En este texto, Verónica Ortiz Ortega analiza la expropiación bancaria a 40 años de distancia. Se pregunta ¿cuál fue el trasfondo económico, político y social que permitió una acción de tal naturaleza e impacto para la vida nacional? ¿Qué se ha ganado —o perdido— al día de hoy?
Texto de Verónica Ortiz Ortega 13/09/22
En este texto, Verónica Ortiz Ortega analiza la expropiación bancaria a 40 años de distancia. Se pregunta ¿cuál fue el trasfondo económico, político y social que permitió una acción de tal naturaleza e impacto para la vida nacional? ¿Qué se ha ganado —o perdido— al día de hoy?
Agradezco a José Ignacio Prieto y Oscar Ortiz Sahagún compartir un ejercicio de memoria para la elaboración del presente artículo.
La historia no se repite, pero sí enseña.
Timothy Snyder
Hace cuarenta años, en su último informe de gobierno, el presidente saliente José López Portillo decretó el control generalizado de cambios y la expropiación de la banca mexicana. Pocas decisiones, tan innecesarias y poco justificadas, han tenido implicaciones muy serias para el país. El hecho ha sido ampliamente revisado, documentado y analizado por diferentes académicos e historiadores. Destaca el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual ha publicado valiosos análisis y testimonios de funcionarios y participantes1. A cuatro décadas de distancia, ¿qué puede agregarse a lo ya dicho? ¿Cuál fue el trasfondo económico, político y social que permitió una acción de tal naturaleza e impacto para la vida nacional? ¿Qué se ha ganado —o perdido— al día de hoy?
En 1982, México era un país auténticamente en vías de desarrollo. Con poco más de la mitad de nuestra población actual (72 millones de habitantes) y una economía cerrada, las exportaciones no llegaban a cien mil millones de dólares por año y eran fundamentalmente minerales, petróleo y turismo.
Peor aún, llevábamos casi doce años de deterioro que significaron nulo crecimiento ese año. El modelo económico estatalmente dirigido estalló con la crisis de la deuda externa, acumulada y acentuada por las malas decisiones de López Portillo que provocaron una caída de -4.4% del PIB en 1983. La ira oficial se vertió sobre la banca privada, que no era la fuente del problema.
Por el contrario, la banca mexicana de los ochenta se desenvolvía y evolucionaba a pesar de las presiones del mercado libre. La banca tenía un desempeño tan admirable que era motivo de orgullo en América Latina.
“Los bancos enfrentaban los problemas naturales de su actividad, pero no había corrupción en SHCP, ni en Banxico, ni en la Comisión. Había, en ese entonces, una especie de simbiosis y de desarrollo armónico de las actividades financieras en Mexico”.
El nivel de profesionalización alcanzado por la banca mexicana al momento en que fue expropiada no había sido producto de la libertad e iniciativa de muchos banqueros, sino que se había dado naturalmente y en paralelo con la profesionalización de la Secretaría de Hacienda, en especial el área de finanzas públicas, las cuales se complementaban, desde el ámbito de su competencia, con el desarrollo de la banca privada. Además, había un proceso de profesionalización del Banco de México como autoridad reguladora, al igual que de la Comisión Bancaria como órgano supervisor. Los bancos enfrentaban los problemas naturales de su actividad, pero no había corrupción en SHCP, ni en Banxico, ni en la Comisión. Había, en ese entonces, una especie de simbiosis y de desarrollo armónico de las actividades financieras en Mexico. El profesionalismo y desarrollo armónico de la banca se vio afectada de manera brutal por la expropiación, la cual, además, no sólo desmembró la parte institucional, sino el capital humano que se había ido construyendo y era motivo de orgullo nacional e internacional.
Consciente de la grave situación en que su predecesor colocó al país, el gobierno de Miguel de la Madrid evitó convertir la banca expropiada en banca de Estado. Si bien no se revirtió la medida, se buscó mantener la operación de los bancos bajo mandos profesionales y criterios de banca privada. Adicionalmente, se dejó fuera de la expropiación el único banco extranjero operando en México en ese momento: Citibank. Esto posibilitó la continuidad de la actividad bancaria y la prudencia con la que actuó la banca internacional.
Cuando José López Portillo llegó a la presidencia en 1976, las elecciones se organizaban, vigilaban y certificaban desde la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Todavía no se legislaba la reforma política de Jesús Reyes Heroles, y los partidos que contaban con registro oficial eran el Revolucionario Institucional (PRI), el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Popular Socialista (PPS) —aliados del tricolor— y Acción Nacional (PAN) como única alternativa de oposición que, sin embargo, por disputas internas no presentó candidato. López Portillo obtuvo una votación de 16.4 millones, que representó el 93.5% de los sufragios emitidos. El porcentaje restante correspondió a votos nulos, incluidos aquellos emitidos a favor de Valentín Campa, abanderado del todavía ilegal Partido Comunista Mexicano (PCM). López Portillo quedó así ungido con el dudoso mérito de haber triunfado en una elección sin contendientes.
Como resultado de los mismos comicios, a la Cámara de Diputados se integraron 195 representantes del PRI, 20 del PAN, 12 del PPS y 10 del PARM para un total de 237 legisladores. Por su parte, el Senado quedó conformado por 63 legisladores del PRI y 1 del PPS. Todavía en la siguiente elección federal, la intermedia de 1979, el PRI junto con PARM y PPS mantuvo su aplastante mayoría, con 319 de 400 curules, pero el PAN doblaría su cuota con 43 diputados y, por primera vez, el PCM obtendría 18 diputaciones, el Socialista de los Trabajadores (PST) 10 y el Democrático Mexicano (PDM) otras 10.
Miguel de la Madrid fue “destapado” el 25 de septiembre de 1981, en lo que significó una ruptura, no de las formas, pero si en el perfil del sucesor presidencial. La trayectoria personal del nuevo candidato rompió el molde de político tradicional para dar inicio a la era de los tecnócratas en el poder. En contraste con la elección de su antecesor, en los comicios de 1982 participaron siete candidatos presidenciales, incluido Pablo Emilio Madero del PAN y, por primera vez, una mujer: Rosario Ibarra de Piedra, postulada por el PRT. De la Madrid obtuvo 16.7 millones de votos, Madero 3.6 millones y Arnoldo Martinez Verdugo, candidato del PSUM, 821 mil sufragios. El PRI aún controlaba 63 de 64 escaños del Senado, mientras que en la Cámara de Diputados el PAN obtenía 51 curules, el PSUM 17, el PDM 12 y el PST 11. Los 309 asientos restantes fueron para el PRI y el PPS.
La hegemonía tricolor empezaba a cuartearse, pero se conservaría a nivel estatal hasta 1989 con el triunfo de Ernesto Ruffo en Baja California y en la presidencia hasta el 2000 con la victoria de Vicente Fox. Previamente, en 1997, el PRI pierde la mayoría en el Congreso instaurándose los gobiernos divididos hasta el 2018.
“Los años ochenta y noventa fueron un parteaguas en materia económica y política. En el mundo los aires de libertad se intensificaban y alcanzarían el clímax con la distensión de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética”.
Los años ochenta y noventa fueron un parteaguas en materia económica y política. En el mundo los aires de libertad se intensificaban y alcanzarían el clímax con la distensión de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. En México, el gobierno de Miguel de la Madrid abraza la apertura comercial y el inicio de la globalización que permitiría desembocar años más tarde en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como palanca para el desarrollo y, más importante, como instrumento de contención para las facultades discrecionales del presidencialismo mexicano.
Las reformas económicas generan ondas expansivas en el cuestionado sistema político, pues en 1987 ocurre una ruptura al interior del partido tricolor y, un año después, sufren un descalabro con el primer intento serio por arrebatarle al PRI la presidencia de la República a manos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
A la par del Congreso, el Poder Judicial en 1982 no gozaba de márgenes de independencia y funcionaba como habilitador del poder presidencial. Los cambios vendrían mucho más tarde, de la mano de la reforma sustantiva introducida por Ernesto Zedillo en 1995 para la Suprema Corte de Justicia.
Esto es importante, ya que al expedir el decreto de expropiación de los bancos, López Portillo contó con el respaldo inmediato del oficialismo en el Congreso. Además, el absoluto control del Poder Legislativo le permitió al presidente violentar impunemente la legislación vigente, es decir, decretar la expropiación antes de que las modificaciones legales fueran aprobadas por los legisladores —lo cual sucedió en días posteriores— y antes de la toma de posesión de Miguel de la Madrid. La pinza se cerraba por el lado judicial y si bien los banqueros presentaron una demanda de amparo contra el decreto expropiatorio, esta tenía nulas probabilidades de resolverse favorablemente. No por falta de méritos jurídicos, sino porque la decisión política ya estaba tomada.
El presidente violó la Constitución a sabiendas que lo hacía y no le importó. Emitió los decretos de expropiación, llamándoles de nacionalización erróneamente, y a posteriori modificó la Carta Magna para que se ajustara a lo que decían los decretos. Para ello contó con la colaboración del Congreso y de los gobernadores para procesar rápidamente el cambio constitucional, y con la Suprema Corte para no atajar el problema y quedarse callada ante la violación de la ley.2
Ante los hechos consumados y cancelada la vía judicial, la nueva administración del presidente de la Madrid ofreció a los antiguos dueños de los bancos la posibilidad de recuperar los activos no bancarios de su propiedad, a cambio de que desistieran del recurso de amparo interpuesto.
Otro elemento de contención que aún no adquiría su completo potencial era el Banco de Mexico. Como dijimos antes, era un participante relevante y respetado, con profesionales íntegros y bien formados, pero no alcanzaría la autonomía constitucional hasta mucho tiempo después, en 1994.
A vuelo de pájaro este era el escenario imperante hace cuatro décadas. Un contexto irrepetible hoy, pero no libre de enormes desafíos. La expropiación bancaria constituyó un punto de inflexión en materia económica y política, porque cerró los años de populismo estatista y marcó el inicio del período neoliberal que, a su vez, llegó a su fin en el 2018.
Desde luego, el mayor costo fue para el sistema financiero mexicano, que volvió a manos privadas antes de terminar bajo control mayoritariamente extranjero. Pero también hubo ganancias. En las últimas décadas México pasó a convertirse en la economía número quince del mundo. Tenemos suscritos doce acuerdos comerciales con 46 países. Gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá somos el primer socio comercial de nuestro vecino del norte.
En el ámbito político, pasamos de ser la dictadura perfecta (Vargas Llosa dixit) a una imperfecta, pero incipiente, democracia. Los fraudes electorales quedaron en el pasado y la competitividad y alternancia políticas forman parte de la vida cotidiana. La mayor ganancia, sin embargo, fue el surgimiento de una sociedad civil vigorosa y participativa, gracias a la cual prosperaron la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
“Bajo ese contexto se dio el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y algo se quebró a partir del 2018”.
No fue una hazaña menor, considerando que se logró sin violencia, sin embargo, los beneficios económicos no llegaron a todos y la alternancia política no se tradujo en gobiernos más eficientes. En México, como en otros países del mundo, el descontento democrático encontró cauce en opciones populistas, antisistema, que ofrecieron terminar con privilegios y corrupción. Bajo ese contexto se dio el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y algo se quebró a partir del 2018.
El poder se ha utilizado para destruir lo avanzado y erosionar los contrapesos generados durante décadas. Después de la elección intermedia de 2021 se acotó la nueva hegemonía partidista en la Cámara de Diputados, pero la mayoría de Morena y sus aliados se ha convertido en oficialía de partes del Ejecutivo Federal. Hoy tenemos una Suprema Corte autónoma, pero con algunos ministros más comprometidos con la causa del Presidente que con la aplicación de la ley; un Poder Judicial, además, amenazado todos los días desde el púlpito presidencial.
Las capacidades administrativas del Estado han sufrido un ataque frontal y hoy tenemos una administración pública improvisada, ineficiente y mal remunerada, incapaz de entregar servicios públicos de calidad. Los órganos autónomos, por otro lado, están bajo asedio continuo: derechos humanos, competencia económica, telecomunicaciones, energía y, desde luego, las autoridades electorales. El Banco de México y el INEGI se han salvado por ahora, pero la ofensiva contra las instituciones democráticas está poniendo en riesgo su supervivencia.
El deterioro ya se muestra en indicadores como el Índice Democrático3, donde por primera vez bajamos de la categoría de “democracia fallida” a la de “régimen híbrido”, caracterizado por un menor apoyo a valores democráticos y mayor tolerancia a liderazgos autoritarios. O en el Índice de Estado de Derecho4, donde México cayó al lugar 113 de 139 países.
Después de cuatro décadas vuelve a asomarse el fantasma de una crisis económica de fin de sexenio y la presión sobre las finanzas públicas —derivada de los proyectos insignia del presidente Lopez Obrador, de los programas sociales y de la respiración artificial a Pemex y CFE— podría estallar en 2024. Ello, sin contar con la amenaza de una terminación anticipada del TMEC por violaciones a las reglas pactadas en materia energética.
Pero el riesgo mayor es una crisis política provocada por un gobierno displicente de la legalidad: contra eso, sólo tenemos la memoria histórica y las precarias instituciones para resistir. Al final, el 1º de septiembre de 1982 nos recuerda el latente peligro que representa un presidencialismo autoritario y sin contrapesos democráticos. No hay que olvidar esa lección de nuestra historia. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
