En el número de octubre de Este País, publicamos “Más transparencia ? Menos corrupción”, donde se argumenta que en las entidades federativas mexicanas mayor transparencia no garantiza menor corrupción en trámites y servicios —entendida esta como experiencias de corrupción reportadas por los jefes de hogar, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) de Transparencia Mexicana (TM).

El Distrito Federal (DF) y Baja California Sur (BCS) ilustran los extremos de este hallazgo. En 2010, el DF tuvo los mejores niveles en transparencia y los peores en corrupción. BCS, por su parte, tuvo los peores niveles en transparencia y, al mismo tiempo, la frecuencia más baja en corrupción en trámites y servicios.

Como parte de una amplia agenda de investigación sobre corrupción, transparencia e impunidad, estamos analizando tanto evidencia de las entidades federativas del país como comparaciones análogas entre distintos países.

Queremos exponer en Factofilia uno de los hallazgos de esta agenda, sobre la relación entre los niveles de impunidad y de corrupción. Datos del Índice Global de Impunidad (IGI) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y cifras de frecuencia de corrupción del Barómetro Global de la Corrupción (BGC) de nuestra organización a nivel global, Transparencia Internacional (TI), muestran que si bien la correlación entre frecuencia de corrupción e impunidad en los 38 países estudiados no es muy alta (como evidencian las pocas líneas horizontales o casi horizontales que aparecen en la Tabla), en México hay una conexión directa entre impunidad y corrupción.

Hay países como Dinamarca o Noruega con muy buenas posiciones en ambas tablas, prácticamente correspondientes entre sí. México también ocupa posiciones similares en las dos tablas, pero en la parte baja, con niveles altos de impunidad y corrupción. ¿Por qué esta relación entre variables no se da también en otros países con elevada impunidad, como Filipinas o El Salvador? ¿O por qué no se da tan claramente en Colombia o Turquía, donde también hay altos niveles de impunidad? ¿Qué hay, pues, de especial en el caso mexicano?

Las implicaciones de estas preguntas para México rebasan la agenda de investigación y obligan a un cambio urgente en la política pública del país. En efecto, nos importa saber si la impunidad genera corrupción o la corrupción genera impunidad. Pero si consideramos la vida cotidiana de millones de personas, y los efectos que tiene esta conexión directa entre impunidad y corrupción, es urgente controlar ambas expresiones de un Estado de derecho débil e ineficaz.  

*Solo se incluyeron aquellos países que aparecen tanto en el BGC como en el IGI.

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Eduardo Bohórquez es director de Transparencia Mexicana.  Irasema Guzmán es estudiante de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en Flacso-México.  Germán Petersen es coordinador del programa de investigación en métricas de corrupción de Transparencia Mexicana.

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