La impunidad es un grave problema que mina la confianza en las instituciones de justicia. En México, las estadísticas muestran una alarmante falta de rendición de cuentas: de cada 100 delitos que se cometen, únicamente 11 se denuncian, y de cada 100 que se denuncian, solo 10 se resuelven. Este fenómeno se atribuye a diversos factores: la falta de capacidad institucional y la desigualdad social. Es crucial abordar este problema fortaleciendo las instituciones de justicia, fomentando la denuncia y colaborando con la comunidad internacional.

La impunidad, según la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a la ausencia, tanto en la práctica como en términos legales, de responsabilidad penal para aquellos que cometen violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, debido a que evaden ser investigados, detenidos, procesados y, en caso de ser encontrados culpables, condenados a penas apropiadas, incluida la reparación del daño causado a sus víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos amplía esta definición al considerar que la impunidad abarca la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana. En términos generales, la impunidad implica la falta de castigo por un delito o la incapacidad de ser sancionado debido a la ausencia de legislación adecuada, lo que subraya la importancia de crear conciencia entre las posibles víctimas de la impunidad.

La magnitud de la impunidad en México se revela en cifras contundentes. La escasa probabilidad de que los crímenes sean sancionados, apenas del 1 %, ilustra la grave situación en el país. Las alarmantes estadísticas explican en gran medida la falta de confianza de los ciudadanos en los ministerios públicos y procuradurías estatales, reflejada en el escaso 11 % de personas que declaran confiar en estas instituciones. 

México se encuentra en el lugar número 115 de 140 países en el Índice de Estado de Derecho realizado por el World Justice Project. Además, es de los 10 países peor calificados en los rubros de Ausencia de Corrupción, Orden y Seguridad y Justicia Civil y el doceavo país peor calificado en Justicia Penal.¹

El Índice Global de Impunidad (IGI) colocó a México en el lugar número 60 de 69 países, donde el número 1 tiene menos Impunidad, lo que significa que México está entre los 10 países con mayor impunidad en el mundo. Según el IGI 2020, México y Colombia continúan presentando graves violaciones en contra de migrantes y refugiados. 

México tiene una impunidad estructural por su falta de capacidad para impartir justicia. De acuerdo con el IGI tiene la mitad de jueces en promedio que la región americana y cuatro veces menos que el promedio global, además se tienen 1.02 policías por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo se ubica en 1.8 policías.²

La mayor concentración de impunidad en México se centra en el ámbito local: en este nivel están encargados de resolver la mayoría de los delitos, es decir, los delitos del fuero común. Uno de mayores problemas de impunidad en México es que es de los países con índices de homicidios más altos en el mundo, con una tasa de homicidios de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, a pesar de eso, la impunidad en homicidios dolosos se mantiene por arriba del 90 % como se muestra en el siguiente gráfico: 

Existen varios factores en México que contribuyen a aumentar la impunidad. 

1. Desigualdad social: México es el segundo país más desigual de la OCDE, se estima que cerca del 40% de la riqueza se concentra en el 1 % de la población. Debido a este fenómeno de desigualdad generalizada, el acceso a la justicia está condicionado a las condiciones económicas de cada ciudadano. 
2. Corrupción: México se encuentra en el lugar número 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional. La manipulación de las instituciones las debilita para poder impartir justicia de manera adecuada y con apego a los derechos humanos. 
3. Funcionalidad del sistema de Justicia y protección de derechos humanos: Los bajos números de jueces, ministerios públicos y policías crean una incapacidad política e institucional para hacer justicia. 
4. Cultura de la ilegalidad y falta de denuncia: En México, la impunidad llega a niveles tan generalizados que las personas prefieren agotar otros mecanismos de justicia antes de pensar en acudir a las instituciones competentes. Las víctimas no denuncian los delitos, ya que no confían en las instituciones por considerar que actúan de forma negligente, o bien porque consideran que es una pérdida de tiempo acudir a la justicia.

Por lo que hace al sistema judicial específicamente desde Impunidad cero elaboramos el siguiente esquema.³

La impunidad es un problema que incide en fenómenos sociales como la justicia, la corrupción, la seguridad, el respeto a los derechos humanos, la construcción de un Estado de Derecho y en nuestras vidas diarias. Es importante entender el alcance y el daño que puede generar, más allá del funcionamiento y legitimidad de las instituciones. La impunidad daña no solo el desarrollo de los individuos, sino también a toda la sociedad mexicana.

Algunas de sus consecuencias otra vez en esquema elaborado por Impunidad cero:³ 

Para hacer frente a la impunidad y mejorar el sistema de justicia en México, es fundamental considerar una serie de recomendaciones estratégicas.

El sistema de justicia es crucial para combatir la impunidad y construir un México más seguro y equitativo. Para fortalecer el sistema de justicia mexicano, con el objetivo de erradicar la impunidad es necesario en primer lugar, fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías, lo que implica que cuente con recursos suficientes tanto humanos, como materiales; así como una correcta articulación de las instituciones de seguridad y justicia en todos los niveles de gobierno, tanto en el fuero federal como en el fuero local.

Contar con información de calidad permitiría además, diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia, monitorear su efectividad y evaluar su impacto. La información generada por el sistema de información de la institución, además de servir de apoyo a la investigación, debe contar con datos útiles para las acciones de monitoreo y evaluación. En este sentido, es crucial contar con un sistema de indicadores que permita la evaluación de desempeño tanto de los modelos de investigación, políticas y planes de persecución penal, así como de la implementación de protocolos y manuales, tanto en el corto como en el largo plazo, que permitan identificar las áreas de oportunidad y de mejora de las acciones implementadas.

También es fundamental garantizar la independencia de las fiscalías. Esto evita que estén sujetas a influencias políticas indebidas y asegura que puedan llevar a cabo sus investigaciones y enjuiciamientos de manera imparcial, sin interferencias de ningún otro poder. 

Transparencia y rendición de cuentas. Es esencial que los poderes judiciales estatales transiten a un sistema de seguimiento en línea de los casos que permita a las personas supervisar el progreso de sus asuntos y verificar que se cumplan los procedimientos adecuados. Así como publicar regularmente estadísticas y resultados de los tribunales de forma accesible para el público.

Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Nuestra legislación contempla tres mecanismos para ello: la mediación, que implica la deliberación entre las partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptado; la conciliación, que consiste en una negociación asistida en la que un tercero guía a las partes involucradas; y la junta restaurativa, un proceso ocasionalmente colectivo en el que las partes y ciertos terceros que forman parte de una comunidad colaboran para alcanzar un acuerdo que resuelva el conflicto.

No obstante, es necesario fomentar el fortalecimiento de los mecanismos alternos de solución de controversias con la finalidad de contribuir a la construcción de acuerdos que pongan fin a situaciones conflictivas de manera voluntaria, libre y confidencial.

Como requisito indispensable para acabar con la impunidad necesitamos instituciones de procuración de justicia sólidas e independientes que garanticen que los hechos ilícitos en nuestro país sean investigados y esclarecidos. Es necesario poner a las personas víctimas, afectadas y sobrevivientes al centro del proceso de denuncia. Evitar la revictimización y brindar un servicio de calidad en los ministerios públicos y procuradurías estatales son acciones fundamentales para recuperar el valor y la viabilidad de las denuncias ciudadanas, así como para aumentar la confianza y credibilidad en éstas.

No hay que olvidar que la impunidad afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas en conflicto con la ley penal, entre otros grupos. Estas personas enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia y obtener reparación por los delitos que han sufrido. La falta de recursos económicos, la discriminación estructural y los estigmas sociales pueden dificultar aún más su capacidad para denunciar los crímenes y buscar justicia.

La respuesta a la impunidad no debe limitarse únicamente al castigo o a una visión punitiva de la justicia. Es necesario adoptar un enfoque más amplio que incluya la recomposición del tejido social y la reparación del daño causado. Esto implica hacer justicia de manera integral, evitando la revictimización de las personas afectadas por los delitos y promoviendo la implementación de un sistema de reinserción social que brinde oportunidades reales de rehabilitación y reintegración para quienes hayan cometido infracciones. En lugar de perpetuar ciclos de violencia y exclusión, es fundamental buscar soluciones que fomenten la reconciliación y la construcción de comunidades más seguras y equitativas para todos. EP

1. World Justice Project. Rule of Law Index. 2022. Pág. 122. [↩]
2. UDLAP. Índice Global de Impunidad, México 2020. Pág. 27. [↩]
3. https://impunidata.org [↩] [↩]

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.