¿Cómo han respondido a la pandemia los gobernadores rebeldes?

Dos especialistas del Centro de Pensamiento Transversal Incidencia Estratégica en Políticas Públicas analizan las Iniciativas frente al COVID-19 en los estados de la Alianza Federalista.

Texto de y 24/12/20

Dos especialistas del Centro de Pensamiento Transversal Incidencia Estratégica en Políticas Públicas analizan las Iniciativas frente al COVID-19 en los estados de la Alianza Federalista.

Más vale un mal arreglo que un buen pleito, reza el dicho. En ese entendido, el 2020 ha venido a desempolvar malestares históricos del federalismo mexicano, forjado en tensiones inherentes a todo arreglo federal. Por sí misma la naturaleza de los federalismos comprende estas tensiones y, hasta cierto punto, las exige para seguir funcionando dentro de un marco de condiciones geográficas, económicas, políticas y sociales profundamente heterogéneas, como en el caso mexicano. 

Las crisis que hoy vivimos en el país han alzado las tensiones entre los gobiernos subnacionales y el federal, impulsando la escisión de un grupo dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Alianza Federalista. La urgencia por dar respuesta a las crecientes demandas económicas, sociales y sanitarias en cada uno de los estados ha topado en la concurrencia de obligaciones entre los órdenes del gobierno “ahondando la descoordinación entre autoridades del país” (Cejudo, G; Álvarez et al 2020)

En este sentido, la evidencia presentada en el proyecto de Federalismo en COVID ha visibilizado la forma diferenciada en la que los estados han enfrentado la pandemia en aras de transitar a una nueva normalidad, conduciendonos a la cuestión de qué es lo que han hecho las entidades federativas frente a la crisis y aún más específicamente, qué diferencia existe con respecto a las entidades de la llamada Alianza Federalista.

En primer lugar, se encuentra que los 32 estados anunciaron un cúmulo de 629 instrumentos, de los cuales 218 fueron llevados por las entidades conformantes de la Alianza Federalista, es decir el 34.66%.

De entre los estados que emprendieron más acciones para paliar las afectaciones económicas y sociales de la pandemia se encuentran Zacatecas (50), Chihuahua (38), Guanajuato (37), Ciudad de México (35) y Yucatán (34), de los cuales 2 entidades son parte de la Alianza. Por otro lado, al observar la información con base en el promedio de 20 medidas anunciadas, se puede constatar que 5 de los 10 estados de la Alianza Federalista se encuentran por encima del dato. Por su parte, de los restantes 22 estados, tan solo 8 logran rebasar el promedio nacional, apuntando a una mayor iniciativa, indicativa más no afirmativa, de las entidades conformantes de la Alianza Federalista. 

En cuanto a la forma de actuar de los estados en estos dos bloques, se observa que las prioridades por tipo de instrumento a utilizar son variadas. Es así como la Alianza Federalista ha tendido al uso de los estímulos fiscales, con 32% de sus 218 medidas. Colima, Tamaulipas y Aguascalientes son las entidades con mayor porcentaje de medidas de este tipo. En cuanto a las medidas por apoyo económico, se encontraron 42 instrumentos entre los 10 estados de la alianza, siendo Jalisco y Chihuahua las entidades que más recurrieron a este tipo de apoyos.

Ahora bien, en términos de apertura y transparencia presupuestal se encuentra que para las 218 medidas de los estados de la Alianza Federalista, 155 (71%) no cuentan con un presupuesto asignado y tan sólo 68 (29%) han asignado un monto presupuestal. En comparativa, el resto de los estados no conformantes de la Alianza Federalista han transparentado el presupuesto de 304 medidas (74%). En términos generales se denota que la garantía de la transparencia en las medidas anunciadas y su rendición de cuentas es un asunto de baja relevancia. De entre los 32 estados, los peores posicionados en la materia son Puebla, Querétaro, Colima y Nuevo León. Por el contrario; Jalisco, Coahuila y Ciudad de México visibilizan el presupuesto de un 68%, 67% y 63% de sus medidas. 

La fuente de los recursos utilizados para la puesta en marcha de los instrumentos anunciados por los estados es otro de los atributos observados en el estudio. A partir de la visualización de los resultados es posible identificar que los gobiernos que conforman la Alianza Federalista han optado por el financiamiento completamente estatal en la mitad de sus medidas. Michoacán, Chihuahua y Jalisco lideran en cuanto esta forma de financiamiento con 100%, 92% y 73% de sus instrumentos; tan solo por debajo se encuentran Guanajuato con 55% y Aguascalientes con 53%. En contraste, observamos que el restante de 22 entidades tan solo anunció 163 acciones bajo términos de autofinanciamiento, lo equivalente al 40% de sus 411 medidas registradas. En otras palabras, los estados de los gobernadores rebeldes han optado o tenido que financiar más iniciativas con recursos propios que el resto de las entidades del país.  

Aunado a esto, la cifra sobre los recursos con fuente “no identificada” es de casi 50% en las medidas anunciadas por los estados que no conforman la Alianza Federalista. Este hecho resulta en el mejor de los casos preocupante, aunque comprensible por la premura con la que se anunciaron las medidas y la exigencia que estas tenían. Sin embargo, en ningún momento puede ser una excusa debido a los riesgos de corrupción que representan, bajo un contexto en el que la subutilización, desaprovechamiento y pérdida de recursos es más común de lo que se pudiera pensar en plena escasez. 

Por su parte, los medios utilizados para anunciar las medidas de las entidades por grupo encuentran diferencias significativas entre los gobernadores rebeldes y no rebeldes. Mientras que las medidas anunciadas por la Alianza Federalista se publican en más del 50% de las veces por periódico oficial, el resto de los estados informan a través de tres medios diferentes: Periódico oficial, el micrositio oficial por COVID-19 y la comunicación oficial a través de la página del estado. 

Este hecho refleja una realidad diferenciada entre las entidades, pues si bien más del 50% de las medidas han sido anunciadas por ambos grupos de gobernadores, no es lo mismo en términos programáticos la publicación de medidas en el periódico oficial y el resto de las plataformas oficiales (Web del gobierno o micrositio COVID-19). La publicación en el periódico oficial garantiza algunos componentes mínimos indispensables en la definición de los antecedentes, población objetivo, descripción del instrumento a implementar y actores involucrados en ello. En esa línea, los estados rebeldes mostraron una mayor preocupación por definir y estructurar medidas para facilitar la consolidación de los objetivos propuestos. Se encontró una mayor o menor accesibilidad a la información, así como una preferente claridad en cuanto a las formas, involucrados y sus medios de implementación de cada una de las acciones. 

En suma, la ausencia de un plan integral de medidas económicas y sociales con carácter nacional que implique la coordinación de los tres órdenes de gobierno ha derivado en un amplio abanico de medidas estatales dirigidas a distintos grupos sociales que, aunque parezca deseable, implica en muchos casos un desaprovechamiento de los recursos dado a la baja coordinación de iniciativas. 

En este sentido, los estados han articulado una diversa línea de acciones para hacer frente a una de las crisis más grandes de México, esto por supuesto, de acuerdo con las posibilidades de cada entidad. Los gobernadores rebeldes hicieron su debida proporción emprendiendo una tercera parte del total de medidas de las cuales, cabe señalar, más del 70% son completamente nuevas.

Sin embargo, una gran cantidad de las medidas carece de los elementos mínimos de transparencia para garantizar una mayor cobertura y aprovechamiento de los beneficios. Aunque la Alianza Federalista presenta un mayor número de instrumentos publicados en periódicos oficiales en comparativa con el resto de los estados, la claridad en cuanto al presupuesto a utilizar persiste como un problema en la mayor parte de los casos, siendo Jalisco y Coahuila los mejores librados en la materia (aun cuando no del todo). A este respecto, pareciera que tanto los gobernadores rebeldes como los no rebeldes, resultan igualmente opacos en la transparencia de sus recursos.En los últimos meses se ha visto una notoria disminución de los esfuerzos estatales por anunciar nuevos  instrumentos en apoyo de las poblaciones afectadas por la crisis que se vive, tal hecho era predecible por la duración y desgaste ocasionado de la pandemia, no obstante  una coyuntura tan politizada como la actual, exige una vigilancia de lo ya instrumentado para garantizar la transparencia, institucionalización y fiscalización de las medidas en vista de una efectiva respuesta a los crecientes problemas de las entidades del país. EP

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