El COVID-19 y el derecho a la educación: la herida histórica de la desigualdad

Ante la emergencia nacional provocada por la epidemia de COVID-19, las autoridades educativas confirmaron la continuidad del actual ciclo escolar virtualmente, por medio de internet, pero ¿la totalidad del país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para poder garantizar el acceso igualitario a la educación virtual?

Texto de 27/04/20

Ante la emergencia nacional provocada por la epidemia de COVID-19, las autoridades educativas confirmaron la continuidad del actual ciclo escolar virtualmente, por medio de internet, pero ¿la totalidad del país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para poder garantizar el acceso igualitario a la educación virtual?

Las clases virtuales obligatorias se convirtieron, de un día para otro, en el reto a superar por millones de estudiantes, miles de maestros y cientos de instituciones y autoridades educativas. Capacitaciones inmediatas en herramientas digitales, instalación y descarga de las plataformas más eficientes y populares, adaptación urgente de las guías didácticas a formato digital. En la repentina metamorfosis de nuestras dinámicas de vida, dimos por sentado que los alumnos y los maestros contaban con los recursos necesarios y pasamos por alto la histórica desigualdad educativa. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, confirmó la continuidad del ciclo escolar 2019-2020 de manera virtual, medida que pareciera atender más a la necesidad de aligerar las complicaciones derivadas de la pandemia, que a su propósito social de asegurar la adquisición de los aprendizajes necesarios para el desarrollo personal. Una realidad menos por la cual preocuparse, mientras atendemos con todos nuestros recursos la realidad de la salud. Sin embargo, ¿la totalidad del país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para poder garantizar el acceso igualitario a la educación virtual?

Lo más palpable que el COVID-19 ha dejado al descubierto, son las desigualdades sociales exacerbadas por un sistema económico alineado a los vaivenes del mercado: empleos sin seguridad social, sector informal creciente, un sistema de salud ineficiente y desvalijado. Y, en este panorama inequitativo, la educación no está exenta de ello. Judith Butler, en un artículo publicado en versobooks.com el 19 de marzo, afirma que el COVID-19 es en sí mismo una esencia igualitaria pues no discrimina, nos ubica en un plano igualitario de contagio, de la posibilidad de perder a seres queridos y de vivir en un mundo de constante amenaza; sin embargo, revela la rapidez de la desigualdad radical que incluye ideologías supremacistas raciales y de género, así como la explotación capitalista dentro de las zonas pandémicas. Un ejemplo de ello es el presidente Donald Trump, quien ha tratado de comprar a una empresa alemana los derechos exclusivos de una vacuna para Estados Unidos: el capitalismo ilimitado que ampara a una parte de la población del mundo.

Lo anterior llama a la urgente necesidad de desmercantilizar la salud a través de una reorganización de la economía global y a que los Estados se responsabilicen del acceso universal a la salud, como un mecanismo de seguridad social y como el derecho humano de todos. Ello debería incluir también a la educación. Hoy, en los albores del siglo XXI, parecería un despropósito reflexionar sobre el acceso a la educación, pues prácticamente es un derecho totalmente garantizado desde hace varias décadas. Sin embargo, en plena crisis sanitaria, cuando la educación ha trascendido su tradicional espacio físico —la escuela— para instalarse en ese submundo impalpable e impersonal de lo virtual, el derecho a la educación no es una garantía para todos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, (ENDUTIH, 2019), coordinada por el Inegi, 76.6% de la población urbana es usuaria de internet, mientras la población rural usuaria se ubica en 47.7%. De los hogares del país sólo 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con televisor. Por su parte, 68% de la población urbana utiliza teléfono móvil inteligente y sólo 41% de la población rural lo emplea. Del total de la población usuaria, 52% y 25% respectivamente lo utilizan para actividades de educación por internet (IFT, 2019). Asimismo, según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (2019), 63% de las escuelas de educación básica, no cuenta con servicios de internet.

Otra vez, el sistema económico es protagonista en la garantía de los derechos humanos pues, mientras existe un porcentaje de la población que podrá completar los aprendizajes esperados, otro porcentaje considerable no lo hará, pues, además de sufrir las carencias en infraestructura, se topará con carencias humanas en conocimientos, ya que es altamente probable que no cuente con alguien cercano que pueda explicarle procedimientos, resolverle dudas o promover la reflexión y le procure un mejor aprovechamiento educativo, pues el promedio de escolaridad de la población mexicana es de 9.2 años, encontrándose la tasa más alta en las zonas urbanas (Inegi, 2015).

El Estado Mexicano constitucionalmente está obligado a garantizar el acceso a la educación; a asegurar que “los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación” (art. 3°, parr. 10). De igual forma, deberá procurar la equidad educativa mediante la implementación de medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación, así como el respaldo a estudiantes en vulnerabilidad social, a través del establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Por su parte, y con base en el principio de accesibilidad, el Estado Mexicano debe realizar ajustes razonables e implementar medidas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación  (art. 3°, parr.12, numeral II, inciso e).

Si bien el gobierno de la república ha respondido en este contexto de emergencia a su deber constitucional a través de distintas estrategias educativas, la mayoría de éstas requieren acceso a internet. Se encuentran, por ejemplo, el programa Aprende en Casa, cuyos contenidos se transmiten por medio de internet, televisión y radio. También se cuenta con el micrositio de la sep y con la plataforma gratuita de la Fundación Carlos Slim. Con lo que no se cuenta es con la infraestructura digital que, de un día para otro, se requirió como básica. Entonces ¿está cumpliendo con su compromiso constitucional el Estado de Mexicano?

Dice Slavoj Zizek en un artículo publicado en Russia Today el 27 de febrero, que la pandemia ha avivado el animismo capitalista, donde se tratan los fenómenos sociales asociados con el mercado o el capital financiero como entidades vivientes: lo que realmente importa no son las miles de muertes, sino el nerviosismo de los mercados. Hoy, ante el evidente riesgo sanitario que trastoca la seguridad nacional y la inminente crisis económica que altera la estabilidad financiera del país —poniendo nerviosas a las inhumanas calificadoras internacionales—, la atención educativa ha pasado a un plano secundario: es prioridad atender la salubridad y dejar que la educación fluya como pueda. Aunque existan abundantes materiales y alternativas digitales para aprender, no se cuenta con los instrumentos para llegar a ellas. ¿Cómo garantizar, hoy el acceso a la educación en un país lastimosamente desigual?

El gobierno deberá encontrar mecanismos efectivos para resarcir las deficiencias que conlleva la continuación de un ciclo escolar sin contar con las herramientas necesarias. No hacerlo, abona a profundizar las desigualdades sociales y a quebrantar el principio constitucional que establece la equidad como uno de los criterios que orientarán a la educación, para lo cual el Estado debe implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, el tránsito y la permanencia en los servicios educativos.

Referencias bibliográficas

Expansión Política, “La SEP anuncia el regreso a clases (desde casa) a partir del 20 de abril”, 15 de abril de 2020, recuperado de https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/15/la-sep-anuncia-el-regreso-a-clases-desde-casa-a-partir-del-20-de-abril

Butler, J., “El capitalismo tiene sus límites”, trad. Anabel Pomar, en versobooks.com, 19 de marzo de 2020, recopilado en Sopa de Wuhan.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020, recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf.

Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2019, “Uso de las TIC y actividades por Internet en México”, México, recuperado de http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/usodeinternetenmexico.pdf.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2019, Informe 2019. México.

INEGI “En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2019”, México, recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf.

INEGI, 2015, Características educativas de la población, recuperado de https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/.

Zizek, S., “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinvención del comunismo”, Russia Today, 27 de febrero de 2020, recopilado en Sopa de Wuhan.

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