El derecho a la información, la protección de datos, la privacidad y la ciberseguridad en México hacia el 2030

El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Avanzar en la digitalización en México y en los retos tecnológicos futuros, coordinada por Susana Chacón y Mateo Lejarza.

Texto de 22/01/24

El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Avanzar en la digitalización en México y en los retos tecnológicos futuros, coordinada por Susana Chacón y Mateo Lejarza.

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Diagnóstico

Para situarnos en el estado actual del derecho a la información que deriva en la protección de datos y en la ciberseguridad, es conveniente empezar con una reflexión sobre la información y los derechos derivados de ella.

Cada momento de nuestra existencia producimos y consumimos información; el advenimiento generalizado del uso de medios digitales y sus aplicaciones sirven para mediar las relaciones sociales y en general dar cuenta de las acciones personales y conocer lo que, en nuestro entorno, el Gobierno y las empresas producen. Exigimos derecho a ser informados, pero no conocemos lo límites de publicidad de la información o los límites de nuestra privacidad.

“Cada momento de nuestra existencia producimos y consumimos información…”

En esta ola vertiginosa, en el contexto de un mundo supuestamente uniformado y normalizado, nuestro país no se ha quedado atrás y se han organizado infinidad de foros sobre el derecho a la información, así como nombrado muchas acciones para garantizarlo; incluso se creó una institución cuya responsabilidad se supone que es ser la garante de la información que producen los hechos e historias de los gobiernos y los individuos que trabajan para ellos: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). De hecho, nos jactamos de tener una de las legislaciones más avanzadas en la materia, pero la realidad es otra, la existencia del INAI y de los otros dos organismos autónomos: se supone que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en conjunto deberían salvaguardar el derecho a la información, la privacidad y orientar a los ciudadanos para proteger su información digital, de manera que, ya sean productores o consumidores de información, al ejercer su derecho lo hagan sin sesgos que impactan en la vida cotidiana de nuestro país.

Para ejercer nuestro derecho a la información hay reglas que se contradicen, pues se pensaría que por el hecho de estar plasmado en una constitución ya es un hecho sin restricciones. Sin embargo, las trabas tienen diferentes orígenes, como la seguridad nacional, la competencia económica, la privacidad y, la menos mencionada en la pléyade de foros, la forma de entrega de la información, la cual debe contener dos elementos clave: la calidad y oportunidad.

Para esta sociedad, el derecho a la información es tan importante como el derecho al agua. El primero es la guía de la evolución económica, social e histórica, y el segundo mantiene nuestra vida en el planeta. Al derecho a la información se debería agregar el calificativo de ‘calidad’; por continuar con el símil del agua, si tomamos agua no apta para el consumo humano, nos enfermamos irremediablemente. Para el caso de la información, hoy seguimos con trompicones al respecto de cómo se ejerce el derecho a la información y los aderezamos con aspectos intangibles y contradictorios para mantener supuestamente a la información impoluta, inamovible, pero no aseguramos que al acceder a la información esta sea oportuna y de calidad. Mencionar calidad implica veracidad y que no sea alterada desde el momento y contexto en que se produce y consume, es decir, la integridad.

La información es un elemento de intercambio económico y de poder. El derecho a acceder a ella es visto en muchos casos como una situación incómoda o inoportuna para aquel que la produce o solo la conoce desde su círculo de confianza.

Debido a lo anterior, existen cotas a su ejercicio; por ejemplo, las resoluciones respecto a información “reservada” que representa dos cosas desde el punto de vista de nuestra sociedad: la primera, los que tienen la exclusividad de conocer cierta información obtienen cierto poder sobre un hecho que los demás desconocen y lo usan para ofuscar un acto o para mantener su estatus de poder o su prevalencia sobre un activo que representa un beneficio no tan solo económico. La segunda, aquellos que desean conocer el contenido de la información reservada por lo general obtendrán una negativa que, además de indignación, genera tensión porque su acción puede poner en riesgo la seguridad de una institución o del Estado mismo. Esta primera tensión que no se puede resolver es debido a que el Estado argumenta, por lo general, que es un asunto de “seguridad nacional” y ante eso no hay forma de desclasificar la información. Aquí entra el otro elemento que acompaña a la información: los mecanismos de seguridad que se aplican para mantener su integridad.

Al no poder tener acceso empiezan las acciones para obtenerla y esto lleva a vulnerar, en ciertos casos, la custodia de la información tal como se concibió debido al medio en que está asentada. Si es información no digital, la seguridad de la información toma causes de control de acceso físico a tal información. Pero si la información fue producida primariamente de forma digital o migrada a un medio digital y almacenada en dispositivos tipo servidores de cómputo, entonces estamos en el terreno de la ciberseguridad.

Queremos información y es nuestro derecho; sin embargo, al ser la información un elemento valioso desde el punto económico y social, se aplican reglas que niegan el acceso a esta, y entonces la situación es ambivalente y revuelta. Esto trae como consecuencia la mezcla de todos los estados de la información: su producción con los productores y sus medios de entrega y su apropiación con los receptores y sus patrones de consumo, además de la preservación histórica sin alteraciones.

El uso generalizado de internet como complemento o sustituto de los tradicionales medios de comunicación, en donde todo mundo puede ser productor y consumidor de información al mismo tiempo, no es tan utópico y democrático, pues son unos cuantos a nivel mundial quienes son dueños de los medios en donde se despliega.

“La información es un elemento de intercambio económico y de poder.”

La ilusión de las redes sociales es eso, una ilusión, pues las plataformas de expresión pertenecen a unos cuantos corporativos cuya residencia se encuentra, por lo general, en Estados Unidos.  En esta ilusión nuestro consumo de información se convierte en indiscriminado y no tomamos en cuenta el binomio de calidad-oportunidad. Hay un alto consumo de información proveniente de rumores creados desde los medios, mismos que pueden impactar otro de nuestros derechos: la privacidad. Y, en algunos casos, debido a los rumores difundidos en plataformas y medios se vulnera de facto el derecho a una información oportuna y de calidad, y todo por tener una ganancia económica.

Si tomamos en cuenta que McLuhan también destacó el papel de los medios de comunicación en la creación de nuevas formas de conocimiento, los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que imponen agendas sociales, económicas y, la más importante, el tratamiento de la democracia.

El reto futuro está en proteger el binomio privacidad-exposición de un individuo, pues en los discursos de nuestra época y sobre todo de los corporativos y Estados (con los aparatos estructurales encargados de su salvaguarda) nos hacen ver que la privacidad en esta era digital es un concepto anacrónico y se perfila como una renuncia a la privacidad de un individuo en pos del bien común y en esta renuncia se pierde hasta la intimidad como un derecho irremediablemente vulnerado. La vigilancia tiene un impacto significativo en nuestra sociedad. En primer lugar erosiona nuestra privacidad y llega a vulnerar su intimidad, sobre todo cuando las empresas saben tanto sobre nosotros que es difícil mantener nuestro anonimato.

Por ello, en nuestra sociedad alentamos el robo de la información con la organización de “hackathones” que enseñan a burlar la ciberseguridad de la información, sea esta valiosa o no, lo que es publicitado como un triunfo del derecho a la información y los individuos entrenados se convierten tácitamente en piratas digitales (hackers) vistos como paladines. Esto es un poco consecuencia de la limpieza de imagen de los “pichilingues”, mercaderes de esclavos de los siglos pasados y del presente y que ahora pasan por héroes de las pantallas de entretenimiento.

En esta situación ambigua de nuestro derecho a la información, en donde se conjugan los dueños de medios y plataformas digitales, se afirma que el capitalismo está en otra etapa debido a la producción y acumulación de información como un bien de capital y se invita a pensar en la evolución del capitalismo con el adjetivo de “semántico”, o también como “hipercapitalismo”, o en la concepción de Zuboff,1 como “capitalismo vigilante”, y se da esta concepción de transformación social ante el uso de la información como una nueva mercancía debido al ingenio tecnológico de los últimos 50 años del siglo XX: la computadora. Es, pues, a raíz de la existencia de las computadoras como garantes de la información que día a día producimos información en nuestro quehacer humano y sus interpretaciones son nuevas formas de acumulación y explotación.

Por esta razón, el derecho a la información, tanto de otros individuos o colectivos como el que producimos nosotros mismos, debe ser garantizado. Para ello es necesario considerar algunas de las paradojas actuales en esta relación de “derecho–bien de capital–consumo”, pues por un lado exigimos la privacidad de un ciudadano en sus acciones sociales (incluyendo las llamadas redes sociales digitales) como el derecho irrestricto a la persona y su historia digital y su derecho al olvido, pero al mismo tiempo queremos tener toda la información de ese mismo ciudadano para asegurarnos que no socava las instituciones públicas o privadas, pues la vigilancia ya no es un asunto solo de los estados nacionales, sino de los corporativos que en una especie de “oligopolio de medios de despliegue” se benefician con la información. Otra paradoja también es cuando el ciudadano entrega información de forma voluntaria que posteriormente será usada como mercancía por los corporativos o cuando la información termina en las fuerzas del orden público para acciones a favor o en contra del propio ciudadano; o peor aún, cuando el ciudadano usa la información de otro para beneficiarse de forma personal o colectiva.

“[…] los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que imponen agendas sociales, económicas y, la más importante, el tratamiento de la democracia.”

¿Cómo está México?

Podemos decir que nuestro país está envuelto en situaciones especiales, pero no son más allá del fenómeno global creado por el poder económico de corporaciones extra-Estados nacionales. Dicho más específicamente, son los corporativos asociados a la venta y explotación de significados y herramientas de información los que tienen el control sobre ciudadanos y Estados. Normalmente se conocen como “los cuatro grandes”: Meta, Alphabet, Apple y Microsoft; y muy cercanas a ellas, y en pacto comercial, todos los fabricantes de infraestructura como Cisco, Ericsson, Huawei, ZTE y Nvidia. Asociados a estos grandes corporativos transnacionales también está la existencia de las empresas nacionales que imponen los temas y discusiones nacionales a través de contenidos específicos que socavan otro de los derechos asociados a la información: el derecho de las audiencias.

Es importante hablar sobre el derecho de las audiencias, pues este derecho es necesario debido a las prácticas que de forma común aplican los medios de comunicación a los usuarios al ser sometidos a “infomerciales” o información falsa o no verificada, sin distinguir su origen e informar a la audiencia, y estas situaciones se pueden agravar con el uso intensivo de la inteligencia artificial o por una mercantilización de los derechos fundamentales como el derecho a la banda ancha que se consigna en el artículo sexto de nuestra constitución. Si bien el derecho de las audiencias también se encuentra reconocido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), después del fallo de la corte de 2021, en donde se desconoce la reforma del 2017 que debilitaba el derecho de las audiencias debido a que habían desaparecido 16 de las 32 defensorías (una por entidad federativa), se recupera la obligación de contar con una defensoría por entidad federal, pero a la fecha no se ha logrado que las defensorías monitoreen el contenido de los medios de forma adecuada.

Por otro lado, ya se mencionó el derecho a la banda ancha consignado en el artículo sexto de la Constitución, pero no se ha aterrizado en beneficios concretos para las poblaciones más desprotegidas de nuestro país; además, con este derecho sucede lo mismo que con el derecho a la información: no se especifica la calidad de la red ni se actualiza de acuerdo a la evolución tecnológica el significado de “banda ancha”, lo cual debería ser una obligación del IFT. Aunado a esta problemática, en muchos lugares del país se instala un servicio donde la calidad y confiabilidad de la banda ancha es inexistente. Con ello continuamos creando brechas por la existencia de nuevas y viejas tecnologías digitales que se reflejan en la falta de conectividad en poblaciones alejadas, ya sea por la geografía o por condiciones de segregación que van desde poblaciones con otra lengua original diferente al español hasta la pobreza extrema, sin dejar de lado las razones económicas de los operadores para no prestar el servicio. Esta situación en el símil mencionado de la información y el agua es como no contar con tuberías para tener agua potable o tener tuberías viejas que transportan agua de mala calidad para el consumo humano.

Para ejercer los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la información, es necesario que el Estado provea los medios para que los habitantes puedan ejercerlos y beneficiarse de los mismos. Sin embargo, a diferencia de los habitantes que nos precedieron en el tiempo, nuestras sociedades actuales están sometidas a la fuerte dependencia de la energía eléctrica y, por lo tanto, a la calidad y disponibilidad de la misma. Por ello, las poblaciones, al verse forzadas a tener que usar computadora y redes de comunicación para casi toda actividad de su vida tanto en los ámbitos económicos, de salud y educación como en los de entretenimiento y acceso a la información, deben tener también un buen acceso a la energía eléctrica, ya sea generada de manera convencional o con fuentes alternativas.

Es importante considerar que las redes de telecomunicaciones integran casi toda la información que se produce y eso implica que la información producida se registra de forma digital, lo que permite a cada segundo de nuestra existencia almacenar y recordar hechos o simplemente crearlos y hacerlos pasar como si hubiesen sucedido en nuestro devenir. Aquellas comunidades que no tengan acceso a las redes de comunicación y a artefactos que les permitan capturar su vida cotidiana reciben una mirada de reprobación en su “evolución social”, pero lo importante no es tan solo la mirada de discriminación selectiva causada por la ausencia de redes de telecomunicaciones, sino el hecho de que se les priva del ejercicio de su derecho al acceso a la información veraz y en muchos casos en sus lenguas originales, pues es típico el tratamiento simplista que se presenta por parte del Estado en el cumplimiento del derecho a la información y que es precisamente brindar a la población el acceso a medios electrónicos sin importar la calidad y esto sucede desde la radio hasta plataformas digitales para el intercambio de los sucesos de nuestra vida cotidiana.

“El derecho a la información es más complejo que la simple conectividad, pues la información está determinada por el tipo de medio…”

El derecho a la información es más complejo que la simple conectividad, pues la información está determinada por el tipo de medio, el cual a su vez determina la esencia del mensaje y crea nuevas formas de pensar y entender el mundo, lo que lleva a poner adjetivos indispensables a la información: veracidad y calidad y en el idioma original de cada comunidad. Para ello se requiere que el Estado, empresarios y la sociedad civil garanticen que la información producida, difundida y almacenada cumpla con, al menos, ser oportuna, en lengua original, veraz y de calidad, y sea salvaguardada de toda alteración.

Con este panorama, ¿cómo construir estrategias para que el Estado mexicano fortalezca la confianza en la privacidad que conlleva el derecho a la información ante las acciones del Estado y de particulares que interactúan con los ciudadanos, y ante la misma relación de la población con su comunidad? Para garantizar en un futuro la equidad en el derecho a la información surgen dos preguntas que deben derivar en políticas públicas: ¿en dónde se mantiene abierta la información a disposición del ciudadano?, y ¿cómo se mantiene segura esta información? 

¿Dónde se encuentra la información?

Para buscar posibles acciones que permitan crear una serie de estrategias y políticas públicas, reconozcamos que antes de la existencia masiva de las computadoras y del despliegue digital de las redes de telecomunicaciones los lugares para acceder a la información pública eran los archivos estatales, archivos judiciales, registro de la propiedad y registro civil o el archivo general de la nación. Un lugar físico que, una vez perdido un documento, se perdía para siempre la información. Parte del derecho a la información es seguir manteniendo esos espacios físicos con la debida atención y cuidado, pues actualmente muchos de ellos, en una especie de “fiebre por la digitalización”, están descuidados, sujetos al maltrato y posible desaparición. Los hechos actuales del Estado mexicano deberían tener un sustento físico, aunque la información original fuese producida en forma digital.

¿Dónde se encuentra la información digital que producen ciudadanos y el Estado? Esta es difícil de ubicar debido a que los corporativos que brindan servicios de almacenamiento o captan información a través de sus plataformas digitales ubican sus centros de datos allende fronteras. Aquí hay un problema legal de facto, pues los datos del Estado mexicano están en territorio fuera de sus fronteras y sujetos a fiscalización de otros Estados o particulares, situación que vulnera la confidencialidad de la información.

Esta es la primera arista del derecho a la información, es decir, la ubicación de la información y almacenamiento ya sea físico o digital. Al respecto sobre la seguridad de la información se puede afirmar que, en esta era del capitalismo semántico, la información significa un capital en primer lugar para el ciudadano y después para las empresas. De ahí se desprenden conceptos que típicamente se confunden, por ejemplo, la seguridad de la información y su subconjunto: la ciberseguridad. O seguridad de información con privacidad y derecho a la información. Ambos se refieren a la protección de la información, pero hay algunas diferencias clave entre ellos.

¿Cómo se mantiene segura la información?

La seguridad de la información es un concepto más amplio que la ciberseguridad. Se refiere a la protección de toda la información, tanto digital como física. Incluye la protección de datos personales, secretos comerciales, información financiera y cualquier otro tipo de información que pueda ser valiosa o confidencial.

La ciberseguridad, por su parte, se centra en la protección de la información digital. Incluye la protección de redes, sistemas informáticos y dispositivos contra intrusión en sistemas digitales. Los ataques cibernéticos pueden tener un impacto devastador en las organizaciones y en el Estado y hoy, en México, existen acciones descoordinadas entre las diversas organizaciones que se dedican a responder a intrusiones en los sistemas digitales y los posibles daños o robos de información. Estas organizaciones son conocidas como Equipos de Respuesta ante Emergencias Computacionales (o CERT, por sus siglas en Inglés) y se ubican en la seguridad nacional, academia y sector financiero. La ausencia de una coordinación nacional así como de una estrategia nacional sobre la “ciberresiliencia” nos deja hoy vulnerables a ataques y robos de identidad donde el sector financiero sufre día a día acciones delictivas desde muchos puntos del planeta y donde los mexicanos son víctimas que ponen en riesgo su patrimonio económico o la integridad e intimidad de su información personal.

“Los ataques cibernéticos pueden tener un impacto devastador en las organizaciones y en el Estado…”

Límites

Uno de los límites del derecho a la información es el derecho a la privacidad. Las personas tienen derecho a que su información personal no sea divulgada sin su consentimiento, pero las plataformas digitales, para registrarse en ellas, usan contratos de adhesión que obligan a las personas a que den su consentimiento de forma tácita y eso no está regulado de forma adecuada en nuestro país, ni por INAI, COFECE o PROFECO o IFT; es una zona gris sin acciones concretas cuyas limitaciones provienen de lagunas legales en las leyes o vacíos de interés por parte de las instituciones anteriormente mencionadas. En sí, la privacidad de un individuo es asunto de varias agencias del Estado y no de una sola como a la fecha se pretende que sea.

Otro límite del derecho a la información, como ya se argumentó anteriormente, es la seguridad nacional y la información reservada por su valía o posible impacto en la credibilidad y estabilidad del Estado. La mayor preocupación reside en el impacto de la cibervigilancia en la democracia; la vigilancia corporativa puede utilizarse para manipular y controlar a los ciudadanos. Cuando los corporativos tienen mucha información de cada persona pueden utilizar dicha información para influir en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esto implica que el IFT debe educar y alertar a la población sobre el uso de las plataformas digitales y también debe tener un mandato claro para regularlas.

En el contexto de México 2030, los datos serán aún más importantes para el desarrollo del país. La economía digital crecerá y las empresas utilizarán los datos para mejorar sus productos y servicios. El Gobierno utilizará los datos para mejorar la prestación de servicios públicos. Los ciudadanos utilizarán los datos para tomar mejores decisiones sobre su vida. Si se crea una adecuada estrategia digital entre el Gobierno, las empresas y los ciudadanos, los datos y la información que se deriva de ellos pueden ayudar al país a alcanzar su máximo potencial. Por todo lo expuesto, el Derecho a la Información, la Protección de Datos, la Privacidad y la Ciberseguridad en México son un asunto colectivo. Pero el Estado mexicano debe tomar en cuenta que los corporativos de plataformas digitales de información, en su mayoría, tienen operaciones extraterritoriales y deberán de ser más vigilados en los próximos años si no queremos perdernos en un mar de desinformación, pues algunas profesiones y actividades emergentes, como los data brokers,2 sin una adecuada regulación seguirán explotando la información de los mexicanos sin que ellos tengan una retribución por el hecho de crear datos e información personal y colectiva.

Hacia el 2030

Es importante que el Gobierno mexicano desarrolle, por un lado, políticas públicas que regulen el mercado de datos personales de manera que protejan la privacidad de los ciudadanos y promuevan el uso ético de los datos y, por otro, aliente el desarrollo de datos abiertos no tan solo del Gobierno en sus tres niveles, sino de los corporativos, incluso a través de la creación de una “bolsa de valores de datos”, un regulador de transacciones entre data brokers y ciudadanos. En México, estas tendencias podrían tener un impacto significativo en el mercado de datos personales. Si bien todavía no está claro cómo se implementarán estas tecnologías, es probable que generen debates sobre la privacidad, la transparencia y la equidad.

Para el caso de los datos abiertos proporcionados por los tres niveles de Gobierno, desde 2011 México ha promovido y forma parte de Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Sin embargo, no se ha dado continuidad y los conjuntos de datos han perdido vigencia, debido, entre otras cosas, a la falta de consenso entre los diferentes actores involucrados en la política de datos abiertos en México, a lo que se añade la falta de recursos y la resistencia al cambio por parte de algunos actores del Gobierno federal y los Gobiernos estatales y municipales que han dificultado el desarrollo de una política de datos abiertos coherente y efectiva.

“Es importante que el Gobierno mexicano desarrolle […] políticas públicas que regulen el mercado de datos personales de manera que protejan la privacidad de los ciudadanos…”

Para estar a la vanguardia, México debe seguir invirtiendo en el desarrollo de ciencia de datos y en la capacitación de los trabajadores en estas tecnologías. También debe desarrollar políticas que apoyen el uso ético y responsable de estos, retomando los repositorios de datos abiertos.

Adicionalmente se proponen las siguientes acciones de gran escala:

  1. Crear un centro nacional para la coordinación de los equipos de respuesta ante situaciones de emergencias computacionales (CERT).
  2. Contar con una política sólida de datos abiertos para fortalecer el desarrollo ciudadano, la democracia y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, entre otras. Evitar regular tecnologías y legislar para aclarar las zonas grises de competencia entre IFT, COFECE, INAI y PROFECO respecto a las aplicaciones del mundo digital y no ver todo como mercados, sino como política pública.
  3. Crear leyes específicas para los ciberdelitos de robo de identidad y modificación de datos e información.
  4. Modificar la ley y las atribuciones del IFT para que pueda intervenir en la regulación de los mercados de contenidos digitales.
  5. Alentar el desarrollo de energías alternativas para alimentar los equipos de telecomunicaciones en regiones donde el suministro es inestable o nulo.
  6. Crear planes de respuesta ante desastres naturales que le permitan a la población tener disposición inmediata al acceso a redes de telecomunicaciones y mantener así su derecho a la información.
  7. Crear observatorios ciudadanos para mantenerse al tanto del ejercicio de los derechos de las audiencias, pues no todas las defensorías operan de forma adecuada. Un buen programa de gobierno será incluir herramientas de inteligencia artificial para ayudar a las defensorías a monitorear los contenidos de todos los medios de comunicación de su región y comenzar a ordenar los mensajes en plataformas como Facebook, X, Instagram, que en algunos casos trasmiten mensajes que dañan la democracia y encubren productos comerciales disfrazados de información pseudo-científica.
  8. Crear copias físicas de documentos digitales para la consulta en los archivos que el Estado mexicano administra para, en caso de un ciberataque, contar con un respaldo físico de los datos y la información.
  9. Reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La ley actual es demasiado permisiva con la recopilación y el uso de datos personales por parte de las empresas que acopian datos “ofuscados” para beneficio propio. Una reforma podría establecer límites más estrictos sobre la recopilación y el uso de datos personales, y podría fortalecer los derechos de los individuos a controlar sus datos personales. Incluso es necesario regular la operación de los databrokers.
  10. Invertir en infraestructura digital 5G, 6G y Wifi6. Esto incluye la expansión de la cobertura de internet  para proveer banda ancha. Pedir al IFt que actualice semestralmente las velocidades que los proveedores deben ofertar, incluyendo al Gobierno para considerar el servicio de banda ancha.
  11. Mantener centros de datos del Estado y para uso de los mexicanos en territorio nacional.
  12. Promover la innovación. Esto incluye la creación de incentivos para la investigación y el desarrollo, y la capacitación de los trabajadores en nuevas habilidades tecnológicas.
  13. Desarrollar casos de uso para nuevos datos. Esto incluye trabajar con la industria privada para desarrollar aplicaciones que beneficien a la economía, la sociedad y al Gobierno.
  14. Reconocer las redes de telecomunicaciones como infraestructura y no como un mero servicio, pues a partir de su existencia se produce la transformación social, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Si se regula la infraestructura, se tendrán verdaderas inversiones en el sector de telecomunicaciones, pues el despliegue de la misma debe estar a cargo de cada operador y no solo de los operadores elegidos como preponderantes. EP
  1. Zuboff, S., The Age of Surveillance Capitalism. Public Affairs, 2019, NY. []
  2. Son individuos o empresas que recopilan y venden datos personales; están evolucionando en el contexto de las nuevas tecnologías, como las criptomonedas e IoT. []
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