Desde que los berrinches vía Twitter
de Donald Trump pusieron en boga el término fake news, resulta muy interesante el extenso uso que
se le ha dado. De manera cotidiana hay quienes se acusan entre sí de
fabricar fake news, y a
veces puede haber confusión entre lo “fake” y lo “real”. Esto lo ha agudizado
el presidente estadounidense, cuyos exabruptos digitales resultan ser
declaraciones casi pleonásticas, o fake
fake news: acusaciones infundadas sobre la falsedad de las notas
periodísticas verídicas. Cuando nadie verifica la veracidad o falsedad de la
información, acusar de fake
news se convierte en un escudo contra toda crítica.
En este contexto resulta interesante
el más reciente libro del abogado mexicano Ulrich Richter Morales, El ciudadano digital (Océano,
2018): en la primera parte detalla de manera atractiva la evolución y mutación
de la propaganda y difamación hasta convertirse en fake news, echando mano del
análisis de diversos especialistas que han escrito al respecto. Ahí queda claro
que la falsedad de información no es nada nueva pues, desde hace siglos,
diversos actores políticos en múltiples contextos la han usado a través de
propaganda, discursos y declaraciones en medios de comunicación, entre otros
métodos de difusión. Lo que
ha
cambiado es el soporte (World Wide Web) y la plataforma (redes sociales) de la
información falsa. Digamos que el “lavadero” de los chismes ha adquirido una
dimensión gigantesca.
La
segunda parte del libro de Richter Morales narra un caso personal: hace tres
años inició una demanda en contra de Google dado que se había publicado en los
servidores de dicha empresa un blog que lo difamaba. Aquí algo novedoso es que
esta sección de su obra sirve como una especie de guía sobre “cómo enfrentar al
Goliat tecnológico y no morir en el intento”, y al mismo tiempo ayuda de manera
indirecta a diseccionar las frágiles fronteras entre la libertad de expresión,
el derecho a la réplica y los daños a la moral que se pueden dar en estos
tiempos en los que generar y publicar contenido falso resulta tan sencillo.
Fue
a partir de todo ello que busqué al autor de este libro para charlar sobre los
alcances y la complejidad de su litigio. “Estos gigantes tecnológicos buscan a
toda costa evitar someterse a la Constitución de cualquier país, para eludir a
un Estado de derecho o con tal de no recibir muchas demandas por cualquier
información que esté en sus plataformas”, señaló Richter Morales al iniciar
nuestra plática. Su demanda en contra de Google ha enfrentado varias
dificultades, pero hay argumentos que el abogado confía que le ayudarán a ganar
el caso y a que se retire el blog de la web. Esencialmente, la publicación
viola las políticas de uso que cualquier persona debe aceptar para subir
información a Google.
Lo que es verdad es que las
acusaciones sobre fake
news se ubican en un punto delicado entre la libertad de
expresión y la censura. Aunque en algunos casos es muy claro, en muchos otros
puede resultar difícil delimitar la frontera tras la cual una noticia pasa de
la sátira a la falsedad. Pero, en su litigio, Richter Morales lo ve claro: no
sólo está la mencionada política de uso de Google, sino el hecho de que no se
contrapone con los derechos constitucionales. “Existen los parámetros en México
para poder juzgar a una empresa tecnológica”, dijo, y enseguida habló de cómo
la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, que detalla el derecho a la réplica,
puede ser muy efectiva contra las fake
news. Asimismo, a la pregunta expresa sobre la libertad de
expresión, respondió: “Las noticias falsas no están amparadas, tuteladas, bajo
estos derechos fundamentales, como el derecho a la información y a la libertad
de expresión, porque carecen de una esencia primordial, que es la veracidad”.
Los escándalos de Cambridge Analytica y las elecciones presidenciales
estadounidenses parecen apoyar esto.
En
este asunto en particular, Richter Morales acusa que el blog difunde
información falsa, suplanta su identidad y, además, promueve una actividad
ilícita: lavado de dinero. Estos tres elementos son los que pueden ayudar en
este caso —y en otros futuros— a definir una clara línea entre la sátira u
opinión y la difamación o ultraje.
Pero,
nuevamente, está el terrible fantasma de la censura —no en vano se derogaron
hace poco más de una década los artículos sobre difamación en el Código Penal
Federal, que dejaban una rendija abierta para coartar la libertad de expresión.
Para evitar la tentación trumpiana de
comenzar a censurar cualquier crítica bajo excusa de contrarrestar las fake news —o peor aún,
las fake fake news—, se
requiere de una “alfabetización digital” básica y universal que permita a la
mayoría de los lectores poder distinguir rápidamente entre la información
verdadera y la falsa. EP
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