A partir del Acuerdo de París en noviembre de 2016, enfocado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los países firmantes se comprometieron a transitar, paulatinamente, de la generación de energía por medio de combustibles fósiles a la generada por energías renovables. México, aunque ha logrado avances en esta materia, parece retroceder en busca de una muy particular “soberanía energética”. En este artículo Adrián Fernández detalla nuestra situación, así como las alternativas para remontarla.
A partir del Acuerdo de París en noviembre de 2016, enfocado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los países firmantes se comprometieron a transitar, paulatinamente, de la generación de energía por medio de combustibles fósiles a la generada por energías renovables. México, aunque ha logrado avances en esta materia, parece retroceder en busca de una muy particular “soberanía energética”. En este artículo Adrián Fernández detalla nuestra situación, así como las alternativas para remontarla.
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El dilema ante
las energías renovables
En este momento
nuestro país se encuentra en una bifurcación histórica, con respecto al modelo
de política energética que decida seguir. Podría tomar la ruta más lógica y
conveniente, que coincide con las tendencias mundiales: apretar el paso hacia
una mayor participación de las energías renovables en nuestra matriz energética
y preparar el terreno para la bienvenida a la electrificación de la movilidad.
Esta ruta conlleva también una reducción acelerada del uso de combustibles
fósiles, de emisiones contaminantes que afectan la salud y de gases de efecto
invernadero —como el bióxido de carbono— causantes del calentamiento global. La
ruta de las energías renovables reduciría los impactos a la salud propiciados
por refinerías y termoeléctricas; bajaría el costo promedio de la generación de
electricidad y nos ayudaría a cumplir con los compromisos de mitigación de
gases de efecto invernadero que suscribimos en el Acuerdo de París.
Una segunda
ruta, que parece estar empeñado en seguir el nuevo gobierno de la autonombrada
Cuarta Transformación, se basa en posponer la transición energética y extender
inercialmente nuestro camino proveniente de un remoto pasado, donde todo se
resolvía con los combustibles fósiles. Esta ruta es consecuencia de buscar
cumplir a toda costa con dos principios político-ideológicos: la “soberanía
energética” del país y la predominancia de las instituciones del Estado
—Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad— como extractores,
productores y distribuidores de energéticos. Con tal de seguir estos dos
principios, no parece importar incurrir en costos incrementales significativos,
ya sea por la generación de electricidad con combustibles fósiles como carbón,
combustóleo y gas, o bien por la erogación de enormes inversiones en
infraestructura de refinación que quedará obsoleta —o por lo menos
subutilizada, stranded assets— mucho
antes de lo esperado para estos activos.
De igual manera, mientras muchos países buscan garantizar su “seguridad energética” —el suministro de electricidad y de combustibles, combinando de manera óptima lo producido al interior del país con lo adquirido en mercados internacionales de energéticos—, en México se habla ahora de soberanía energética. Este concepto, de acuerdo con lo planteado repetidamente por la Secretaría de Energía (Sener), consiste en ser autónomos o autosuficientes en materia de energía y no depender del exterior para proveer, por ejemplo, la gasolina y el diesel necesarios para la movilidad motorizada de personas y mercancías. Ese deseo de alcanzar la soberanía energética es la razón para que en pleno 2020 se construya una nueva refinería. La racionalidad económica y el análisis de las tendencias mundiales sugerirían que concluir con la reconfiguración de las seis refinerías existentes, para aumentar su producción de combustibles —tal como se está haciendo— tiene sentido, pero no llevar a cabo la construcción de una séptima refinería en Tabasco. Parece que “soberanía” para el actual gobierno significa no sólo no depender del exterior, sino también reducir al mínimo las opciones de participación privada en el sector energía, a pesar de que una mayor participación gubernamental signifique tener una matriz energética más sucia y mucho más cara. Un perder-perder.
Fotografía de Rogelio López, concurso “Mi vida y el viento”, cortesía de AMDEE
Transición
energética y energías renovables en el mundo
La transición
hacia un modelo energético no contaminante y de alcance universal está
reconocida en el séptimo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, dentro de
la Agenda 2030. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU),1
el avance en el ámbito de la energía sostenible no está a la altura de lo
necesario para lograr su acceso universal, ni el objetivo de energía asequible
y no contaminante, pues
• 13% de la
población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad.
• Tres mil
millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los
desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida.
• La
contaminación del aire en locales cerrados, causada por la quema de
combustibles para generar energía, ocasionó 4.3 millones de muertes en 2012.
• La generación
de energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y
representa cerca de 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero.
Por todo ello, la ONU reconoce como indispensable aumentar el uso de energías renovables a través de mayor financiamiento de políticas públicas más ambiciosas, que permitan adoptar tecnologías limpias en una escala mucho más amplia. Afortunadamente, el mundo viene experimentando durante las últimas dos décadas una cada vez más acelerada transición energética, impulsada por diversos factores; entre los más importantes se encuentran: la reducción de las reservas de petróleo de fácil acceso y bajo costo; los avances tecnológicos y la reducción masiva de costos de energías renovables como la eólica y la solar; y, por último, el avance de los acuerdos internacionales y de las políticas de un número importante de países que han decidido combatir el cambio climático reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estos factores, sumados, han generado un punto de no retorno. Los países desarrollados y algunos emergentes, como los gigantes India y China, se están moviendo con rapidez hacia una economía de menores emisiones de carbono, gracias a un crecimiento casi exponencial de las energías renovables.
Fotografía de Jorge Antonio Montoya Moreno, concurso “Mi vida y el viento”, cortesía de AMDEE
Impulso temprano
y campeones actuales en energías renovables
Podemos afirmar
categóricamente que hoy en día generar electricidad con energías renovables es
más barato que hacerlo utilizando combustibles fósiles, pero no siempre fue
así. Es importante destacar el papel que jugaron hace 20 años países como
España, Alemania y Japón, para alentar con determinación, visión de futuro y diferentes
esquemas de subsidios el avance de las energías renovables. Gracias a este tipo
de esfuerzos tempranos, las tecnologías de energías solar y eólica mejoraron
significativamente su eficiencia y desempeño, a la vez que generaron economías
de escala que hicieron caer los precios de estas tecnologías para beneficio
mundial.
España se
convirtió en uno de los países más exitosos en la promoción de las fuentes de
energías renovables desde el sector gubernamental; en especial la energía
eólica, por medio de un esquema conocido como feed-in tariff, que consiste en pagar a los desarrolladores de
proyectos de energías renovables una tarifa mayor al precio de mercado. Cuando
generar electricidad era más caro con energías renovables que con combustibles
fósiles, este esquema permitía incentivar la inversión privada en estas
tecnologías. Sin embargo, debemos recordar que nunca se han estimado
adecuadamente las externalidades negativas asociadas con los combustibles
fósiles, como sus impactos en la salud — enfermedades y mortalidad prematura—,
en los ecosistemas y en el cambio climático. Esta limitación metodológica hizo
parecer a las energías fósiles más baratas, cuando en realidad eran más caras
para la sociedad.
La feed-in tariff original en España se
introdujo en 1998, pero tuvo modificaciones en el 2004 y 2007 y quedó cancelada
en 2013, cuando las energías renovables presentaban una clara tendencia a
disminuir sus costos y podían competir favorablemente en los mercados contra
las tecnologías fósiles usadas para generar electricidad, como el carbón, el
combustóleo e incluso el gas natural. En 2019, España lanzó el Plan Nacional
Integrado Energía y Clima, en el que se señala que para el 2030 el país
alcanzará a producir 50.3 gigawatts (GW) de energía eólica, 36.9 GW de energía
solar y 7.3 GW de energía termosolar para el calentamiento de agua.
Con estos
esfuerzos se estima que España alcanzará 74% de energía renovable en su matriz
energética y reducirá hasta 23% las emisiones de gases de efecto invernadero.
Gracias a las energías renovables, su grado de dependencia energética se
reducirá de 74% actualmente a 61% en 2030. Adicionalmente, a principios de 2020
el gobierno español lanzó un muy ambicioso plan para convertir totalmente su
sistema eléctrico hacia las energías renovables para mediados de siglo y lograr
la completa descarbonización de su economía poco tiempo después. La idea del
gobierno español es, para mediados de este siglo, reducir 90% sus emisiones de
gases de invernadero con respecto a los niveles de 1990. Estas ambiciosas metas
serán plasmadas en el borrador de su Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. El actual gobierno se compromete a instalar al menos una capacidad
de 3 GW por año de energía eólica y solar de 2020 a 2030, justo el “periodo de
cumplimiento” de las metas de mitigación recogidas en el Acuerdo de París.
Otro ejemplo
digno de destacarse es el de la India, quien planteó desde el momento de la
firma del Acuerdo de París en 2015, que para 2022 alcanzarían una capacidad
instalada de energías renovables de 175 GW, de los cuales se estima que
alrededor de 100 GW serán de energía solar fotovoltaica, 60 GW de energía
eólica, 10 GW de biomasa y 5 GW de energía minihidroeléctrica. Análisis
recientes señalan que la India va con el paso y la dirección correctas para
cumplir esas metas. Adicionalmente, con el objetivo de contribuir más a la
solución del problema, ha establecido un segundo conjunto de metas de energías
renovables: para 2027 se ha planteado alcanzar hasta 348 GW de capacidad instalada
de energías energías renovables, de las cuales se estima que 72 GW serán de
energía hidroeléctrica y cerca de 275 GW de energías eólica y solar.
Finalmente, la India se plantea alcanzar la meta de 500 GW para 2030.
Seguramente estos planteamientos recientes se incorporarán a la versión
revisada y más ambiciosa de las metas de mitigación que presentará a fines de
2020 en la COP26, en Glasgow.
Otro caso notable que marca rumbo y ritmo para el crecimiento de las energías renovables en el mundo es China. En su portafolio estandarizado de energías renovables, anunciado en 2011, se plantearon como metas llegar a 5 GW en 2015 y a 25 GW para 2030. Sin embargo, en 2012 China había alcanzado los 8 GW y para 2017 los 70 GW, una tasa de crecimiento mucho mayor que el pronóstico más optimista.
Fotografía de Marcelino López Vásquez, concurso “Mi vida y el viento”, cortesía de AMDEE
El Sistema Eléctrico
Nacional
El Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) comprende alrededor de 500 centrales de generación de
electricidad de diversas tecnologías y dimensiones, que en conjunto suman
alrededor de 70.3 GW de capacidad instalada. Las principales tecnologías, de
acuerdo a su capacidad instalada, son: 26.4 GW de plantas de ciclo combinado
operando con gas natural (37.6%), 10.6 GW de plantas termoeléctricas que
utilizan combustóleo (15.1%) y 5.3 GW de plantas de carbón (7.5%). Por su
parte, las energías renovables suman más de 20 GW, lo que significa alrededor
de 28% de la capacidad total. Dentro del grupo de las energías renovables
siguen dominando las plantas hidroeléctricas con 12.6 GW (17.9%), seguidas por
las plantas eólicas con 4.2 GW (6.1%), las plantas de energía solar con 1.6 GW
(2.4%), las de geotermia con 0.9 GW (%1.3%) y, por último, las plantas de
bioenergía con sólo 0.5 GW (0.7%).
La Ley de Transición
Energética y las subastas de largo plazo
La Ley de
Transición Energética (LTE), promulgada por el Congreso en diciembre de 2015,
establece metas obligatorias para la generación por medio de energías limpias
de la siguiente manera: 25% en 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024. De igual
manera, la LTE estableció a las subastas de largo plazo (SLP), como el
mecanismo que permitiría a la cfe hacerse de energía limpia suficiente para
cumplir con sus obligaciones legales. A partir de 2016 se han realizado tres
subastas —planeadas para cumplir con la ruta establecida por la LTE— que dieron
lugar a la instalación de 7.5 GW, con una inversión de $9,000 millones de
dólares. Se estima que se requieren otros 10 GW para llegar a 2024 con 35% de
energías limpias en la matriz energética, con una inversión estimada de 13,000
millones de dólares.
Estas tres
subastas arrojaron resultados muy interesantes. En primer lugar, se demostró
que despertaban gran interés para los desarrolladores privados, a pesar de que
el precio tope establecido por la CFE era de $70 dólares/mwh, lo que a
principios de 2016 parecía un desafío a la viabilidad económica. Por otro lado,
conforme a la ley, los concursantes adquirían el derecho de obtener Certificados
de Energía Limpia (CEL), que al comercializarlos les brindarían un ingreso
económico adicional vinculado al proyecto. Los costos promedio de generación de
electricidad obtenidos en cada una de las subastas fue el siguiente: primera
subasta, $47.7 dólares/mwh; segunda subasta, $33.4 dólares/mwh; y tercera
subasta, $20.57 dólares/mwh. Gracias a ellas, las energías renovables empezaron
a despegar en nuestro país.
La tecnología
renovable que más ha crecido en México es la solar o fotovoltaica; tan sólo en
2018 se instalaron cerca de mil mw, para pasar de 670 mw en 2017 a 1,670 mw. La
energía eólica también creció mucho, de 3.8 GW en 2017 a 4.2 GW en 2018. Las
slp agregaron 244 mw de energía eólica y 1,317 mw de energía solar el mismo
año, además de 1,199 mw de energía eólica y 2,000 mw de energía solar en 2019.
A pesar de este vigoroso crecimiento y de los atractivos precios ofrecidos por
los proyectos de energía eólica y energía solar, una de las primeras medidas
que anunció e implementó la Sener, bajo el gobierno de la 4T, fue la de
cancelar la cuarta subasta, contemplada para llevarse a cabo a principios de
2019. En un principio la Sener señaló —con falsedad— que muchos proyectos
ganadores de las tres primeras se encontraban con un enorme retraso.
Posteriormente, se logró constatar que el problema de los proyectos era
simplemente que eran implementados por compañías privadas, en contra del modelo
político-ideológico del nuevo gobierno de hacer que las empresas del Estado —en
este caso la CFE— incrementaran cada vez más el porcentaje de generación de
electricidad para atender la demanda nacional.
La cancelación
de las SLP por parte de la Sener ha tenido diversas repercusiones. Una muy
grave es la imposibilidad de programar las inversiones necesarias para que las
plantas de energías renovables cumplan con el calendario de las metas de
energías limpias; otra es la pérdida de inversiones, puesto que los empresarios
han perdido la confianza para invertir en México. Por si esto fuera poco,
recientemente la Sener y la CFE, como parte de su guerra contra las energías
renovables —mejor dicho, contra las compañías privadas que han invertido en
estas tecnologías—, decidieron modificar unilateralmente y sin consulta pública
las reglas para el otorgamiento de los CEL. Para cumplir con sus obligaciones
de ley en materia de CEL, la Sener simplemente pretende otorgar certificados
por sus plantas hidroeléctricas y por su planta nuclear, que se encuentran en
operación desde mucho tiempo antes que el periodo establecido para poder
otorgar el CEL a un proyecto de energía. Esta decisión afecta retroactivamente
a muchos inversionistas que participaron en las SLP y se encuentra en litigio
en los tribunales. Tal como en realidad ocurrió con el lío de los gasoductos,
es probable que tanto los jueces como los socios comerciales internacionales de
México encuentren que el comportamiento y las prácticas de la Sener y la CFE
violan reglamentos, leyes y acuerdos comerciales, además de abonar a la
completa erosión de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Desde el punto de vista ambiental, estamos perdiendo la oportunidad de crear
empleos limpios para lograr disminuir la emisión de contaminantes atmosféricos
que afectan la salud de la población —generados en las plantas de electricidad
que utilizan gas, carbón o combustóleo— y, por supuesto, con la cancelación de
las SLP se genera un alto riesgo de incumplir las metas de mitigación de gases
de efecto invernadero a las que nuestro país se comprometió en el Acuerdo de
París. Finalmente, las políticas y acciones emprendidas por la Sener y la CFE
también van a contracorriente de lo que el resto del mundo civilizado está
haciendo en materia de transición energética y ponen en entredicho a nuestro
país y al presidente López Obrador. Podemos vislumbrar un ejemplo reciente del
desprestigio internacional que caerá sobre el actual gobierno de México por sus
políticas energéticas retrógradas en el Reporte de la Brecha de Emisiones 2019,
publicado por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, cuando
asienta de forma clara y explícita ejemplos de algunas decisiones de los
gobiernos de Trump, Bolsonaro y López Obrador, están implementando políticas
que en vez de contribuir a combatir el cambio climático, están causando mayores
emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Presupuesto de energía para
el combate al cambio climático?
Recientemente me
llamó la atención encontrar en el portal de un conocido medio informativo de
negocios (Expansión, domingo 26 de
enero) una nota periodística con el encabezado: “México destina la cifra más
alta en seis años contra el cambio climático”. No pude evitar seguir leyendo:
“La dependencia federal que más recursos aportará para la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático este 2020 es la CFE con
$40,881.9 millones de pesos, 97.5% del total”. Por otro lado, hace algunos meses
en Letras Libres, Julia Carabias y Enrique Provencio señalaban la drástica
disminución de los presupuestos para las tareas de protección ambiental en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, por lo que me
sorprendió la mencionada nota periodística. En realidad, los recursos
etiquetados por cfe “para el combate al cambio climático”, son aquellos
destinados a la construcción de infraestructura —ductos— para el transporte de
gas natural. Evidentemente estos recursos están mal clasificados, pues
cualquier persona con estudios elementales sabe que el gas metano es un
combustible fósil y cuando lo quemamos se libera a la atmósfera bióxido de
carbono, el más conocido de los gases de efecto invernadero. Pero si se fuga en
su estado crudo, el metano tiene un potencial de efecto invernadero 86 veces
mayor que el propio bióxido de carbono, considerando un periodo de 20 años. Es
muy grave la clasificación equivocada que reciben algunos recursos considerados
como apoyo al combate al cambio climático, cuando en realidad van dirigidos a
actividades que justo hacen lo contrario: generan grandes emisiones de gases de
efecto invernadero. El error es grave si es resultado de la ignorancia, pero
resulta peor si es intencional este error en la clasificación de la inversión
en gasoductos.
En los tiempos
que vivimos, de total transparencia y compromiso de los países para rendir
cuentas a la comunidad internacional y no sólo a sus ciudadanos, estado crudo,
el metano tiene un potencial de efecto invernadero 86 veces mayor que el propio
bióxido de carbono, considerando un periodo de 20 años. Es muy grave la
clasificación equivocada que reciben algunos recursos considerados como apoyo
al combate al cambio climático, cuando en realidad van dirigidos a actividades
que justo hacen lo contrario: generan grandes emisiones de gases de efecto
invernadero. El error es grave si es resultado de la ignorancia, pero resulta
peor si es intencional este error en la clasificación de la inversión en
gasoductos.
En los tiempos
que vivimos, de total transparencia y compromiso de los países para rendir
cuentas a la comunidad internacional y no sólo a sus ciudadanos, resulta muy
importante no cometer este tipo de errores. Los presupuestos realmente
dedicados a tareas de control de las emisiones que causan el calentamiento
global son una de las variables por la que se evalúa el nivel de esfuerzo para
combatir el cambio climático. Invertir en proyectos de metano —incluyendo su
transporte en gasoductos— no ayuda a combatir el cambio climático sino que, por
el contrario, conlleva actividades y riesgos que pueden aumentar nuestras
emisiones. Es necesario evitar este tipo de errores y corregirlos cuando se
presenten. No queremos que los próximos reportes de evaluación sobre los
avances de mitigación de México, además de subrayar que nuestro país incrementa
y no disminuye sus emisiones en el sector energético, pudieran señalar lo que
parecería un engaño intencional: decir que se invierte en combatir el cambio
climático cuando ocurre justamente lo contrario.
La dimensión social de la
energía
La transición
energética en México enfrenta retos importantes en su dimensión social que, si
son considerados en las políticas del sector, pueden también ser una
oportunidad para promover un desarrollo sustentable a nivel local. La
transición energética puede generar riesgos y cambios sociales que deben de ser
considerados en las políticas y los procesos de planeación del sector y el
diseño de gestión de proyectos. No obstante sus importantes beneficios para la
mitigación climática, los proyectos de energía renovable pueden generar
impactos sociales y ambientales negativos a nivel local —como la fragmentación
del paisaje, impactos en la flora y fauna, efectos adversos en las actividades
económicas tradicionales y molestias a los residentes durante su construcción y
operación— y la oposición de las comunidades. Por ejemplo, la prensa reportó
141 hechos conflictivos en torno a proyectos de energía eólica entre 2006-2019.2
Esto ha detonado procesos legales y provocado retrasos o incluso la cancelación
de algunos proyectos, además de cuestionar de manera importante la justicia
social de este proceso de transición. Para abordar esta problemática se
requiere mejorar las evaluaciones de impacto social, los procesos de consulta,
planeación y diseño de los proyectos y las políticas de responsabilidad social
de las empresas, entre otras medidas, que permitan mejorar la gestión de
impactos y relaciones sociales, y hagan partícipes a las comunidades de los
beneficios de la transición energética.
Retos de México para una
transición energética justa
En nuestro país
persisten desigualdades sociales y económicas que se han incubado a lo largo de
muchos años y no han sido atendidas adecuadamente por las administraciones previas,
de diversas banderas políticas. Para caminar hacia una transición energética
justa, además de abrazar y promover las energías renovables, se debe dar
prioridad a alcanzar un acceso universal a la energía y erradicar la pobreza
energética. No basta estar conectado a la red eléctrica, la población debe
contar con el acceso a electricidad de calidad y suficiente para cubrir sus
necesidades básicas y estar en condiciones de cubrir sus costos. En esta tarea
la energía solar distribuida puede jugar un papel fundamental. Existen
políticas públicas alternativas, como sustituir lo que hoy son enormes
subsidios a las tarifas eléctricas por inversiones a gran escala en paneles
fotovoltaicos para millones de hogares, como lo plantea el Programa Hogar Solar
propuesto por Iniciativa Climática de México.
Se debe revisar
cuanto antes la LTE para adicionarle metas mucho más ambiciosas en materia de
energías renovables para 2027 y 2030, pues la actual termina sus metas en 2024.
Es fundamental que la Sener y la CFE recapaciten y corrijan el rumbo y sus
políticas; les vendría bien conocer cómo están adaptándose y modernizándose las
redes eléctricas en el mundo, así como aprender a maximizar la participación de
las energías renovables en la matriz energética, por supuesto sin poner en
riesgo la estabilidad y confiabilidad del suministro. Esto lo están haciendo un
número creciente de países. Para desarrollar redes eléctricas inteligentes se
necesitan funcionarios capacitados, actualizados y sin prejuicios, se debe
ampliar la red eléctrica nacional y establecer con transparencia y racionalidad
las tarifas, los cargos y otros costos aplicables a todos los usuarios de la
red eléctrica. Los productores privados de electricidad no deben recibir
subsidios por el uso de la red eléctrica, pero tampoco ser discriminados ni
obstaculizados para participar en el mercado eléctrico mayorista.
En materia de
energía, no se debe confundir la seguridad energética con la autonomía y total
independencia con respecto a otros países. Se deben controlar riesgos,
diversificando proveedores y socios internacionales; explicar con claridad y
objetividad el concepto de “soberanía energética”, para que no se convierta en
un principio abstracto con el que se pretendan justificar decisiones,
inversiones y rumbos de la política energética nacional. La CFE y la Sener
deben parar su acelerada marcha por construir más y más centrales
termoeléctricas a gas y evitar a toda costa que se pudiera incrementar el
consumo de carbón y combustóleo para la generación de electricidad en las
plantas existentes. Paradojicamente, pocas políticas generarán una mayor
dependencia de insumos y combustibles importados del exterior, que continuar
construyendo plantas termoeléctricas a gas natural. Finalmente, una transición
energética justa sólo podrá darse si se consolidan la gobernanza y la
transparencia que deben existir en la preparación de los proyectos de energías
renovables. Las comunidades locales, dueñas de la tierra, deben recibir amplios
beneficios por su participación —siempre voluntaria— en los proyectos eólicos y
solares, de tal manera que los futuros proyectos de energías renovables se
constituyan en motores que impulsen el desarrollo social y propicien un mayor
bienestar para las comunidades. EP
2 Zaremberg, G.
y Guarneros-Meza, 2019, Bases
hemerográficas y mapas de conflictos: Minería, energía eólica, energía
hidroeléctrica e hidrocarburos, Conversando con Goliat, Flacso, disponible
en conversinGWithgoli.wixsite.com.
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