicia de Chihuahua señalaba que 46 servidores públicos de esa dependencia habían sido asesinados, presumiblemente por grupos del crimen organizado.

30 cidh, 2015, “Situación de derechos humanos en México. Informe de país México”, en oas.org.

31 Luis Alfonso Pérez, “La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación, de la extinción al dominio global”, Animal Político, en animalpolitico.com.

32 Raúl Flores, “Disputa entre cárteles convierte a Guanajuato en el estado más violento”, Excelsior, 6 de febrero de 2019, en excelsior.com.mx.

33 Juan Carlos Zavala, “Alcanza Oaxaca cifra récord de asesinatos”, El Universal. Estatal Oaxaca, 29 de octubre de 2018, en oaxaca.eluniversal.com.mx.

34 Luis Fuente e Israel Cárdenas, “Por Escudo Yucatán surge Policía Investigadora y desaparece la Ministerial”, Milenio, 20 de abril de 2016, en sipse.com.

35 A pesar que han disminuido los delitos de alto impacto en Yucatán, algunos analistas alertan sobre el incremento de otro tipo de violencia en los últimos años: la violencia de género, Luis A. Boffil Gómez, “Aunque es el estado más seguro del país, en Yucatán crece la violencia contra la mujer”, La Jornada, 1º de julio de 2018, en jornada.com.mx.

36 Se implementaron estrategias para apoyar el emprendimiento y la prevención de adicciones a través de la creación artística y deportiva para jóvenes y docentes, Gobierno del Estado de Durango, 2016-2022, “Mujeres y jóvenes, coadyuvan a prevenir violencia y delito” en durango.gob.mx.

37 Entre las acciones destacan el despliegue de elementos del Ejército, la Marina, la pgr (ahora fiscalía) y la Policía Federal, en conjunto con elementos de seguridad de la entidad y de los municipios, así como reuniones periódicas para definir estrategias, tácticas y operativos para disminuir la incidencia delictiva. Milenio. “Homicidios en Coahuila bajaron un 62%: Peña”, Milenio digital, 2 de septiembre de 2015, en milenio.com.

38 Campeche proporcionó el siguiente enlace en su respuesta, con el folio 0100157119: poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/. Por su parte, en su respuesta con el folio 00164019, Querétaro nos dirigió a tribunalqro.gob.mx.

39 Respuesta con el folio sai 62/2019.

40 La información sobre personas condenadas por homicidio intencional de la UNODC puede consultarse en el apartado denominado “Data on Criminal Justice System Response” con el indicador “Persons Convicted for Intentional Homicide”, en dataunodc.un.org.

41 En la última edición del estudio la impunidad se estimó en 87.5% para las 24 entidades que proporcionaron la información sobre la variable de sentencias condenatorias (Zepeda y Jiménez, 2018). Para la publicación del “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019” se amplió a 31 el número de entidades que proporcionaron información, por lo que la impunidad se calculó en 89.5% (Zepeda y Jiménez, 2019). Para este estudio, se contó con información de 29 entidades federativas y la impunidad se estimó en 89 por ciento.

42 Diario Oficial de la Federación, “Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, 24 de enero de 2012, en diputados.gob.mx.

43 LGPSVD, artículo 7.

44 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, Este País, num 341, septiembre 2019, pp. 31-48, en impunidadcero.org.

45 Idem. Nayarit es la entidad donde se estimó mayor efectividad, con 40.2%, mientras que el estado de Guerrero fue el peor evaluado en este indicador, con una efectividad de 6.3 por ciento.

46 Idem.

47 En una carpeta de investigación puede haber más de una víctima.

48 Debido a que desde 2013 no existe información concentrada y sistematizada sobre las sentencias por homicidio doloso, la información que se presenta ha sido solicitada a cada una de las entidades federativas. Así, de acuerdo con las cifras de las entidades que sí proporcionaron información, se confirma el estancamiento en las sentencias condenatorias, a pesar del gran aumento en la incidencia de homicidios en los últimos años.

49 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019.

50 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “Índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, Este País 341, septiembre de 2019, en impunidadcero.org.

51 Cabe señalar que Guanajuato no reporta esta información al INEGI, ya que manifiesta que es reservada. Además, varias entidades reportan no contar con personal con estas funciones; para el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2019 las entidades que reportaron tener cero policías investigadores fueron Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, “Tabulados básicos del cnpj Estatal 2019”, en inegi.org.mx.

52 Vicente Lago Montejo, “La práctica de la Investigación Criminal: Inspección Técnica Ocular (ito)”, ReusU/Universidad San Pablo, en editorialreus.es.

53 Según la opinión de Brent E. Turvey en el Congreso de Investigación y Perfilación Criminal, en cucs.udg.mx.

54 “Matar en México: Impunidad garantizada”, Animal Político, 19 de julio de 2018, en animalpolitico.com.

55 Las entidades que no reportan datos son Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

56 Las entidades que reportan información sobre policías ministeriales, investigadores o judiciales adscritos a la Agencia Especializada en Homicidios son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco. Cabe señalar que esta información corresponde al CNPJE 2018, ya que aún no se publica toda la información correspondiente a la edición 2019 de dicho censo.

57 “Matan a agentes de Fiscalía; abaten a dos agresores y arrestan a otros tres”, El Informador, 22 de junio de 2019, en informador.mx.

58 La estimación de la impunidad de homicidio doloso en Jalisco en 2008 corresponde a la base de datos de los autores, con información de la incidencia delictiva del SESNSP y las Estadísticas Judiciales en Materia Penal de INEGI.

59 En el caso de Jalisco, este cambió se implementó con la llegada de la administración estatal actual a finales de 2018. De estos estados es de los que se tiene conocimiento, lo que no significa que sean las únicas entidades que trabajen de esta manera.

60 Las estimaciones de distribución de casos de estos dos párrafos provienen de Iván de la Garza, “El Modelo de Tres Pisos. Una propuesta para mejorar la gestión y los resultados en las fiscalías”, en Guillermo Raúl Zepeda Lecuona  (coord.), Informe sobre el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018, Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A.C., Impunidad Cero, pp.73-82. Esta estimación corresponde con la proporción que representa la incidencia delictiva de los delitos y las cifras de casos con detenidos y causas penales por tipo de delito.

DOPSA, S.A. DE C.V
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Dulce Olivia 71,
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