Justo cuando el presidente de la república promete gobernar para los desprotegidos y olvidados del país, una resistencia campesina indígena se opone al megaproyecto de infraestructura llamado Proyecto Integral Morelos, lo cual desemboca en la muerte de uno de sus activistas más destacados y amenazas a varios más. Esta es la historia de un complejo de falsedades, la narración de la violencia selectiva y del mito del desarrollo económico.
Justo cuando el presidente de la república promete gobernar para los desprotegidos y olvidados del país, una resistencia campesina indígena se opone al megaproyecto de infraestructura llamado Proyecto Integral Morelos, lo cual desemboca en la muerte de uno de sus activistas más destacados y amenazas a varios más. Esta es la historia de un complejo de falsedades, la narración de la violencia selectiva y del mito del desarrollo económico.
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Tiempo de lectura: 13minutos
La triste victoria de
Samir
Aquella noche, Samir Flores Soberanes, locutor y fundador de
una radio comunitaria indígena, herrero y luchador social, regresa a casa
notablemente orgulloso y contento. A su esposa, Liliana Velázquez, le comenta
que el súper delegado Hugo Éric Flores no supo con qué defenderse. ¡Y eso en un
evento público! “No tuvo argumentos para contradecirme”, contó el defensor
nahua. Él había hablado sobre la conquista española, sobre la guerra contra los
pueblos indígenas y cómo la colonización en su estado natal perdura hasta hoy,
en forma del Proyecto Integral Morelos (PIM). Como locutor de la Radio
Comunitaria Amiltzinco, Samir fue una voz audible de la resistencia regional en
contra del muy reñido proyecto de infraestructura. En Morelos se viven aún la
rabia y la lucha, a cien años del asesinato de Emiliano Zapata. Pocas horas
después de haber descrito su triunfo a Liliana, en la madrugada, afuera de su
casa, recibió cuatro balazos; dos le pegaron en la cabeza. Los autores del
asesinato, tanto los materiales como intelectuales, aún se desconocen un año
después. Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019, en la
comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac, estado de Morelos.
El Proyecto Integral
Morelos
Según la poca información del gobierno federal, que ofreció
el mismo Andrés Manuel López Obrador durante diferentes conferencias mañaneras
en febrero de 2019,1 el PIM se puede dividir en tres partes para la
producción energética. Un gasoducto de 172 km que atraviesa 82 comunidades de
los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una termoeléctrica en el pueblo de
Huexca, a 20 km de Amilcingo y conectada con el gasoducto; y un acueducto de 13
km que sale del río Cuautla y pasa por una planta de tratamiento de aguas
residuales en el municipio de Cuautla, también conectada con la termoeléctrica.
La central térmica cuenta con dos turbinas que funcionan con gas para generar
energía eléctrica y necesitan ser enfriadas constantemente con el agua tratada
del río, para que no se fundan.
Quienes recomiendan la obra, afirman su urgencia debido a un
insuficiente suministro energético de la región, pues Morelos tiene que
importar toda su energía de los estados vecinos. Contar con una termoeléctrica
propia en Huexca contribuiría, además, a reducir los costos de la energía
eléctrica, un punto que tanto el gobierno federal como el municipal promueven
mucho entre la población morelense, a sabiendas de su condición precaria.
Aparte de los costos menores, se suman 30 empleos permanentes, según la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) de 2011.2
Sin embargo, la obra no es necesaria, pues México produce un
excedente de energía eléctrica que en 2012 alcanzó 50%, mientras el estándar
internacional es de 15%, como explicó Fabio Manzini, especialista del Centro de
Investigación en Energía (cie) de la Universidad Nacional Autónoma de México.3
Dos años más tarde, el excedente todavía era de 40%, según presentó el senador
Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados, cuando todavía era miembro del
partido Movimiento Ciudadano: “La política energética recién aprobada en el
país continúa con esta lógica de sobreproducción energética que se relaciona
con un modelo de desarrollo extractivista para usufructo del sector privado, y
se vincula con los procesos de minería e industrialización”. Hoy Monreal es
político de Morena y en entrevistas habla a favor del PIM, como lo hizo con el
diario La Jornada en marzo de 2019.4 Todavía un mes antes de aquel
discurso, el senador Manuel Bartlett Díaz, entonces miembro del Partido del
Trabajo, hizo una intervención con respecto al Proyecto Integral Morelos
exponiendo “lo innecesario de la obra”. Bajo el gobierno federal actual,
Bartlett es titular de la CFE y un defensor del PIM. Más bien, surge la
pregunta ¿por qué no se invierte dinero para mejorar la infraestructura
energética existente en las empresas productivas de la misma CFE? En 2019, la
Auditoría Superior de la Federación concluyó que muchas empresas de la CFE no
son rentables y son insuficientes, con pérdidas de energía “que equivalen al 35.4%
del total de los ingresos captados”.5
En 2011 la Secretaría de Energía instruyó a la CFE, entonces bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, para que iniciara la construcción de la termoeléctrica en Huexca, con una inversión de alrededor de 22 mil millones de pesos, como señaló el gobierno federal.6 Los primeros planes datan de 1999, cuando la Comisión Reguladora de Energía emitió una resolución para distribuir gas natural en 25 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala.7 Aún no se hablaba de una termoeléctrica ni de un acueducto; sólo estaba previsto el gasoducto, para impulsar el desarrollo industrial regional. Según dio a conocer Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, diputada del Partido de la Revolución Democrátrica, en abril de 2013: “el PIM fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagás, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas”. La central térmica ya se terminó de construir, pero debido a las protestas no puede operar. Son escasos los argumentos a favor del PIM, también en el ayuntamiento de Cuautla. El alcalde Jesús Corona Damián es uno de tantos políticos que se montaron sobre el caballo de Andrés Manuel López Obrador para ganar una elección. “Es un buen proyecto para el municipio y para el estado de Morelos”, logra expresar en la sala de conferencias del ayuntamiento a finales de octubre. Empieza a sudar y, después de trece minutos, termina la entrevista con un grupo de periodistas y medios alemanes. “Tengo una agenda muy apretada”, comenta, pero no deja escapar la posibilidad de posar para una foto de prensa.
La termoeléctrica de Huexca, fotografía de Timo Dorsch
En la sombra de Don Goyo
Liliana se expresa con serenidad. “La fiscalía solamente
vino en una ocasión para supuestamente recabar las pistas para ver si había
algo. Eso fue dos semanas después de los hechos. Ni siquiera con los vecinos
hablaron”, lamenta la terapeuta de 36 años, que maneja un programa de salud en
la mismo radio fundada por su esposo hace más de seis años. Es 22 de octubre y
en la región se turnan el sol y los aguaceros. Gallinas corren en el traspatio
de la casa donde Liliana habla sobre la vida de su compañero. Cerca de ella, en
el campo atrás de la casa, están sentados Epifanía Soberanes y Cirino Nabor
Flores, los padres de Samir; están limpiando el chile pasilla para preparar
mole. En Amilcingo, los festejos en torno al Día de los Muertos arrancan el 28
de octubre, día en que se conmemoran a los accidentados y asesinados de la
comunidad.
Todo el terreno está cercado por alambre de espino y varias
cámaras de seguridad enfocan las entradas. Las medidas son parte del Mecanismo
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del
gobierno federal, en el cual fueron incluidas Liliana y su familia tras el
asesinato de Samir. No son los únicos en la región. Aproximadamente a 30 km de
Amilcingo, el volcán Popocatépetl se erige majestuosamente, con sus 5,452
metros de altura. Don Goyo, como le llaman cariñosamente los habitantes de la
región, es uno de los diez volcanes más activos de toda América. A unos cientos
de metros atrás de la casa de Liliana, entre el pueblo y Don Goyo, pasa el
gasoducto del PIM, la razón de la indignación de Samir y sus compañeros. “Nunca
se consideró un líder, aunque haya sido percibido así”, recuerda
melancólicamente Liliana.
Samir Flores pertenecía al Congreso Nacional Indígena (CNI),
un espacio organizativo nacional compuesto por decenas de comunidades, pueblos
y tribus indígenas, creado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en
1995. A diferencia de millones de votantes, no guardan o alimentan esperanzas
para un proyecto gubernamental de Estado, sino buscan consolidar las llamadas
autonomías locales y regionales, muchas veces marcadas por los usos y
costumbres que se viven en sus comunidades. Samir fue marcado por el legado
político de su tío Vinh Flores Laureano, quien también fue defensor
comunitario, visitó la Unión Soviética y fundó la comunidad de Amilcingo; él
también murió asesinado, en 1976. La política informativa de López Obrador con
respecto a su proyecto representativo, el PIM, es más que deficiente. En este
punto el presidente no difiere mucho de sus antecesores, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, quienes pusieron en marcha su construcción. No se halla
ninguna señal de su prometida transformación del statu quo y, cuando presentó la megaobra en su conferencia mañanera
de prensa, el 8 de febrero de 2019, ocultó los posibles riesgos ambientales que
pudiera causar. Ese día anunció que se llevaría a cabo una consulta pública los
días 23 y 24 de febrero en Morelos, Puebla y Tlaxcala. A pesar del asesinato de
Samir, la consulta se realizó; arrojó una aprobación total de 59.5% para el PIM
y generó mucha polémica en la zona, como lo investigó el proyecto periodístico
“Hablan los pueblos”.8 La indignación fue tal, que se impidió la
instalación de 18 casillas y en Amilcingo se quemaron las boletas. “También es
notable que la votación más alta fue en las zonas más alejadas del proyecto,
como Cuernavaca o Jiutepec, mientras las comunidades afectadas directamente
optaron por el no”, concluye la investigación mencionada.
En los mapas presentados por López Obrador está marcado el
trazo del gasoducto a través de cada municipio, pero Don Goyo está ausente,
simplemente no aparece en los mapas presentados. Además, la región es de alto
riesgo sísmico; cuando el 19 de septiembre de 2017 los sismógrafos marcaron 7.1
grados en la escala Richter, el epicentro se encontraba en Morelos. Lo único
que la cfe logró decir en 2011, bajo el aspecto “Seguridad del gasoducto”, fue:
“Es muy seguro, ya que es una tubería que va enterrada aproximadamente a dos
metros, no afecta a las actividades diarias de la comunidad.”9
Todo esto provoca la molestia y rabia de Samantha César,
docente universitaria y también integrante del CNI, quien fue una de las
primeras en enterarse de la muerte de Samir. “Nunca llegó la CFE a dar
información sobre el proyecto, nunca vino el gobierno del Estado, nadie nunca
nos informó. No explicaron realmente qué riesgo había”. Entonces ella y sus
compañeros buscaron respuestas a sus dudas; varias instalaciones científicas
confirmaron sus preocupaciones. El Instituto de Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con mapas de riesgo volcánico para la
zona, dividida en tres niveles. “El gasoducto pasa por dos niveles de riesgo.
También pasa por muchas zonas de barrancas”, subraya Samantha. Según los
académicos de la UNAM, esas barrancas son sumamente riesgosas, ya que por ahí
bajan los lahares o lodos volcánicos. Los lahares son el riesgo número uno para
la vida humana y la propiedad, pública y privada, más que una erupción
volcánica. “No nos imaginamos nada. El riesgo es real”, remata la activista.
Por ello, empezaron a organizarse y defenderse ante una posible catástrofe, desde 2012. Desde entonces, más de 30 comunidades en los tres estados por donde pasa el gasoducto se han reunido para fundar el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que exige la cancelación del pim e invitan a López Obrador a que dialogue con ellos. Además, piden un alto a la contaminación de los ríos de la región a los cuales, dicen, las empresas ubicadas ahí arrojan basura tóxica. Ante la resistencia de la población local, el Estado mexicano sólo fue capaz de realizar su obra con el uso de la violencia el 1 de noviembre de 2012, cuando 800 elementos de la Policía Estatal y la Federal llegaron a Huexca para que se pudiera iniciar la obra, denuncia Samantha; agrega que en Puebla se instaló el gasoducto bajo la presencia del ejército y en Morelos de la Policía Federal y Estatal: “Fue la única manera en que pudieron construir”. Varios opositores recibieron impactos de bala, como se puede leer en un testimonio de un compañero de Samantha para la organización humanitaria irlandesa Front Line Defenders.10
Virginia Valencia Olivar, fotografía de Timo Dorsch.
Los hijos del volcán
En la orilla del río, en el pueblo San Pedro Apatlaco,
municipio de Ayala y a pocos kilómetros de la ciudad de Cuautla, aguanta la
activista mayor, Virginia Valencia Olivar, antes del puente. Está orgullosa. A
su lado se encuentran varios tubos grandes y pequeños, a unos metros una zanja
vacía que lleva al río Cuautla. Desde la primavera de 2017 la obra está parada,
cuando la comunidad tomó la decisión de no tolerar más la instalación del
acueducto. Se supone que diariamente serían extraídos 501 millones de litros de
agua del río. Aquella noche del 22 de octubre solamente hubo cinco personas en
el plantón, que al mismo tiempo es un punto de bloqueo. Junto con sus
compañeros, Virginia Valencia impide la construcción de los últimos 140 metros
de un proyecto internacional, con un costo de mil millones de pesos. “Si sigues
el río hacía abajo, te topas con 26 pueblos. Toda su economía agrícola depende
del río”, comenta Virginia. “Siembran ejote, maíz, cebolla y caña. El agua devuelta
de la central eléctrica va a dañar el cultivo”, lamenta la activista.
“Los campesinos la llaman ‘agua muerta’ —explica el físico
Antonio Sarmiento Galán de la UNAM, con sede en Cuernavaca—, es agua que ya no
posee oxígeno debido al calor extremo con que entra en contacto al enfriar las
turbinas. Todos los nutrientes mueren antes”. En un salón de clase de la
universidad pública explica las consecuencias ambientales que puede generar la
termoeléctrica. “Luego, el agua usada la regresan al río, sin limpiarla antes.
Ni siquiera hay forma de bajarle la temperatura para poder regresarla al río.
El río tiene una temperatura de aproximadamente 13 grados centígrados y el agua
regresada de unos 55 grados”. En 2015 la central eléctrica estaba en pruebas
por tres meses; un año después fueron halladas seis toneladas de mojarra muerta
en una presa cercana, a donde habían regresado el agua.11
Los habitantes de la zona temen que, además del agua del
río, también sean extraídas las aguas manantiales, abundantes en la región
volcánica. Pruebas concretas no hay hasta ahora pero, en septiembre de 2017, el
periodista local Jesús Medina Aguilar —sobrino de Jorge Zapata, nieto de
Emiliano Zapata— publicó que gente cercana al gobierno logró conseguir varias
hectáreas de tierra de la comunidad de Tetela del Volcán, con engaños. Tetela
del Volcán se encuentra al pie del Popocatépetl. Jesús y Samir se conocían,
fueron cercanos políticamente. Tal como Samir, Jesús fundó una radio
comunitaria. El terreno adquirido por las personas que denunció Jesús tiene
acceso al río El Salto, que nace del agua de deshielo del volcán. “Pero nunca
se ha autorizado por parte de las asambleas de los pueblos un uso distinto al
riego, es decir un uso industrial. Descubrí toda una red de corrupción para despojar
de sus recursos a los pueblos”, narra aquel periodista combativo. Tras haber
publicado sus investigaciones, recibió amenazas de muerte. Un intento de
asesinato fracasó. Huye, puede sacar a su familia y es integrado en el programa
de seguridad del gobierno federal. “Desconfiaba mucho del mecanismo porque era
del gobierno y la amenaza llegó del gobierno”. Ahora vive, como varias docenas
de periodistas y defensores de derechos humanos más, como exiliado en su propio
país.
Para Dolores González Saravia, en la Ciudad de México, estas
luchas comunitarias de personas como Jesús Medina, Samantha César o Virginia
Valencia, logran blindar los territorios y contribuyen a la cohesión social de
los pueblos. La directora de la organización de derechos humanos Servicios y
Asesoría para la Paz (Serapaz), que en México impulsa procesos de paz en
contextos conflictivos y acompaña a víctimas de la violencia, está segura de
que “tal cohesión puede convertirse en amenaza”. Para el Estado, las empresas o
el crimen organizado, las comunidades ya no son controlables si se encuentran
en un proceso de tal cohesión social. Por ende, dichos actores recurren a la
violencia para dividir a las comunidades y provocar enfrentamientos entre
ellas. En el caso del PIM, estas estrategias sirven para que desde afuera se
tenga la impresión de que una buena parte de la población está a favor del
proyecto gubernamental, sospecha Samantha. La violencia también tiene un
componente selectivo. En cada de uno de los tres elementos del PIM los opositores
más visibles y activos se convirtieron en blancos para la violencia: en el caso
del gasoducto lo fue Samir Flores Soberanes; en el del acueducto, Jesús Medina
Aguilar; con respecto a la protesta contra la termoeléctrica, la representante
de lucha de la comunidad de Huexca, Teresa Castellanos Ruiz, junto con sus
hijas, recibió amenazas de muerte. “Lo más triste es que el gobierno juega con
la pobreza de la gente, al prometerles tarifas de luz más bajas”, condena
enérgicamente Teresa. Vive a unos cientos de metros de la central. Entre las
dos habitaciones de su casa corre un cochinillo. Grandes gotas de lluvia caen
afuera, sobre el alambre de espino que cerca el pequeño terreno. A pesar de las
amenazas no quiere rendirse, es un compromiso que lleva. “Es meter el terror en
todas las comunidades. Te van a meter terror, de esta forma van a hacer a un
lado a los movimientos. Eso creen ellos. Pero no se dan cuenta de que, al
asesinar a uno de nosotros, nos fortalecemos más. Porque hay tanta indignación
en todos lados”, remata la brava opositora.
Al lado de Samantha está sentado Juan Carlos Solís Fuentes, abogado y una de las caras visibles del Frente. Eso le causó diez meses de cárcel. Un compañero suyo, Jaime Domínguez, fue torturado durante su encarcelamiento y su caso fue presentado ante el relator especial sobre la tortura de la onu. “Sería menos costoso dejar el proyecto por la paz que continuar. No solamente por la resistencia en la calle, sino también por los amparos que metimos”. A principios de julio de 2019, un juez dictó que el gasoducto no puede operar por el momento y frenó por completo todo el proyecto. La sentencia concluye que el ducto no cumple con los estándares de seguridad, ni han sido consultadas las comunidades indígenas afectadas previamente a la construcción de las obras, tal como lo establece el Acuerdo 169 sobre Pueblos y Tribus Indígenas de la Organización Internacional de Trabajo. El artículo seis prevee, además, que la consulta tiene que ser realizada mediante las instituciones representativas de dichos pueblos indígenas. Fue justamente Samir Flores quien ingresó la demanda, cinco días antes de su asesinato.
Liliana Velázquez en el terreno de su casa, fotografía de Timo Dorsch.
El colonialismo
interno
Muchas décadas antes de los vastos debates académicos y
políticos sobre las consecuencias del colonialismo, en 1963 el sociólogo
mexicano Pablo González Casanova publicó el texto El colonialismo interno.12 Éste sería la prolongación
del colonialismo histórico en las antiguas colonias y expresa una red de
relaciones desiguales entre diferentes grupos culturales. Los recursos
naturales son explotados y las poblaciones locales reprimidas. “Los sistemas
represivos predominan en la solución de los conflictos de clases; son mucho más
violentos y perdurables que en las metrópolis”, puntualizó González Casanova en
aquel entonces.
Si se pregunta a los hijos del volcán, todos concuerdan en
que el PIM consiste en mucho más que solamente una termoeléctrica en Huexca.
“Con el PIM se pretende construir toda una infraestructura para la
industrialización”, opina el abogado Juan Carlos Solís. Nuevos parques
industriales van a surgir al lado del gasoducto, parques que serán ocupados por
empresas transnacionales, empresas que van a subordinar el espacio tomado a las
reglas de los mercados. El argumento de que se trata de generar electricidad
para la población local es solamente usado como una excusa.
Según Juan Carlos, dos modelos de desarrollo se oponen ahí: el industrial y el de las comunidades indígenas. “El desarrollo de ellos solamente nos trae el despojo del agua, trae el despojo de las tierras, trae el despojo de nuestra capacidad de decidir qué queremos. Es un proyecto integral de la muerte”, concluye Samantha. Todavía en mayo de 2014, Andrés Manuel López Obrador, siendo político de la oposición, prometió a la población de la zona volcánica que con él no habrá ni termoeléctrica ni Proyecto Integral Morelos. No cumplió con su palabra y fracasa ante su propio lema: “Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. Quizá, la promesa vacía tenga que ver con los contratos que los gobiernos anteriores habían firmado con las empresas concesionarias. En el actual contexto conflictivo, mantener la transparencia en alto y hacer públicos estos contratos, sería un principio valioso y un gesto necesario ante los afectados de la megaobra. EP
1. “Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López
Obrador 26 de febrero 2019. Versión estenográfica de la conferencia matutina
desde Palacio Nacional”, en gob.mx; “Versión estenográfica de la conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 8 de febrero de
2019, en lopezobrador.org.mx; “Proyecto Integral Morelos (PIM). Planta
termoelectrica la Huexca, Yecapixtla, Mor. Situacion actual, problematica,
propuestas de solución y ejercicio de participación”, 8 de febrero de 2019, en
participacionsocial.gob.mx.
2. Compañía Federal de Electricidad, “Proyecto Integral
Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos”, 20 de julio de 2011,
en em.fis.unam.mx.
3. Fabio Manzini, “Necesario, recurrir a fuentes renovables
de energía”, 13 de septiembre de 2012, El
Universal, en archivo.eluniversal.com.mx.
4. Mario Salgado y Dulce Maya, “Monreal: Andrés Manuel
va a enderezar a Morelos”, La
Jornada Morelos, 4 de marzo de 2019.
5. Auditoría Superior de la Federación, “Marco de referencia
sobre la fiscalización superior. Primera entrega de informes individuales.
Cuenta Pública 2018”, junio de 2019, en asf.gob.mx.
6. Compañía Federal de Electricidad, Op. Cit.
7. Alejandra López García, Carlos Alberto Tovar González y
Selene Sarahí Santamarina Soriano, 2017, El
Proyecto Integral Morelos: nuevo conflicto socioambiental y nuevos sujetos en
la región del volcán Popocatépetl, BUAP, Puebla.
8. Derecho de réplica. Hablan los pueblos, “Un megaproyecto
en tierras de Zapata. Proyecto Integral Morelos. La traición y la consulta”, en
hablanlospueblos.org.
9. Compañía Federal de Electricidad, Op. Cit.
10. Front Line Defenders, “Testimonio de Juan Carlos Flores
Solís”, en frontlinedefenders.org.
11. Mario Vega, “Más de seis toneladas de mojarra
tilapia se perdieron en la presa El Gigante”, La Unión, Cuautla, 4 de noviembre de 2016
12. Pablo González Casanova, 2006, El colonialismo interno, CLACSO, Buenos Aires.
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