Nuestro país, sin duda, atraviesa por un momento extremadamente tenso. Un gobierno federal sumamente impopular, una multiplicación estrepitosa de escándalos de corrupción en todos los niveles de la vida pública, un entorno económico complejo y una relación con los Estados Unidos (EU) que en tan sólo unos meses se ha tornado ríspida a niveles no vistos en el pasado reciente, entre otros factores, se han sumado para colocarnos en una espiral de consternación sobre nuestro futuro. Más aún, el mundo entero vive momentos de incertidumbre por la llegada de Donald Trump, las presiones sobre la Unión Europea (UE) y el creciente protagonismo de Rusia, por citar algunos ejemplos.

Frente a un escenario así, hay momentos en los que es difícil ver un panorama más allá del ruido constante de las redes sociales, los medios y, sobre todo, de los distintos intereses que compiten en la arena política nacional e internacional para formar una imagen de la realidad. Sin embargo, creo que es en los momentos de incertidumbre cuando es más redituable hacer, constantemente, un análisis de hechos y datos duros.

¿El fin de la relación bilateral?

En los últimos meses los medios mexicanos han estado repletos de opiniones sobre los pasos que debe tomar nuestro país como consecuencia de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Confieso que he leído algunos textos con horror. Por mencionar un ejemplo, existe una columna que propone que México utilice como estratagema defensiva retardar la repatriación de inmigrantes indocumentados exigiendo a las autoridades de EU demostrar la nacionalidad de los deportados. La falta de humanidad en una proposición así me entristece profundamente. Las personas, de cualquier origen nacional o situación migratoria, no deben ser utilizadas como instrumentos de negociación política, explicar por qué es innecesario.

Dejando a un lado esta nota, creo importante hacer una reflexión que defina en primer lugar cuál es la situación que queremos resolver. Si no se tiene una definición clara del problema, cualquier remedio es absurdo y una apuesta al azar. Hasta el momento, cabe decir, la mayor dificultad en la relación bilateral es la incertidumbre que ha generado la retórica abusiva, vulgar y xenófoba de Donald Trump.

Los incentivos de Trump son, en esencia, de política interior, una situación en la que prácticamente no podemos influir de manera directa. Ahora bien, hay tres elementos preocupantes en el discurso de este singular personaje: su intención, ahora formalizada en una orden ejecutiva, de construir un muro fronterizo que obligará a México a pagar, la amenaza de llevar a cabo una deportación masiva de inmigrantes indocumentados y, por último, la amenaza de renegociar o cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

¿Cómo analizar objetivamente la amenaza del muro fronterizo? Gran parte de la frontera ya tiene algún tipo de barrera física, ya sea natural o artificial. Aun así, la construcción de un muro de esta magnitud, además de un costo estratosférico, tendría severas implicaciones ecológicas y, por su propia extensión, es posible que encuentre todo tipo de problemas inesperados, desde geológicos hasta legales. Con esto no quiero decir que construirlo sea imposible, no cuento con los datos para hacer esa afirmación, pero es muy factible que su construcción encuentre muchos más obstáculos de lo esperado y que, por ende, termine siendo un galimatías político. Sin embargo, situándonos en el peor escenario, es decir, su concreción, ¿cuáles son auténticamente sus implicaciones?

El muro fronterizo se ha convertido en un tema simbólico para Trump. Un “gran” muro que detendrá el flujo de indocumentados que entran a los EU, siguiendo su lógica. La realidad es que los datos indican que la mayoría de los inmigrantes indocumentados entra a Estados Unidos legalmente y después no abandona el país; para ser precisos, se quedó más tiempo del permitido el 58% (dato del 2012).¹ Esto pone en duda la efectividad del muro como estrategia, lo que aumenta su posible costo político. Por supuesto, es probable que se endurezcan las medidas de entrada al país y el otorgamiento de visas, pero aun así es poco factible pensar que un proyecto tan costoso y emblemático no sea objeto de un escrutinio microscópico por parte de los medios, la oposición y la sociedad civil. Más aún, al haberlo convertido en un emblema, el muro será también un valioso objetivo para un futuro gobierno demócrata. Si algo nos enseñó Berlín es que es más fácil y rápido tirar un muro que levantarlo.

También podemos considerar la amenaza de cobrárselo a los mexicanos. La administración estadounidense ha dicho que analiza una gama de opciones para obligarnos a hacer este pago. Las alternativas que han sido compartidas con los medios incluyen aranceles y un impuesto al envío de remesas. Los aranceles no serían legales dentro del actual marco jurídico que rige la relación comercial. Ni el TLCAN ni el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (omc) permiten una acción de esa naturaleza. Dejaré este análisis para más adelante.

Los impuestos a las remesas probablemente no podrían estar dirigidos únicamente a una nacionalidad —lo que sería discriminatorio—, sino que probablemente tendrían que aplicarse de manera general a los envíos de dinero al extranjero, que, según datos del Banco Mundial, rebasaron los 61 mil millones de dólares en 2015, de los cuales solamente una fracción fue hacia México. Es decir, dicha medida tendría altos costos económicos y políticos, aunque no podemos descartarla, y sería susceptible de una controversia constitucional. México debe tener una actitud firme en este rubro, negándose en todo momento a esta aberración. Sin embargo, hay que hacerlo con la conciencia de que una medida de esta naturaleza encontrará obstáculos, por lo que se requiere de paciencia y frialdad en nuestro cálculo para evitar un desgaste innecesario o anticipado.

Al margen, a pesar de lo ofensivo que resulta el lenguaje de Trump hacia nuestro país y de la afrenta a la relación bilateral que implica la construcción de un muro, también podemos pensar en los beneficios que nos traería un mayor control fronterizo. En primer lugar, para disminuir el flujo de armas estadounidenses a nuestro país, que en 2008 llegó a un alarmante 90% del total de armas ilegales confiscadas en México, según cifras de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamentales de EU (GAO, por sus siglas en inglés). Lo mismo se podría decir sobre el tráfico ilegal de drogas, así como del de personas.

Más preocupante resulta lo relacionado con los inmigrantes indocumentados, lo que representa una gran tragedia humana. Desde la administración de Barack Obama se han incrementado las repatriaciones, que rebasaron las 400 mil en 2014 y las 333 mil en 2015, en contraste con 251 mil por año, en promedio, durante la administración de George W. Bush, según datos del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) —únicamente una parte hacia México. Donald Trump ha prometido acelerar estas deportaciones, empezando por quienes tengan antecedentes criminales.

El tema es complejo pues, si bien me parece un desacierto que el gobierno mexicano defienda sin distinciones la inmigración ilegal, hay que hacer algunos matices muy relevantes en relación a la dignidad inalienable de las personas. En el régimen jurídico internacional vigente cada país cuenta con soberanía para decidir quiénes y cómo ingresan a su territorio. Más aún, una defensa plena de los inmigrantes indocumentados en EU corre el riesgo de confirmar, en el plano discursivo, lo que ha repetido ad nauseam Trump acerca de que nuestro país fomenta el éxodo hacia su territorio. México debe concentrarse en que se garanticen los derechos humanos de quienes son detenidos y deportados, en todo momento del proceso, así como que se garanticen plenamente los derechos de quienes emigran de manera legal. Además, México debe hacer todo lo humanamente posible para garantizar que el regreso a nuestro país se haga de manera expedita y en las mejores condiciones posibles.

Existe un matiz muy importante en el caso de los llamados dreamers, es decir, personas que ingresaron ilegalmente a EU desde su infancia y que no cuentan con documentación, pero que han realizado toda su vida en ese país. Según cálculos del American Immigration Council, hay cerca de un millón 250 mil dreamers mexicanos.² Uno de los puntos más relevantes de cualquier negociación debe ser seguir presionando para que el gobierno estadounidense mantenga el reconocimiento de la situación especial de estas personas, otorgado mediante la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante la administración de Obama, y que eventualmente abra un camino para su naturalización o residencia legal. Este tema debe verse con especial sensibilidad desde México porque una actitud agresiva, como han propuesto algunos, puede ser contraproducente en el rubro.

Finalmente, el otro tema álgido ha sido lo relacionado con el TLCAN. Como otra nota al margen, cabe decir que al igual que es insensible proponer que el gobierno mexicano adopte una actitud beligerante que ponga en riesgo a los dreamers, es completamente irracional pedir que el gobierno opte por dar por muerto al TLCAN. El número de empleos en nuestro país que dependen de actividades económicas relacionadas con el comercio exterior obliga a un análisis cauteloso y a una actitud consecuente. La defensa de los sentimientos de orgullo nacional tiene que tener sus límites en las posibles afectaciones a los mexicanos, de lo contrario, pierde todo sentido.

Durante el año 2016, México y EU intercambiaron bienes (legales) por un total de alrededor de 525 mil millones de dólares, según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Ese intercambio tuvo un déficit de unos 63 mil millones de dólares para EU, es decir, cerca de un 12% del total.

Previamente mencioné que la virulenta retórica de Trump hacia México tiene principalmente una lógica política; sustento esa afirmación en la vida plenamente funcional y pacífica que tenemos la gran mayoría de los migrantes mexicanos en este país, documentados o no, pero también en el hecho de que el déficit comercial con México es mucho menor que con muchos otros países. Con China, segundo socio comercial de EU, ronda el 60% del total intercambiado; con Japón, está cerca de un 35%; con Alemania, cerca de un 40%; con Francia es de 36%, y la lista continúa largamente. EU tiene un enorme déficit en su balanza comercial, lo cual no es necesariamente negativo, aunque ese tema escapa el objeto de este artículo. Para EU el déficit comercial con México significa únicamente cerca del 9% del total de su déficit (con cifras ajustadas estacionalmente).

Ahora bien, pensar que EU generará condiciones adversas al comercio entre ambos países, que representa cerca del 14% del total de su actividad comercial (también con cifras ajustadas estacionalmente), es equivalente a pensar que nuestros vecinos están dispuestos a prenderle fuego a su sala porque no les gusta el color de los sillones. Con esto no quiero decir que el escenario de la cancelación del TLCAN sea imposible,
ni que EU jamás saldrá de la omc, ni que el establecimiento de un impuesto de ajuste transfronterizo no sucederá. Lo que quiero decir es que el costo real de detener el comercio con México sería altísimo y no existe una justificación para hacerlo. Donald Trump ha dado muestras de ser un actor poco predecible, antagonista y hostil hacia nuestro país, pero hasta el momento no tenemos evidencia de que las instituciones legales y otros actores políticos estadounidenses (principalmente, los gobernadores, alcaldes y el Congreso) le permitirán incendiar su casa.

La estrategia de México tiene que tomar en cuenta estos factores y actuar con pies de plomo: no caer en provocaciones que pongan en riesgo a nuestros connacionales en EU, no afectar una relación comercial de la que dependen millones de familias en nuestro país y evaluar cuidadosamente cuándo es el momento de actuar, es decir, una vez que conozcamos las medidas concretas a proponerse y las resistencias que enfrentarán dentro de EU. Actuar anticipadamente es contraproducente.

Con este artículo no pretendo de ninguna manera minimizar los riesgos existentes en la relación con EU, sino ubicarlos en el contexto de los datos duros, de los incentivos de los actores políticos estadounidenses, de las dificultades que algunos puntos álgidos pueden encontrar y, sobre todo, de cómo se puede afectar a ciertos grupos de mexicanos en ambos lados de la frontera. Una estrategia en México que no contemple lo anterior está destinada al fracaso y a incrementar la incertidumbre, así como el rechazo de la sociedad.

México y EU tienen una gama de temas en común que no desaparecerán en el tiempo que dure la administración de Trump, lo que obliga doblemente a pensar fríamente y más allá de la situación actual. En ese sentido, me parece que, con el marco conceptual que he descrito, podemos plantear algunas acciones concretas. Seguir tejiendo alianzas con actores clave en EU, ya sea en el Congreso, los medios o a nivel estatal, pero, sobre todo, proveerles de información y herramientas para desacreditar las propuestas completamente irracionales de Donald Trump, y con ello elevar su costo político. Por ejemplo, el gobierno mexicano puede ordenar un estudio sobre el impacto negativo del muro fronterizo que pueda poner a disposición de la opinión internacional. También es indispensable seguir generando información puntual sobre las aportaciones de los migrantes mexicanos y el comercio con nuestro país por estado y ciudad, así como de los detalles antes descritos sobre el déficit comercial.

Finalmente, sobra decir que una estrategia de protección de nuestros intereses no significa olvidar los pendientes en casa, sobre todo el de seguir desarrollando un mercado interno que sea motor de la economía nacional. Tampoco significa dejar de generar condiciones para diversificar nuestro comercio. Aunque en esto último no se puede perder de vista que más allá de los acuerdos que podamos lograr, al igual que en el caso de EU, el comercio está orientado por la oferta y la demanda. EstePaís

NOTAS

¹ Robert Warren y Donald Kerwin, “Beyond DAPA and DACA: Revisiting Legislative Reform in Light of Long-Term Trends in Unauthorized Immigration to the United States”, Journal on Migration and Human Security, vol. 3, núm. 1, pp. 80-108, 2015 .

² “Who and Where the DREAMers Are, Revised Estimates”, American Immigration Council, 12 de diciembre de 2016. Consultado el 16 de febrero de 2017

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Roberto Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Actualmente estudia una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. Tiene más de diez años de experiencia en el sector público en México y Estados Unidos.

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