El proceso de la Reforma política del Distrito Federal y la consecuente designación y elección de los diputados constituyentes carecen de legitimidad ante la ciudadanía. Por un lado, el Gobierno de la Ciudad de México dilapidó el poco capital político que le quedaba, no para mejorar los servicios públicos y el transporte que tanta falta hacen, sino para aprobar una reforma que por sí misma (y en el corto plazo) no beneficiará en nada a los capitalinos. Por el otro, el mecanismo empleado para definir quiénes integrarán la Asamblea Constituyente fue inequitativo y no es representativo: la distribución partidaria del Constituyente quedó con una sobrerrepresentación del PRI y PAN que no corresponde a las preferencias electorales que los citadinos mostramos el pasado 5 de junio (ver la Tabla).

El borrador inicial de la Constitución está a cargo del grupo redactor que el jefe de Gobierno designó y que está conformado por miembros destacados de sociedad civil y academia (aunque unos con más experiencia que otros en los temas relevantes para el documento en cuestión). Dicho grupo se apoya tanto en la Consejería Jurídica del Distrito Federal como en un segundo grupo asesor, en foros realizados en universidades y en una plataforma web. El documento deberá estar listo el 15 de septiembre para que el Congreso Constituyente lo discuta hasta enero de 2017.

A lo largo de estos meses, las autoridades, integrantes del grupo redactor y especialistas han hecho cientos de declaraciones públicas sobre cuáles son sus aspiraciones para dicho documento. Sin embargo, algunos temas y controversias son recurrentes: el primer dilema está entre redactar una Constitución “minimalista” como la de Berlín —que es de las pocas capitales del mundo que tienen una—, o bien continuar con el espíritu de la Constitución Federal mexicana que es más reglamentaria y explícita.

Otro debate recurrente está en si la redacción debe realizarse en lenguaje jurídico o en lenguaje “ciudadano”. En el mismo sentido, algunos piensan que hace falta una mayor representación de disciplinas distintas a los juristas, como pueden ser más urbanistas, economistas y expertos en política pública.

Luego llega la discusión más acalorada, que es la de los derechos humanos. La mayor parte de las voces cree que la discusión más relevante para la Constitución está en el catálogo de derechos que ahí se deben plasmar. Sin embargo, algunos señalan que la Constitución Federal ya reconoce prácticamente todos los derechos y que solo vale la pena discutir la inclusión de los que son más vanguardistas, como es el derecho a la ciudad o a la buena administración pública. Pero hay otras voces (que somos pocas y no hacemos tanto ruido) que creemos que los esfuerzos deben enfocarse más en cómo lograr una buena organización entre los distintos poderes, así como entre el Gobierno de la ciudad, las alcaldías y eventuales órganos de carácter metropolitano, y es que solo así se podrá hacer valer cualquier derecho.

Con todo y lo absurdo del proceso, existen algunas oportunidades (y riesgos) que se podrían detonar con la Constitución para sentar cambios profundos en la manera de gobernar a la capital. Por ejemplo, la lucha por defender y ampliar la lista de derechos de los chilangos podría —y debería— acompañarse de una lista de deberes para fomentar ciudadanos más responsables con su entorno y con la ciudad. Este es el caso del deber de cuidar el medio ambiente (como verificar su coche o no tirar basura), de trabajar para obtener su sustento (en la medida de sus capacidades) y mejorar su comunidad, así como el deber de pagar los impuestos que señala la ley para el adecuado sostenimiento de los servicios públicos.

En materia de definición de facultades, hay todo un debate sobre si es conveniente o no dar mayores atribuciones a las alcaldías, sujeto a una evaluación de su capacidad para asumirlas. En contraste, hay una corriente que opina que esta devolución de facultades solo debería limitarse a ciertas actividades menores y, por el contrario, debería buscarse crear organismos operadores de escala metropolitana para los servicios públicos en red como el agua, alumbrado público, transporte, residuos, etcétera.

En cuanto a las finanzas públicas de la ciudad, es necesario replantearse de fondo cuál será el nuevo pacto local de coordinación fiscal: quién recaudará qué impuestos y bajo qué criterios se distribuirán dichos recursos. Lo mismo será necesario para definir los principios que se deben seguir para tener una carga tributaria más eficaz, eficiente y equitativa. Esto es, se deberán definir cuáles son las fuentes de ingresos para la ciudad que se deben priorizar de tal forma que sean suficientes para cubrir las necesidades de inversión en infraestructura y operación de los servicios públicos, al mismo tiempo que sean progresivos y busquen corregir las externalidades negativas (por ejemplo: contaminación o daños a la salud). Además, en la Constitución se deberían reforzar los principios para un gasto y endeudamiento eficaces, transparentes y que rindan cuentas.

Otro punto clave será cómo construir un Sistema Local Anticorrupción que incorpore las propuestas más ambiciosas que actualmente se discuten a nivel nacional, como son las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como el fortalecimiento y la autonomía de los órganos de fiscalización y transparencia. Algo similar debería plantearse para las dependencias encargadas de la procuración de justicia y de la defensa de los derechos humanos. Esto es quizá lo más importante de todo lo que aún no se discute (al menos públicamente), ya que si no queda claro quién va a vigilar que se gaste bien y quién llevará a la justicia a quien no lo haga así, muchos de los derechos plasmados se quedarán como una expresión de buenos deseos.

Un último punto es el tema de las alcaldías. Algunos integrantes del grupo redactor han expresado su intención de crear nuevas alcaldías y de volver a trazar sus límites territoriales. El argumento ha sido la necesidad de crear gobiernos de cercanía a la gente; sin embargo, una propuesta como esta es muy peligrosa porque podría no solo crear mayor gasto burocrático, sino que podría llevar a importantes pérdidas en eficiencia. De hecho, la tendencia en los países más desarrollados es a la inversa: en Francia hubo una reforma en 2013 en donde se hizo una integración de territorios a nivel nacional para ganar economías de escala en sus miles de municipios. En Estados Unidos y otros países federalistas algunas ciudades deciden integrar los territorios de dos o más condados o municipalidades en aras de generar eficiencias en el Gobierno.

En suma, en el nuevo marco constitucional que se creará para esta ciudad se sentarán las bases para una nueva organización administrativa y política de la urbe, que, si se hace bien, eventualmente podría detonar otros cambios en leyes y dependencias públicas que podrían ayudar a mejorar las condiciones de vida de los capitalinos. Por el contrario, este ejercicio también podría servir para profundizar el desorden en el Gobierno de la ciudad al institucionalizar medidas populistas que terminarían por deteriorar aún más la economía y calidad de vida de la capital.

Hoy la balanza se inclina hacia un panorama oscuro para la nueva Constitución debido a las múltiples fallas en el proceso y a la ausencia de un verdadero debate de los temas necesarios para lograr un buen Gobierno. Esperemos que el jefe de Gobierno y su equipo hagan un ejercicio serio de reflexión sobre qué necesitará la ciudad para los próximos 50 o 100 años y que en septiembre sorprendan con un buen documento para que los constituyentes, designados por dedazo o por una elección con bajísima participación ciudadana, tengan poco que mejorar.¹  

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GABRIELA ALARCÓN es directora de Desarrollo Urbano del IMCO, @GabyAlarcon.

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