La elección para gobernador en el Estado de México (Edomex) alcanzó niveles épicos equivalentes a unos comicios presidenciales. El PRI llegaba mermado después de las derrotas del 2016, además de una gestión presidencial cuyas imagen y aceptación se han ido deteriorando. El bastión mexiquense es, por tanto, estratégico, no sólo como refugio político electoral, sino también por los inmensos negocios que ahí detenta el grupo en el poder. Además, el Edomex representa casi el 14% de la lista nominal de la República Mexicana, por lo que es la entidad con el mayor peso electoral. Por ello, las repercusiones inmediatas en la clase política eran palpables. El resultado electoral, cualquiera que fuera, obligaría a reacomodos de cara a las elecciones del 2018. Así pues, el territorio electoral mexiquense es estratégico. Para el grupo Atlacomulco en el poder era impensable perder, y había que ganarlo a cualquier costo. Los medios de comunicación se instalaron en la entidad para seguir paso a paso las incidencias del proceso como nunca antes en la historia del estado. Pudieron corroborar los excesos de los gobiernos federal y estatal en los comicios mexiquenses. Las amplias coberturas mediáticas demostraron a escala nacional las prácticas fraudulentas de los gobiernos mexiquenses municipales y estatales que recordaron al viejo priismo autoritario del siglo pasado. De costa a costa se puso en evidencia la parcialidad institucional, así como la omisión y la falta de autonomía de las autoridades electorales. Los comicios mexiquenses mostraron claros signos retrógrados: mucho dinero, politización de programas sociales, violencia electoral, intimidaciones policiacas, intervención desmedida de autoridades públicas, pasividad de estructuras electorales, compra y coacción del voto.

La elección en el Edomex es una muestra emblemática de regresión e impunidad que perfila un aterrador proceso electoral para el 2018, el cual se antoja preocupante y complejo. Las elecciones mexiquenses del 2017 han sido un antecedente de la intención del gobierno de Peña Nieto de ir con todo, utilizando viejas argucias y prácticas atrevidas, toleradas bajo el disimulo de las autoridades electorales. Actitud peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados. Algunos analistas veteranos dirán que todo esto ya se había visto desde hacía 30 años —un déjà vu—. Entonces, ¿México no ha avanzado en sus procesos electorales? ¿O tenemos claros signos de regresión a viejas prácticas electorales?

El autor del presente artículo lleva 18 años acompañando los procesos electorales del Edomex, sea como observador ciudadano o como consejero tanto del Instituto Electoral del Estado de México (ieem), como de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (ine) en esa entidad. Los apuntes que siguen se asocian a las preguntas sobre regresión y atascamiento electoral.

Elección de Estado

Cuando analistas y partidos de oposición se refieren a una “elección de Estado”, la expresión suscita una sensación de insuficiencia. Es un término que a fuerza de repetirse dice todo y no dice nada; se ha desgastado e incluso puede desorientar. Por él se entiende que el partido en el poder favorece a su candidato con recursos y apoyos logísticos. Esta definición se queda corta en el Edomex. Ahí estamos hablando de la transformación o transfiguración del aparato de gobierno en aparato electoral, de la conversión a una poderosa maquinaria electoral perfectamente organizada, aceitada con mucho dinero, recursos e infraestructura logística de empleados gubernamentales, vehículos, policías y equipos. Los secretarios de gobierno se distribuyen regiones, los subsecretarios municipios, los directores distritos, y así hasta llegar a la repartición de colonias. Dinero a manos llenas para fondear de manera oculta la campaña del candidato oficialista, así como la compra y coacción del voto en las zonas de mayor pobreza. Frente a un esquema de intervención gubernamental tan apabullante no hay equidad posible. Por más fuerza que posea la oposición, estará siempre en desventaja frente a un aparato de Estado experimentado que, además, está respaldado por un ejército de abogados electorales.

Demasiado dinero

Incontable la cantidad de dinero ilícito que se movió en las elecciones, además de los recursos públicos. Miles de millones de pesos. El movimiento político Ahora denunció contubernios millonarios entre la empresa ohl y los gobiernos mexiquenses, cuya finalidad, entre otras, es fondear campañas electorales oficialistas. Hay muchas historias subterráneas que rayan en la fantasía cuando se refieren a dinero en los procesos electorales. En relación con el financiamiento a las instituciones electorales como el Tribunal Electoral del Estado de México (teem) y el ieem, las cantidades son excesivas. Tomemos el ejemplo de este último, que en agosto del 2016 presentó un presupuesto a la legislatura local de 2 mil 346 millones de pesos, de los cuales poco menos de mil millones fueron para los partidos. La abultada propuesta es desproporcionada, como si tuviera todas las atribuciones generales antes de la última reforma. Es decir, la totalidad de acciones y responsabilidades del conjunto del proceso electoral. Recordemos que desde el 2014 las funciones del instituto local se redujeron al 70% que ahora ejerce el ine. Comparando, en el 2005 el ieem gastó en las elecciones para gobernador mil 725 millones de pesos; en el 2011, mil 650 millones de pesos, y en el 2017 dio un salto sospechoso a 2 mil 71 millones de pesos en presupuesto aprobado por la Legislatura.

La mayor parte del presupuesto se va en salarios; sin embargo, hay muchos rincones oscuros en el manejo de los recursos del instituto. A esto hay que sumar el dinero destinado a los tribunales estatal, regional y federal, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (fepade) y, por supuesto, al ine, que tiene montada en el Edomex una impresionante estructura permanente de 45 juntas locales y una delegación estatal en Toluca. Siendo México un país con tantas carencias y pobreza, ¿vale la pena gastar tanto dinero en los procesos electorales? ¿La democracia electoral tiene que ser costosa ante resultados tan cuestionados?

El voto de la pobreza

Si bien la participación ciudadana se incrementó en más de un 5%, se dio más en zonas rurales y pobres que en las urbanas, lo que ha generado cuestionamientos entre distintos analistas y académicos que estudian esas elecciones. El 75% de las 18 mil 605 casillas fueron urbanas, y sólo el 25% no urbanas. En las casillas urbanas se mantuvo el promedio histórico de abstención y sólo votó el 51.9% de los ciudadanos del Edomex. Mientras que en las no urbanas, el voto se incrementó al 59.5%. Hay una diferencia de 7.6, en la que el PRI obtuvo 18 puntos con un mayor número de votos que Morena en las casillas no urbanas. Es decir, en las casillas rurales el PRI obtuvo 43.5% de los votos, y Morena sólo el 25.6%. En cambio, en las casillas urbanas la diferencia fue ligera: el PRI obtuvo el 30.1% y Morena el 32.9%. En municipios como Sultepec votó el 69% de la lista nominal, en Tlatlaya el 67%, y en Luvianos el 65%. Niveles envidiables hasta en países como Suiza. En contraste, en los municipios urbanos la participación fue pobre; por ejemplo, en Naucalpan y Tlalnepantla sólo votó el 47%, y en Ecatepec el 49%.

Por ello, mi compañera, la consejera Ana Vanessa González, que tuvo un fuerte posicionamiento en la última sesión de la Junta local del ine en el Edomex, señaló:

Lo estuvimos diciendo desde marzo de este año en sesiones sobre la operación del gobierno federal y del gobierno estatal en la entrega de recursos públicos y en la operación de programas sociales. Cuestionamos la decisión del Congreso local al definir 65 programas sociales que supuestamente no tendrían incidencias electorales. Las más de 150 visitas de los secretarios de Estado federales, las más de 500 visitas de subsecretarios y de directores generales que estuvieron operando directamente programas sociales en zonas pobres de la entidad, justificando que los programas sociales no podrían parar, y menos en el Edomex con tantas necesidades. Es evidente que se entregaron recursos de distintos tipos de los diferentes programas sociales en la entidad y ahora constatamos que por supuesto tuvieron influencia en la orientación del voto en todo el sur del estado, y se muestra que tiene una incidencia en los resultados electorales.

En efecto, dichos llamados tuvieron poco eco en el ieem y de manera más preocupante en el ine, que literalmente se lavó las manos.

Terrorismo electoral 

Eran las 3 de la mañana del 4 de junio, día de la jornada electoral. El teléfono sonó con insistencia, respondí y escuché la voz de un hombre maduro, exaltado: “síguele, güey, y verás cómo te partimos tu chingada madre, hijo de tu…”. Conforme se acercaba la jornada electoral y las encuestas mostraban un empate técnico, las estrategias por parte del gobierno y del PRI se endurecieron al grado de recurrir a métodos empleados por los cárteles del crimen organizado. Hubo, durante todo el proceso, denuncias de Morena por actos de hostigamiento a sus militantes. Al acercarse el día de la votación hubo acciones de intimidación graves. En algunos lugares donde se instalarían las casillas se tiraron cabezas de cerdo; hubo carteles grandes, falsamente firmados por el ieem, donde se recomendaban medidas de seguridad en caso de presentarse una balacera. Policías municipales en aparatosas camionetas repartieron citatorios falsos de la fepade a ciudadanos funcionarios de casilla y representantes de partidos. El hecho ameritó un desmentido del titular Santiago Nieto, quien tuiteó: “Son falsos los citatorios que se están distribuyendo a representantes de partido firmados a mi nombre. Denuncien”.

También hubo cientos de llamadas intimidatorias a funcionarios de casillas ¿Cómo obtuvieron sus números telefónicos? El terrorismo electoral consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno o un partido para inducir o sembrar terror e inhibir o condicionar el voto entre la ciudadanía. Todos estos hechos inhibieron la participación de ciudadanos funcionarios de casillas. Un ejemplo: 20.47% de las casillas, es decir 3 mil 808, tuvieron al menos un funcionario tomado de la fila. Estamos hablando de que cerca de 5 mil 386 funcionarios fueron tomados de la fila, lo que equivale a un 7.23% del total de los funcionarios de casillas.

Para algunos consejeros generales del ine, este hecho no fue grave, ya que se redujo la sustitución respecto a la elección anterior. A este tenor, el consejero Ciro Murayama refutó una declaración que hice a la revista Proceso sobre la preocupante sustitución de funcionarios de casillas. Él objetó que en la mayoría de éstas ganó la candidata Delfina Gómez, por lo que “no dañó de modo alguno” la elección; sin embargo, pasó por alto que la mayoría de las casillas donde se tomó al menos a un ciudadano de la fila se concentró en zonas donde Morena era fuerte. Por probabilidad el resultado era obvio. Por ello, las sustituciones se centralizaron en Tlalnepantla, Ecatepec y Zumpango; también en Atizapán y Chalco, donde hubo una diferencia mínima entre los principales contendientes. Dicho de otra manera, si las sustituciones fueron un accidente disperso en la geografía distrital, el reproche de Murayama tendría validez, pero éstas se concentraron en zonas donde la oposición era robusta. Por tanto, hay que revisar nuevamente la aseveración del consejero. Aquí hubo un operativo montado. Nada nuevo, y no descubrimos el hilo negro.

Fracaso de la reforma del 2014 y lo que viene

En las últimas elecciones se han recrudecido las prácticas abruptas de deshonestidad política. Pésimo preámbulo para el proceso del 2018. Como señala Alberto Aziz Nassif, dichas prácticas despreciables se creían anacrónicas, pero se han intensificado a partir de los fracasos del PRI en el 2016 y de la disminución de la credibilidad en la presidencia. Los casos de Coahuila y el Edomex nos han mostrado las miserias políticas y las complicidades de quienes están posicionados en el poder sin importar el partido.

La imagen y credibilidad del ieem, de los Organismos Públicos Locales Electorales (ople) y del ine han sufrido un serio deterioro en este proceso; han sido rebasados, principalmente el ieem subordinado al PRI. Además, para el ciudadano común es difícil hacer una distinción entre las instituciones electorales. El desprestigio de una afecta a la otra. Por ello Lorenzo Córdova, en entrevista con Ezra Shabot, decía que si le va bien a los ople, le va mejor al ine. No es el caso en el Edomex porque abundan sospechas sobre la imparcialidad de los consejeros electorales. El proceso mexiquense y el de Coahuila han erosionado aún más la credibilidad del ine.

En los hechos no ha habido una correcta coordinación entre el ieem y el ine. No me refiero a tareas, sino a responsabilidades. Por momentos, los consejeros del ine se lavaron las manos, o bien se sentían los dueños del balón. La reforma del 2014 ha construido un galimatías que no ha dejado claras las fronteras institucionales de rango, responsabilidad y autoridad. En la entidad, el muy cuestionado eje conteo rápido-Programa de Resultados Electorales Preliminares (prep)-cómputo distrital, que comprendía la apertura de algunos paquetes, no funcionó. Esto es un claro ejemplo de la relación disfuncional entre el ieem y el ine. Por ello, creo que se debe pensar de una vez por todas en una disyuntiva clave. No a un modelo electoral híbrido. O desaparecen los ople y el ine asume la totalidad de las elecciones o desaparece el ine y se crea una federación de ople autónomos que se coordinen cuando haya elecciones federales.

Joaquín Rubio, vocal ejecutivo de la Junta Local del ine en Toluca, declaró: “Hay mucho cuestionamiento sobre este modelo híbrido ine / ieem. Que para muchos analistas y aquí, algunos consejeros locales, no ha funcionado. Y sirvió para que algunas autoridades se echen la bolita sobre ciertas responsabilidades […] Yo creo que deben tomar una determinación. Dos institutos electorales son muchos para una misma elección” (Milenio, Estado de México, 3 de julio del 2017).

En el Edomex y Coahuila, con resultados tan cerrados, conviene abrirse a una segunda vuelta. Otro reto es el financiamiento, hay que bajar el dinero público y canalizarlo a combatir urgencias como la pobreza y la inseguridad. Hay que aligerar la normatividad que se ha convertido en un galimatías, es decir, desregularizar y simplificar las leyes y estructuras electorales. Por qué no considerar el voto obligatorio como medida que contrarreste la compra y coacción del voto. Habrá que pensar en reciudadanizar los órganos electorales para descolonizar la perversión de cuotas partidarias en cada uno de los consejeros. La llamada “profesionalización” electoral de los consejeros es una apuesta autoreferencial que ha impulsado Córdova y que está condenada al fracaso. Es necesario repensar lo electoral y evitar la caída drástica, que ahora parece un tobogán, de credibilidad y confianza en la democracia electoral. EstePaís

Crédito de la imagen: Alejandro H. Cruz

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