I. ¿Acaso los inmigrantes son delincuentes?

En su primer discurso ante el Congreso, que tuvo lugar el 28 de febrero, Donald Trump se hizo acompañar del padre del joven Jamiel Shaw Jr., quien fue asesinado el 2 de marzo de 2008 por un pandillero, Pedro Espinoza, en Los Ángeles. El presidente estadounidense mencionó a Jamiel en referencia al problema migratorio. En su discurso, crimen y migración han estado permanentemente unidos. Desde que anunció su deseo de competir en las primarias del Partido Republicano, el 16 de junio de 2015, sacó a relucir su animadversión contra México y los mexicanos. Pocos días después, el 6 de julio de ese mismo año, afirmó: “Cuando México manda a su gente no está mandando a los mejores. […] Está enviando a personas que tienen muchos problemas y que están trayéndonos esos problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores”.¹ Es la estrategia populista para ubicar a un enemigo y canalizar el odio contra él.

En su discurso de campaña sobre la inmigración, el 1 de septiembre del año pasado en Phoenix, hizo lo mismo: enlazó a los migrantes indocumentados con la delincuencia. Presentó una serie de casos de personas asesinadas (Sarah Root, Kate Steinle, Earl Olander, Marilyn Pharis) por inmigrantes mexicanos, de tal manera que en las mentes de su auditorio quedara grabada la imagen de quien busca un lugar en Estados Unidos con la violencia.

El 25 de enero, Trump firmó dos decretos en materia de migración. En esa ceremonia también estuvieron presentes familiares de personas asesinadas por migrantes indocumentados.

De acuerdo con las directrices marcadas por Donald Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, actúa contra los migrantes indocumentados y, en consecuencia, en su imaginación, contra los delincuentes. Y las cifras le cuadran. Según Kelly, el 75% de los deportados en el periodo que lleva la nueva administración tiene antecedentes delictivos. Pero esos números son harto dudosos porque en ellos se incluyen infracciones de tránsito y otras faltas administrativas por medio de las cuales los indocumentados son localizados, detenidos y luego sacados de Estados Unidos.

Ésa es la manera en que fue deportada Guadalupe García de Rayos el 9 de febrero desde Phoenix, Arizona, a Nogales, Sonora. El propio alcalde de esa ciudad, Greg Stanton, se pronunció en contra de las políticas migratorias del presidente Trump y agregó: “Lo que ha pasado con Guadalupe García es una farsa. Ella ha estado viviendo pacíficamente y trabajando en el valle por más de dos décadas, construyendo una vida, contribuyendo a nuestra comunidad. Ella ha sido separada de su familia”.

Durante ocho años, a Guadalupe se le permitió ir a la oficina de inmigración para revisar su estatus. No obstante, con el nuevo presidente, las cosas cambiaron. Tal como ella temía, esta vez agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la estaban esperando. Simplemente la deportaron.²

Otro caso emblemático es el de Daniel Ramírez Medina. El 10 de febrero, agentes del ICE fueron por su padre. Daniel se encontraba por casualidad allí, en la casa paterna ubicada en un poblado cercano a Seattle, en el Estado de Washington. Con todo y que Daniel les mostró a los agentes que contaba con un permiso para trabajar y residir en el país al amparo del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, emitido por el presidente Barack Obama (DACA, por sus siglas en inglés), de todas maneras se lo llevaron. Luego, los agentes agregarían que Daniel, al parecer, pertenecía a una pandilla. La razón fue que tenía un tatuaje que decía “La paz B. C. S.”. El dreamer ha negado esa acusación. Además, Daniel ha aprobado el proceso exigido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para verificar si representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Ni Guadalupe García ni Daniel Ramírez son delincuentes. Son víctimas de la política migratoria de Donald Trump, quien, en realidad, se ha lanzado a una cruzada racista y xenófoba con fines políticos contra los mexicanos. Como dice Paul Krugman: “Trump claramente tiene el deseo de convertirse en un autócrata, y otros republicanos quieren facilitarle la tarea. ¿Alguien tiene duda de esto? Dada esta realidad, es completamente justificable preocuparse de que Estados Unidos siga la ruta de otras naciones como Hungría, que permanece como una democracia tan sólo en el papel, pero que se ha vuelto una autocracia en la práctica. ¿Cómo sucedió esto? Una parte fundamental de la historia es que las autocracias emergentes utilizan el poder del Estado para intimidar o cooptar a la sociedad civil; grupos que están fuera del Gobierno propiamente dicho. Los medios de comunicación son hostilizados o corrompidos hasta convertirse, de hecho, en órganos de propaganda de la élite dominante”.³ Otra receta populista es, como hemos señalado aquí, inventar un enemigo racial y echar sobre él todo el odio posible.

Esta práctica había sido utilizada en Estados Unidos por agrupaciones populistas como “Los Caballeros del Trabajo” (Knights of Labor), quienes en septiembre de 1885 asesinaron a 28 mineros chinos en Wyoming; dos meses después, esa misma agrupación invadió la sección que ocupaban mineros chinos en Tacoma y los obligó a abandonar la ciudad. El embate contra los inmigrantes asiáticos se debió a que supuestamente les estaban quitando el trabajo y las oportunidades a los mineros blancos.⁴

Luego, en el siglo xx, otro populista de derecha, George Wallace, la emprendió contra la población negra. Por ejemplo, en su discurso inaugural como gobernador de Alabama, el 14 de enero de 1963, Wallace dijo: “Segregación ahora, segregación mañana, segregación por siempre”.⁵

El populismo en Estados Unidos tardó en reaparecer, pero cuando lo hizo, resurgió con gran estruendo en la voz de Donald Trump. Comparte varios rasgos característicos con el populismo europeo. Un estudio reciente hecho por Ronald F. Inglehart y Pippa Norris sobre el resurgimiento del populismo a nivel mundial apunta a un abanico de variables: la desigualdad económica, la automatización tecnológica, el colapso de la industria manufacturera, el flujo global de bienes, personas, y capital (especialmente de migrantes y refugiados), la erosión del trabajo organizado, la contracción del trabajo que goza de los beneficios tradicionales del bienestar, las políticas de austeridad impuestas por el neoliberalismo, el aumento de la inseguridad económica y las consecuentes privaciones sociales, el incremento de los resentimientos populares contra la clase política. De allí nacen, al mismo tiempo, los sentimientos antisistema y el racismo, el aumento del caudal electoral que se inclina hacia líderes y partidos populistas.⁶

Hay que insistir en que la inmensa mayoría de los de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos buscan allá las oportunidades que no pudieron encontrar en México. Es decir, no podemos obviar la responsabilidad de nuestros gobiernos por no ofrecer una economía incluyente.

Donald Trump seleccionó a un grupo racial que es fácil identificar, pues está allí frente a los estadounidenses todos los días en las calles, plazas, construcciones, supermercados, escuelas, restaurantes: la población latina, y especialmente mexicana, a la cual culpa del desempleo, los bajos salarios y la delincuencia. Y no va a dejar de hacerlo porque representa un capital político redituable.

II. Rex Tillerson y John Kelly en México

El secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, estuvieron en México el miércoles 22 y el jueves 23 de febrero. La Casa Blanca, en un comunicado, señaló que este viaje era un signo alentador.

En términos protocolarios, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, Tillerson y Kelly aparecieron juntos. Manifestaron que el diálogo honesto sobre temas de interés común es la mejor manera de resolver las diferencias. Videgaray dijo que él y Tillerson discutieron sobre la necesidad de “respetar los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos”. Añadió que hay un “largo camino por recorrer” antes de llegar a un acuerdo respecto a temas como la seguridad fronteriza y el comercio.⁷

Tillerson agregó que México ha sido un “vecino muy cercano”. Describió la visita como “llena de perspectiva” y añadió que él y Videgaray “reconocieron la existencia de dos países fuertes y soberanos; y que, claro, de vez en cuando tendrán sus diferencias”.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, dijo que en la reunión con Kelly, le expresó la necesidad de que haya cooperación, diálogo permanente. Y agregó, “México necesita de Estados Unidos, y Estados Unidos de México”.

En ésas estábamos, es decir, en los protocolos diplomáticos, cuando el jefe de Tillerson, el presidente de Estados Unidos, le echó a perder el viaje. Trump dijo en una reunión con líderes empresariales: “Tenemos un déficit comercial de 70 mil millones de dólares con México y eso no incluye las drogas que llegan a través de la frontera”.⁸ Y afirmó que Kelly ha hecho un “trabajo increíble” asegurando la frontera: “Por primera vez estamos sacando a los capos de la mafia, sacando a los narcotraficantes, estos hombres malos están saliendo del país y a una velocidad que no se había visto antes”. Y llamó a tal esfuerzo “una operación militar”. Mientras tanto, Kelly estaba diciendo en México otra cosa: “no, repito, no se utilizará la fuerza militar en las operaciones de inmigración”. En efecto, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no son agentes militares. ¿Entonces, para qué se mete Trump en problemas?

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó a la relación entre México-Estados Unidos como “fenomenal” para aligerar la atmósfera tensa en que se desarrolló la visita.

No es la primera vez que desde la Casa Blanca se mandan señales contradictorias. En varias ocasiones se han presentado pifias de este tipo. Michael Gerson cuenta que en una ocasión el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, preparando la reforma fiscal, se reunió con el equipo más cercano del presidente electo. Allí estaban el futuro asesor Stephen K. Bannon, el futuro jefe de la Oficina Presidencial, Reince Priebus, el yerno y poderoso asesor, Jared Kushner, el futuro consejero, Kellyanne Conway, y el asesor en políticas públicas, Stephen Miller. Pues bien, al comenzar la reunión, Ryan preguntó “¿quién encabeza este equipo?”. Nadie contestó. Se hizo el silencio.⁹ Ése es el problema. Hay una falta de coordinación en el equipo de trabajo del presidente Trump.

La retórica antimexicana de Trump está dañando seriamente las relaciones entre las dos naciones. El magnate neoyorquino se queja del déficit comercial de 70 mil millones de dólares, pero no habla de que nuestro país le compró a Estados Unidos, anualmente, mercancías y servicios por un total de 270 mil millones de dólares. A esto conviene añadir que en 2015 las operaciones conjuntas entre la Patrulla Fronteriza y la Policía mexicana llevaron al descubrimiento de 30 túneles por los que se traficaba tanto drogas como personas, y que, gracias a la colaboración entre ambos países, se logró la incautación de 80 toneladas de droga.¹⁰

Un asunto que tampoco podemos pasar por alto es que desde la época de Carlos Salinas de Gortari se nos vendió la idea de que la globalización era sinónimo de libre comercio y, en consecuencia, integración económica con Estados Unidos: los desempleados producidos por el liberalismo económico podrían ser canalizados, fácilmente, hacia el norte del río Bravo. Esa ecuación no tenía vuelta de hoja. Pero apareció en la escena el proteccionismo encarnado por Trump y todas aquellas certezas se vinieron abajo como un castillo de naipes.

III. Los memorandos de Kelly

Tras el protocolo diplomático y las declaraciones de buena vecindad, lo cierto es que los memorandos publicados por el DHS el 21 de febrero amplían las facultades de esa institución y las agencias que dependen de ella para deportar a los inmigrantes indocumentados. Es importante analizar el contenido de dichos memorandos porque representan un cambio de gran calado en materia migratoria. El primero de ellos comienza de la siguiente manera:

Este memorando implementa el decreto titulado “Reforzando la Seguridad Pública al interior de Estados Unidos” emitido por el presidente el 25 de enero de 2017. Constituye una guía o directriz para todo departamento en relación con la aplicación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos y es aplicable al ICE, CBP y a los servicios de ciudadanía e inmigración. En cuanto tal este memorando ordena que esas instituciones informen sobre las actividades de remoción, órdenes de atención, litigio administrativo, requerimientos presupuestales, ejecución y planeación estratégica.

Una buena noticia, dentro de las muchas malas que traen estos memorandos, es que hace explícito el no ejercicio contra personas protegidas por DACA; o sea, no afecta a los dreamers; pero, en cambio, ordena la contratación de 10 mil oficiales y agentes que trabajen en ICE para remover a quienes cataloga como extranjeros (aliens). Y son dignos de expulsar de Estados Unidos a los extranjeros que:

1. hayan sido convictos de cualquier acto delictivo;

2. hayan sido acusados de cualquier cargo delictivo que, incluso, esté todavía en proceso;

3. hayan cometido algún acto que constituya una falta imputable (puede entenderse como una falta administrativa);

4. hayan estado involucrados en algún tipo de fraude o representación voluntaria mal planteada vinculada a una materia oficial ante una institución gubernamental;

5. hayan abusado de algún programa relacionado con la recepción de algún apoyo público;

6. estén sujetos a una orden de expulsión y no hayan cumplido con la obligación legal de abandonar Estados Unidos;

7. puedan, a juicio de un funcionario de inmigración, representar un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional. Esas autoridades son: el director del ICE, el comisionado de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de quien depende la Patrulla Fronteriza, y el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIP, por sus siglas en inglés).

En lo que no se ha puesto atención es en este poder discrecional que se le otorga a los funcionarios de ICE, CBP y USCIP para decidir cuáles son las personas sujetas a deportación. Enseguida transcribimos el párrafo que otorga ese poder discrecional: “El departamento tiene plena autoridad para arrestar o aprehender a un extranjero indocumentado sujeto a expulsión (removal) que, de acuerdo con el criterio de algún funcionario de migración, pueda estar violando las leyes de migración”.

Este memorando hace énfasis en ir contra quienes sean miembros de pandillas y estén involucrados en el tráfico de drogas. No obstante, la realidad es que cualquier persona que haya cometido alguna falta administrativa puede estar sujeta a expulsión.

Siguiendo la “idea” de Trump de vincular la migración con la violencia en este primer memorando se lee: “Delincuentes extranjeros han demostrado su falta de respeto por el Estado de derecho y representan una amenaza para los estadounidenses. Por eso los delincuentes extranjeros son una prioridad para la expulsión (criminal aliens are a priority for removal)”. Pero, en sentido contrario a esta afirmación, la evidencia muestra que la población migrante busca dos cosas: (1) huir de la violencia que se ha desatado en sus comunidades, y (2) una forma de vida estable mediante la búsqueda de trabajo que le permita llevar una existencia en paz.¹¹ Dicho de otro modo: estos memorandos reproducen la retórica populista de Donald Trump.

Otro dato importante es el establecimiento de una oficina para atender a las víctimas de criminales indocumentados. Esa oficina lleva el nombre de VOICE y depende de la agencia ICE.

Con respecto al segundo memorando, allí se menciona la contratación de 5 mil agentes para la Patrulla Fronteriza, y 500 agentes y oficiales de aire/marina.

También viene una disposición de enorme importancia para la vida pública de México. Se trata del parágrafo A “Identificar la cantidad de recursos que se destinan a ayuda para México”: “El presidente ha ordenado que todos los departamentos ejecutivos identifiquen y cuantifiquen los recursos federales que directa o indirectamente se destinan a ayuda o asistencia al Gobierno mexicano”. Esto excluye las actividades de inteligencia.

En el parágrafo G del segundo memorando se lee que antes podían ser deportados aquellos que hubiesen sido capturados dentro de las 100 millas de la zona fronteriza, y antes de 14 días de permanencia; ahora podrán ser detenidos quienes no demuestren haber permanecido por más de dos años, y en cualquier punto del país.

La razón del aumento de recursos para el DHS y las agencias que dependen de él se justifica de la siguiente manera:

La oleada de inmigración ilegal en la frontera sur ha abrumado a las agencias y recursos federales, y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos […] Durante octubre de 2016 y noviembre de 2016, hubo 46 mil 184 y 47 mil 215 detenciones, respectivamente, en puertos de entrada en nuestra frontera sur. En comparación, en octubre de 2015 y noviembre de 2015 hubo 32 mil 724 y 32 mil 838 aprehensiones, respectivamente, en puertos de entrada en nuestra frontera sur. Este incremento de 5 mil detenciones por mes ha significado una presión enorme para los recursos del DHS.

Ahora bien, lo anterior se refiere a las detenciones, pero luego de éstas vienen los procesos ante las cortes. De ellos se dice en el segundo memorando que 534 mil casos están pendientes de ser resueltos en las cortes, según los reportes de estas instancias a nivel nacional. En contraste, a finales de 2004 había casi 168 mil casos. Esto representa un incremento de más del 200%. Los casos pendientes ante un juez tardan hasta dos años en ser resueltos y algunos otros se prolongan hasta por cinco años.

Se juzga que esta tardanza es inaceptable. Hace que los extranjeros sin documentos permanezcan en el país de manera ilegal por muchos años. En consecuencia, es necesaria una nueva normatividad. Además: “Vamos a devolver a los extranjeros ilegales al territorio por el cual ingresaron”. O sea, México.

Están previendo habilitar nuevas instalaciones para albergar a los indocumentados que serán detenidos y deportados. El cálculo es que esas detenciones se reduzcan a menos de 72 horas.

Un capítulo especial son los menores de edad: “Aproximadamente 155 mil niños indocumentados no acompañados han sido aprehendidos en la frontera sur en los últimos tres años. La mayoría de ellos proviene de El Salvador, Honduras y Guatemala”. Los padres de estos niños, que están en Estados Unidos, pagan a traficantes de personas para que los lleven de contrabando al país del norte y se los entreguen. Cuando son detenidos por agentes de migración, son puestos a disposición del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). El 60% de estos niños, aunque siguen bajo el estatus de “no acompañados”, se entregan a parientes que viven en Estados Unidos.

El memorando quiere atacar el tráfico de personas y los delitos derivados como el robo, la extorsión, el rapto o el abuso sexual que se realiza a lo largo del trayecto de Centroamérica a la frontera entre México y Estados Unidos.

El problema de estos memorandos es que tienen un sesgo muy claro contra. Están dirigidos contra la migración en la frontera sur. Ignora por completo la migración que proviene de Asia, Europa del Este, África, los países árabes o Rusia. Y, sin embargo, se sabe que hay redes de tráfico de personas que se especializan en esas regiones y que van a parar a Estados Unidos.

Los memorandos de Kelly no dicen una sola palabra al respecto.

El gran reto para nuestro país, y en especial para el Gobierno actual, es construir una economía incluyente que pueda dar oportunidades, empleo, salud y seguridad a aquellas personas que serán deportadas por la adminitración de Trump; pero también a aquellas otras que no encuentran aquí cómo construir una vida digna. Esto significa modificar aquella antigua ecuación excluyente que obligó a muchos mexicanos a abandonar su patria. EstePaís

NOTAS

¹ Michelle Ye Hee Lee, “Donald Trump’s False Comments Connecting Mexican Immigrants and Crime”, The Washington Post, 8 de julio de 2015.

² Samantha Schmidt y Sarah Larimer, “For Years, Immigration Authorities Gave this Arizona Mother a Pass. Now She Has Been Deported”, The Washington Post, 9 de febrero de 2017.

³ Paul Krugman, “The Uses of Outrage”, The New York Times, 27 de febrero de 2017.

⁴ Robert McMath Jr., American Populism: A Social History 1877-1898, Hill & Wang, Nueva York, 1993, pp. 121-122.

⁵ John B. Judis, The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics, Columbia Global Reports, Nueva York, 2016, p. 33.

⁶ Ronald F. Inglehart y Pippa Norris, “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash”, (Faculty Research Working Papers Series) Harvard Kennedy School, agosto de 2016, RWP16-026, p. 2.

⁷ Emily Tamkin y Robbie Gramer, “Tillerson and Kelly’s Visit to Mexico Went About as Well as You’d Expect”, Foreign Policy, 23 de febrero de 2017.

⁸ Idem.

⁹ Michael Gerson, “A White House Where No One Is In Charge”, The Washington Post, 13 de febrero de 2017.

¹⁰ Azam Ahmed, Gardiner Harris y Ron Nixon, “Kelly and Tillerson Visit Mexico, Their Reassurances Differ From Trump’s Stance”, The New York Times, 23 de febrero de 2017.

¹¹ Michelle Ye Hee Lee, op. cit. En este artículo se muestra palmariamente la falsedad de la afirmación de Trump, es decir, la vinculación entre el aumento de la inmigración y el aumento del crimen. En realidad, lo contrario es verdad: cuando aumentó la migración en Estados Unidos, disminuyó la delincuencia.

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JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN es profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM). Discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio. Ha sido Fulbright-Scholar-in-Residence en la Universidad de Baltimore (2015); profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013), e investigador visitante en la Universidad de Harvard (2010). Entre sus libros se encuentra Política, gobierno y sociedad civil, Fontamara, 2013. Fue miembro del consejo editorial de la revista Este País. Es investigador nacional nivel III del SNI.

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