El euríbor es el tipo de interés al que los bancos europeos se conceden préstamos entre sí a corto plazo para prestárselo después a empresas y particulares. Los bancos españoles, al conceder un crédito hipotecario, exigen la devolución de ese tipo de interés más un diferencial. Un préstamo al euríbor + 2.5 significa que la letra que el cliente debe pagar al banco será el resultado de la suma del interés del euríbor más un 2.5%. Las entidades bancarias buscan recuperar el interés pagado para conseguir el dinero y, además, un margen de beneficios. Cada año se revisa cómo está el euríbor y se actualiza el pago de la letra mensual. Si está al 3%, el cliente debería pagar al banco un 5.5%. Si está al 1%, un 3.5%. Nada cuestionable en la operación.

Desde el año 2009, buena parte de los bancos españoles incluían en el contrato de concesión de préstamo una cláusula suelo y una cláusula techo. Es decir, un tope en la parte baja y en la parte alta que, si fueran rebasados, no afectarían al pago de la letra. Si la cláusula techo era de un 10% y, al revisar el euríbor, estuviera por encima, el cliente debería pagar ese 10% más el diferencial que hubiera añadido el banco. Con el mismo criterio, si la cláusula suelo era de un 3% y, al revisar el euríbor, estuviera por debajo, el cliente debería pagar ese 3% más el diferencial.

¿Cuál es el problema y dónde está la trampa? El problema es que los bancos no explicaban con claridad a los clientes las consecuencias de esas cláusulas. Al firmar el contrato, los notarios probablemente tampoco. La trampa es que no era probable que el euríbor sobrepasara la cláusula techo; pero sí era factible que descendiera por debajo de la cláusula suelo. De hecho, en 2008, alcanzó el máximo con un 5%. En 2009 comenzó a bajar y el año pasado acabó en un 0.08%. En enero de 2017 estaba en 0.09. Sin embargo, si la cláusula suelo era de un 3%, los clientes no se beneficiaban en el pago de su hipoteca de la bajada del euríbor sino que seguían abonando el 3% más el diferencial que ponía la entidad. La banca ganaba siempre. Sobre todo, cuando conseguía el dinero al 0% y lo prestaba aplicando la cláusula suelo más el diferencial. Los bancos y cajas españolas han ingresado 4 mil millones de euros de forma indebida.

Los casi tres millones de españoles afectados por esta cláusula llevaron a los bancos a los tribunales. El Tribunal Supremo dictaminó que era abusiva y debía ser anulada desde la fecha de la sentencia. Pero no obligaba a que las entidades devolvieran el dinero cobrado ilegalmente desde 2009. Consideraba que se podía provocar una grave inestabilidad financiera. Es decir, debían quedarse con un dinero que no era suyo porque devolverlo tenía riesgos para el sistema. Semejante injusticia fue recurrida ante el Tribunal Europeo.

A finales del mes de diciembre de 2016, el alto tribunal sentenció que “el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional” (la española), porque no protege los derechos de los consumidores y obliga a las más de 40 entidades bancarias a reintegrar “las ventajas obtenidas indebidamente en detrimento del consumidor”. En enero de este año, el Gobierno español obligó a que los bancos informaran a todos sus clientes de que tenían derecho a reclamarles lo cobrado injustamente.

Cuando en los últimos años se ha percibido a la Unión Europea como una macroestructura alejada de las personas, burocratizada y ensimismada, incapaz de resolver los notables problemas que afronta, una decisión de estas dimensiones acerca nuevamente a los ciudadanos a un proyecto común y que les protege cuando es necesario. Incluso del sistema judicial de sus propios países.

Cuando en los años de la crisis algunos gobiernos (como el español) han priorizado rescatar, a costa de los ciudadanos, a un sistema bancario viciado, corrupto y responsable en buena medida de una crisis económica desoladora, la decisión de obligar a los responsables a que informen a sus propios clientes de que lo han hecho mal, que han sido condenados y que tienen derecho a recuperar su dinero, también podría contribuir a recuperar la confianza en las instituciones y en los dirigentes.

Cuando la crisis parece que remite y que los grandes números empiezan a ser positivos, es el momento de corregir los efectos de algunas decisiones injustas —en éste y otros ámbitos— y de pedir perdón, cuando sea necesario, aunque haya que esperar a una sentencia del Tribunal Europeo que haga valer “el Derecho de la Unión”. EstePaís

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Julio César Herrero es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.

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