La idea de que en transparencia y combate a la corrupción el país va sustancialmente mejor en el plano federal que en el subnacional, donde se cree que todo es sombrío, se ha vuelto un lugar común en la discusión pública mexicana. Hay, empero, datos que hacen dudar de la veracidad de este diagnóstico o, cuando menos, de la necesidad de análisis más finos y matizados.

Desde que comenzaron las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República el pasado 11 de abril —a partir del respaldo de 634 mil mexicanas y mexicanos a la iniciativa ciudadana #Ley3de3— y hasta el 16 de mayo pasado, se duplicó el porcentaje de funcionarios de gabinetes estatales que han presentado su #3de3 —pasó de 8.2% a 17.3% del total.

Los gabinetes de Baja California Sur (BCS), Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Sonora han presentado su #3de3, y los de la Ciudad de México, Jalisco y una parte del de Sonora lo presentaron en el periodo en cuestión. Tan solo en este último, 56 integrantes del gabinete ampliado se sumaron a los 22 funcionarios que ya habían hecho públicas sus declaraciones. Esto convierte a Sonora en el estado que ha presentado más declaraciones, seguido de BCS con 47.

En total, 108 funcionarios estatales se han sumado a la iniciativa de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en las cinco semanas transcurridas desde el 11 de abril, es decir, un promedio de más de 20 por semana.

El notorio crecimiento de la representación de los estados durante este periodo contrasta con el estancamiento de legisladores federales: en las mismas cinco semanas, solo se sumaron dos senadoras —Cristina Díaz y Martha Tagle— y siete diputados federales.

Desde el punto de vista político y de estrategia ciudadana hay una lección importante en todo esto: el ascenso de ciertas discusiones y propuestas en la agenda pública, a partir del trabajo de la sociedad civil, puede mover a la acción a la clase política, incluso a la que pareciera más renuente a hacerlo —cuando menos en el imaginario social. En este caso, el ascenso de la anticorrupción en la agenda incentivó a numerosos políticos y funcionarios estatales a sumarse a la iniciativa #3de3.

Queda para la reflexión si este cambio evidente en el comportamiento de algunas de las élites político-burocráticas estatales podría ser la semilla de un federalismo responsable, no impulsado desde el plano federal sino desde las entidades mismas.

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María Zilli y Arturo Mendoza son consultores de proyectos de Transparencia Mexicana.

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