La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un tema que ha dominado la vida política en México por varias décadas. El poco avance para solucionar la crisis y la tensión generada por la corrupción y las irregularidades en materia de derechos humanos, han llevado a debatir la necesidad de crear una Ley de Seguridad Interior. Si bien la polémica ha girado en torno a las implicaciones de las propuestas en relación a los derechos humanos y el control civil, me ha llamado la atención que se ha dejado de lado el aspecto burocrático-institucional. En este sentido, mi preocupación es que esta ley podría ser más un asunto sobre política que una solución real al problema.

Cuando en diciembre del año pasado el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, dijo que no quería participar en este combate, creo que en realidad se refería a que no quería que las fuerzas armadas participaran bajo las condiciones actuales en que la maniobra de acción en el campo es limitada por parte de las autoridades civiles. En este sentido, el Ejército mexicano no es diferente de cualquier otro en el mundo. Las milicias argumentan estar dispuestas a sujetarse a la ejecución de instrucciones por parte de autoridades civiles, pero, para ellas, la ejecución misma de dicha instrucción deberá permanecer atada al mando militar.

Luego de la Guerra Fría, los ejércitos de todo el mundo iniciaron una búsqueda de nuevas misiones, puesto que las tareas tradicionales de defender la soberanía nacional de una invasión extranjera dejaron de tener la relevancia de años anteriores. Mientras que algunos se han involucrado en operaciones por el mantenimiento de la paz, otros, como en el caso mexicano, han optado por misiones internas. Además, nuestro Ejército, como cualquier otra burocracia en el mundo, busca su subsistencia. Enrolarse en nuevas misiones lo garantiza, pues esto le otorga poder político y presupuesto. Cuando existen varias instituciones competentes en el mismo tema, una lucha interinstitucional surge como resultante  —situación que hemos podido observar en la agenda de seguridad en México—. Por ejemplo, en el combate contra el narcotráfico se han presentado conflictos entre la Sedena y la Secretaría de Marina, entre el Ejército y la Policía Federal, e incluso entre las autoridades estatales y federales. A razón de esto, en México aún existen serios problemas al compartir inteligencia entre las instituciones y cuerpos involucrados en la lucha contra el narcotráfico.

A partir de esta complejidad, la forma de combatir al crimen organizado y al narcotráfico ha sido modificada un sinnúmero de ocasiones. Ejemplos como la transformación de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la Policía Federal (PF), la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública, el mando civil en la Gendarmería o el paso de un mando policiaco único a uno mixto, han sido políticas fallidas que demuestran la falta de un plan claramente definido y dan la impresión de que la estrategia nacional no es más que un plan a ejecutar “para ver si funciona”.

De igual manera, se puede afirmar que esta ley no está bien pensada, principalmente porque aún no hay casos —a nivel mundial— en los que un ejército que ha tomado funciones policiales haya tenido éxito. De hecho, todo lo contrario: cuando los ejércitos toman este tipo de funciones, pueden surgir graves problemas. Los casos más notorios de estos fracasos se muestran en las acciones del Ejército estadounidense después de la invasión de Irak, así como en los desastres en Yugoslavia, Somalia y Ruanda con las operaciones policiaco-militares de la onu. Es poco claro por qué querríamos formalizar la adopción de una estrategia que categóricamente ha mostrado su inefectividad no sólo a nivel nacional, sino global.

Como en cualquier otra lucha burocrática, siempre habrá ganadores y perdedores. En este caso, la Sedena gana en cuanto a poder político y presupuestal; las fuerzas armadas ganan importancia en el Gabinete de Seguridad Nacional a expensas de la Segob, y a su vez, la PF pierde bajo estos términos. La promesa de Calderón de que la intervención militar sólo permanecería mientras la Policía se profesionalizaba, pierde su lógica. A decir verdad, esto cuestiona enteramente la necesidad de la existencia de una Policía Federal. Paradójicamente, el Ejército también pierde, pues bajo estas condiciones terminará convirtiéndose en una nueva gendarmería, desviándose de su profesionalidad y misión original de defender la soberanía nacional.

Al dejar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en manos del Ejército, el Congreso y el Ejecutivo parecen haberse rendido ante la aplicación de una solución mucho más inclusiva y a largo plazo para los problemas de corrupción y crimen organizado.  EstePaís

* Crédito de la imagen: CC. Christian Frausto Bernal

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