Las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están por iniciarse a partir de fines de agosto del 2017. Aunque Donald Trump denunció el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) desde su primer día como presidente, mostrando su aversión o desinterés en el orden multilateral, no hay duda de que las grandes empresas estadounidenses y los políticos involucrados en las negociaciones ya han venido desde el primer día de su mandato —tal vez desde el día siguiente a su elección— ejerciendo presión sobre sus asesores y equipo de gobierno para que sus logros alcanzados con el TPP puedan restituirse y aun mejorarse en las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales en puerta.

Estoy seguro de que en la consulta que realiza actualmente el Congreso de los Estados Unidos (EU) en relación con el TLCAN estas cuestiones estarán presentes, se dejarán ver y tendrán su impacto. Espero que los intereses de los empleadores de migrantes, de los consumidores, de los trabajadores organizados y otros sectores de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos estén debidamente reflejados y logren ejercer un contrapeso e incidir sobre los términos y contenido de las negociaciones.

Un ejercicio y un resultado similares serían deseables en el proceso que ha anunciado la parte mexicana, así como que los legisladores de nuestro país y el gobierno actual respondieran a los intereses y preocupaciones de las PyME, los campesinos, los trabajadores mexicanos y nuestros ciudadanos preocupados por las cuestiones ambientales y los derechos humanos. Ello no sucedió a principios de los noventa, cuando se negoció el TLCAN. Desde entonces se ha avanzado en algunos flancos de la sociedad organizada, pero en otros, como el sindical, percibo un franco deterioro.

Soy bastante escéptico respecto a lo que podrá lograrse luego de haber estado involucrado en el proceso de análisis, consulta y discusión del TPP —y eso que participé en múltiples foros académicos y algunos empresariales, y tuve el privilegio de haber sido invitado por el Instituto Belisario Domínguez a generar un informe que presenté a una Comisión en el Senado y que ha estado accesible electrónicamente desde fines de diciembre pasado, y en versión impresa desde hace algunos meses.

Como ahora comprobamos, pasados seis meses del gobierno de Trump, con todas sus incertidumbres y desatinos, los intereses detrás del TPP están de regreso —aunque no los posibles beneficios para México, menores que los costos previstos—. Lo que me preocupa es que el gobierno mexicano parece plegarse a esos intereses y no ha aprovechado este último semestre, desde la elección de Trump, para precisar claramente los principios y los intereses de México en la negociación de un nuevo TLCAN. Tampoco ha sido capaz de impulsar cinco cuestiones importantes, por difíciles de lograr que sean, que han estado pendientes desde las negociaciones originales del TLCAN:

1) El libre flujo de personas y trabajadores, junto con el de bienes y capitales, como en el caso de la Unión Europea. Aun si nos parece inalcanzable en el momento actual que ocurriera de manera progresiva en un plazo determinado, sería importante insistir en ello como una demanda justa, deseable y pendiente.

2) Un esquema de cohesión social similar al europeo, que atienda las asimetrías crecientes entre y dentro de los tres países a través de fondos y mecanismos compensatorios.

3) La posibilidad de aplicar políticas sectoriales y regionales de fomento industrial para permitir a México el proceso de “catch-up” (alcance) con sus asociados en las esferas educativa, productiva y tecnológica.

4) La necesidad de establecer políticas, instituciones e instrumentos apropiados para el efectivo desarrollo de una economía integrada, competitiva y sustentable de América del Norte. La creación de un Fondo o Banco de desarrollo regional sería un proyecto importante.

5) La inclusión de un régimen o consenso social regional compartido, que atienda necesidades compartidas de salud, salarios, seguridad en el trabajo y bienestar social.

¿Será soñar demasiado? Probablemente sí, sobre todo ante las visiones y actitudes reveladas de Trump y su actual gobierno, que va en dirección contraria: “America First”; el resto del mundo importa poco. Soñar con una integración similar a la europea puede ser una utopía, pero hay que afirmarla y reclamarla de alguna manera, comenzando por los sectores académicos, sindicales y la sociedad civil organizada.

¿Cuáles son los asuntos que me preocupan más como consecuencia del estudio que realicé para el Instituto Belisario Domínguez del Senado?

Primero: Las grandes empresas transnacionales de medicamentos biotecnológicos ganaron una protección extra de ocho años para la vigencia de sus patentes, ya de por sí larga (20 años), cuestión que afectará a los productores y exportadores nacionales de genéricos y a los consumidores —la seguridad social y los pacientes— que ahora tendrían que pagar precios altos durante plazos mayores. Ello va en contra de los objetivos de desarrollo en salud recién acordados en la onu.

Segundo: En materia automotriz se redujo el contenido mínimo regional de 62.5% del TLCAN a 45%, ciertamente por arriba del 30% que quería Japón, pero indudablemente en beneficio de las armadoras asiáticas y en detrimento de los fabricantes de partes en México y Canadá. Todavía no está clara la negociación final, ni cómo continuará el pataleo entre empresas armadoras de EU, Japón, Corea del Sur y Alemania, que tienen intereses en conflicto e inversiones en algunos países asiáticos, y pueden intentar sortear las regulaciones a través de incentivos y depreciación de sus monedas. Lo que es claro es que la situación actual, favorable en divisas y empleo para México (no obstante los muy bajos salarios), puede verse afectada negativamente y dependerá de arreglos entre empresas extranjeras y no de los intereses de nuestro país.

La gran duda es en qué medida las negociaciones alcanzadas en el TPP en materia automotriz y de reglas de origen —en las que Japón resultaba ganador— se reflejarán en la modernización del TLCAN.

Tercero: El TPP limitaba a los gobiernos en la aprobación de reglamentaciones nacionales para proteger la salud pública, el medio ambiente o condiciones laborales que pueden afectar las ganancias previstas por las et, en la medida en que éstas podrían optar por una solución de controversias a través de mecanismos nuevos entre inversores y estados (isds, por sus siglas en inglés).

El arbitraje sería privado y vinculante —incluso si el resultado contradijera las leyes nacionales— y las et recibirían compensación si sus ganancias esperadas fueran afectadas negativamente. Se pretendía cambiar radicalmente los principios vigentes en detrimento de los estados naciones y de las mayorías.

Se pretende incluir la “cláusula de la nación más favorecida” para que la exención o concesión otorgada a una empresa, por ejemplo, frente a la legislación ambiental, se extienda a otras.

Cuarto: Los Dilemas del Comercio Digital. Uno de los temas novedosos en el abandonado TPP, que ahora EU busca incluir en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en las negociaciones regionales con México y Canadá —cualquiera que sea la forma que el TLCAN-2 o arreglo comercial adopte—, es el del comercio digital. No es de extrañarse. Cinco empresas de alta tecnología de los EU involucradas en este negocio están entre las siete mayores del mundo: Apple (número 1), Google (2), Microsoft (3), Amazon (6) y Facebook (7). Estas empresas, que han dejado atrás a las petroleras y automotrices como líderes en ingresos y utilidades, están muy interesadas en maximizar su poder monopólico y sus utilidades presentes y futuras, y por ello siguen presionando al gobierno de los EU para que se establezcan a nivel mundial reglas que las favorezcan.

Su participación en el comercio de bienes y servicios crece a tasas explosivas sustituyendo no sólo a los pequeños comerciantes, sino ahora también a las grandes cadenas especializadas comercializadoras de alimentos —Amazon adquiere Whole Foods y las compras en línea de abarrotes son el sector de comercio electrónico que más rápido crece (The Wall Street Journal, 20 de junio del 2017)—, materiales de construcción, muebles y enseres para el hogar —ikea pierde terreno ante Amazon (The Wall Street Journal, 16 de mayo del 2017)—, y bienes de consumo en general como ropa, calzado, etcétera.

En los EU, según un artículo reciente de Moody’s, el comercio digital está cambiando los hábitos de compra y consumo de tal manera que grandes cadenas comerciales como Sears Roebuck han cerrado, y otras como JC Penney, Dillard’s, Target y Macy’s han visto a sus ventas desplomarse un 25% en los últimos dos años con el cierre de muchos establecimientos y el despido de cientos de miles de empleados. En contraste, hay una muy reducida creación de empleos de parte de los comerciantes electrónicos.

Recientemente apareció un largo artículo en The Wall Street Journal (2 de mayo del 2017) sobre cómo la cadena de tiendas de la empresa de ropa J. Crew ha visto caer consecutivamente sus ventas durante los últimos diez trimestres debido a que las empresas en línea llevan los precios a la baja, copian los diseños en un par de semanas y los mandan fabricar en talleres más baratos con detalles de calidad inferior que son menos visibles en internet. En línea los precios parecen tener más impacto que la calidad. Los procesos de devolución de mercancías son frecuentemente más complejos.

La iniciativa de comercio electrónico incluida en el TPP, que ahora se consolida en las más recientes propuestas para el TLCAN y en las negociaciones tisa (Acuerdo sobre Comercio de Servicios), fue disfrazada como un instrumento eficaz para impulsar el acceso de las pequeñas empresas al comercio en línea (¿quién podría estar en contra?). Sin embargo, como lo demuestran diversos estudios internacionales recientes, en la realidad la iniciativa existente restringiría los derechos y las capacidades de los países, particularmente de aquellos en proceso de desarrollo, de regular apropiadamente la privacidad, la protección del consumidor, las transferencias transfronterizas de datos y, sobre todo, limitaría la neutralidad de las redes y la capacidad de los gobiernos de gobernar el comercio digital, imponer gravámenes fiscales a los ingresos y utilidades, garantizar la competencia justa, desarrollar empresas nacionales competidoras y generar empleos.

Trump abandonó el TPP, ignorante de los intereses concretos de sus propias empresas, que ahora le exigen reanudar la lucha por la vía multilateral (el tisa de la OMC), regional (TLCAN) y bilateral. Por otro lado están los intereses de los trabajadores y consumidores, preocupados por los efectos que el cambio tecnológico tendrá sobre el empleo, los salarios y los ingresos disponibles.

Pocos advirtieron que las negociaciones sobre el tema entre 50 países, impulsadas desde julio del 2016 como prioritarias para las naciones desarrolladas, no pudieron concluir con éxito en diciembre por la pelea que se dio entre los intereses europeos de preservar sus derechos de privacidad y protección de datos, además de los intereses fiscales, frente al deseo de las grandes empresas estadounidenses de obtener nuevos derechos para mover libremente sus datos en EU y en el mundo, y maximizar ganancias con el menor impuesto posible.

Recientemente Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, mencionó el deseo de Trump de eliminar barreras para las empresas estadounidenses de alta tecnología vía nuevas reglas del comercio digital que sean vinculantes —más allá de las recomendaciones recientes de la ocde (aunque el precio pueda ser la pérdida de ingresos fiscales y empleos para el mismo país).

Los países en desarrollo, que son mayoría entre los 164 miembros de la OMC, han promovido sin éxito un centenar de iniciativas para eliminar restricciones a su derecho de implementar políticas desarrollistas y generadoras de empleos.

Los países desarrollados, en cambio, han impulsado una docena de propuestas para fomentar un mundo sin barreras para el comercio de servicios, y más recientemente para el comercio digital, pero ahora se enfrentan, al igual que los países pobres, a la invasión de las empresas de EU en sus propios mercados, que buscan una presencia sin restricciones y con privilegios.

Sólo China, a través de sus nuevas grandes empresas digitales como Alibaba Group, puede y se atreve a competir. La realidad es que todos, incluyendo a latinoamericanos y europeos, deberíamos temer que se generalicen reglas escritas por los abogados de las grandes empresas de comercio digital que impedirían nivelar el terreno del juego a la competencia, controlarlas y gravarlas.

En un revelador ensayo (The Huffington Post, 12 de mayo del 2017), Deborah James, del Center for Economic and Policy Research de Washington, destaca 12 razones básicas para oponerse a las nuevas reglas de comercio digital que se han propuesto:

1. La prioridad asignada al comercio electrónico está impidiendo discutir una agenda global de desarrollo crucial para superar la pobreza e impulsar el desarrollo global.

2. Las propuestas sobre comercio digital son prematuras. Los países en desarrollo e incluso muchos desarrollados no tienen la infraestructura, los recursos humanos y técnicos, las instituciones, las leyes y la capacidad de competir bajo las nuevas reglas propuestas.

3. Tendrían efectos perjudiciales en el empleo y los salarios en los países en desarrollo y en muchos desarrollados. Incluso estudios del Banco Mundial prevén impactos negativos en los países en desarrollo por el libre acceso de las empresas digitales a sus mercados.

4. Las reglas exacerbarían las desigualdades ya existentes entre naciones dado el menor acceso a las tecnologías de la información e internet de los países en desarrollo. Las reglas le darían gran ventaja a las empresas de alta tecnología y conducirían a una transferencia de ingresos y utilidades en favor de las empresas de países ricos y de EU en particular.

5. Vulnerarían la seguridad informática que actualmente se enfrenta a grandes riesgos. Se estima que para 2020 cerca de 50 mil millones de aparatos se encontrarán conectados a internet. La “hackeabilidad” de todo tipo de sistemas, incluyendo los de salud, seguridad y hasta los electorales manifestados recientemente, exigen un gran cuidado y confiabilidad que los sistemas actuales no garantizan.

6. Reducirían la competencia y promoverían comportamientos monopólicos y oligopólicos ya preocupantes. El control de información, de los medios y de las ventas al menudeo de Facebook (y sus subsidiarias Instagram, WhatsApp y Messenger), Amazon y Uber tiene implicaciones muy serias a nivel mundial en términos de competencia y transparencia.

7. Las propuestas amenazan el futuro de los países al obligar a la libre transferencia de su más valioso recurso natural: la información. Los servicios “gratuitos” de Google y Amazon tienen acceso a más información de la que nos imaginamos y pueden transformarla en inteligencia comercial.

8. Son una amenaza para nuestra privacidad personal y protección; permiten vender información sobre nosotros sin que nos enteremos.

9. Promueven la evasión de impuestos y la pérdida de ingreso fiscal de los gobiernos.

10. Las reglas facilitan crisis financieras. Los gobiernos tienen un legítimo interés por mantenerse informados sobre los flujos financieros dentro de su país y fuera de él.

11. Limitan la posibilidad de aplicar políticas de desarrollo y la exigencia de suministros locales.

12. Serían un antecedente indeseable para futuros servicios en una época en la que diversos productos se insertan en paquetes de servicios: por ejemplo, autos en servicios de transporte.

Las grandes empresas de comercio digital están ansiosas de que las reglas se adopten a la brevedad posible en acuerdos regionales tipo el TLCAN para que después puedan generalizarse en la Conferencia Ministerial de Buenos Aires de la OMC a mediados de diciembre. Los partidos políticos, empresarios, sindicatos, especialistas, y las ong defensoras del interés público, de los consumidores y de los trabajadores, deben exigir al gobierno mexicano una discusión amplia de este tema, ya que aquél parece ser acrítico y complaciente con el interés de EU de que el asunto se resuelva pronto en beneficio de sus empresas. No es posible ni conveniente marginar el comercio digital de los nuevos acuerdos comerciales. Lo importante es que se reglamente debidamente para proteger los intereses de corto y largo plazo de México y sus ciudadanos consumidores, y para que no se obstruya la creación de sus propias empresas.

Habrá que ver qué sigue en el caso de Europa tras de la sanción recién impuesta a Google por el abuso en su posición dominante en el mercado europeo. No hemos visto algo similar en un país emergente o de desarrollo medio, mucho menos en uno de menor desarrollo relativo.

Quinto: Las reglas agropecuarias deben otorgar prioridad a la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. De alta prioridad para cualquier agenda de desarrollo y para el interés de México y Latinoamérica debería ser el transformar las reglas vigentes de la OMC en materia agropecuaria que favorecen a EU y a la Unión Europea, ya que les permiten mantener los subsidios a la producción en los niveles que tenían cuando se incorporaron a la OMC. Para EU ello significa 19 mil millones de dólares, y para la Unión Europea 72 mil millones de euros. Estos subsidios impulsan montos de sobreproducción nocivos para los países en desarrollo. La India y muchos países africanos y latinoamericanos sólo pueden otorgar subsidios muy pequeños porque no otorgaban subsidios a su agricultura cuando se negociaron las reglas de la OMC. El congelamiento ha sido beneficioso para las naciones desarrolladas.

Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho desde 1996, y los países en desarrollo, incluido México, tienen razones para preocuparse por la seguridad alimentaria, el autoabastecimiento y el empleo rural.

Sexto: Inclusión de la energía en el TLCAN. El petróleo y el gas quedaron fuera del TLCAN. La reforma energética abrió las puertas a la inversión, exploración, extracción, transformación y comercio por parte del sector privado nacional y extranjero bajo reglas que permiten exigir, entre otras condiciones, niveles mínimos de proveeduría nacional.

Ahora se ha mencionado la posibilidad de incluir la energía al modernizado TLCAN. Preocupa a empresarios mexicanos, y en particular a constructoras, el conflicto que pudiera darse frente a las reglas generales en el acuerdo vigente que impiden establecer requisitos mínimos de proveeduría de equipos, ingeniería y servicios técnicos de origen nacional.

Finalmente está el asunto del mandato del desarrollo, que corre el riego de abandonarse en la OMC porque un solo miembro, EU, se ha opuesto a él. No parecería ser el mejor momento —el de Trump— para intentar promoverlo y reforzarlo. Sin embargo, el mundo estaría permanentemente condenado a mantener las desigualdades crecientes si no se plantea una vez más afirmarlo en Buenos Aires este diciembre. EstePaís

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MAURICIO DE MARIA Y CAMPOS es investigador asociado del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

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