El votante sádico

En este ensayo, que obtuvo el segundo lugar del Premio Alonso Lujambio de Ensayo Político 2018, el autor reflexiona sobre las distintas concepciones del voto, sobre el ejercicio democrático y sobre cuáles son las motivaciones de los electores, incluso cuando son parcialmente motivados por el enojo. ¿Qué circunstancias propiciarían la elección de gobernantes más o menos confiables?

Texto de 01/06/20

En este ensayo, que obtuvo el segundo lugar del Premio Alonso Lujambio de Ensayo Político 2018, el autor reflexiona sobre las distintas concepciones del voto, sobre el ejercicio democrático y sobre cuáles son las motivaciones de los electores, incluso cuando son parcialmente motivados por el enojo. ¿Qué circunstancias propiciarían la elección de gobernantes más o menos confiables?

I. Voto y castigo

La concepción más radical del voto es aquella que lo contempla como un instrumento de castigo e imagina a los ciudadanos actuando motivados puramente por la sed de venganza. Pese a radical, o por eso mismo, suele usarse en foros y columnas de opinión, en un intento por esclarecer, de manera sintética, resultados electorales extraños. Todo se puede racionalizar (hasta la falta de razón) si la naturaleza humana se interpreta según convenga. Esto no significa que estas explicaciones sean reales o que algunas variables sean tan determinantes como se suponen.

Así, en vez de un instrumento de selección de gobernantes, el ejercicio democrático de votar se entiende como una catarsis colectiva, donde los ciudadanos tratan de escarmentar los agravios cometidos por quienes gobiernan. El fenómeno sería una ceguera grupal pasajera, incapacitante para la delegación de una autoridad sensata, y sensato sería que cada votante tratase de seleccionar a la persona que luce más confiable para la satisfacción de sus preferencias individuales (o, por lo menos, a la menos-menos confiable). Pero la sensatez suele dejarse de lado y se vota a través de la pasión; por medio de las endorfinas y la sensación de que, secretamente, se ha causado daño a quien ha provocado la desgracia a través de un servicio público corrupto. Después de todo, esto no es inimaginable. La vida de algunas personas sí que puede girar en torno a la ira, pero ¿realmente grandes porciones de nuestros conciudadanos votan cegados por el odio?

La ira, si influye en el voto y le da un sentido —en contraposición a causar que un elector prenda fuego a la boleta—, no es ciega. Votar por alguien, aunque movidos parcialmente por el enojo, es un acto dependiente de una pulsión mental de confianza, que motiva la acción, a cuya ocurrencia le antecede un enorme ejercicio de razón. Que no guste lo que produce no justifica menospreciarlo. 

Paradójicamente, negar la racionalidad de esta versión del voto de castigo podría tener origen en los preceptos de elección racional y en los modelos principal-agente, que la ciencia política adopta a veces de manera irreflexiva. Por ello, a las personas se les supone un tipo específico de razón, que desemboca primordialmente en la teoría del accountability.

Así, en vez de un instrumento de selección de gobernantes, el ejercicio democrático de votar se entiende como una catarsis colectiva, donde los ciudadanos tratan de escarmentar los agravios cometidos por quienes gobiernan.

Una persona elegida como gobernante es hecha accountable si los votantes son capaces de reconocer cuando provee buena cooperación, y la premian o castigan en las urnas apropiadamente. Las administraciones (y partidos) que proveen buen gobierno son reelectas y aquellas que no, pierden. Para esto, los ciudadanos ejercen su voto de manera retrospectiva y prospectiva, mirando al desempeño pasado que se revela en las posibilidades futuras. Para que un voto fundado en el análisis retrospectivo sea racional, el castigo o premio al gobierno en turno por su desempeño debería condicionar el comportamiento de las personas que ocuparán la misma autoridad en un futuro. Al mismo tiempo, las candidatas deben conocer las preferencias de los ciudadanos. Un par de supuestos fundamentan esta teoría: primero, que proveer una buena administración gubernamental supone la posible  reelección a un cargo (o, al menos, que es indispensable para la continuación de una carrera política exitosa); segundo, que las personas electas buscan desarrollar una carrera política con esta estrategia particular en mente, por la que razonarían sus actos (Manin et al, 1999; Cheibub y Przeworski, 1999). Así, lo único que motiva la confianza en este modelo es la posibilidad del castigo, concebido como una herramienta que los electores usan para minimizar el riesgo de elegir a un grupo de personas al (muy poderoso) gobierno.

Los ciudadanos ejercerían su voto para incentivar un buen desempeño por parte de las personas que ocupan cargos electivos, tratando de motivarlas a atender mejor su bienestar; al fin y al cabo, un votante racional es un votante que mira hacia el futuro (Achen y Bartels, 2016). En este sentido, en una democracia —comprendida como una herramienta electiva— el que un ciudadano funda su voto sólo en el daño que puede causar a una figura en el poder sería irrazonable, tomando en cuenta que el ciudadano anteponga inducir dolor a su bienestar en un horizonte más amplio.  

Los ciudadanos de una democracia eligen colectivamente a sus gobernantes, pero mantienen la autoridad (la soberanía) para reemplazarlos una vez que un periodo predeterminado ha concluido, así como para manifestar sus preferencias en cualquier momento. En este régimen el encargo pertenece a ellos, no a quien lo ocupa.  

El accountability implica que las instituciones electorales juegan un papel explícitamente coercitivo. Este es un modelo de monitoreo, con unos contratos que determinan lo que constituye una acción errónea, que es conocido por ambas partes por adelantado. Así, un incremento en el esfuerzo de los ciudadanos para vigilar el comportamiento de las personas, sin ambigüedad, hace que ellas proporcionen una mejor cooperación (Aghion y Tirole, 1997); en este caso, un mejor gobierno. Es decir, la vigilancia altera las motivaciones de una representante electa, haciéndolas más coherentes con las preferencias de los ciudadanos cuanto más de cerca conocen el funcionamiento de la burocracia. Pero esto implica que necesitan distintas clases de organización y acción colectiva para dotar de la fuerza institucional necesaria a la coerción del accountability.

No es obvio que los votantes ponderen correctamente los cambios de su bienestar durante una administración, ni que puedan evaluar adecuadamente su desempeño (Achen y Bartels, 2016). De hecho, determinar cuáles son las métricas apropiadas para lograrlo está permanentemente en disputa (Dahl, 1947). Tampoco se considera la asimetría de información entre los ciudadanos que desean un buen gobierno (cada uno en sus términos) y quienes desempeñan un cargo público, con metas privadas, información exclusiva y control sobre recursos estatales (Manin et al, 1999).

Es costoso hacerse de información respecto al desempeño de las autoridades. En general, el grado de atención que prestan los ciudadanos a la política es bajo, y la interpretación que le dan a los segmentos de información que reciben puede estar sujeta a prejuicios que dificultan la satisfacción de algunas de sus propias preferencias. Estos factores debilitan su capacidad para evaluar efectivamente a las personas en el gobierno en turno, por lo que la amenaza de que serán castigadas o recompensadas por su desempeño mediante el voto pierde fuerza (Achen y Bartels, 2016). 

No es obvio que los votantes ponderen correctamente los cambios de su bienestar durante una administración, ni que puedan evaluar adecuadamente su desempeño.

Cheibub y Przeworski (1999) han observado que las administraciones no son hechas accountable por los cambios económicos que los ciudadanos experimentan a lo largo de su duración, y esto sucede incluso cuando existen indicadores públicos que los miden (imperfectamente). Las mentes de los votantes podrían fallar y confundir recuerdos con recuerdos del recuerdo. Achen y Bartels (2016) sí encontraron una relación empírica entre los cambios en la economía y los resultados obtenidos en las elecciones, pero también que sólo aquellas condiciones económicas próximas a la votación son relevantes, por lo que los votantes son miopes, en su evaluación, respecto del pasado, y la consideran en un intervalo de tiempo arbitrario. 

Manin, Przeworski y Stokes (1999) han observado que los votantes son cortos de miras y emiten un juicio miope respecto al futuro, pues rara vez toman en consideración cómo el legado de una administración afectará su bienestar en los años venideros. Es decir, somos malos instrumentos para el accountability

Además de las dificultades que enfrentan los ciudadanos para evaluar correctamente el cambio de su bienestar en el tiempo, estos tienen que discernir quién es la persona en el gobierno responsable de dicha fluctuación (si es que alguna lo es). Ellos pueden sufrir ceguera al hacer sus evaluaciones retrospectivas y endosar la responsabilidad de su situación al gobierno en turno. De esa forma, su incapacidad para deslindar correctamente responsabilidades es un factor que aumenta la incertidumbre en las elecciones. Suponiendo que el comportamiento es producto de estas estructuras de incentivos, para las representantes gubernamentales resulta poco atractivo la creación de bienes públicos a través de la acción colectiva, en tanto que la recompensa por hacerlo no es muy probable (Achen y Bartels, 2016). Es decir, las elecciones, como institución que presiona a las gobernantes a actuar de maneras específicas, no resultan efectivas (y nosotros —los votantes— somos el eslabón que rompe la cadena causal). 

Por otro lado, que los ciudadanos vigilen al gobierno más de cerca no significa que, como miembros de una organización social, produzcan y elijan en números suficientes a personas ideales para gobernar. Puede implantarse normativamente la transparencia absoluta, pero eso no se relaciona, de manera necesaria, con producir gobernantes que efectivamente estén motivados a mejorar las condiciones de vida de la población. Por otro lado, el accountability tampoco asegura que se seleccionen sistemáticamente personas con la capacidad para adaptarse a formas cada vez más complejas de organización, cuya importancia aumenta cuanto más intrincada resulta la estructura social. Además, el contexto, que es imprevisible, obliga a que las autoridades necesiten de innovaciones y adaptaciones continuas en sus estrategias de acción, que no pueden ser previstas por el público.

La concepción del voto de castigo deformado en desquite podría originarse en la insuficiencia del modelo del accountability para predecir correctamente el comportamiento de los votantes. Después de todo, no trata de explicar eso, sino que sólo imagina una estructura de incentivos que condiciona a las personas electas a actuar de determinadas maneras. 

Es decir, las elecciones, como institución que presiona a las gobernantes a actuar de maneras específicas, no resultan efectivas (y nosotros —los votantes— somos el eslabón que rompe la cadena causal). 

II. Razón, identidad y delegación 

Más allá de que la capacidad ciudadana de monitorear lo público sea muy limitada, la función del proceso democrático sigue siendo (siempre ha sido) delegar la autoridad a alguna persona. Así, si las ciencias sociales están limitadas por la falta de un entendimiento básico de las motivaciones y las respuestas de las personas (Dahl, 1947), comprender las causas de la selección pasa por entender de manera más completa las motivaciones de los votantes. 

El comportamiento de las personas puede ser imputado a la conjunción de una racionalidad sistémica y una racionalidad calculada. La racionalidad calculada supone que las personas evalúan las potenciales consecuencias antes de elegir sus acciones, y que lo hacen para alcanzar sus objetivos en un momento particular. La acción se considera conectada de manera consciente y de acuerdo con el conocimiento sobre preferencias personales y resultados futuros, y es controlada por la intención personal. La racionalidad sistémica consiste en ideas y principios de comportamiento que pueden ser compartidos, y que evolucionan y se acumulan a través del tiempo, sin que las personas y las organizaciones tengan una completa consciencia de su origen e historia. De esta manera, la acción sensible es desarrollada por los actores sin la total comprensión de su justificación (March, 1978).

En este sentido, la racionalidad sistémica equivale a los nodos mentales dentro del sistema de la memoria de Metcalfe y Mischel (1999), cuya estimulación puede desembocar en comportamientos. Por el mismo modelo, el símil con la racionalidad calculada sería el cúmulo de subsistemas que se encargan de la representación compleja espacio-temporal y episódica, de la reflexión, así como de la activación rápida y automática de estrategias de acción, respuestas condicionadas, inflexibilidad, estereotipación y primacía afectiva. 

El conocimiento, como nodos, toma forma a través del análisis causal (consciente o inconsciente), que es, en algún modo, análogo al método experimental, aunque atestado de prejuicios. Usamos todo el tiempo una vaga versión del método científico, que involucra alguna forma de análisis de covarianzas. Nuestra mente, además, puede tratar de dar validez a los atributos imaginados (si se toma su tiempo). Aquí se lidia con un aspecto particular del autoconocimiento: que sabemos que sabemos (Kelley, 1973). El aprendizaje refiere a cambios en los niveles de activación crónica de nodos, en la probabilidad de transición entre nodos, y en la probabilidad de velocidad de respuestas (Metcalfe y Mischel, 1999). Un nodo dentro de la racionalidad sistémica es tal si tiene la capacidad de, bajo alguna situación específica, hacer que el comportamiento tienda a ser de una forma. Los nodos conforman redes de distintos grados de complejidad. Por ejemplo, las identidades consisten en fragmentos de información, como relaciones causales que evocamos en nuestra mente. Eres esto porque tienes estas características, y por eso me creo ciertas expectativas.

La racionalidad calculada trata de las motivaciones y prescripciones que una persona adopta en una situación particular, en la que procesa la información que tiene a partir de principios preconcebidos de lo que son las cosas. Es decir, la experiencia sensitiva genera evocaciones de conceptos no originales en la mente que desembocan en la pulsión de confianza o no. La racionalidad sistémica consiste en principios que las personas pueden compartir grupalmente como los cristales con que comprenden su entorno, y prevén los resultados futuros de potenciales acciones presentes. 

No identificar correctamente las motivaciones detrás del voto, que puede conducir a la catalogación del acto como algo puramente irracional, sería producto de esperar que, en las elecciones, las personas se conduzcan por una racionalidad sistémica bien extendida en el electorado sobre los dictados del accountability. Sin embargo, la manera en que las personas votan parece mostrar que no son particularmente buenas sancionando. Si la ciudadanía no actúa conforme a este ideal, esto probablemente derive en que se cree implantada en ella una racionalidad sistémica específica, y no se trata de entender aquella inteligencia que realmente impera. 

Eres esto porque tienes estas características, y por eso me creo ciertas expectativas.

Entonces, ¿qué hay detrás de la decisión de los electores para cooperar en el ejercicio electoral de delegación de autoridad gubernamental? La forma diferenciada en que las personas actúan cuando cambia la identidad a la que asocian a las demás en escena podría darnos una pista. De manera similar al mercado de lemons de Akerlof (1970), la cooperación ofrecida por distintas personas puede variar en calidad. Es decir, las acciones de una candidata electa pueden conformarse (cooperación de buena calidad) o no (cooperación de mala calidad) con las preferencias individuales de los ciudadanos. Además, una candidata conoce mejor la calidad de la colaboración que ofrece y, en particular, las motivaciones detrás de sus actos, que la condicionan a proporcionar buena o mala gobernanza con distintas probabilidades; esto, mientras que los ciudadanos no pueden estar realmente seguros de cuáles son dichas motivaciones. Las motivaciones no sólo son invisibles (tal vez sólo un problema tecnológico), sino que es imposible considerar todos los factores que determinan cada una en particular en momentos específicos futuros, cuyo contexto no se puede conocer (y tal vez lo contrario sería terrorífico).

En general, si las personas consideran poco probable que se cumplan los acuerdos colectivos serán menos proclives a adherirse a ellos, de manera que la falta de confianza entre los miembros de un grupo puede inhibir la cooperación voluntaria (Granovetter, 1985). Así, se nota la posibilidad de costos económicos grupales por la deshonestidad, más allá de los experimentados por la persona defraudada (Akerlof, 1970). Cada acto deshonesto, como uno de racionalidad calculada, puede causar una reducción de la confianza mutua total entre las personas y disminuir la cantidad de acción colectiva que sucede, producto de la diseminación e interiorización de ideales negativos respecto al comportamiento de los demás. O encarecer la acción colectiva a través de estrategias de monitoreo. 

Pero la complejidad de monitorear una acción colectiva del tamaño de un gobierno democrático es demasiado grande para un ciudadano e incluso para las propias administraciones. Aunque las motivaciones y el contexto no pueden ser conocidos, las personas electas al gobierno arriban con un carácter. Esto significa unos principios y estrategias de acción que con mayor propensión serán evocados cuando enfrenten distintas situaciones, sobre todo cuando se sientan en una posición jerárquica particular dentro de la sociedad que conocen. Y ese carácter es sensible. Como en el modelo de garbage can para la toma de decisiones en organizaciones (Cohen et al, 1972), hay un cúmulo de soluciones (como prescripciones de acción) a la espera de que surjan problemas. En este sentido, las soluciones para problemas públicos son ofrecidas por personas de tipos determinados, con sets definidos de estrategias para la gobernanza.

Incluso si todos compartimos principios coherentes con la provisión de buena cooperación, todavía necesitamos conocer aquellos pensamientos de los demás, con el objeto de prever el producto de distintas opciones de acción colectiva (Gambetta, 2000). Evaluamos algunas características visibles de las demás personas para  determinar el nivel de confianza que habremos de tener en ellas, como su disposición a colaborar, sus opciones, los incentivos a los que está sujeta o su habilidad para desempeñar ciertas actividades (Putnam et al, 1993). El comportamiento esperado de las personas depende de las particularidades de cada interacción: cuándo, dónde, cómo y quiénes se involucran (Akerlof y Kranton, 2005).

Es posible abstraer las creencias que tenemos respecto a las motivaciones y habilidades de otra persona, siendo estas un fundamento independiente del nivel de confianza que suponemos de ella para una transacción particular. Es decir, podemos evaluar previamente la confiabilidad de las personas, una característica inherente a ellas en un momento. Así, existen motivaciones intrínsecas que son causas independientes del comportamiento cooperativo de las personas. La confiabilidad es la propensión a proveer una buena cooperación a partir, exclusivamente, de las preferencias que la situación por sí misma (sin fundamento en instituciones explícitamente coercitivas) causa en uno (Ostrom y Ahn, 2003).

Aunque las motivaciones y el contexto no pueden ser conocidos, las personas electas al gobierno arriban con un carácter.

Dentro de un mercado, tipificamos y agrupamos a las personas con el objeto de prever el riesgo en el que incurriremos si aceptamos la cooperación que ellas ofrecen. Una de las cosas que tratamos de observar es si ellas poseen principios que las harían más o menos propensas a proveer buena cooperación. Por la determinación de un nivel de confiabilidad tratamos de conocer el grado de coherencia entre nuestras preferencias y las motivaciones intrínsecas y prescripciones de las potenciales depositarias de autoridad formal para la toma de decisiones. Esto sería similar al parámetro de coherencia que introducen Aghion y Tirole (1997) en su modelo de delegación de autoridad dentro de organizaciones. No se trata sólo de delegar por confiabilidad en su forma más abstracta, sino que esta es referida a la preferencia (como principios) por personas que asocian como adecuadas para asumir roles específicos de autoridad. En este sentido, la confianza no sólo se construye a través de la identificación de personas confiables a partir de sus (imaginadas) motivaciones; también se considera que su capacidad para ejercer el poder sea buena.

Lo anterior sucedería conforme al modelo de identidad propuesto por Akerlof y Kranton (2000), que integra los conceptos de identidad, categoría social, ideales y normas a la ecuación de utilidad de una persona. Con categoría social se refieren a una categoría por la cual se define el tipo de alguien, asociado este a normas, como las prescripciones que rigen su comportamiento en situaciones con características específicas. La identidad es la asociación a una categoría social, que significa que alguien se identifica a sí mismo o a otra persona como su miembro. La concepción de una categoría social es un principio que define la categorización de las personas a partir de su tipo. Si el tipo refiere a la posesión de normas por las que su comportamiento en circunstancias específicas es en algún grado predecible, entonces el individuo puede ser categorizado dentro de una identidad particular.

Cuando son compartidas, las identidades imaginadas y categorías sociales dejan de estar al servicio de una sola racionalidad calculada individualmente, y se convierten en razón sistémica compartida, con principios que se trasladan a través de los sistemas de comunicación que enlazan a las personas.

El lenguaje, el comportamiento y otras características observables de una persona pueden revelar su identidad (y su tipo), lo que da paso a que pueda ser encasillada en una categoría social específica. Esta tipificación es un proceso de identificación, que involucra expectativas respecto a cómo uno mismo —y las demás personas— habrá de actuar a partir de la identidad con la que es asociado. Esta relación considera que los ideales —a nivel conceptual— son los principios que definen caracteres, reales o imaginarios, que asocian normas de comportamiento (y presunciones de tipo) a características y actos observables (Akerlof y Kranton, 2005).

Las normas, como prescripciones de comportamiento asociadas a identidades particulares, cambian en el tiempo y el espacio, y pueden ser enseñadas y aprendidas (de manera consciente o no) cuando se interactúa con otras personas. Esto significa que las normas dependen de un proceso de internalización, por medio del cual las personas hacen suyos distintos principios de acción. Además, la propia forma de una identidad puede variar de acuerdo con cómo se conciben las categorías sociales, las normas y otros patrones asociados a ellas (Akerlof y Kranton, 2000; 2005). 

Los modelos que consideran al voto como una herramienta de castigo omiten consideraciones respecto a grados variables de confiabilidad, materializadas en concepciones diferenciadas de identidad, normas y función. Cuando su lógica es puramente punitiva, y sin una consideración adecuada sobre la razón de quienes votan y quienes compiten por cargos en el gobierno, se renuncia a entender cómo los individuos idealizan el tipo de personas a las que tratan de asignar poder y cuáles son sus expectativas, algo fundamental en los procesos de selección democráticos.

El voto de castigo depende de una clase de inteligencia por la que las personas electas, presionadas por las elecciones, predeciblemente buscan el bienestar para alguna mayoría. Sin embargo, cada representante electa ya posee una serie de principios al arribar a un cargo, adquiridos a través de una vida de practicar distintas formas de cooperación (aunque nos parezcan malas o injustas), mismas que definen cómo se concibe la autoridad y quién debe poseerla. Además, la ciudadanía necesita desarrollar prácticas muy específicas para hacer a las gobernantes accountable, por lo que, como instituciones coercitivas, las elecciones no son particularmente fuertes y su arraigo no es obvio ni mecánico. Esto sumado a que los propios ciudadanos también fundan sus actos en principios y estrategias sobre la asignación de autoridad que desarrollan durante años, y lo hacen de manera individual. Es un aprendizaje sobre qué es el poder y cómo se utiliza, que no sólo sucede en la esfera pública. Es posible que la mayoría de las experiencias que moldean el voto sucedan fuera de los procesos políticos que la mayoría de los teóricos de la democracia consideran.

El voto de castigo depende de una clase de inteligencia por la que las personas electas, presionadas por las elecciones, predeciblemente buscan el bienestar para alguna mayoría.

III. Una alternativa

Si la ciudadanía controla de algún modo la política pública, esto ocurre casi enteramente reemplazando a una administración por otra, bajo la condición de que las alternativas tengan distintas preferencias políticas (Achen y Bartels, 2016). Esto significa que el tipo de personas que compiten por la autoridad es relevante en el análisis prospectivo del comportamiento de quienes reciben autoridad gubernamental a través de las elecciones. Esto es obvio, por lo que es necesario indagar si distintas formas de ejercer autoridad se relacionan con su contexto y cómo. 

Si todas las personas nacemos iguales, ¿por qué varían las normas que distintos grupos humanos asocian a los cargos de autoridad? Las características ambientales deben ser fundamentales, pero aquellas relevantes deben ser mejor precisadas. En particular, se debería tomar en consideración la manera en que las redes, como sistemas de comunicación, posibilitan la proliferación de estrategias más o menos autoritarias en múltiples dimensiones, como espacios de acción previstos en una racionalidad sistémica compartida. Ellas nos enlazan en diferentes números, variedades identitarias y relaciones de autoridad. Se hacen presentes identidades que dotan de poder de persuasión desigual a las personas para la determinación de lo que se hace grupalmente y lo que no. 

A menor capacidad para monitorear a las representantes electas, el problema se aproxima más a uno de selección pura, donde los ciudadanos toman las elecciones como mecanismos para elegir personas de tipos definidos, en las que suponen la mayor confiabilidad para proveer una buena administración pública. En este sentido, una persona de buen tipo comparte las preferencias de los votantes (i.e., hay un parámetro de congruencia suficientemente alto entre sus motivaciones), es íntegra y competente para gobernar (Fearon, 1999). Este parámetro sería único entre cada votante y cada persona en el gobierno.

En última instancia, un voto racional elige entre personas con un grado alto de confiabilidad para desempeñar su labor, en las que se tiene un nivel suficiente de confianza respecto a la conveniencia de su elección para la ocupación de un cargo gubernamental. La evaluación de la confianza y la confiabilidad pasa por un proceso de identificación de la identidad. Al fundarse en ideales y la interiorización subjetiva de experiencias, no necesariamente se sustenta en juicios correctos respecto a lo que motiva a las candidatas, ni que tan capaces son estas en el desempeño de sus encargos.

Notando el plazo limitado por el que se dota de autoridad a quienes ganan, y la baja tendencia de los ciudadanos a guiarse cabalmente por los preceptos del accountability, este ejercicio de selección pura es uno parecido al de delegación de autoridad que describen Aghion y Tirole (1997). Se asigna a una persona la autoridad formal para la definición de las acciones que se ejecutarán en el marco de una transacción específica, y no puede ser desautorizada. Ambas partes tienen preferencias suficientemente congruentes (i.e., las partes son personas con la confiabilidad necesaria para proveer buena gobernanza). La persona, si está informada, elegirá sus prescripciones preferidas. Esto significa que tiene autoridad formal y autoridad real. El individuo que delega autoridad, por su parte, puede sugerir estrategias de acción, aunque esto no es vinculante con el comportamiento de la delegada.

En aquellos casos donde se esperan bajos niveles de confiabilidad, la asignación de autoridad para tareas de mucha importancia debería ocurrir bajo un esquema de monitoreo (Aghion y Tirole, 1997). Este, por su puesto, es un juicio de valor. Quizás la forma de delegación de autoridad más importante, la elección de una administración, no debería de ser delegada. Pero así sucede (no hay positivismo que refleje satisfactoriamente la realidad cuando estudiamos la organización y acción del Estado y no de empresas privadas). No se nos ha ocurrido una mejor manera de minimizar el riesgo de otorgar poder sin que este se convierta en nuestra contra en forma de tiranía. Los reyes, caciques y emperadores son más caprichosos que el pópulo, y continuamente han dirigido a sus súbditos a la decadencia, al desastre y a la muerte en ejercicios de reafirmación del ego. Por otro lado, es la naturaleza de esta delegación lo que permite al gobierno superar contingencias que no pueden ser previstas por nadie al momento de la elección. Por otro lado, la democracia es el único sistema electivo en el que a todas las personas se les da la oportunidad de participar, que no es algo menor. 

La delegación acarrearía al menos dos beneficios: primero, transferir autoridad formal a una persona aumenta su iniciativa (el esfuerzo que imprime a la cooperación) y le da más incentivos para estar mejor informada (pues las prescripciones que adopte no pueden ser revertidas antes de que concluya esa transacción, al igual que en la delegación de poder gubernamental); esto reduce nuestra carga personal de trabajo. Segundo, transferir autoridad de decisión a otra persona eleva su utilidad, haciendo más probable su participación en una transacción, y permite que retomemos autoridad de decisión en otras áreas, mientras que ella conserva sus preferencias satisfechas. El costo de estos dos beneficios es que, al delegar autoridad formal, perdemos control sobre la calidad de la cooperación que recibimos (Aghion y Tirole, 1997). Esto se debe a que las motivaciones de la delegada no son particularmente movidas por la expectativa de sanción; de hecho, la delegación (así entendida) permite la consideración de que ella tenga iniciativa, y eso le permite plantear metas mientras ocupa el cargo. 

Por otro lado, la democracia es el único sistema electivo en el que a todas las personas se les da la oportunidad de participar, que no es algo menor. 

La prevalencia de ejercicios de delegación de autoridad a partir de una percepción positiva de la confiabilidad se reduce a la par del parámetro de congruencia de las preferencias entre las personas (Aghion y Tirole, 1997). Así, cuando en una sociedad la confiabilidad pura de las personas es baja (o así es percibida), resulta poco probable que, en un evento de racionalidad calculada, los individuos se atrevan a incurrir en transacciones de delegación demasiado complejas o donde no tengan forma de minimizar los riesgos por motivaciones y prescripciones incoherentes con sus preferencias. Mientras que vaciamos muchos mercados de confiabilidad y empleamos estrategias de monitoreo para lograr la confianza indispensable para que una transacción suceda, algo que no es posible en la conformación de gobiernos democráticos (o no ocurre). Alguien tiene que ganar elecciones y obtener el poder. Si no hay redes capaces de producir y elegir líderes hábiles (para cosas de determinada complejidad) no importa, la democracia es un sistema de reglas y no tiene sentimientos respecto a cómo es usada, ni espera que las sociedades aprendan a usarla para mejorar el bienestar de todos. 

Para entender el comportamiento de las personas electas al gobierno (y la complejidad de sus programas de trabajo) es necesario echar un vistazo al ambiente que las produce, y cómo en él los ciudadanos se relacionan e interactúan en su día a día con los demás. Esto incluye los segmentos informativos adquiridos a través de la presencia compartida de espacios físicos, o a través de pantallas y monitores, que son herramientas que también forman y distribuyen conceptos identitarios. En este sentido, el tamaño y la variedad de las redes personales es muy importante, ya que determinan el grado de confiabilidad de las personas y también si deben emplearse estrategias para minimizar los riesgos (a un costo razonable).

Un mayor número de lazos personales significa un mayor número de oportunidades para entablar interacciones y desarrollar relaciones de reciprocidad que involucren pura confiabilidad (y no castigos) como base de la confianza. Por otro lado, un mayor aislamiento individual se relaciona con menos confiabilidad en las transacciones que suceden y, como resultado de esto, en un menor número de transacciones fundadas en la confianza y los intereses mutuos (Putnam et al, 1993). Los problemas de la democracia no se resolverán (solamente) con más y mejores reglas e instituciones formales; la estructura de la sociedad debe ser modificada para que un número suficiente de personas, que no se vean rebasadas por sus cargos de autoridad, puedan ser electas como gobernantes. Los niveles de confiabilidad en una sociedad se relacionan con la complejidad de las acciones colectivas que pueden desarrollar sus integrantes, pues la delegación de autoridad a personas de confiabilidad asegurada es importante para favorecer la libre iniciativa de las personas (Aghion y Tirole, 1997). Por otro lado, aquellas sociedades donde los individuos están aislados tienden a inhibir el desarrollo de la confiabilidad en los demás, haciéndolos, en cambio, más propensos a favorecer estrategias (y tipos de personas con concepciones de autoridad) coercitivas y punitivas que los protegen de los riesgos de una mala cooperación (Putnam et al, 1993).

Las características de las elecciones democráticas son las de un ejercicio de delegación que no permiten enmarcarlas como un sistema de monitoreo y castigo, aunque la tentación de hacerlo se volvería más punzante a menor percepción de confiabilidad de las otras personas (un ejemplo de cómo la racionalidad sistémica dirige a la racionalidad calculadora de algunos analistas políticos).

La exposición continua a los fracasos de la política podría convencernos erróneamente de que, por naturaleza, las personas son siempre desconfiables y que deben de ser amenazadas. Una caracterización muy compatible con la concepción de que, de alguna manera, la acción democrática significa castigo. Similarmente, las personas que desconfían de la mayoría de sus conciudadanos tenderán a preferir fundar sus transacciones en la coacción (y la fuerza bruta que implica) o en personas que se muestren capaces de ejercer esta coacción. Personas que consideran que pierden el tiempo monitoreando a sus allegados porque no perciben mucha confiabilidad de ellos, o procuran bajos niveles de iniciativa. En un ambiente así, aquellas dotadas de los recursos necesarios para dirigir sobre redes amalgamadas por la disciplina tendrían ventaja para fungir como mediadoras en la provisión de muchos bienes y servicios (y ganar elecciones).

Los problemas de la democracia no se resolverán (solamente) con más y mejores reglas e instituciones formales…

Si la mayoría de los votantes en una comunidad son personas con redes interpersonales de escasos lazos, o con poca diversidad (y una consecuente mayor aversión a un mayor número de identidades), sus políticos serán más propensos a fundar sus acciones en ejercicios verticales de poder, propios de personas desconfiadas (lucrar con la desconfianza de los demás no hace que uno sea más confianzudo). La estructura de las redes de la ciudadanía, el tiempo y la libertad que disponen los individuos para tender lazos con personas de orígenes más variados, y nuestra capacidad para ver que compartimos más intereses que aquellos que nos confrontan, son importantes para explicar cómo elegimos a personas a cargos públicos. Estos factores determinan en algún grado la probabilidad de que nuestras sociedades produzcan gobernantes más o menos confiables, e incluso si encumbramos al poder, o no, a verdaderos sádicos. EP

BIBLIOGRAFÍA

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