En el libro tercero de la Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides sostiene que los corcirenses “cambiaron incluso el significado normal de las palabras en relación con los hechos, para adecuarlas a su interpretación de los mismos”. Para el historiador, ésa había sido una de las razones que explicaban la caída de Atenas y su conversión de democracia en tiranía.

La sola denominación de las cosas o la redefinición de su significado no parecen ser la única razón para un cambio tan radical en un sistema político. Pero es cierto que facilitan la creación de un clima de opinión que contribuye a analizar lo que ocurre en un sentido determinado y, en su caso, a actuar en consecuencia.

Las llamadas a la acción política deben venir precedidas necesariamente de una descripción de la situación que las justifique. Para ello, la retórica ofrece un extraordinario despliegue de recursos que permiten adecuar unas a la otra. La metáfora, la metonimia, la exageración, la simplificación y la prolepsis son algunos de los más habituales. Pero quizá ninguno de ellos es tan poderoso en su capacidad persuasiva como la redefinición. Dar un significado distinto a lo ya establecido obliga a ver la realidad de una forma diferente. Y, por tanto, a reinterpretarla.

Las situaciones se afrontan en la medida de lo que son; son en la medida en la que significan, y significan en la medida en la que las denominamos. Es un principio básico en el discurso político.

En España, Podemos ha entendido muy bien no sólo su uso, sino su efectividad. Hace unos días, esta formación política presentó una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Una de las razones que la justificaban descansaba en la idea de que España se encuentra en “estado de excepción democrático”.

El artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, del 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, determina que: “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del Art. 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los diputados autorización para declarar el estado de excepción”.

El número de casos de corrupción que acorralan al Partido Popular, y que están siendo vistos en los tribunales, es escandaloso. Que haya habido funcionarios públicos que utilizaron las instituciones en beneficio personal —y que conocemos porque han sido detenidos y están a disposición judicial— resulta despreciable. Pero ninguna de esas circunstancias, por muy asqueantes que se nos antojen, permite definir lo ocurrido como “estado de excepción democrática”. Precisamente porque sí lo sabemos es porque las instituciones (concretamente la Administración de Justicia) están funcionando con normalidad. Y aunque otras instituciones estuvieran “gravemente alteradas”, no parece que el ejercicio de las potestades ordinarias sea “insuficiente para restablecerlo”, toda vez que conocemos lo que ocurre porque la Justicia está funcionando, con más o menos presiones y con más o menos diligencia (extremos éstos que no son específicos del momento que vivimos).

El líder de Podemos ha ofrecido al psoe retirar la moción si los socialistas presentan otra en la que incluyan el referéndum en Cataluña, que ha definido como una “movilización ciudadana”. Pues tampoco. Un referéndum es una consulta, mientras que una movilización ciudadana es una forma de manifestar una protesta. La consecuencia de la movilización puede ser, o no, el referéndum. Pero si es la consecuencia no puede ser en modo alguno el referéndum. ¿Por qué se intenta definir, entonces, de esta manera? Para asegurar que si se impide la consulta (o sea, la movilización) se estará atentando también contra el derecho constitucional de manifestación.

En la Conjuración de Catilina, Salustio explica cómo Catón el Joven argumentaba que una de las causas de la amenaza al Estado tenía que ver con el mal uso del lenguaje. El historiador pone estas palabras en boca del político romano: “iam pridem equidem nos vera vocabula rerum amisimus”. Es decir: “hemos perdido los verdaderos nombres de las cosas”. Pues, en algunos casos (que no son intrascendentes), igual sí.  EstePaís

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