Cuando uno empieza un año, lo hace con las herencias del año previo. Este es un principio que aplica tanto a personas como a países, naciones y economías. Cerramos 2022 con buenas noticias en varios frentes económicos, pero aparejadas con retos muy particulares en cada uno de esos rubros.

El crecimiento del año 2022 será 70% mayor al que esperábamos en la primavera y la inversión repunta, pero la actividad económica del próximo año se augura menor y no estamos aprovechando el crecimiento para invertir en igual proporción.

La inflación parece que ha alcanzado una meseta —aunque aún es temprano para afirmarlo— pero el costo del crédito seguirá siendo alto y las presiones externas por la reincorporación de China con mayor fuerza a la producción mundial puede crear presiones inflacionarias externas. Esto implica que habrá altas tasas de interés en 2023, encareciendo el acceso al crédito.

En 2023, el mercado laboral en México mantendrá cierto dinamismo aunque con los problemas estructurales de siempre: una altísima informalidad en la que seis de cada diez personas empleadas que no cuentan con seguridad social, y una bajísima tasa de participación de mujeres en trabajo remunerado, incluso en comparación con países de niveles de desarrollo similar al de México. A la par, la persistentemente alta inflación en enseres de primera necesidad como alimentos, medicamentos y productos de higiene personal, ha contribuido que a pesar de haber mayor empleo formal, exista un mayor número de personas en pobreza laboral en la segunda mitad del año que termina. Y es que el incremento en la pobreza laboral es perniciosa porque no sólo indica que hay más personas que viven en hogares donde el ingreso laboral no es suficiente para comprar la comida mínima para todos los integrantes de su núcleo familiar, sino que son hogares cuya movilidad social se ve mermada.

Desde las distintas realidades regionales, la recuperación no es igual. En el norte del país, en occidente, en el Bajío y en algunas zonas del centro, la actividad económica está a tope desde hace un año por el desempeño de la industria maquiladora, que al tercer trimestre de 2022 ya estaba 8.4% por encima de su nivel prepandemia. En otras regiones, como en la Península de Yucatán, el turismo -que también ya estaba 6.5% por encima de su nivel prepandemia en el tercer trimestre del año pasado- va y viene. Lo que sin duda es un determinante para que los estados puedan aprovechar los beneficios de la inversión que reciban, sea en una refinería cuyos retornos sociales y económicos desconocemos por la opacidad con la que se maneja el ejercicio de esos recursos, o por un orgánico crecimiento de sus economías, es el nivel de progreso social con el que cuentan los estados.

En este recuento del año que terminó, les comparto algunos de los hechos más destacables que México, ¿cómo vamos? ha documentado y socializado en 2022 en distintas publicaciones disponibles en la página de la organización, para saber en dónde estamos y hacia dónde debemos seguir en 2023.

1. Crecimiento y desarrollo: ya estamos a niveles prepandemia en actividad económica a nivel nacional, pero esta recuperación no es pareja —a mediados del año pasado todavía faltaban 13 estados por retomar sus niveles de principios de 2020—, ni en las distintas regiones ni en los distintos sectores. Vaya, ni siquiera entre hombres y mujeres. Hay muchas oportunidades al alcance de los gobiernos locales, según su vocación económica y posibilidad de financiamiento, pero hay que chambear en soluciones adecuadas en cada caso. No hay recetas infalibles ni un mismo remedio para el mismo problema en dos lugares distintos.

El tamaño de nuestra economía recuperó su nivel prepandemia en el tercer trimestre de 2022 (respecto al cuarto trimestre de 2019), pero aún no regresa a su máximo histórico, registrado al comienzo del sexenio en el tercer trimestre de 2018.

No toda la actividad se recupera igual: cinco de los seis sectores que concentran el 62.6% de la economía (comercio al por mayor, las industrias manufactureras, transportes y almacenamiento, el comercio al por menor, los servicios inmobiliarios), ya recuperaron su nivel prepandemia. El sexto, que es la industria de la construcción, no sólo no se ha recuperado sino que comenzó a presentar señales de debilitamiento desde el segundo trimestre de 2018. 

Los ingresos por habitante estaban a niveles de 2014 (con datos al tercer trimestre de 2022), mostrando 8 años de retroceso.

Entre los estados más resilientes al choque por la pandemia y con mejores perspectivas de desarrollo en 2023, destacan Baja California, Chihuahua y Jalisco. Estas tres entidades mostraron una recuperación en tiempo récord —en menos de seis meses—, lo cual ya en 2020 era un indicio de su capacidad de desarrollo económico y social. Los tres estados están entre los 15 estados con mayor puntuación en el Índice de Progreso Social 2021; han mantenido un crecimiento positivo en la primera mitad de 2022, han generado suficiente empleo formal y han reducido sus niveles de pobreza laboral  en los primeros 3 trimestres del año pasado.

No todas las entidades federativas han tenido la misma capacidad de recuperación. A pesar de su gran importancia relativa, las economías de la Ciudad de México y del Estado de México —que conjuntamente concentran casi 30% del PIB nacional—, todavía no recuperan su actividad económica prepandémica. Por su parte, estados como Tabasco, quien encabeza el mayor crecimiento posterior a la crisis sanitaria, mantiene altos niveles de pobreza laboral, bajos niveles de progreso social y enormes brechas por sexo en la participación laboral dentro del empleo formal.

2. Desigualdad, un mercado laboral con problemas de fondo y el incremento en la pobreza en México: la participación de las mujeres en el empleo remunerado y los trabajos de buena calidad para toda la fuerza laboral son todavía insuficientes.

El mercado laboral mexicano mantiene tiene varios problemas estructurales que deben ser atendidos y solucionados, entre los que destacan la baja participación laboral de las mujeres y el empleo informal. La participación laboral de las mujeres se estima en 45.1% en el tercer trimestre de 2022, lo cual es una baja tasa incluso para países de niveles de desarrollo similares al de México.

El principal motivo para que las mujeres no busquen ni tengan un empleo remunerado es su uso del tipo, pues dedican gran parte de éste al trabajo del hogar y de cuidados sin remuneración —49 horas semanales en promedio ¡más de una jornada laboral completa!—, con lo cual quedan pocas horas disponibles para salir a trabajar o buscar un empleo remunerado. 

Además, no existe infraestructura pública de cuidados suficiente, con lo que salir a trabajar deja de ser una opción para más de 20 millones de mujeres que no buscan insertarse de forma activa en el mercado laboral.

Aunque este trabajo no se paga, el valor económico que genera es equivalente al 26% del PIB, y según nuestras estimaciones, si las mujeres no ocupadas dedicadas al trabajo de cuidados y del hogar recibieran una remuneración por su labor, la pobreza laboral en el país se reduciría casi la mitad.

La informalidad laboral, por otro lado, está relacionada con menor productividad —en promedio una persona en un empleo informal produce una cuarta parte de valor que una persona con capacitación permanente en un empleo estable y formal—, carencia de seguridad social, así como con menores ingresos. Por cada 100 pesos que paga un empleo formal, uno informal paga 54 pesos, en promedio. Esta diferencia de ingresos se incrementa para las mujeres: por cada 100 pesos que recibe una mujer en un empleo formal, una en el informal tiene un ingreso de 48 pesos.

Aunque la informalidad laboral de la población ha ido disminuyendo en el tiempo, no existen medidas que promuevan una incorporación rápida de personas a empleos de mejor calidad ni que incrementen la proporción de negocios informales a esquemas de formalidad fiscal.

Además, desde el inicio de la administración, el progreso social empezó a presentar señales de deterioro, incluso antes de la pandemia, debido a acciones y omisiones del gobierno en la oferta de servicios públicos de calidad, y la ineficiente y regresiva política de beneficios sociales en algunos programas.

Entre otras cosas, entre 2018 y 2019 hubo cambios en distintos aspectos de la política social y económica, entre los que destacan la sustitución del programa de cobertura para personas sin derechohabiencia denominado Seguro Popular, por el Insabi y por el IMSS Bienestar. A pesar de que la cobertura del INSABI debía ser para todas las personas sin otro servicio de salud, la proporción de personas que no tenían acceso a servicios de salud aumentó 75% en apenas dos años. Además, el cambio en la lógica de otorgamiento de los programas sociales acabó por incrementar las transferencias a los hogares de mayores ingresos a costa de los más desaventajados; se desestimó la experiencia de los padrones de beneficiarios previos y se sustituyeron por uno nuevo, el cual presentó limitaciones graves, dejando fuera a muchas personas que cumplían con el perfil para recibir beneficios sociales.

La serie de sucesos en años posteriores han venido incrementando las desigualdades en el corto y largo plazo, sin una adecuada intervención por parte del Estado. En 2020, la pandemia impuso retos adicionales en rubros tan importantes como la educación, la salud y la pobreza; y la recuperación económica en 2021 fue lenta, desigualadora e insuficiente. Finalmente, en 2022 la alta inflación ha encarecido el costo de los alimentos de manera desproporcionada, dejando como saldo que entre 2018 y 2021 ¡30 de 32 entidades federativas perdieran bienestar!

3. Inflación y el verdadero costo de no hacer nada: avanza el empleo formal pero ni eso ni el aumento del salario mínimo son suficientes para hacer frente a los estragos de los altos precios que enfrentamos los consumidores.

A pesar de que entre el segundo y tercer trimestre del año se crearon más de 100 mil empleos formales, también hubo un incremento de 1.4 millones en el número de personas en situación de pobreza laboral. En gran medida esto se debe al aumento de los precios de los alimentos por encima de la inflación general, incluso con incrementos anuales por arriba del 15% en el indicador de alimentos y 13% en frutas y verduras durante meses en la segunda mitad de 2022.

Medidas parciales e ineficaces promovidas por el gobierno —como el PACIC y el APECIC— no fueron útiles para disminuir el precio de los alimentos, tal como se preveía de origen, ni para garantizar acceso a alimentos de buena calidad a millones de hogares mexicanos. Fue adecuado que no hubiera control de precios (que sólo hubiera generado mercados negros y mayores precios) y que se hicieran compromisos para la seguridad carretera, pero nada se habló de focalizar esfuerzos para proveer con ingresos de emergencia a familias vulnerables. Por el contrario, con el segundo paquete incluso se eliminaron controles sanitarios, poniendo en riesgo a quienes consumen los productos pecuarios importados dentro de esta exención.

4. Inversión, comercio exterior y el TMEC: sólo con un Estado de derecho sólido y mayores inversiones podremos aprovechar la oportunidad que el mundo y el momento histórico nos pone a disposición para aumentar el nearshoring.

En la segunda mitad del año pasado, la inversión privada repuntó pero la pública no, con lo cual se obtuvieron mejores perspectivas de crecimiento económico para el futuro inmediato, pero al no ser mayor la inversión pública, se desperdicia una oportunidad de oro para el desarrollo futuro, la mejora en la infraestructura y en los servicios públicos, como carreteras, hospitales y escuelas públicas. Veamos…

Como porcentaje del PIB, la inversión al tercer trimestre se incrementó de 20.8% a 21.4% respecto al segundo trimestre del año, pero aun quedando por debajo de la meta, que prevé que para un crecimiento sostenido, en México debiéramos invertir el equivalente a 24% del PIB. Además, estamos todavía lejos del nivel histórico de inversión registrado en 2015.

La inversión privada creció (4.8% anual en el tercer trimestre 2022) y la pública cayó (-1.5% en la misma comparación), lo cual es señal de que problemas como la inseguridad y la falta de certeza jurídica palidecen frente al beneficio de colocar eslabones de las cadenas productivas en México de cara a la necesidad por instalarse cerca del mercado norteamericano.

¿Y qué pasa con la inversión pública? La inversión pública ha ido cayendo como porcentaje del PIB desde la crisis financiera de 2008-2009. Mientras que la privada ya remontó en relevancia —9 de cada 10 pesos en inversión son privados—, la inversión pública está focalizada en unos pocos proyectos de los cuales no conocemos su rentabilidad social, por decisión del gobierno y su estrategia de no transparentar los estudios que permiten saber si un proyecto es rentable o no. Llama la atención que el gobierno dice querer invertir el equivalente a 3.6% del PIB en 2023, pero en 2022 esta proporción fue menor al 3%, tal como ha sido desde el inicio de la administración.

Es probable que el costo del financiamiento en 2023 siga en aumento, sobre todo porque se prevé que China regrese a producir en mayores cantidades, generando presiones en costos de combustibles, mayores precios de contenedores y desajustes en cadenas de suministro. Si la economía crece, es momento de invertir y no esperar a que el crédito sea más caro.

En resumen, si hoy hay más plantas maquiladoras que pueden instalarse en México, es gracias a dos cosas: al marco regulatorio y de resolución de conflictos que supone el TMEC, y a la inversión de hace 5, 10, 15 años en carreteras, puertos almacenes, parques industriales y generadoras eléctricas. De ahí la importancia de cuidar la confiabilidad del tratado comercial de México, EUA y Canadá, y de tener un plan de inversión tanto pública como privada y de largo plazo. En este momento, hay muchos factores geopolíticos globales que determinan si México es mejor o peor país para invertir que otras economías, y no pareciera que estamos tomando control sobre esa ventana de oportunidad.

5. Política fiscal: necesitamos un plan antes de salir a recaudar más.

Es cierto que la política fiscal en México se dicta desde el gobierno federal, pero carece de pesos  contrapesos reales en el legislativo. Necesitamos recaudar más para atender los compromisos y necesidades urgentes, como el fortalecimiento de las policías locales, la provisión suficiente de energía eléctrica limpia, la vacunación de menores y los medicamentos para el cáncer en el sistema de salud público. Pero también porque hemos ido adquiriendo compromisos insostenibles en el tiempo, como la pensión supuestamente universal para adultos mayores, o algunos otros programas de becas que han probado ser más regresivos que progresivos.

Ante la promesa del presidente de no aumentar la deuda ni los impuestos (sic), el espacio fiscal se cierra, y año con año se recortan rubros que comprometen la calidad de los servicios públicos: se compran menos medicamentos, se equipan menos escuelas, se recortan salarios y prestaciones de médicos y científicos, se eliminan becas e incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías y se vacían fondos de emergencia, sin un plan de reemplazo.

Antes de seguir exprimiendo al pagador de impuestos, hay una pregunta que debemos hacernos: para qué queremos gastar más; hay que detenernos a pensar cómo podemos gastar mejor. Queremos menos personas en situación de pobreza para que haya mayor movilidad social y libertad económica. Queremos una mayor calidad de la democracia, mayor seguridad en la calle, mejores condiciones de vida; mejores servicios de salud y educación. Para eso, necesitamos elevar el ingreso laboral de las familias, para que más personas sean autosuficientes, y no dependan de programas sociales de corte clientelar ni de las remesas que reciben del exterior. Necesitamos elevar la productividad con inversión y con mejores condiciones laborales, como un salario mínimo con mayor poder adquisitivo, pero también invirtiendo en capital humano, en mayor enrolamiento escolar, en mejor calidad educativa, en capacitación para el empleo y más empleo formal.

Y sí, debemos tener una discusión seria sobre cuáles son las prioridades de gasto del gobierno y de la oposición; de las y los posibles candidatos a la presidencia y a los gobiernos locales. Esa discusión política tiene efectos económicos importantes, y sólo conociendo sus prioridades de gasto vamos a poder demandar una reforma fiscal útil. Porque seamos honestas: a nadie la gusta pagar impuestos y menos si consideramos que se los van a gastar mal.

Una vez puestas las cartas sobre la mesa, seguramente habrá todavía cierto margen para disminuir la evasión e incrementar la recaudación sin tener que cambiar las reglas. Con esas cartas abiertas, podremos identificar las prioridades de los actores políticos y empatarlas con las nuestras, las de la ciudadanía, las del pueblo.

Las desigualdades regionales y sectoriales, los retos económicos, el deterioro de la situación geopolítica mundial, entre otras, ya estaban ahí en 2018 y seguirán presentes en 2023 y 2024, pero es trabajo del Estado mexicano evitar que se ensanchen y tengan mayores costos en el desarrollo, el crecimiento y la calidad de vida de las personas. Hay que seguir atendiendo lo atendible, y previendo con base en la evidencia:

1. Enfocar el gasto en lo que cambia vidas y abre oportunidades: educación, cuidado preventivo de la salud, como los esquemas de vacunación para infantes, y capacitación para el empleo.
2. Incrementar la participación de las mujeres con acciones que incrementen su bienestar, ya sea a través de mayor formalidad, mejores pagos, más oportunidades, incentivos para contratarlas, sistemas locales de cuidados, escuelas de tiempo completo y estancias infantiles.
3. Equilibrar la balanza: El aumento al poder adquisitivo del salario mínimo es una deuda de justicia social pero es insuficiente si 6 de cada 10 empleos son informales y no les aplica.
4. Transformar la informalidad de manera progresiva, tanto para aumentar la recaudación, como para promover mayor productividad de pequeños negocios y de trabajadores, y la inclusión financiera.
5. No más transferencias mal dadas. Rectificar los padrones con lógica técnica, no político-electoral. Invertir en que los programas sean progresivos y beneficien a los más vulnerables.
6. Enfocar la inversión en el incremento de la calidad de vida utilizando mediciones de progreso social por estado y atendiendo los pendientes.
7. No desestimar los riesgos: cuidar el mecanismo de resolución de controversias que presupone el TMEC; contener el incremento en la pobreza por la inflación sostenida, que no desaparecerá mágicamente en 2023; invertir en corporaciones de seguridad pública local. EP

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