A la Ciudad de México, como al país entero, se le avecinan cambios. Las recientes elecciones, más allá de cualquier preferencia por algún partido, marcaron un rumbo contundente. En el ex Distrito Federal, la mayor parte de los recién bautizados como alcaldes —no sólo un nuevo nombre para los antes llamados jefes delegacionales, sino también […]
Apuntes para un decálogo urbano: 10 puntos a considerar para el presente de la Ciudad de México
A la Ciudad de México, como al país entero, se le avecinan cambios. Las recientes elecciones, más allá de cualquier preferencia por algún partido, marcaron un rumbo contundente. En el ex Distrito Federal, la mayor parte de los recién bautizados como alcaldes —no sólo un nuevo nombre para los antes llamados jefes delegacionales, sino también […]
Texto de Alejandro Hernández Gálvez 10/08/18
A la Ciudad de México, como al país entero, se le avecinan cambios. Las recientes elecciones, más allá de cualquier preferencia por algún partido, marcaron un rumbo contundente. En el ex Distrito Federal, la mayor parte de los recién bautizados como alcaldes —no sólo un nuevo nombre para los antes llamados jefes delegacionales, sino también mayor libertad para decidir en las demarcaciones que gobiernan— y los concejales que los acompañarán, así como la jefa de gobierno y la mayoría de la cámara de representantes locales, serán del mismo partido: Morena. También, ya sabemos, el gobierno federal será de Morena, así como las mayorías en las cámaras de diputados y senadores federales. Hay a quien abruma y preocupa esa nueva mayoría pero, por otra parte, con la experiencia de cómo un gobierno dividido ha funcionado en México, más que como un sistema de contrapesos como un lastre, la nueva mayoría podría servir para echar a andar programas y renovar políticas que, a nivel de la Ciudad de México, mucha falta hacen.
Para eso se requiere que el nuevo gobierno sea capaz de reconocer los problemas que enfrentará y sobre todo la necesidad, diría yo la obligación, de conciliar y concertar directamente con los ciudadanos, quienes no ocultan su decepción tras años de gobiernos que de manera cotidiana practican el engaño y el olvido de sus compromisos. Anoto aquí 10 puntos que me parece evidente deberían atenderse de inmediato, aunque resolver los problemas que implican requiera acciones a mediano e incluso largo plazo. Son apuntes vagos, sin duda, y aunque se presentan en lista no tienen ninguna jerarquía. El gran problema al que se enfrentarán los nuevos gobernantes de esta ciudad, en sus distintas escalas y niveles, es que no hay tiempo para elegir un problema primordial y dejar los otros para mejores tiempos. Hay que plantear estrategias claras. Entender que mucho de esto llevará años o décadas en transformarse, pero que debe ponerse sobre la mesa de trabajo desde el primer día. Ese es el problema, literal y metafórico, de cualquier gran ciudad o metrópoli: no hay un camino sólo para recorrerla y entenderla.
El territorio. La Ciudad de México es más que un nombre reducido a cuatro letras de lámina multiplicadas hasta el hartazgo en cada plaza. Durante más de un siglo, a la Ciudad de México le quedó holgado el territorio bautizado como Distrito Federal, pero luego creció y rebasó esos límites. Hoy los habitantes de la Ciudad de México ocupan, con distintas densidades de población, 16 alcaldías y otros tantos municipios en el Estado de México. Una de las tareas primordiales para el nuevo gobierno de la ciudad sería emprender un esfuerzo coordinado para lograr una planeación metropolitana de la magnitud y escala que una ciudad de 22 millones de habitantes requiere. La desigualdad económica y social se ha traducido en segregación espacial y muchos millones de habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México padecen condiciones que otros, con privilegios, a veces ni siquiera conocen. Una planeación metropolitana eficaz no sólo es impostergable, sino que debiera resultar de algún modo más sencilla cuando por primera vez en un par de décadas el gobierno de la ciudad, el de muchas alcaldías, los congresos locales y el gobierno y congresos federales pertenecen al mismo partido.
El agua. Antes que la población que hoy ocupa la cuenca del Valle de México, el sistema de lagos y los arroyos que los alimentaban definieron la extensión y complejidad de este territorio. Tras la Conquista y durante siglos, los distintos encargados de gobernar y planear la ciudad entendieron al agua como un obstáculo. Enormes esfuerzos técnicos de ingeniería se han hecho para desecar el valle; nunca tanta inteligencia y tantos recursos se invirtieron en decisiones tan erradas. Hoy, la ciudad se hunde aceleradamente. Millones de sus habitantes sufren escasez de agua o inundaciones. A veces son los mismos quienes padecen ambas, sumadas generalmente a condiciones de marginación económica. El problema del agua en la Ciudad de México es grave y todos sabemos que no se ha hecho lo suficiente para tratarlo. Hay que recuperar en lo posible el sistema hídrico de la cuenca. Limitar al máximo el crecimiento urbano en los pocos bosques de altura que nos quedan y la ocupación de barrancas. Sobre todo, limitar la explotación excesiva de los mantos acuíferos subterráneos. Será esencial evitar el crecimiento urbano sin control alrededor de lo que pudiera ser el nuevo aeropuerto y de lo que es el actual. Esos son lugares para el agua. Tratar y reciclar el agua desde la escala doméstica a la regional son, también, tareas impostergables.
El aire. Tierra. Agua. Aire. Todo lo hemos contaminado. La tierra seca del llano que levanta la tolvanera es un indicio de que no comprendimos el complejo y delicado sistema de la cuenca del Valle de México, ésa que, por las crónicas, geógrafos venecianos del siglo xvi imaginaron les serviría como modelo para su propia ciudad. Hace años que esta ya no es la región más transparente. La contingencia no nos deja ver. No sólo el neblumo: también la palabra. Un filósofo escolástico nos explicaría que contingente es aquello que bien puede ser o no ser; algo de algún modo accidental. Llamarle contingencia a lo que sabemos seguirá ocurriendo repetidas veces durante un año es querer ocultar la realidad bajo una palabra. Sabemos que las condiciones geográficas y climáticas del Valle de México, la gran cantidad de automóviles que por horas llenan sus calles, la poca planeación urbana que no previó distancias ni maneras eficientes y colectivas suficientes para franquearlas, son los ingredientes que, sin falta, producirán cada año días de ‘contingencia’. Como con las ‘lluvias atípicas’, el lenguaje se usa, de manera perversa, para negar la realidad. Para ver claro y respirar aire limpio habrá que empezar por hablar con transparencia y señalar el problema de la contaminación ambiental con todas sus letras y con todos los efectos negativos de los que es causa.
La movilidad. Ya se ha dicho y muchos urbanistas, geógrafos y sociólogos urbanos están de acuerdo: el efecto del automóvil particular en las ciudades durante el siglo xx fue desastroso. Por supuesto, muchos de quienes usan automóviles privados piensan que es la mejor manera de moverse o la única, mientras no haya mejoras sustanciales en el transporte público. Aunque algo hay de razón en lo segundo, cabe notar que más de 70% de la población en la Ciudad de México se mueve en transporte público, en bicicleta o caminando. Y sí: el transporte público es insuficiente, mal planeado, muchas veces incómodo e inseguro y hasta caminar es una aventura en una ciudad con malas banquetas y automovilistas poco respetuosos. Es urgente mejorar esas condiciones pero no, en principio, para que la minoría que usa el automóvil particular decida por fin usar transporte público, sino en beneficio de la mayoría que ya lo usa. La mayor inversión en movilidad debe enfocarse en el transporte público. No más anchas avenidas, no más segundos pisos. Con esas mejoras, habrá quien decida dejar el coche; pero a quien quiera seguir usándolo hay que cargarle el costo de los efectos nocivos de esa preferencia para la comunidad: limitar la velocidad —incluso a 30 kilómetros por hora en zonas residenciales o escolares—, cobrar por estacionar el auto y exigir examen de manejo para obtener licencia, entre otras cosas. En resumen: enderezar una situación que hoy está totalmente de cabeza.
El espacio público. La ciudad es primordialmente el espacio público. Corrijo: el espacio público y el espacio común. Una lógica perversa nos hace pensar en el espacio público como un lugar vacío y, eso sí, ordenado y limpio. Limpio de gente y de actividades. Un espacio pensado sólo para la contemplación y el tránsito entre un espacio privado y otro. No, el espacio público y el espacio común son espacios para ser ocupados, usados, para que la comunidad se los apropie. Son espacios para la diversidad y, sí, para el conflicto. El Estado debe garantizar que el espacio público y el espacio común puedan acoger a quien camina y a quien descansa, al niño y al anciano, al que patina y a quien carga las bolsas del mandado. También a quien vende y a quien compra: mientras no haya un cambio económico y radical, no podemos hacer como si la economía en la ciudad y en el país no fuera informal en prácticamente 50%. También deben ser espacios capaces de acoger el festejo y la protesta. La idea de que el espacio público —ignorando siempre el espacio común— es un vacío ornamental, es la negación de la ciudad como espacio político.
La vivienda. Más que las oficinas, los talleres, las fábricas y otros espacios comerciales o de servicio, la vivienda constituye la mayor parte de lo construido en las ciudades. Sean unifamiliares, en departamentos, proyectadas por arquitectos o construidas por sus habitantes, es lo que garantiza la otra cara del derecho a la ciudad: el derecho a una vivienda digna, que el Estado debiera ser capaz de garantizar. La realidad es otra. La mayoría de los habitantes de la ciudad viven donde pueden, no donde quieren o necesitan. En las condiciones económicas actuales, el puro libre mercado no puede garantizar que la desigualdad de ingresos no se traduzca en marginación espacial o geográfica. El Estado debe imaginar otras maneras de intervenir que, en el fondo, se han probado en otros lugares o en otras épocas. Vivienda en renta con costos subsidiados, sea construida con inversión pública o mediante inversiones público-privadas e incentivos fiscales, o cooperativas de producción de vivienda y planeación de nuevos modelos de propiedad y ocupación. También mecanismos regulatorios de renta temporal, tipo Airbnb, que en ciertas zonas de la ciudad ejercen mayor presión sobre el precio de las rentas. Mezcla de usos y mezcla de personas con distintos ingresos. Y favorecer el desarrollo simultáneo de vivienda junto a espacios de trabajo de distintos tipos, además de la dotación de servicios y espacio público suficiente.
La densidad. El tema de la vivienda es inseparable del tema de la densidad. Pero cada vez que se nos habla de la necesidad de aumentar la densidad parece que la historia se cuenta de manera incompleta. Sí, la Ciudad de México es una ciudad más bien chaparra y que ha crecido en extensión, ocupando territorio de reserva y generando tantos o más problemas que soluciones. Pero hay que entender dos cosas. Primero, que mayor densidad no implica necesariamente mayor altura: París, con sus siete niveles en promedio, es una ciudad más densa que Manhattan, con sus rascacielos. También que, por otro lado, mayor altura y saturación de construcciones tampoco necesariamente implica mayor densidad: 100 microdepartamentos para solteros albergan menos personas que 40 departamentos para familias de cuatro miembros en promedio. Por eso hay que entender que la densidad tiene que ver con modos de vida, con estructuras familiares, con posibilidades económicas: la familia de escasos ingresos puede preferir, pese a todos los efectos negativos, una casita en la lejana periferia a la que se puede sumar un cuarto para la abuela o la hija recién casada, que un departamento sin posibilidad de crecimiento en una zona más céntrica. Si no se consideran las condiciones y posibilidades del aumento de densidad en construcciones y población de una manera compleja y sistémica, se tratará sólo de una coartada para disfrazar de desarrollo urbano el desarrollo inmobiliario.
El desarrollo urbano. Al menos durante el gobierno anterior de la Ciudad de México se confundió —por decirlo con un eufemismo— el desarrollo inmobiliario con el desarrollo urbano y el éxito en los negocios privados con la mejoría del bienestar común. Lo segundo no es consecuencia necesaria de lo primero. Muchas veces resulta lo contrario. El desarrollo urbano, planeado y concertado con los habitantes de la ciudad, en general, y de los barrios y alcaldías en particular, debe anteceder y guiar al desarrollo inmobiliario. La acelerada aparición de construcciones en distintas zonas de la ciudad puede leerse como un dato alentador en estadísticas macroeconómicas, pero sus efectos locales no siempre son los mejores. El análisis de los servicios requeridos —agua, transporte, servicios y espacios públicos, entre otros—, de los riesgos a prever y de las consecuencias negativas a evitar —desde el aumento en la cantidad de vehículos hasta la expulsión de los habitantes que no puedan pagar rentas o gastos mayores debido al aumento de la plusvalía—, deben definir el desarrollo urbano y, por tanto, determinar las posibilidades, los alcances y requerimientos del desarrollo inmobiliario.
La participación. El tiempo de las decisiones unipersonales para la ciudad ya se acabó hace mucho. No hay lugar para un Haussmann o un Moses. La ciudad es un espacio colectivo, de encuentros pero también de desencuentros. No todos pensamos igual ni todos buscamos lo mismo. La única manera hoy de planear y proyectar en la ciudad es mediante la participación. Entre más, mejor. Pero la participación no se reduce a una pregunta: sí o no ese puente, sí o no ese parque. La participación empieza desde la investigación de las necesidades, al tomar en cuenta los deseos de los habitantes, no siempre claros ni convergentes, la construcción de las propuestas y la convocatoria a expertos y especialistas. Son procesos largos, a veces tediosos e incluso no siempre garantizan terminar de la mejor manera. Pero eso es mejor a la imposición de soluciones desde la autoridad o la mayor capacidad económica. Una ciudad pensada entre muchos para muchos siempre será mejor que una impuesta por pocos. Y sí, como esos procesos son más lentos y tortuosos, es necesario diseñar estrategias, diseñar modelos y preparar alternativas.
La política. “No hay que politizar la discusión”. Es una frase que funcionarios, y a veces ciudadanos, repiten cuando se trata de decidir si habrá parquímetros o videomultas, si una calle se vuelve peatonal o se construye ahí una ciclovía. Y es un error, hay que politizarlo todo. Por supuesto, politizar no quiere decir llevar la discusión a los terrenos de las luchas partidistas o los esquemas clientelares. La política es la construcción de acuerdos pero, sobre todo, la única forma de manejar el desacuerdo. Iba a escribir que es la gestión del desacuerdo, pero no. Nos hemos acostumbrado a reducir la política al gobierno y a no entender el gobierno más que como gestión o administración de lo público. Pero la política es, en principio, la construcción o la constitución precisamente de eso: lo público. La política es la única manera que tenemos los ciudadanos para, horizontalmente, sin jerarquías ni prejuicios, organizarnos y organizar nuestro entorno. Hay por tanto que recordar cada momento, aunque parezca obvio, que es la polis el lugar de la política y la civitas el espacio de los ciudadanos. Quienes están a cargo del gobierno deben evitar la tentación de negar la política, pues esa es la tentación de acabar con la ciudad. EP
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