Tengo autonomía, yo soy mía: avances y retos en la agenda de género en México

En esta primera entrega sobre los retos y los insuficientes avances de la agenda de género en México, la economista Aranxa Sánchez aborda la relación que tienen los feminismos con el derecho a la vida, a la salud y a una vida sin violencia.

Texto de 25/04/22

En esta primera entrega sobre los retos y los insuficientes avances de la agenda de género en México, la economista Aranxa Sánchez aborda la relación que tienen los feminismos con el derecho a la vida, a la salud y a una vida sin violencia.

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Trataré de resumir en dos entregas la amplia agenda feminista, esto mediante un recuento de la manera más objetivamente subjetiva de cómo algunos derechos humanos establecidos en la ley mexicana no son suficientes para el tamaño de las exigencias que noto en mi día a día, considerando de manera especial la manera que tengo de ver el mundo. En un mundo globalizado, siento mi fragilidad.

Feminismos

A casi 200 años de la primera ola del feminismo, es imprescindible reconocer las diferentes corrientes de pensamiento (feminismos) que existen actualmente sobre el movimiento. Reivindicando que, aunque tenemos objetivos comunes: desarmar al patriarcado, las mujeres hemos llegado a articular, tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de exigencias y nos hemos organizado para conseguirlas.

Todas las experiencias que tenemos como mujeres son mediadas por nuestras diferencias sociales, culturales y económicas; de tal manera, que la interseccionalidad con factores como el color, la sexualidad, la religión, la clase, entre otras en un determinado contexto deben considerarse.

De manera personal, me identifico más con el ecofeminismo, el abolicionismo y lo materialista de la diferencia; pero, igualmente, comparto ideas con otras corrientes. De esto, vale la pena destacar que las corrientes deberían servir para construir puentes y no etiquetas o barreras. Nuestro principal reto será construir y mantener esos puentes.

Autonomía

La libertad de escribir nuestra propia historia. En otras palabras, la autonomía en toda la amplitud de la palabra; es que las mujeres podamos contar con todos los recursos necesarios, la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan nuestras vidas.

Esta autonomía, a su vez, puede dividirse en autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones y en la autonomía física. Cada una de ellas se interrelaciona, de tal manera que no se puede alcanzar plenamente una autonomía sin la otra. Para mí, el alcanzar esa autonomía es el objetivo final de cualquier exigencia feminista. Como decía Simone de Beauvoir, en este sistema “no se nace mujer, se llega a serlo”.

Del derecho a nacer hacia el derecho a no morir

Si bien culturalmente en México no nos matan antes de nacer por nuestro sexo (como en países asiáticos); el nacer y sobrevivir es un reto diario de vida o muerte. El término feminicidio surgió en México como una adaptación del término en inglés, impulsado por la feminista y política Marcela Lagarde.

En México, ocurren 10 feminicidios al día (como nos lo recordó un globo aerostático en la CDMX). El gobierno mexicano creó en el año 2015 el mecanismo “Alerta de violencia de género” para garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

A la fecha se han declarado 25 AVGM en 22 entidades del país (de un total de 32), que incluyen 643 municipios. Desde el año 2017, la activista María Salguero creó un mapa interactivo en Google Maps que muestra los feminicidios ocurridos en México. Por su parte, INEGI y ONU Mujeres desde el 2019 comenzaron a desarrollar un marco estadístico sobre estadísticas delictivas con perspectiva de género, con énfasis en feminicidios.

Este nivel de feminicidios implicó también que el primer semestre del 2020 (que coincide con la temporada de confinamiento obligatorio por la primera ola de Covid-19 en México) ha sido el más violento al menos de los últimos 30 años, con una tendencia a la alza desde sus registros desde el año 1985. Mientras el mundo lucha contra el impacto económico diferenciado de la pandemia de COVID-19, una pandemia de feminicidios acaba con la vida de mujeres y niñas en todas partes.

Del derecho a la salud hacia el derecho a conocer y decidir sobre mi cuerpo

La ciencia no es objetiva ni neutral. Existe una diversidad de factores biológicos que nos ocurren sólo a las que tenemos útero. Comenzaré con la menstruación, pues es la primera en aparecer y nos acompaña alrededor de 40 años en nuestra existencia. 

La menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, cuando las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras, espacios libres de discriminación/burlas y recursos eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su menstruación con dignidad. Por años la menstruación ha sido un tema tabú en el mundo, incluido México. 

Personalmente, he tenido el placer de co-fundar con varias activistas la agrupación Menstruación Digna México para establecer a la menstruación como un tema de agenda pública. Hay muchísimas acciones que tomar para lograrlo, empezando por dejar de usar eufemismos para nombrar a la menstruación.

En el año 2021 logramos la tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA),con entrada en vigor en enero 2022, en los productos de gestión menstrual (PGM): toallas, copas y tampones tras un arduo trabajo colectivo desde el año 2020 a través de la colectiva, el Congreso de la Unión y la SHCP. Pasando de una tasa del 16% al 0%, con un efecto real de una disminución del 10% en los precios (debido a la inflación actual aproximada del 6%), a la cual se puede dar seguimiento de manera cotidiana a través de la página de Profeco.

Sin embargo, existen decenas de políticas públicas y privadas por realizar como la gratuidad de los PGM (aprobada en Michoacán pero sin recursos aún para su ejecución), la licencia laboral y escolar por síntomas graves por enfermedades relacionadas (endometriosis, ovario poliquístico, adenomiosis, dimenorrea), la generación de datos del perfil sobre menstruación de las mexicanas, la educación menstrual en las escuelas, el seguimiento a los precios de los PGM, las prácticas monopólicas de las empresas que producen los PGM, entre otras.

Con la menstruación, también es posible embarazarse. Si bien existe actualmente una variedad de anticonceptivos, la mayoría de estos son destinados a introducir algo al cuerpo femenino: existe un sesgo de género en la industria farmacéutica que nos genera graves problemas hormonales en los cuerpos de nosotras. Fomentando una cultura no corresponsable del potencial embarazo.

Si bien la píldora anticonceptiva permitió que las mujeres pudieran tener mayor control de su capacidad reproductiva, esta tecnología de la reproducción también participa en las dinámicas patriarcales. Les toca a ellos responsabilizarse y utilizar métodos anticonceptivos (como la inyección vasalgel).

“En México persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres”.

Por otra parte, cuando no fue posible utilizar un método anticonceptivo, pero tampoco se desea el embarazo; la interrupción legal del mismo (ILE) es imprescindible. En México persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. 

En México, la Constitución prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; es decir, el derecho a la autonomía reproductiva. A pesar de ello, el aborto está regulado como un delito y dado que la materia penal suele corresponder al ámbito local, cada uno de los códigos penales de las 32 entidades lo legisla de manera distinta. La causal por violación sexual es la única contemplada en todas las entidades federativas y sólo en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa  a partir de julio 2021, el aborto voluntario está despenalizado durante las primeras 12 semanas de gestación. La marea verde está creciendo.

A pesar de ello, la batalla no termina allí. Incluso en localidades donde ya es legal la interrupción del embarazo; existen prácticas de clínicas privadas como ofrecer un falso diagnóstico para vender el servicio o la manipulación de organizaciones de la sociedad civil mediante el falso ofrecimiento de un servicio más barato y no saturado, para después persuadir de no abortar.

Necesitamos educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para no morir. Otro avance asociado es la generación de datos sobre aborto, a partir de las reformas a la

NOM 046 en 2016, las entidades federativas comenzaron a implementar bases de datos estratégicas, incrementando significativamente el número de registros de procedimientos de aborto por casos de violación y en el caso de la CDMX es de acceso público

No podemos olvidar que México tiene el lamentable primer lugar en embarazos adolescentes, entre los países de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. El embarazo adolescente, además de los riesgos físicos que conlleva, reduce oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones precarias de empleo y salarios, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y a ser vulnerables a una mayor dependencia en general.

Desde el año 2016, el gobierno mexicano creó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). La ENAPEA tiene como objetivos reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos. Sin embargo, esta Estrategia no ha tenido ningún avance relevante. El embarazo adolescente usualmente no es el resultado de una elección deliberada, sino más bien la ausencia de opciones: escaso o nulo acceso a la escuela, la información y la atención médica. Esta situación se vio agravada por el confinamiento obligatorio durante la pandemia del Covid-19, aumentando el número de embarazos adolescentes.

Siguiendo en el proceso de gestión, la violencia obstétrica es otro problema relevante. Consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio. Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió.

En México, la muerte materna es menos común en las localidades más desarrolladas; sin embargo, fallas estructurales como: un alto número de cesáreas injustificadas, insuficiencia de infraestructura, equipo, insumos y personal capacitado, son causa de muertes prevenibles. Las cuales, afectan desproporcionadamente a ciertos grupos poblacionales, como las mujeres indígenas, las niñas y adolescentes, y las personas que viven en condiciones de marginación.

La sociedad civil, a través del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), ha visibilizado las estadísticas sobre la muerte materna y monitoreado de manera pública las diferentes políticas que existen.

“El gobierno mexicano ha implementado campañas durante octubre para la autodetección, pero el diagnóstico por parte del equipo médico sigue siendo un reto para revertir esta tendencia a la alza”.

Finalmente, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México, representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Entre las mujeres se observa que, conforme se incrementa su edad, hay mayor presencia de tumor maligno de mama. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento. El gobierno mexicano ha implementado campañas durante octubre para la autodetección, pero el diagnóstico por parte del equipo médico sigue siendo un reto para revertir esta tendencia a la alza. El otro tipo de cáncer, que nos afecta gravemente, es el cervicouterino. En México desde 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. La infección por ciertas variedades del virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las mujeres; por lo que, las acciones preventivas como el acceso a la vacuna contra el VPH y anticonceptivos como los condones son vitales. México debe mejorar el acceso a dichos elementos.

Del derecho a una familia hacia el derecho a la no violencia intrafamiliar

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Esta violencia puede vivirse en los ámbitos: escolar, laboral, comunitario, familiar o pareja.

A nivel nacional, de acuerdo con el INEGI, 66 de cada 100 mujeres que viven en el país han sufrido a lo largo de la vida al menos un incidente de violencia de cualquier tipo. Siendo la violencia emocional, seguida de la sexual y la física las más frecuentes.

De tal manera que el 53.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida y el 43.9% han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación. 

La prevalencia total de violencia por tipo de localidad de residencia indica que las mujeres que residen en áreas urbanas son las que reportan la mayor prevalencia de violencia ejercida por cualquier agresor a lo largo de la vida (69.3%). Por grupos de edad se observa que las mujeres entre 25 y 34 años son las que reportan la prevalencia de violencia total más alta (70.1%) ejercida por cualquier agresor a lo largo de la vida, seguido por las mujeres de 35 a 44 años (68.9%).

En cuanto al índice de recursos monetarios y materiales, las mujeres de 15 años y más que sólo disponen de dinero por ingresos propios son las que reportan la mayor prevalencia de violencia (72.9%), seguido de las mujeres de 15 años y más que disponen de dinero por ingresos propios y algún bien o propiedad (72.2%) y 70.2% de la prevalencia total reportan las mujeres que disponen de dinero por ingresos propios y algún bien y propiedad.

Ante dicha situación, en México se han impulsado cambios en la legislación y las políticas públicas. Desde la década de los noventa, se comenzaron a recabar datos e información sobre la violencia a las mujeres, desde el 2003 el INEGI cuenta con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), posteriormente en el año 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y en el año  2007 se publicó la LGAMVLV.

También, se han desarrollado programas que buscan establecer servicios para la atención directa de las víctimas de la violencia de género; tales como, las llamadas de emergencia, los Centros de Justicia para las Mujeres, Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y comisiones estatales, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM). De manera paralela, la sociedad civil ha generado una Red Nacional de Refugios integrada por más de 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencia con cobertura nacional e internacional.

“El principal reto para estas leyes y los programas derivados, es su ejecución y cumplimiento de objetivos; lo cual depende del presupuesto otorgado y de un entendimiento de cómo la pandemia de Covid-19 ha generado dinámicas cambiantes”.

El principal reto para estas leyes y los programas derivados, es su ejecución y cumplimiento de objetivos; lo cual depende del presupuesto otorgado y de un entendimiento de cómo la pandemia de Covid-19 ha generado dinámicas cambiantes. Por ejemplo, dado que las mayores agresiones provienen de la pareja, el confinamiento obligatorio por medidas sanitarias tiene como efecto el aumento de violencias al interior del hogar, el aumento en las llamadas de emergencia lo demuestra. Esa es la otra pandemia “en la sombra”.

Actualmente, existe una clasificación mexicana de los delitos de género que abarca 850 delitos en los diferentes tipos de violencia, en 186 clases de delito en los diferentes códigos penales. México fue el primer país del mundo en crear una ley que tipifica y criminaliza el feminicidio como un delito producto de la violencia feminicida desde el año 2012. Tipificar un delito es necesario para visibilizar las violencias, permitir identificarlas, analizarlas, darles seguimiento y proponer acciones para erradicarlas. Sin embargo, un populismo punitivista; el aumento desproporcionado de las penas en la cárcel y la creencia de que el derecho penal es la panacea a toda problemática social, no es la vía que debiéramos tomar en México. 

La cultura de la denuncia aún no se ha difundido ni insertado lo suficiente para que cada caso de violencia sea atendido y solucionado. Los procesos judiciales no están estructurados para atender eficazmente las denuncias. Las campañas publicitarias y de difusión, para que las violencias de género sean no socialmente aceptadas en ningún ámbito, aún son escasas.

Si bien hay que visibilizar todas las violencias, y generar sanciones a quienes las cometen; la violencia de género está enraizada al sistema, por lo que sus diferentes matices debieran ser resueltas por diferentes vías, apropiadas a la gravedad de las mismas. No todos los delitos debieran asociarse con la cárcel, de tal manera que podamos priorizar, agilizar los procesos (sobreviviendo a la burocracia y el papeleo) y perseguir a quienes sí debían estar allí (como los violadores, criminales de trata de niñas y mujeres, y feminicidas). EP

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