Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Sabiduría indoamericana

El pasado mes de febrero, en el marco de los debates sobre los impactos que causará el Tren Maya en Yucatán y Quintana Roo, el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, promotor de este polémico proyecto, indicó: “Es muy fácil decir de repente que no haya desarrollo. No podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria; tenemos que crear desarrollo, y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio. Pero primero va la gente. No ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos; tiene que haber un equilibrio. Sí, tiene que haber jaguares bien comidos, pero con niños robustos y educados y capacitados. Ese es el tema: muchas veces va a implicar afectar el medio ambiente, pues remediemos las afectaciones.” Casi dos meses después, en una afirmación, que parecería no tener relación con la anterior, Norma Leticia Campos, miembro de la Comisión Reguladora de Energía, en una de sus comparecencias ante el Senado de la República indicó que: “A fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir la naturaleza para satisfacer necesidades básicas”.

Estas declaraciones sí están relacionadas, pues reflejan que aún en el siglo XXI no se comprende la importancia del papel de la naturaleza y la dinámica de los ecosistemas en el bienestar y desarrollo humano. Muchas personas, entre ellas algunos miembros del gobierno, siguen pensando que la conservación es un tema romántico, aun cuando la ciencia ha demostrado que no puede tenerse bienestar humano bajo el paradigma antiguo y obsoleto que busca falazmente el dominio total de la naturaleza. Se entiende que es difícil quitarse del pensamiento colectivo el hecho de que el ser humano está en este planeta para dominar la naturaleza. En el siglo XVII Francis Bacon, uno de los primeros filósofos de la ciencia, instauró la idea de que Dios había creado a la naturaleza para ser explotada por el ser humano (Crease, 2019). Esta línea de pensamiento relaciona los avances tecnológicos con los logros en la dominación sobre la naturaleza. Quizá por ello, después de años padeciendo los efectos del cambio climático y advertidos durante décadas por los investigadores, todavía hay quienes no entienden las consecuencias que tiene en nuestra vida diaria la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Esto es muy desafortunado, particularmente cuando se trata de servidores públicos y representantes de la sociedad. Es fácil para un servidor público promover un megaproyecto que “traerá desarrollo” a costa de la destrucción de la naturaleza (un ente que es de nadie y de todos), para simplificar la problemática. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la ciencia ha demostrado que el desarrollo sostenible, base del bienestar humano, es mucho más complejo que la falsa dicotomía naturaleza-desarrollo. De hecho, el desarrollo basado en esta dicotomía por lo general conlleva un aumento en la inequidad, con la pérdida de bienestar de las comunidades marginadas.

Por ejemplo, en el México de 1972 se invirtieron millones de pesos, de aquel entonces, en la construcción de una gran presa en los límites de Veracruz y Oaxaca, entre Uxpanapa y La Chinantla, lo cual implicó el desplazamiento de aproximadamente 20 mil personas, la deforestación de la selva veracruzana, con una diversidad biológica enorme, y la urbanización de Uxpanapa, para proveer de vivienda e infraestructura a las personas desplazadas (Toledo, 1978). Se desmontó sin escuchar a los investigadores del Instituto de Biología de la unam y de la Universidad de Veracruz, los cuales sugerían que se preservara la mayor cantidad de área tropical posible, de acuerdo con las necesidades de la población indígena desplazada, se dedicara el mínimo de suelo a la agricultura y ganadería, se desmontara con métodos tradicionales para no compactar el suelo y se iniciaran planes de investigación básica y tecnológica, de acuerdo con las necesidades y experiencia de la población indígena, para desarrollar formas novedosas de aprovechamiento de la selva (Toledo, 1978). Sin considerar ninguno de estos elementos, se destrozó una zona que ahora continúa con altas tasas de marginación, pobreza y sin los servicios ecosistémicos que antes proveía la selva.

Otro claro ejemplo de esto es lo sucedido en Haití y República Dominicana, dos países que comparten la misma isla y que, debido a la enorme diferencia en el manejo de sus recursos naturales, presentan realidades contrastantes para sus habitantes. La alta deforestación en Haití ha dado lugar a tasas dramáticas de erosión del suelo, lo cual provoca grandes inundaciones y que el impacto de las tormentas y los huracanes sea mucho mayor que en República Dominicana. En el caso del huracán Jeanne, en 2004, Haití cuantificó tres mil muertes y República Dominicana 19 decesos. Por lo anterior, se han generado mecanismos que permiten evaluar los cambios que sufrirían las tierras y los recursos naturales utilizados por los pueblos indígenas y otras comunidades, a consecuencia de los megaproyectos. Uno de estos mecanismos es el derecho a la consulta de los pueblos locales y el de libre determinación frente a un megaproyecto que se ha diseñado como un elemento fundamental de la política pública. Contrario a esto, el titular de Fonatur indicó que “La decisión ya se tomó, pero se va a informar previo a la acción”, lo cual viola toda una serie de pactos internacionales suscritos por el Estado mexicano y el espíritu mismo de la consulta. La consulta implica establecer un diálogo entre el Estado (que promueve un megaproyecto) y los pueblos que serán afectados, para poner fin a la exclusión de la sociedad en la toma de decisiones. La declaración del titular de Fonatur sugiere que no entiende los trasfondos ni la importancia de este tipo de mecanismos.

En una democracia lo correcto es dialogar con los pobladores, sobre todo con aquellos de regiones marginadas, y proveerles de toda la información sobre los costos y beneficios de un proyecto de esta envergadura objetivamente: ¿cuáles son los impactos de la construcción en el paisaje —ecosistemas, recursos, agua, contaminación, colonización— y las especies de la zona?, ¿en qué consiste el proyecto, cuáles son los escenarios a corto, mediano y largo plazos de los impactos que el tren tendrá en su vida cotidiana y en su ecosistema? Con esta información tiene que iniciarse un diálogo en el que la retroalimentación con los diferentes pueblos también tiene que ser elemento central, antes de tomar una decisión para establecer o eliminar un megaproyecto. Los estudios sobre conservación, pobreza y derechos humanos demuestran que las personas y la naturaleza pueden coexistir de diversas maneras (Brockington et al., 2006), debido en parte a que los ecosistemas y la población humana son interdependientes, con diversos tipos de interacciones en el desarrollo individual y comunitario. De hecho, de estas diferencias en la interacción con la naturaleza a lo largo de los años es como han surgido las diferentes culturas que pueblan el planeta.

El desarrollo no sólo se basa en la propuesta de personajes con visión fundamentalmente urbana y occidental. En este diálogo vale la pena evaluar todas las otras visiones que se han desarrollado en la región, muchas veces durante milenios. La conservación o degradación de los ecosistemas condicionan el bienestar, la calidad de vida y la supervivencia de todos los organismos sobre la Tierra, incluyendo por supuesto al ser humano. Es por eso que el concepto de los “derechos humanos” está íntimamente ligado al de “servicios ecosistémicos”, entendidos como todos los beneficios que recibimos de los ecosistemas y tienen una relación directa o indirecta con los diferentes componentes del bienestar humano (Balvanera y Cotler, 2007; Gómez-Baggethun y Groot, 2007; Almeida-Leñero et al, 2016). El primer concepto surgió por la inquietante necesidad de salvaguardar la dignidad y la vida humanas ante la falta de justicia y las continuas violaciones que sufrimos las persona, mientras que los “servicios ecosistémicos” proporcionan las herramientas básicas para dar esa lucha ambientalmente. Sin el suministro de agua, alimento o el mismo aire que respiramos, no seríamos capaces de realizar nuestras tareas más básicas; todo eso que nos permite sobrevivir lo recibimos de los ecosistemas saludables. Es decir, los derechos de las personas dependen del grado de conservación y funcionamiento de los ecosistemas.

En este sentido, Johan Rockström y Pavan Sukhdev, miembros del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, proponen un cambio de paradigma para el desarrollo sostenible, en el que los servicios ecosistémicos son el centro del desarrollo humano. Esta idea se construye a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, diseñados en 2015, con cuatro objetivos fundamentales como base de su tesis: vida de ecosistemas terrestres, vida submarina, acción por el clima y agua limpia y saneamiento. En un segundo nivel se encuentra el bienestar social y en el último la materia económica, así como la organizacional. A partir de esa base ecosistémica puede generarse el desarrollo sostenible, por medio de la alimenta ción para las generaciones presentes y futuras de todos los seres vivos del planeta, incluyendo a los seres humanos, quienes podrían mirar esta relación desde sus culturas, bajo diferentes caleidoscopios y no sólo el occidental. Por ello, la relación entre los derechos humanos y los servicios ecosistémicos es tan potente: podemos hacer justiciables y ejercer a cabalidad nuestros derechos —al agua y a la alimentación, por ejemplo—, mientras que los servicios nos den la oportunidad de entendernos dentro del sistema complejo que es la vida en el planeta. Sin ellos no podríamos alzar la voz para defender nuestra supervivencia. El estudio de la interacción entre los ecosistemas y las sociedades es la materia fundamental de la ecología, pero las complejidades de la sociedad humana exigen una comprensión profunda de la política, la economía y las comunidades locales (Brockington et al, 2006; Sikor, 2013). Por eso, cualquier proyecto —aún más si es de las dimensiones planteadas para el Tren Maya— requiere las bases sociales, científicas y políticas necesarias para evaluar su pertinencia. Las evaluaciones ecológicas tienen un peso central en la toma de decisiones, pues ofrecen elementos clave para usar sosteniblemente los recursos de todos los seres humanos y los organismos que vivimos en los ecosistemas. Si no vemos esta interacción, no podremos asegurar un ambiente cuya calidad permita contar con una vida digna para las presentes y futuras generaciones de seres vivos.

En proyectos como éste, las instituciones académicas deben brindar los elementos necesarios para que las comunidades locales y los gobiernos cuenten con la información más completa sobre los diferentes escenarios en los que puede derivar. No se puede prescindir del análisis sistémico e interdisciplinario de los especialistas para comprender los impactos regionales, sociales y ecosistémicos de una obra de estas magnitudes. Como bien dijo Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, en el marco de la firma de un convenio de colaboración con el gobierno federal: “No nos podemos dar el lujo de iniciar procesos sin tener un faro que nos oriente y guíe objetivamente. Esta alianza debe tomar frutos en la sociedad, en la región, y sentar precedentes para que los gobiernos tengan en las instituciones científicas y académicas un aliado para este tipo de iniciativas.” Habría que añadir que estos análisis requieren tiempo, pero es mejor conservar la paciencia por varios años que hacer un proyecto cuyo impacto nos reclamarán las futuras generaciones. Ahí está la destrucción de los manglares y la erosión de las playas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, como ejemplo de un pésimo desarrollo que ha destrozado la ecología y la cultura, incluido el patrimonio arqueológico maya.

En México, como en casi todo el mundo, es fácil caer en la tentación del falso estado de bienestar inmediato y tomar decisiones grandilocuentes, con acciones que necesitan resultados de manera urgente. La falsa dicotomía entre conservación y desarrollo, aunada a la prisa sexenal de cada gobierno, genera el riesgo de violentar los derechos humanos de las personas y demeritar o incluso destruir el patrimonio natural de los mexicanos. Sin conocer cuál es el tipo de convenio entre la UNAM y el gobierno federal sobre el Tren Maya, esperemos que éste permita abrir los tiempos necesarios para evaluarlo en un análisis realmente objetivo y multidisciplinario, con la dinámica ecosocial de la región y la sostenibilidad del país al centro del debate. De lo contrario, se estaría utilizando a una institución tan reconocida como la UNAM para legitimar un proyecto atrabancado y polémico, por decir lo menos. Pero el futuro cercano no da muchas esperanzas, pues el recorte al presupuesto para la protección de los ecosistemas indica que la naturaleza no es prioridad en el nuevo gobierno. Históricamente, el presupuesto para el sector ambiental nunca ha sido cercano a lo mínimo necesario, pero el presupuesto destinado en 2019 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue incluso peor: 0.12% del PIB anual, con un retroceso en la partida cercano a los niveles del año 2001 (Provencio y Carabias, 2019). Por esto, las declaraciones de Jiménez Pons y Campos parecen acordes con una visión retardataria, en la cual los ecosistemas necesitan destruirse en pro del bienestar social, contrarias a la evidencia científica demostrada. En México no hemos salido de aquella visión que supone gran abundancia de recursos naturales, con una apuesta por un crecimiento económico infinito en un planeta finito (Delgado et al., 2015), contraria a la postura moderna y urgente, encaminada a un desarrollo sostenible que permita el desarrollo y la sobrevivencia de las generaciones futuras.

Los últimos años están llenos de noticias sobre el cambio climático y la reducción de la diversidad. Las predicciones, cada día más acertadas, nos están urgiendo a un cambio de visión sobre el manejo del planeta y las metas de desarrollo. Tanto el reporte del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) como del IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) indican que el futuro del planeta está en riesgo a partir de las actividades humanas. Las nuevas generaciones ven este futuro cercano y amenazante, donde muchas catástrofes ocurrirán, y nos comienzan a exigir cambios concretos, pues ellos serán los herederos del planeta semidestruido. Las llamadas de alerta por parte de los niños y los científicos son escuchadas por los gobiernos y los empresarios, y en muchas ocasiones incorporadas a sus discursos o sus relaciones públicas. Sin embargo, no están ligadas a las acciones ni a los planes de crecimiento. El desarrollo de proyectos como el Tren Maya, que ignoran por completo los efectos que el cambio climático tendrán en la península de Yucatán, son clara evidencia de la falta de racionalización sobre el futuro que nos depara esa visión del desarrollo bajo un enfoque exclusivamente económico. El ejemplo actual más claro es la disminución del turismo que sufre la costa caribeña de la península de Yucatán, cuando al buscar playas blancas encuentra un olor fétido por la sobrepoblación de sargazo. El crecimiento poblacional desmedido de esta alga en dos regiones del Atlántico se debe al cambio climático y a la contaminación del océano; es prácticamente imposible que deje de llegar en grandes proporciones en las próximas décadas, amenazando también al arrecife de coral frente a las costas yucatecas.

Enfrentamos una crisis ambiental en que los gobiernos siguen sin comprender la relación entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la clara dislocación entre los discursos de sostenibilidad y las acciones de desarrollo económico de los gobiernos y las empresas. Sin embargo, es justamente en momentos de ruptura y turbulencia cuando tenemos la oportunidad de instaurar nuevos paradigmas, para dar forma a nuevas interpretaciones del mundo y de las sociedades (Le Breton, 2018). Durante las últimas décadas hemos aprendido que, si tenemos jaguares famélicos, nuestros niños estarán aún peor. EP

Bibliografía

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