Colombia acaba de vivir una semana de pesadilla. A las principales ciudades del país llegó un torbellino: una mezcla letal de violencia y descontento. Las calles se inundaron de manifestantes que salieron, entre el 28 de abril y el 1º de mayo, para mostrar su descontento con el gobierno de Iván Duque. Lo que en principio era una marcha pacífica se transformó en una durísima confrontación entre los civiles y la fuerza pública. Aún no hay cifras confirmadas, pero se habla de decenas de heridos —sobre todo estudiantes— y de por lo menos diecisiete muertos. La violencia de estos cuatro días es estremecedora pero de ninguna manera sorpresiva.

El gobierno de Duque, que empezó en 2018, ha estado marcado por las protestas. A comienzos de 2019 hubo un paro nacional de enormes dimensiones, tal vez el más largo en la historia del país. Luego vino la pandemia que terminó de calentar los ánimos: a un encierro prolongadísimo se sumó una situación económica desastrosa. Esta semana, precisamente, el DANE (el Departamento Administrativo Nacional de Estadística) publicó unas cifras que muestran a un país arrasado. La pobreza aumentó 6.8 puntos porcentuales y llegó al 43.5%. Lo que significa que hay 21 millones de pobres. A esto se suma la falta de empleos y la caótica situación de la migración venezolana.

Pero la gota que derramó la copa llegó por una falta de cálculo del gobierno. Desde comienzo de año, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla (quien anunció este lunes 3 de mayo su dimisión), anunció que los colombianos tendrían que sacar de su bolsillo para superar la compleja situación financiera y la deuda pública. Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno ha tenido que dar alivios económicos a muchas empresas y subsidios a los ciudadanos más pobres. Así, Carrasquilla y su equipo empezaron a trabajar en una reforma tributaria que presentaron al Congreso a finales de abril.

El rechazo en contra de la propuesta del gobierno fue total. Entre otras, porque la reforma proponía gravar con IVA los servicios funerarios, aumentar los impuestos a la gasolina, quitarle beneficios al cine y ampliar la base gravable a personas con un salario de 2,600.000 pesos (unos 800 dólares mensuales). De inmediato empezaron las críticas pero Duque, Carrasquilla y los demás funcionarios continuaron con el proyecto. La situación llegó a niveles grotescos: Carrasquilla no pudo responder en un programa de radio cuánto cuesta hoy una docena de huevos en los mercados. El ministro es un economista reconocido, una de las fichas más fuertes del equipo de Duque, pero no logró explicar al país las razones de su reforma. El gobierno, además, decidió pasar la propuesta para la aprobación del Congreso exactamente al mismo tiempo que hay un aumento de contagios de Covid y nuevas cuarentenas estrictas.

Así se fue armando la tormenta perfecta. Los partidos de oposición (que hoy son casi todos), los sindicatos, los estudiantes y muchas figuras públicas promovieron un paro nacional para el 28 de abril. Duque decidió ignorar la convocatoria y pidió que la gente se quedara en casa respetando la cuarentena. Su actitud poco conciliadora encendió los ánimos y prendió la mecha. Desde el inicio de su gobierno, Duque ha mostrado poca experiencia para manejar las crisis y en este caso volvió a equivocarse: el sábado en la noche ordenó la militarización de todas las ciudades principales. Esta orden presidencial calentó todavía más los ánimos.

Las escenas de violencia que se vivieron a partir de entonces, en particular en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, fueron la respuesta a la actitud obtusa del presidente. Duque militarizó las ciudades y ofreció mano dura contra los manifestantes en un principio. Esperó hasta el 2 de mayo en la tarde, cuando el país estaba en llamas, para anunciar el retiro de la reforma tributaria. Su capital político está en el suelo y la pregunta es qué tan herido quedó su gobierno, al que le queda un año y medio. El lunes 3, en la mañana, Carrasquilla presentó su renuncia pero esta todavía no ha sido aceptada.

Las consecuencias de estas protestas también están por verse. Los ánimos siguen prendidos y el retiro de la reforma no parece satisfacer a nadie: muchos piden la renuncia de Duque (algo que seguramente no va a ocurrir). Sin embargo, algunos analistas hablan de su gobierno como un barco en pleno hundimiento. El paro también ha fortalecido a dos figuras antagonistas de la política nacional y sus discursos extremos. Gustavo Petro, el líder de la izquierda más radical, ahora puntea las encuestas para las elecciones presidenciales de 2022. Mientras que el expresidente Álvaro Uribe, jefe de la derecha, pide una respuesta más contundente en contra de los manifestantes, a quienes llama “vándalos”: quienes no están de acuerdo con las protestas apoyan esta mando duro. Además, no se sabe cuánto aumentarán los contagios de Covid después de una semana de aglomeraciones. Los médicos ya advirtieron que se puede venir la ola más cruda de la pandemia, lo que sería desastroso.

Y, lo peor de todo: nadie responderá por las víctimas, los heridos, los destrozos, la violencia y el resentimiento que parece no tener fin en Colombia. EP

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