Esta es la segunda (y última) parte de un resumen sobre la amplia agenda feminista en México. Como en la primera parte, lo hago mediante un recuento de la manera más objetivamente subjetiva de cómo algunos derechos humanos establecidos en la ley mexicana no son suficientes para el tamaño de las exigencias que noto en mi día a día. 

Plataforma de Acción de Beijing

Desde el año 1979 México ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que tiene por objeto incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de facto de la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados.

En el mismo sentido, el espíritu de diversidad de perspectivas y objetivo común se vio reflejado en la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), la cual en el año 2020 cumplió 25 años de ser la Hoja de Ruta vigente reflejada en 12 temáticas.

Ante esto, en México diferentes activistas feministas y organizaciones de la sociedad civil coordinadas por la Fundación Friedrich Ebert nos reunimos para generar una serie de talleres para para elaborar y discutir recomendaciones de la agenda feminista, en tres ámbitos estratégicos y clave para el porvenir de la región: la economía de cuidados, la transformación social-ecológica y la construcción de paz.

Asimismo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); co-presidió junto con Francia el Foro Generación Igualdad (FGI), reunión mundial convocada en el año 2021 para hacer un recuento de los avances y retos hacia la igualdad de género en el mundo. Esto reafirma la necesidad de tener una política exterior feminista, que se encargue de vincular la política nacional con la agenda internacional, en México ya contamos con un Observatorio de la sociedad civil para dicho fin.

Del derecho a ser cuidadx hacia el derecho de reconocer el trabajo del hogar

El papel que ha cumplido el hogar en la producción de bienes y la prestación de servicios necesarios para garantizar la reproducción social de sus miembros tiene un aporte fundamental en el bienestar de la población. Las labores del hogar históricamente se han distribuido de manera sexista, siendo las mujeres las que tienen ese rol, de manera no consensuada. En otras palabras, la división sexual del trabajo que existe desde hace miles de años.  

El trabajo del hogar y de cuidados se encuentre en el centro de nuestra vida, todos los días; sin embargo, reconocerlo, valorarlo y remunerarlo no ha sido posible ni a nivel internacional ni a nivel nacional. México ha dado importantes pasos hacia el reconocimiento generando cifras en la Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (CSTNRHM) de INEGI desde el año 2008. 

La cual tiene como objetivo presentar la valoración económica del trabajo no remunerado que los miembros del hogar realizan en actividades productivas para la generación de servicios y la producción de bienes, destinados a la satisfacción de sus necesidades; lo que permite dimensionar el aporte que los hogares hacen a la economía nacional al presentar los servicios del hogar no incluidos en la frontera de la producción de la contabilidad nacional.

Asimismo, el INEGI cuenta con una iniciativa llamada Simulador del valor económico de las labores domésticas y de cuidados, cuyo objetivo es que cada persona pueda autoevaluar el valor que aportamos individualmente con las labores domésticas y de cuidados de manera cotidiana. Con ello, se busca la concientización del valor de dichas labores.

Adicionalmente, desde hace varios años en México han existido guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, albergues y residencias para personas de la tercera edad; todos ellos, elementos necesarios para un Sistema de Cuidados. Sin embargo, algunas de estas iniciativas han sufrido modificaciones, como el cambiar el esquema del presupuesto directo a guarderías públicas (de la Secretaría de Bienestar) por transferencias monetarias a madres y padres; así como la clausura temporal de algunas estancias infantiles privadas ante la pandemia de Covid-19 y la clausura de las escuelas de tiempo completo de la SEP.

De manera paralela, durante el año 2020, el Congreso de la Unión aprobó elevar a rango constitucional el derecho al cuidado y a cuidar, incluyendo los siguientes puntos:

• Derecho a cuidar y ser cuidado en condiciones dignas
• Promoción de la corresponsabilidad (entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad y el mercado), la libertad sobre cuidar y decidir sobre la distribución del tiempo propio
• Sistema Nacional de Cuidados en sus dimensiones: económica, social, política, cultural y psicológica
• Creación de servicios públicos de cuidados a través de la ley
• Atención para grupos prioritarios

Asimismo, en el marco del Día Internacional de la Mujer 2021, la SHCP en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentó una Agenda de Género donde se incluyó contar con un sistema de cuidados eficiente e incluyente que permita incrementar la participación laboral de las mujeres en la economía, iniciando por la creación de unas mesas de trabajo para determinar los retos más importantes para la creación del sistema de cuidados, analizar modelos seguidos por otros países y plantear soluciones factibles en el corto plazo.

De este modo, la SHCP organizó durante el primer semestre de 2021 mesas de trabajo virtuales con la participación de diferentes dependencias, instituciones y organismos internacionales especializados en el tema para determinar los retos más importantes para la creación de un sistema de cuidados eficiente. En ellas se destacó la necesidad de diseñar un sistema de cuidados progresivo con la ayuda del sector privado en zonas cercanas a los centros de trabajo, unificar el sistema fragmentado en términos de calidad, supervisión y operación, y generar un estándar mínimo de calidad en la capacitación de las personas cuidadoras.

También parte de los cuidados empieza con las licencias para cuidar a bebés recién nacidas/os, en el caso de las licencias de maternidad en México existen desde hace varios años, con una duración de 12 semanas y en el caso de la licencia de paternidad por 5 días. Esta brecha de días, refuerza el estereotipo de que los cuidados son sólo un tema de mujeres. Además, la norma más reciente de la OIT (Convenio 183) sobre la duración de la licencia de maternidad exige un periodo de 14 semanas como mínimo, un incremento con respecto a las 12 semanas previstas en los Convenios anteriores. México no ha ratificado dicha actualización.

La poca participación de las mujeres en el mercado laboral tiene un impacto importante en el crecimiento económico. Además, los sectores más afectados por la pandemia son los feminizados y tras el cierre de escuelas y guarderías, muchas mujeres se han visto obligadas por la sociedad a asumir mayores responsabilidades en el cuidado de la infancia. La pandemia aún no termina y el gran reto es implementar un sistema de cuidados basado en la corresponsabilidad que permita una recuperación económica incluyente y fomente la autonomía económica de las mujeres. Ya tenemos el marco legal, ahora hacen falta recursos para financiarlo.

Del derecho a estudiar hacia el derecho a una carrera profesional digna, con la misma paga y las mismas oportunidades de crecimiento 

Ya han pasado varios siglos desde que las mujeres, como Sor Juana Inés de la Cruz, tenían que disfrazarse para aparentar ser del sexo opuesto y poder recibir educación. La educación primaria ha sufrido diversas modificaciones desde hace más de 200 años en México, pasando por eliminar la separación de niñas y niños en las escuelas, la diferenciación por género de las asignaturas que podían tomar donde las niñas llevaban exclusivamente “economía doméstica” y trabajo del hogar como labor manual y el acceso público, libre y gratuito fuera de las zonas urbanas y para cualquier nivel de ingreso socioeconómico. 

Asimismo, en 1856 se creó el primer plantel de educación secundaria para niñas y adolescentes, donde al inicio existió una amalgama de asignaturas (incluidas religiosas y de roles de género); que, al igual que en la educación primaria, fueron modificándose con el paso de los años. Respecto a la educación preparatoria, fue con la Ley de Instrucción Pública en 1867  que empezaron a crearse escuelas para el sexo femenino donde destacan el Colegio La Paz, la Escuela Normal (para Profesoras)y, sobre todo, la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. 

El siglo XIX también fue testigo de las primeras mujeres universitarias en México, egresadas de la UNAM en las carreras de Medicina, Odontología, Derecho e Ingeniería. Estos sucesos fueron acompañados de la creación en 1925 la Asociación de Universitarias Mexicanas, en 1934 el Instituto de Universitarias Mexicanas para la Enseñanza de Lenguas, en 1943 la Casa de las Universitarias Mexicanas y en 1971 la actual Federación Mexicana de Universitarias. Actualmente, las niñas, adolescentes y mujeres tienen el mayor porcentaje en la matrícula escolar en casi todos los niveles educativos a nivel nacional. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la una carrera profesional con misma paga por el mismo trabajo, una carrera ascendente ni en condiciones laborales dignas.

Para empezar, México tiene de las tasas de participación laboral remunerada diferenciadas por sexo, con una diferencia del 30% en promedio más alta del sexo masculino que del femenino, siendo de las más bajas dentro de los países pertenecientes a la OCDE, lo cual tiene varios motivos que han sido estudiados. 

Además, de las mujeres que trabajan de manera remunerada, aproximadamente el 60% lo hace en la informalidad; es decir, sin acceso a un contrato, deducciones de impuestos (al no estar registradas ante el SAT) ni prestaciones laborales como seguridad social, derecho a vacaciones y pensiones. Esto tiene relación con la falta de oferta generalizada de trabajos formales, la relación que tienen estos trabajos con la flexibilidad laboral y jornadas parciales (para poder realizar labores del hogar) y que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (que son en su mayoría informales) también son establecimientos familiares y un tercio de ellas son lideradas por mujeres.

También en México tenemos un fuerte problema de brecha salarial; es decir, a hombres y mujeres no nos pagan lo mismo en el mercado laboral remunerado por las mismas actividades, a pesar de contar con las mismas capacidades y responsabilidades. Actualmente, dicha brecha es del 14% en la economía mexicana.

En ese sentido, las ofertas de trabajo remunerado también, en algunos casos, corresponden a actividades económicas con una carga de roles de género muy marcada; tales como, las trabajadoras sexuales. El control del cuerpo y la sexualidad se encuentran en la base de las desigualdades, particularmente yo me considero abolicionista, pues el trabajo sexual me parece la máxima prueba de cosificación del cuerpo de la mujer, una manera más de violentarnos y fuertemente relacionada con el tráfico de mujeres y esclavitud; sin, embargo esto no me exime de reconocer los avances en lograr los derechos, en un sistema capitalista, de las trabajadoras sexuales. El “oficio más antiguo” sigue sin tener derechos laborales mínimos.

En México, la mayoría de estos derechos se han logrado por la Red Mexicana de Trabajo Sexual, fundada en la última década del siglo pasado, pero con antecedentes relevantes anteriores. Sin embargo, la trata de niñas y mujeres ha ido en ascenso, consolidándose en el estado de Tlaxcala como hub internacional de destino y distribución. Existen registros desde el año 2012 sobre las víctimas, las cuales ascienden a 5,245 conforme a cifras oficiales y con una tendencia a la alza. Esta actividad delictiva tiene una fuerte correlación con la presencia de moteles de paso, trabajo sexual y “table dance”.

Otra profesión sumamente ligada a los roles de género es el trabajo del hogar en casa de tercerxs. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), primer trimestre 2022, en México hay 2.1 millones de personas de 15 años y más ocupadas en trabajo del hogar remunerado, cifra que representa 3.7% del total de la población ocupada. De este total, el 92% son mujeres trabajadoras del hogar. 

El reconocimiento del valor del trabajo del hogar no remunerado, se encuentra estrechamente ligado a los derechos laborales del trabajo del hogar remunerado en casa de tercerxs. En el año 2000, se fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH); integrado por y para empleadas del hogar, con el objetivo de generar herramientas de profesionalización del trabajo del hogar, impulsando líderes trabajadoras del hogar con capacidad de incidencia en la revalorización de éste.

En el año 2012, como parte de la reforma a la Ley Federal del trabajo, se reconocen los descansos mínimos obligatorios para las trabajadoras del hogar. Posteriormente, en 2015 se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), que tiene por misión impulsar una cultura laboral más justa en México, que permita garantizar el respeto a las personas trabajadoras asalariadas del hogar para disminuir las brechas de desigualdad.

Durante el año 2018 la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) determinó que es inconstitucional que las personas empleadoras no estén obligadas a inscribir a las trabajadoras del hogar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De tal manera, que en el año 2019 el IMSS empezó un programa piloto para la inserción de dichas trabajadoras; el cual, actualmente se encuentra en su segunda fase de operación.

En ese mismo año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) estableció el salario mínimo para el trabajo del hogar remunerado, al cual se actualiza cada año. Finalmente, en el año 2020 México ratificó el convenio 189 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar en hogares de tercerxs. El principal reto actualmente es incorporar a la mayor cantidad posible de personas al programa piloto, así como garantizar el pago del salario mínimo.

Asimismo, también existen otras profesiones feminizadas; tales como, el comercio, la atención de clientes en restaurantes, cafeterías y hospedaje, secretarias y personal técnico, artes, artesanías y entretenimiento, el sector educativo. Todas estas profesiones fueron afectadas severamente por la pandemia del Covid-19, debido al aislamiento obligatorio que modificó las dinámicas de consumo, restaurantes, oficinas, entretenimiento en vivo y las escuelas. El principal reto es recuperar esos empleos, con (al menos) las mismas condiciones laborales previas.

Por otra parte, una dificultad adicional que encontramos las mujeres en el mercado laboral remunerado es el “techo de cristal”; es decir, una barrera invisible (que no tiene justificación) para ascender jerárquicamente a puestos con mayor paga y toma de decisión. Las mujeres ocupan aproximadamente un tercio de los puestos de alta y media dirección en México, ocupando un 7% del total de los puestos de los Consejos de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un Consejo de Administración en 2 de los 45 bancos en México que tiene a mujeres como integrantes y sin ninguna Directora General en las bancas de desarrollo nacional.

Ante tal situación, la SHCP y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron en el año 2021 una carta compromiso como mecanismo voluntario para reducir las brechas de género en el sistema financiero, a través de las siguientes acciones:

1. Elaborar un diagnóstico sobre la participación de las mujeres en la banca múltiple en puestos directivos.
2. Establecer mecanismos que promuevan la presencia de mujeres en puestos de toma de decisión entre instituciones de crédito.
3. Promover productos y servicios financieros con perspectiva de género e inclusión financiera.
4. Establecer un comité entre autoridades financieras y la ABM para dar seguimiento a los puntos anteriores.

En el mismo sentido, en marzo de este año se estableció el Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las Entidades Financieras (CIIGEF), con el objetivo de promover

en el sector financiero el derecho a la igualdad laboral entre mujeres y hombres, a la no discriminación en los centros de trabajo y al acceso igualitario a productos y servicios financieros de calidad.

Lo anterior, va en línea con otros esfuerzos nacionales tales como la reforma laboral para aumentar la participación de las mujeres en las Secretarías Generales de los sindicatos nacionales (menor al 10%) en el año 2019 y el inicial gabinete presidencial paritario. Al respecto, en la Administración Pública Federal existen una serie de retos para sus puestos de alto nivel. 

Conclusiones: Oye cómo va, mi ritmo

Con ambas entregas, he dado unas líneas generales de resumen sobre una vida libre de violencia, a decidir sobre el propio cuerpo, a reconocer el trabajo no pagado realizado en los hogares, el acceder al mercado laboral remunerado, a obtener la misma paga a promover estándares mínimos de trabajo digno en sectores de actividad feminizados.La agenda de género es sumamente amplia (misma que no es posible detallar en un solo texto) a nivel internacional y nacional, mientras sigamos asegurando la participación de las mujeres en la vida pública, independientemente del sector; estoy segura de que seguiremos avanzando en la agenda. EP

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