El caso de Sam Rodríguez Rojas: no investigar es un ejercicio de impunidad

El feminicidio de Samantha Rojas, estudiante de medicina, muestra una de tantas maneras que encuentra el sistema de justicia para ser omiso. Vale la pena preguntarse qué ejemplo establecen estas circunstancias y si este fabrica una burbuja de impunidad, pese a la lucha que emprende la familia de la víctima.

Texto de 23/07/21

El feminicidio de Samantha Rojas, estudiante de medicina, muestra una de tantas maneras que encuentra el sistema de justicia para ser omiso. Vale la pena preguntarse qué ejemplo establecen estas circunstancias y si este fabrica una burbuja de impunidad, pese a la lucha que emprende la familia de la víctima.

Patricia Rojas estaba sentada frente a la computadora, trabajando, pero la confusión comenzó a nublar su entendimiento. Leyó y releyó el mensaje que le enviaron las amigas de su hija. Observó la foto detenidamente: era una placa rotulada con los datos profesionales de un médico que daba consulta en una Farmacia Guadalajara. Se sentía impactada, incrédula en momentos. Entonces, un pensamiento colmó su mente: Esa persona “destruyó una vida,  truncó sueños, destruyó a mi familia. Necesito hacer algo”.  

La señora Paty es una mujer cálida, te sientes tranquila estando a su lado. Sus ojos son grandes y muy expresivos. Ella cuenta que meses después de ver aquella fotografía, en marzo de este año, se le ocurrió lanzar una petición en la plataforma Change.org, y la tituló: “El asesino de mi hija quedó libre y se graduó como médico ¿Y la justicia, dónde está?”. La desesperación ante la falta de respuesta de las autoridades, durante más de seis años, la hicieron buscar ayuda, necesitaba comunicar que el feminicidio de Samantha Jocelyn Rodríguez Rojas, su única hija mujer de entonces 21 años, ha quedado impune.

Sam

Desde niña, Samantha fue muy dedicada en sus estudios y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Aun con esas cualidades, Paty no imaginó que decidiera estudiar medicina, pero, de último momento, la preparatoriana anunció que quería hacer examen de admisión en dos de las universidades públicas más prestigiosas del país en esa carrera: la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

Desde que recibió la noticia, Paty expresó su preferencia por la UASLP: “Yo le decía que San Luis Potosí era una ciudad tranquila y que Ciudad de México era muy peligrosa, y decidió estudiar en San Luis, en la facultad de Medicina”. Ese pensamiento sigue siendo un bullicio incómodo en la cabeza de Patricia. 

Sam llegó a la capital del estado, proveniente de Celaya, Guanajuato, el verano de 2013. Su actitud extrovertida le permitió formar un grupo sólido de amigas y amigos, quienes recuerdan que convivir con ella era “estar a risa y risa”. La describen como una mujer auténtica, muy noble, responsable y cautelosa. La joven estudiante también tenía ojos grandes y expresivos, como su mamá; el pelo rizado y una sonrisa bonita. Seguía siendo una mujer muy perseverante en sus estudios y se le veía madera de excelente médica. 

Los procesos de aprendizaje de la facultad de Medicina son muy colaborativos: los alumnos comparten saberes y técnicas con las compañeras y compañeros de grados anteriores, formando jerarquías entre los alumnos. Y así fue como en sexto semestre, Samantha inició su internado de pregrado, donde conoció a G. F., de quien se omite el nombre para no vulnerar la conducción de los expedientes judiciales. Él ya era residente, es decir, ya estaba haciendo su servicio social y estuvo encargado de guiar a la nueva interna. 

Desde un inicio, G.F. se mostró interesado en Samantha. Pero ella no lo estaba, así que pintó una barrera clara entre ellos. Él siguió siendo muy insistente y hostigante. Paty recuerda que “ella llegó al extremo de decirle que era lesbiana para que la dejara en paz”. Pero el residente, que contaba con cierto poder sobre la interna, nunca paró de insistir. 

La madrugada del 6 de marzo de 2016

Yo no conocí a Samantha, pero la he pensado mucho en los últimos días. La imagino repitiendo un ritual que yo y mis amigas realizamos en incontables ocasiones mientras estábamos en la universidad: arreglar nuestro pelo, maquillarnos, escoger la ropa ideal  y,  después, salir de fiesta. No hay registro de este detalle tan cotidiano en las narraciones sobre Sam, pero es muy probable que ella arreglara su cabello o enchinara sus pestañas, por última vez, antes de salir con su amigas aquel sábado 5 de marzo de 2016. 

Era frecuente que los estudiantes residentes organizaran fiestas caseras. Aquella noche, la reunión fue en un departamento muy cercano a la casa de Samantha, quien vivía en un edificio a unas cuantas cuadras de su facultad, en una zona de arrendamiento muy común para estudiantes foráneos. La reunión terminó temprano y Sam decidió ir a otro departamento cercano, donde estaban cinco amigos, entre ellos G.F.

Las declaraciones de la averiguación previa nos narran que Samantha estaba contenta y bailaba con sus amigos. G.F. se acercó varias veces, pero ella lo rechazó en todos los intentos. Pasó un rato y quedaron solamente Sam, G.F. y el dueño de la casa, quien menciona que su amigo se enojó porque Samantha no quiso besarlo. Entonces, la sacó a jalones del departamento y comenzaron a discutir. Cuando se asomó, vio cómo G.F. sacudía a la joven de los hombros, le gritaba. Mientras este chico observaba desde el marco de la puerta, G.F. soltó a Sam, quien cayó desde una barda del tercer piso hacia el estacionamiento.    

Eran las cuatro de la mañana, el dueño del departamento cerró la puerta, asustado, y decidió irse a dormir sin saber qué había pasado con su amiga.

Eran las cuatro de la mañana, el dueño del departamento cerró la puerta, asustado, y decidió irse a dormir sin saber qué había pasado con su amiga. Al bajar, G.F. vio que la cabeza de Sam estaba destrozada. Él comenta que entró en shock: dejó a la joven tirada y se fue a casa. Este lugar estaba a unas cuantas cuadras del Hospital Central, donde los tres estudiantes de medicina realizaban labores de aprendizaje. No sabemos si Sam estaba muerta desde entonces, pero surge la pregunta: de haber pedido ayuda, ¿Samantha se hubiera salvado?

Hostigar en las fiestas

Un año antes del feminicidio de Sam, Mariana estuvo en una situación de hostigamiento muy similar. Ella conoció a G.F. en una fiesta. Desde que él la vio, se acercó a conversar. Mariana cuenta que ella platicó con el estudiante de medicina, que ya estaba alcoholizado, pero percibió algo en él que no le gustó y trató de alejarse. 

G.F. hizo caso omiso e insistió. Mariana comenzó a sentirse incómoda, insegura y temerosa. Algunas de sus amigas se dieron cuenta y trataron de protegerla, de alejarla de él, pero G.F. siguió y siguió. Mariana subió rápidamente al segundo piso de la casa y se encerró en el baño. Ahí dentro, asustada, llamó a su papá y le pidió que pasara por ella a la fiesta. El estudiante de medicina se encontraba afuera del baño, esperando a Mariana. Al ver que ella no salía, comenzó a golpear la puerta. Una amiga de los dos, que ya se había percatado del hostigamiento, fue con G.F. y le pidió que bajara. Mariana salió del baño, avisó a su amigas que se iba y pidió que no le pasaran su número a aquel hombre. 

La mañana siguiente, Mariana recibió varios mensajes de amigos en común, donde explicaban que G.F. estaba borracho y no controló su temperamento, pero ella no quería volver a sentirse vulnerable, como la noche anterior, y les pidió no compartir su número telefónico con él. A siete años de aquel incómodo encuentro, Mariana no puede evitar imaginar qué hubiera pasado con ella de haber cedido a las insistencias de G.F. 

El aviso y la detención 

A las siete de la mañana del 6 de marzo de 2016, un vecino de los departamentos salió a correr y pasó por el estacionamiento. Ahí, vio el cuerpo de Samantha sobre un gran charco de sangre. Inmediatamente, habló a la policía. A esa misma hora, G.F. y el anfitrión de la reunión iniciaban sus labores de servicio social en el Hospital Central. Es muy probable que este último atravesara el estacionamiento antes de salir del edificio donde vivía. 

La policía llegó a la escena del crimen y entrevistó a los vecinos. Uno de ellos comentó que durante la madrugada una mujer golpeó la puerta de su casa insistentemente, mientras llamaba a una chica. El vecino no abrió la puerta, pero le dijo que no había nadie con ese nombre en su casa y después escuchó un fuerte golpe.

Los policías acudieron al Hospital Central y entrevistaron a los dos estudiantes, que confesaron su participación en la muerte y fueron detenidos sin una orden de aprehensión. En ese entonces, el código penal estatal incluía la flagrancia equiparada, es decir, existía la posibilidad de detener sin una orden a esa persona que en las indagatorias se señalaba como el culpable del delito. Pero esta figura jurídica había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación unos meses antes y el marco jurídico del estado de San Luis Potosí no estaba actualizado. 

Los jóvenes estuvieron aislados e incomunicados durante más de cuatro horas en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. La encargada legal del Hospital Central los acompañó para fungir como asesora jurídica, pero no le permitieron el ingreso. Ante la falta de respuesta, la abogada llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el acta realizada por el visitador menciona que los chicos refieren estar bien y solo pidieron hablar con sus familias. En la inspección ocular se detalla que no hay ninguna muestra de maltrato.      

En el reporte del médico legista también se precisa que no existen lesiones. Bueno, no existen lesiones que nos llamen la atención, pero G.F. tenía una pequeña mordida, casi imperceptible, al interior de su boca.

El caso pasó al Juzgado Octavo Penal y se giró una orden de aprehensión contra G.F.; el cómplice y dueño del departamento salió libre a las 72 horas. 

Los policías acudieron al Hospital Central y entrevistaron a los dos estudiantes, que confesaron su participación en la muerte

El juicio de los amparos

Mientras G.F. era apresado en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, en San Luis Potosí, su familia contrató algunos de los abogados particulares más prestigiosos en el estado, y como primera acción, se ampararon justificando que la detención de su cliente fue ilegal. También alegaron que G.F. había sido torturado por la policía ministerial, usando como prueba la pequeña herida dentro de la boca del estudiante. 

La representación social de la familia de Samantha estuvo a cargo del Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), institución que antecede a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dieron de alta a 11 asesores jurídicos y 7 pasantes para este caso. En toda la investigación no hay una sola actuación de esta institución, aunque ella era el puente directo entre la parte ofendida, la familia de Sam y el aparato de justicia. Patricia y su familia no tuvieron acceso al caso. Una mujer le habló un par de veces: la última llamada fue para avisar que G.F. había sido declarado culpable. 

La defensa de G.F. ganó la mayor parte de los amparos. En diciembre de 2016, el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí dejó sin efectos la orden de aprehensión y desechó todas las pruebas recolectadas por la ministerio público durante el caso. Se tenía que repetir toda la investigación desde un inicio. 

G.F. salió libre el 15 de diciembre del 2016, a los 9 meses del feminicidio de Samantha. 

Tras la liberación, el juzgado dio seis meses a la ministerio público para presentar pruebas que señalaran al culpable. Ella comenzó citando a los testigos de la reunión, pero ninguno de ellos se presentó a declarar. Las pruebas periciales también fueron desechadas, pero ni la necropsia, ni la química sanguínea, ni la mecánica de hechos fueron solicitadas nuevamente. El mismo juzgado avisó a la ministerio público que se dictó sobreseimiento de la culpabilidad de G.F., lo que indica que esa investigación está completamente cerrada. 

El feminicidio de Sam sigue siendo un feminicidio. El delito sigue estando abierto, pero la procuraduría no continuó con la investigación. En un inicio, no fue una sentencia absolutoria, pero en 2019 se retiraron cargos contra G.F. Nada de esto fue comunicado a la familia de Samantha. 

“Es muy importante señalar que la actuación de la procuraduría generó una esfera de impunidad. Los elementos de la defensa son válidos, pero eso no da una excusa para que todos los asesores victimales y la ministerio público dejaran pasar el sostener las medidas de pertinencia, como la prisión preventiva. En el catálogo del sistema pasado (donde está el caso de Sam), los delitos de privación a la vida eran delitos catalogados como graves y, aunque hubiera transgresiones en el debido proceso, se tendría que pensar en otro tipo de medidas que no permitieran que el imputado se sustrajera de la investigación a la que estaba sujeto y reponer el procedimiento. Este es uno de los casos que ya no solo constituyen responsabilidades contra G.F., sino contra el estado mismo. Recordemos, no investigar es un ejercicio de impunidad”, comenta una de las trabajadoras de la Instancia Municipal de la Mujer, quienes acompañan a Paty en el proceso actual.   

El delito sigue estando abierto, pero la procuraduría no continuó con la investigación.

Samantha no pudo titularse, pero él sí

Muchos de los compañeros y amigos de Sam se enteraron de su muerte por las fotos publicadas en medios, las cuales se viralizaron en redes sociales. Fotografías muy explícitas y sin censura. Esto hirió profundamente a las personas que querían a la estudiante de medicina. 

“La expusieron y ella no se lo merecía. Yo decía: tápenla. ¿Por qué a ella sí la exhiben y al otro le ocultan su identidad”, recuerda Eduardo, amigo de Sam en la universidad. 

Esto fue un preludio de lo complicado que sería este proceso para ellos. En 2017, cuando aún se encontraban heridos por el asesinato de su amiga, se volvieron a topar con G.F por los pasillos del hospital. 

El estudiante y sus abogados defendieron su derecho a la educación e interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió una recomendación a la facultad de Medicina de la UASLP. Esto trajo una discusión al interior de rectoría. El protocolo que regía a la universidad en aquel momento señalaba que si la víctima o víctimas secundarias, la familia de Sam en este caso, activaban un procedimiento externo a la UASLP, esta desechaba la posibilidad de articular un procedimiento de investigación al interior de la institución educativa. La universidad no tenía elementos para negarle que continuara con su educación, pues de haberlo hecho, habría incurrido en la negación al acceso a un derecho. 

Fuentes cercanas a la rectoría reconocen que esto ha sido una gran losa para la universidad, pero el caso de Sam es uno de los que motivó la creación de un protocolo pertinente para prevenir y combatir la violencia contra la mujer. Si este protocolo hubiese estado vigente en 2016, quizá la UASLP hubiera activado medidas de protección para las alumnas de medicina o medidas de restricción para G.F. 

“La mayoría de nuestra generación quería quemar la escuela, estábamos muy enojados. Pero nos callaron, el director nos calló: no podíamos hacer nada, quemar nada, porque podríamos tener sanciones académicas”, recuerda Eduardo. El director de la facultad de Medicina, el doctor Alejandro Zermeño, es el rector de la UASLP actualmente. 

Los señalamientos contra G.F. provocaron que terminara la carrera en otro municipio, en Ciudad Valles, donde también fue señalado por sus compañeros. Terminó su licenciatura como médico cirujano y su cédula profesional fue emitida en el 2019, ya sin antecedentes penales. 

Sam sigue presente. Ha sido parte de todos los logros académicos de su generación. Sus amigos más cercanos prometieron terminar la carrera y titularse en su memoria, para llevar un poquito del legado que les dejó su amiga. Sam, la que le encantaba su carrera, la que tenía don de servicio, la que deseaba ser doctora. Mientras tanto, Patricia sigue luchando, tratando de que la investigación se abra nuevamente y, sobre todo, recordándonos que el feminicidio de Samantha Jocelyn Rodríguez Rojas sigue impune. EP

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