La idea de que un Estado de derecho débil explica en buena medida la pobreza y el subdesarrollo se ha convertido en motor del movimiento social que pretende construir instituciones que ataquen la corrupción, la impunidad y mejoren la seguridad en las comunidades. Es decir, combatir la corrupción no es sólo una causa que tiene que ver con la justicia, sino también con el desarrollo de un país.

La razón es muy simple: la corrupción y la ausencia de Estado de derecho pesan de manera mucho más radical sobre los ciudadanos más pobres.

En un país como México, las personas de los sectores socioeconómicos menos privilegiados carecen de los recursos económicos, sociales, académicos o estructurales para suplir las carencias de un Estado de derecho débil. Para estas personas es imposible pagar por los bienes o servicios que el Gobierno debería proveer, como la seguridad, la justicia, el resguardo de su patrimonio o el debido ejercicio de sus derechos. No pueden pagar con recursos propios estos bienes o servicios, ni tienen mecanismos alternos para conseguirlos, y por eso sufren en mayor medida su ausencia.

Se requiere de un Estado de derecho fuerte para que haya justicia y para que la gente viva con mejores condiciones y oportunidades. La corrupción es la enfermedad más corrosiva del Estado de derecho porque socava una de sus premisas fundamentales: que nadie está por encima de la ley.

La corrupción es precisamente la capacidad que tienen algunos de promover intereses privados utilizando el poder público. Es decir, el corrupto puede comprar o vender aquello que debería ser utilizado para el bien de todos. Esta capacidad es desigual por naturaleza, porque aumenta con el tamaño del poder económico, social o político. Afecta la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios de todo tipo, cosa que resienten en mayor medida quienes dependen más de estos servicios. 

Quienes dependen de los programas sociales, infraestructura, salud, educación o vivienda que provee el Estado son los afectados directos por la corrupción que destruye la capacidad del Gobierno para proveerlos adecuadamente.

En el prefacio de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, adoptada en la onu en 2003, se dice:

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.

Existe en el mundo una clara correlación entre naciones con instituciones sólidas y altos niveles de desarrollo social y económico, y naciones con instituciones débiles y bajos niveles de desarrollo.

Este texto intenta resolver si la correlación entre Estado de derecho débil y pobreza se mantiene a nivel de los estados mexicanos. No es una tarea sencilla, toda vez que existen múltiples indicadores objetivos sobre pobreza y subdesarrollo, pero no hay muchos datos objetivos sobre la fortaleza o debilidad del Estado de derecho. Sin embargo, es una pregunta que vale la pena porque quizá la lucha para abatir la pobreza en México implica también la lucha contra la corrupción.

¿Qué dicen los datos?

El Índice de Competitividad Estatal 2016 del imco contiene 19 variables en su subíndice “Sociedad incluyente, preparada y sana”, las cuales miden diversos desenlaces sociales en términos de inclusión, educación y salud. También tiene dos variables en su subíndice “Sistema político estable y funcional”, relacionadas a la percepción de corrupción en los estados, y nueve variables relativas al Estado de derecho en el subíndice que lleva ese nombre.

Con datos anuales y solamente para las 32 entidades es difícil establecer relaciones de causalidad; sin embargo, sí podemos encontrar algunas correlaciones simples que nos podrían decir si las variables de pobreza explican las variables de Estado de derecho y corrupción, y viceversa.

Los hallazgos se resumen a continuación. En la Tabla 2 tenemos las correlaciones simples entre las variables de Estado de derecho y pobreza.

No hay correlaciones cruzadas entre las variables del subíndice social y los de co­rrupción y Estado de derecho. Entre corrupción y Estado de derecho sí parece haber muchas correlaciones interesantes.

Sin embargo, hay algunos hallazgos importantes. La competencia en servicios notariales, que hace desiguales a los mexicanos, está correlacionada con percepción de corrupción en partidos políticos. Es decir, cuando un mexicano de cualquier estado se siente más inseguro, también aumenta su percepción de que quien debe protegerlo es corrupto.

Asimismo, la percepción de inseguridad y de corrupción en el estado parece ir de la mano. Mientras mayor la percepción de seguridad, menor el índice de suicidios. La diferencia en informalidad laboral entre hombres y mujeres, que viola los principios de igualdad ante la ley de las personas, incide negativamente en pobreza y en el acceso a instituciones de salud. La falta de servicios públicos, como alcantarillado y acceso a instituciones de salud, está altamente correlacionada con la pobreza. Estos servicios vitales para la supervivencia y el desarrollo de las familias en situación de pobreza son los que se ven directamente afectados por las prácticas de corrupción que convierten recursos públicos en negocios privados.

Conclusiones

 La intuición de que un Estado de derecho débil hace más difícil la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo puede estar sustentada en los hechos; sin embargo, necesitamos muchos más datos sobre la calidad de las instituciones jurídicas y su eficacia para conocer la causalidad y la potencia de la relación entre un componente y otro.

Lo que sí se puede afirmar es que la simple posibilidad de que la pobreza y el subdesarrollo tengan una explicación en las condiciones del Estado de derecho es suficiente para trabajar en el rediseño y estructura de las instituciones de combate a la corrupción, justicia y seguridad en México. Es momento de entender que la atención de los problemas más graves de nuestro país no puede verse de manera aislada, sino como un conjunto de políticas de Estado transversales que ponen en el centro al individuo y su bienestar general.

IMCO propone

Quizás este análisis no permita conocer si la debilidad del Estado de derecho provoca pobreza y subdesarrollo, o si por el contrario, es la incidencia de estas dos la que hace más difícil la construcción de instituciones. Sin embargo, es difícil que regiones rezagadas y pobres se levanten del subdesarrollo sin instituciones del Estado que otorguen los derechos más elementales a las personas: a la vida, a la libertad, a la propiedad.

Las propuestas del imco para fortalecer el Estado de derecho y a la vez tener efectos benéficos en la población más desfavorecida son:

1. No solamente hay que atender con dinero e infraestructura el desarrollo de las zonas más pobres. Es fundamental que el Estado esté presente en ellas construyendo instituciones y garantizando la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.

2. La seguridad y tranquilidad de las familias es una precondición para que éstas incrementen su patrimonio y calidad de vida. Por eso es indispensable definir claramente la responsabilidad de cada orden de gobierno en el tema de la seguridad, para crear un verdadero sistema de coordinación que combata eficazmente el crimen.

3. Una manera de combatir la pobreza y desigualdad es luchar contra la corrupción, inseguridad, injusticia y ausencia del Estado. Estos fenómenos lastiman de manera desproporcionada a los mexicanos más pobres.¹ EstePaís

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Manuel Molano es director general adjunto del IMCO <@MJMolano>.  Max Kaiser es director de Anticorrupción del IMCO <@MaxKaiser75>.

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