A partir de su origen a mediados del siglo XX, en este artículo Guillermo Osorno ubica los momentos clave en la construcción de las organizaciones de la sociedad civil hasta nuestros días. Además, en diálogo con varias voces de especialistas en la materia, reflexiona sobre cuál debe ser el papel y la responsabilidad de estas organizaciones, pues no son suficientes el dinero o la voluntad del Estado para que los ciudadanos puedan, efectivamente, ejercer sus derechos.
A partir de su origen a mediados del siglo XX, en este artículo Guillermo Osorno ubica los momentos clave en la construcción de las organizaciones de la sociedad civil hasta nuestros días. Además, en diálogo con varias voces de especialistas en la materia, reflexiona sobre cuál debe ser el papel y la responsabilidad de estas organizaciones, pues no son suficientes el dinero o la voluntad del Estado para que los ciudadanos puedan, efectivamente, ejercer sus derechos.
Comparte:
¿Qué es una organización de la sociedad civil? Según la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil de 2007,
“la sociedad civil se refiere al grupo de instituciones, organizaciones,
asociaciones, o movimientos sociales dedicadas a la asistencia social, a la
promoción social, al desarrollo comunitario o a la defensa y promoción de los
derechos. Estas organizaciones —comúnmente llamadas ONGs— comparten algunos
rasgos definitorios: autonomía e independencia del gobierno, actividades no
lucrativas y esfuerzos destinados a obtener el bien público, ya sea por medio
de la promoción de servicios o por medio de la defensa de los derechos. Las
organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en el
desarrollo de la cohesión social y la democracia, así como en el fortalecimiento
de la ciudadanía y la participación social”.1
En su espléndido ensayo sobre la historia de la sociedad
civil en México,2 Mariclaire Acosta —fundadora de varias entidades—
señala que las primeras organizaciones en México se pueden encontrar en los
años cincuenta; son entidades de clase media ligadas a la Iglesia católica en
medio de un Estado laico, cuyo campo de acción fueron los grupos de menores
ingresos de la sociedad. Los años sesenta vivieron intensas movilizaciones de
estudiantes y profesionistas que quedaban fuera del amparo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el partido hegemónico, sin cuya aprobación
nada se movía políticamente en el país. Acosta señala que los más importantes
de estos movimientos se dieron entre los estudiantes de Morelia y entre los
doctores del llamado “movimiento médico”, que involucró cuatro paros laborales
entre octubre de 1964 y noviembre de 1965. Los intelectuales también
desempeñaron un papel precursor; por ejemplo, cuando el presidente Díaz Ordaz
removió de su cargo al director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila,
por la publicación en español de Los
hijos de Sánchez, un libro del antropólogo Oscar Lewis que —según el
régimen— ofendía a los mexicanos. Entonces Orfila fundó la editorial independiente
Siglo XXI.
Pero el movimiento estudiantil de 1968 y la brutal represión posterior fueron el origen de muchas organizaciones de la sociedad civil. Acosta señala que después de Tlatelolco muchos intelectuales y activistas migraron a zonas marginadas, para organizar y trabajar con campesinos indígenas. La llegada de Luis Echeverría al poder significó, entre otras cosas, un giro a la izquierda para paliar los efectos del 68. La llamada “apertura democrática” dio pie a un gran número de organizaciones de izquierda, principalmente en las universidades, como la revista Punto Crítico, que unió a un gran número de intelectuales para reflexionar sobre los mejores caminos de la actividad revolucionaria y discutir los derroteros ideológicos de la izquierda internacional. De acuerdo con Alejandro Álvarez Béjar: “Así, vimos en la edición de una revista el instrumento idóneo para actuar políticamente en los más variados conflictos, para conocer la realidad, para formarnos y ayudar a la formación de numerosos militantes e influir en el trabajo político y organizativo de los frentes de masas.”3
“Las revoluciones en Centroamérica en los años ochenta les dieron a las organizaciones mexicanas un propósito adicional y encontraron una causa en la defensa de los derechos humanos.”
Otras organizaciones nacieron al amparo de la teología de la
liberación. Los obispos Sergio Méndez Arceo, de la Diócesis de Cuernavaca, y
Samuel Ruiz, de la de Chiapas, fueron clave en la discusión del catolicismo de
izquierda y en la organización política de sus comunidades. “Especialmente
relevante entre estas organizaciones es el Centro de Comunicación Social
—escribe Mariclaire Acosta— una organización católica laica fundada en 1964,
que por varias décadas ha provisto de un espacio político para muchas
iniciativas de la sociedad civil, todas ellas dedicadas al fortalecimiento de
movimientos populares”.4 Acosta también le da especial significado a
los periodistas e intelectuales que establecieron publicaciones y revistas
independientes, como Proceso de Julio
Scherer y Vuelta de Octavio Paz, ya
que ofrecieron una plataforma para que muchas organizaciones de la sociedad
civil se comunicaran con el resto de la sociedad.
Los años setenta están marcados por la aparición de varias
organizaciones dedicadas a fortalecer la participación de los sectores más
marginados y pobres del país. Su misión era transformar un opresivo orden
social y económico en una sociedad más justa, por medio de la acción social
concertada. Las actividades de estas ONG se definían por su base regional —como
las organizaciones indígenas en Chiapas o las de mujeres en ámbitos urbanos
marginados— o por su especialización —como la educación popular, los sindicatos
o la promoción de mejores condiciones de salud o vivienda— y muchas operaban
casi de manera clandestina. Pero la reforma de 1977, que permitió el
surgimiento de las organizaciones y los partidos de izquierda, les dio un
enorme respiro y espacio para su acción.
Las revoluciones en Centroamérica en los años ochenta les
dieron un propósito adicional y, debido a la represión en esos países, las
organizaciones mexicanas también encontraron una causa en la defensa de los
derechos humanos. Es también en este contexto cuando aparecieron donantes
internacionales como Oxfam Novib y la Fundación Ford. Hay dos organizaciones
nacionales que ejemplifican muy bien este giro hacia los derechos humanos: el
Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y la Academia Mexicana de
Derechos Humanos, ambos fundados en 1984 como respuesta a la crisis humanitaria
en El Salvador y Guatemala. Una vez establecidos, también se comenzaron a
ocupar de las violaciones graves a los derechos humanos en México. Hay que leer
Entrada libre: crónicas de la sociedad
que se organiza de Carlos Monsiváis5 para enterarse de la
efervescencia política en México después del sismo de 1985: los movimientos
urbanos populares, la disidencia magisterial, las organizaciones de costureras,
el movimiento estudiantil del CEU. De acuerdo con Elio Villaseñor, autor de Algunos escenarios para la sociedad civil
para el 2004,6 el terremoto de 1985 y las disputadas elecciones
de 1988 —cuando para muchos se consuma un fraude electoral en contra del
candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas— son dos acontecimientos
fundamentales en el desarrollo de la sociedad civil; es entonces cuando sus
organizaciones comenzaron a separarse de los movimientos populares y se
convirtieron en entidades más profesionalizadas.
La evolución de las organizaciones de la sociedad civil en
los años noventa está íntimamente ligada al desarrollo político del país. Las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio las lanzaron a una discusión más
amplia, sobre cómo proteger a los más pobres y marginados de los efectos de la
globalización. Muchas de estas organizaciones se atrevieron a establecer lazos
con sus contrapartes en Estados Unidos —un anatema en una cultura política tan
nacionalista como la mexicana— y supieron atraer la atención internacional a
las desigualdades creadas por el régimen posrevolucionario. Otra consecuencia
de esta internacionalización es que las organizaciones mexicanas se hicieron
notar en el extranjero y atrajeron recursos para profesionalizarse. En un
periodo relativamente corto, las organizaciones crecieron y se diversificaron.
Los partidos políticos de oposición —que también habían entrado en una etapa de
efervescencia— vieron a las nuevas organizaciones como aliadas en la
democratización del país. Surgieron coaliciones impresionantes, como el
Movimiento Ciudadano por la Democracia, encabezado por el doctor Salvador Nava
Martínez, después de un fraude electoral en San Luis Potosí en 1991. Nava logró
aglutinar organizaciones civiles, frentes políticos y ciudadanos, para defender
los derechos humanos y promover una cultura democrática de juego electoral
limpio y creíble en el país. O Alianza Cívica, que surgió en 1994 por el
acuerdo de varias organizaciones civiles con presencia nacional, con el fin de
lograr procesos electorales limpios y confiables.
La aparición del zapatismo fue otro de los grandes
detonadores de la sociedad civil, pues atrajo a cientos de organizaciones
nacionales e internacionales para buscar una solución pacífica al conflicto.
Así, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se alió con todas estas
organizaciones civiles para avanzar su causa. Otro hecho inédito fue la
colaboración de las organizaciones nacionales e internacionales con el sistema
jurídico internacional para proteger los derechos humanos. En 1996, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos
hizo una visita a México. En 1999 la alta comisionada de los derechos humanos
de Naciones Unidas, Mary Robinson, visitó México, con la intención de firmar un
acuerdo de cooperación con el régimen. De acuerdo con Mariclaire Acosta, el
éxito de las organizaciones provocó un espejismo, haciéndoles creer que
contaban con más poder de influencia del que en realidad tenían. El régimen
mexicano estaba sumamente desprestigiado y no era raro que se doblara ante la
presión. Escribe Acosta: “Poder Ciudadano, una coalición nacional de 600 ongs
es un ejemplo elocuente del estado de optimismo y confianza de las ong en este
momento en particular. Habiendo sido creada a finales de 1999 con la intención
de llevar a cabo la iniciativa llamada Acción ciudadana por la democracia y la
vida se embarcó en la tarea de articular una agenda nacional para presentarla a
los candidatos en las elecciones próximas. Esta ambiciosa agenda incluía una
nueva política económica, especialmente para el sector agrícola, el
reconocimiento de los derechos indígenas, una reforma democrática profunda,
incluida la protección efectiva de los derechos humanos y el establecimiento de
mecanismos eficientes de participación política, equidad de género y nuevas
prioridades presupuestales para la próxima administración.”7
Vicente Fox fue el único candidato en abrazar los postulados
de esta acción ciudadana, además de invitar a muchos actores de la sociedad
civil a ser parte de su gobierno, luego de ganar las históricas elecciones de
2000 y terminar con 70 años del pri. Pero la inclusión de ciertos personajes de
la sociedad civil en puestos clave comenzó a tensar las relaciones entre las
organizaciones, que empezaron a cuestionarse cuál debería ser su papel. Las
diferencias ideológicas se manifestaron e hicieron más evidentes en las
disputadas elecciones de 2006, cuando Felipe Calderón derrotó por un margen muy
estrecho a su contrincante, Andrés Manuel López Obrador. Según Acosta, debido a
estas diferencias, el poder de la sociedad civil como agente del cambio fue
disminuyendo en los años 2000, por varias razones. En primer lugar, el
liderazgo que se incorporó al gobierno no fue debidamente sustituido; en
segundo, había una sensación de frustración entre la gente que tanto empeño
puso en la democratización del país, debido a que el gobierno de Fox resultó
frívolo y lenguaraz. Además, el financiamiento internacional disminuyó después
del proceso electoral y la creciente división ideológica entre las ONG resultó
corrosiva.
Durante estos años las ONG sufrieron un cambio importantísimo: de la política de la movilización de los noventa tuvieron que pasar a la política de la influencia y profesionalizarse, pues enfrentaban a una situación más compleja: por un lado, había un rango más amplio de actores —el Congreso, principalmente—, pero también académicos, instituciones autónomas —como el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información—, además de numerosos organismos multilaterales; por otro lado, las ong operaban en un entorno democrático, con la intención de producir cambios puntuales que perfeccionaran los mecanismos existentes —por más malos que les parecieran— y no para que cambiaran un sistema entero por medio de la movilización popular; por lo cual, tuvieron que adaptarse a esta nueva situación.
“El terremoto de 1985 y las disputadas elecciones de 1988 son dos acontecimientos fundamentales en el desarrollo de la sociedad civil; sus organizaciones comenzaron a separarse de los movimientos populares y se profesionalizaron”
Un panel sobre la
sociedad civil. los restos en la 4T
Permítanme dar un salto de 12 años en este relato. Es el 6
de septiembre de 2018. Estamos en un estudio de Canal 22 Haydeé Pérez de
Fundar, asociación encargada de vigilar el gasto público, Ana Pecova de EQUIS Justicia
para las Mujeres, una organización cuya misión es el acceso a la justicia de
las mujeres, y Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, organización de la
sociedad civil fundada en 1993 que trata temas de corrupción desde una
perspectiva integral y vigila tanto las políticas públicas del Estado como las
actividades privadas. Soy el conductor de un programa de televisión y vamos a
discutir los retos y las oportunidades de las organizaciones ciudadanas bajo el
régimen de Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones de 2006 dividieron a la
sociedad civil.
Luego, el presidente Felipe Calderón inició una guerra contra
el narcotráfico que cambió el panorama nacional. En materia de sociedad civil
comenzaron a surgir numerosas asociaciones de víctimas de la violencia y
desaparecidos; en particular el movimiento encabezado por el poeta Javier
Sicilia fue increíblemente útil para poner a las víctimas de la violencia en el
centro. Luego, con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, se descompuso
la vida pública por la influencia del soborno y el cohecho, como nunca antes se
había visto: el propio presidente y muchos de los gobernadores —principalmente
Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Antonio Padrés en Sonora
y Roberto Borge en Quintana Roo— se vieron envueltos en numerosos escándalos.
Desde 2014 el Instituto Mexicano para la Competitividad —uno de cuyos temas es
la corrupción— y Transparencia Mexicana avanzaron en la construcción de la
llamada Ley 3de3, que buscaba establecer la obligación de todos los
funcionarios públicos para hacer públicas tres declaraciones —patrimonial, de
intereses y fiscal—, lo cual permitiría a los ciudadanos cierta vigilancia
sobre su enriquecimiento ilícito. Ambos organismos crearon una plataforma donde
varios funcionarios y legisladores comenzaron a publicar sus declaraciones de
manera voluntaria. En febrero de 2016, una coalición más amplia de
organizaciones de la sociedad civil presentó una propuesta de Ley General de
Responsabilidades Administrativas, fundamento del Sistema Nacional
Anticorrupción. Esta coalición mostró más de 600 mil firmas, un requisito que
excedía las 120 mil necesarias para que el Congreso discutiera una propuesta
ciudadana.
Otro momento reciente de intensa movilización de la sociedad
civil estuvo asociado con el tema de la seguridad y el crimen organizado, así
como con la presencia del Ejército y la Marina como los garantes de la
seguridad. Surgió el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por académicos,
expertos, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos interesados
en contribuir al debate público sobre el modelo de seguridad del país. Todos
ellos se movilizaron en contra de la llamada Ley de Seguridad Interior,
aprobada durante el sexenio de Peña Nieto, que hacía ley la presencia del
Ejército y la Marina en las calles. En una decisión histórica, el colectivo
logró que 10 ministros contra uno se expresaran contra ese modelo militarizado.
Durante el proceso electoral de 2017, el candidato Andrés
Manuel López Obrador parecía más abierto a cambiar ese modelo de seguridad y el
colectivo mantuvo varias reuniones con el equipo de campaña, donde además se
discutieron otros temas como la legalización de la marihuana. La victoria de
López Obrador y su partido, Morena, fue arrolladora. El Congreso, de mayoría
morenista, aprobó la creación de la Guardia Nacional, lo que para
#SeguridadSinGuerra implica una continuación de la política de militarización y
generará más violencia. El fallido intento de capturar al hijo de “El Chapo” en
Culiacán, el 17 de octubre de 2019, parece haberles dado la razón por lo que
llaman ellos la “desprofesionalización” de los cuerpos de seguridad, resultado
del intento de combinar la Policía Federal con el Ejército en este nuevo
cuerpo. Este es apenas un apunte de las batallas de la sociedad civil durante
estos años, cuando también ayudó a desarrollar el sistema penal acusatorio,
impulsó la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, la Ley General
de Víctimas o el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.
Pocos días antes del panel en Canal 22, colectivos feministas habían salido a la calle para manifestarse, como protesta a la violación de una chica por un cuerpo de seguridad del Estado. Las marchas habían levantado una gran cantidad de polvo mediático, debido a las afectaciones a monumentos, edificios públicos y el mobiliario urbano de la ciudad. Para septiembre de 2018 había una sensación de pesimismo. López Obrador había anunciado meses antes que iba a dejar de otorgar recursos a las organizaciones sociales y las transferencias se harían directamente a las personas, sin intermediarios. En general, el presidente comenzó a darle a la sociedad civil un trato de adversario político que había desconcertado a muchos de sus actores. Encima de esto, la legislación sigue siendo un obstáculo. A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil se han diversificado y su número ha crecido, México es un país atrasado. Según María Elena Morera y Ángeles Quintana: “Mientras que en México hay aproximadamente 27 OSC [organizaciones de la sociedad civil] por cada 100 mil habitantes, en Brasil hay 170, en Chile 650, en Argentina 270, y en Estados Unidos 670. La falta de más organizaciones se explica por un conjunto de factores que impide acercarnos a la situación que viven estos países. En primer término, el hecho de que las leyes que regulan la operación de las organizaciones sociales en nuestro país se han hecho, durante los últimos años, más restrictivas, incluyendo una cada vez más burocrática regulación y fiscalización. Esto ha sido particularmente nocivo para las organizaciones de base que han visto disminuida la cantidad de recursos con los que operan, porque la ley impide a las fundaciones otorgar financiamiento a osc que no sean donatarias autorizadas, que son la casi la totalidad de las organizaciones comunitarias y de base que hay en el país.”8
“Una intensa movilización de la sociedad civil se asoció con la seguridad y el crimen organizado, así como con la presencia del Ejército y la Marina para garantizar la seguridad.”
Así que para hablar del estado de las cosas con la sociedad
civil, organizamos un debate televisivo con Haydeé Pérez, Anna Pecova y Eduardo
Bohórquez. Transcribo parte de la charla:
Guillermo Osorno
(GO):Se les ha acusado de que
representan intereses particulares, como si detrás del membrete se escondieran
intereses ocultos. ¿En qué sentido sí o no los representan?
Eduardo Bohórquez
(EB): Si tú ves a las organizaciones que están aquí es probable que te
puedas encontrar organizaciones de distintos tipos, que en efecto representan
intereses particulares, pero el tipo de organizaciones que están en este
programa tienen un interés y ese interés es público. Lo que defienden son
asuntos comunes a todas las personas, por ejemplo los derechos de las mujeres,
los derechos a saber cómo se manejan las cuestiones del presupuesto en el
Estado, el derecho a la propiedad de la tierra de las comunidades locales. Por
su puesto que hay intereses particulares y quien los defienda, pero en esencia
la sociedad civil organizada está tratando de defender el interés público y esa
es su principal función. A veces es una comunidad de víctimas, a veces es un
movimiento para el respeto y la vida de las personas, a veces es el derecho a
saber, la transparencia y la rendición de cuentas.
GO: ¿Hay buenas y
malas organizaciones de la sociedad civil?
Anna Pecova (AP):
Para mí es muy peligroso caer en estas discusiones sobre si hay buenas y malas
organizaciones de la sociedad civil, politizarlas, señalar que unas son de
izquierda y otras de derecha. Para mí el punto es que en una democracia tiene
que haber una sociedad civil. Punto. Es un contrapeso. Los ciudadanos nos
organizamos, tratamos de lograr algo sobre algo que nos interesa, nos afecta,
nos impacta. Es una forma de participación pública. Y claro que en una sociedad
diversa tiene que haber de todo, y qué bueno que haya de todo. Nos toca mejorar
el tema de rendición de cuentas internas porque, en el paquete de críticas, se
nos ha acusado de que somos corruptos, de que no representamos a nadie.
GO:Hablemos de Fundar, ¿cuál es el origen de la
organización y qué representa?Haydeé
Pérez (HP): Fundar es una organización social que tiene más de 20 años de
existencia. Nacimos en el 99 y la idea de la organización es enmarcarse en un
contexto en donde la democracia electoral ya había dado un paso importante
después de las elecciones del año 2000. Entonces se pensó en una organización
que avanzara una agenda de democratización de las políticas públicas. Y un
elemento muy importante fue el de hacernos de herramientas de análisis
presupuestario. El punto de partida es que el presupuesto es un elemento
fundamental para resolver los problemas públicos, pero ha sido un monopolio de
parte de la Secretaría de Hacienda, porque sí tiene su complejidad. Lo que
hicimos nosotros y otras organizaciones fue aprender a leer el presupuesto,
aprender a cuestionarlo en favor de agendas sociales. Particularmente lo que
guía a Fundar es trabajar con grupos históricamente excluidos. Ese fue el punto
de partida. Democratizar estas herramientas especializadas para que fueran
relevantes para diferentes luchas y expresiones sociales. Hemos ido
evolucionando, pero en principio diré que tenemos una agenda de derechos
humanos. Y luego avanzamos hacia la justicia social, por medio del combate a la
corrupción y la desigualdad.
GO:Eduardo, te toca hablar de Transparencia
Mexicana.
EB: Transparencia
Internacional y Transparencia Mexicana nacen con una preocupación muy sencilla
y a la vez muy compleja de entender. La comunidad nacional e internacional
invertían mucho dinero en infraestructura, como carreteras y política social,
pero los recursos terminaban no llegando a quien tenían que llegar y se
convertían en Mercedes Benz para los funcionarios y en sus casas; y las
carreteras de ocho carriles terminaban en cuatro, o no se acababan, etcétera.
El mandato que tienen Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana es
tratar de contribuir con todos los recursos a su disposición para controlar la
corrupción en México. Para hacer eso, descubres que tienes que desarrollar
muchas tareas. Coincidimos con Fundar porque durante muchos años le dimos
seguimiento al dinero público, ellos con mayor especialización en temas
presupuestarios, nosotros concentrándonos en las licitaciones, que si hoy son
interesantes, en el 2000 eran un tema aburrido. Y creo que, como parte de una
comunidad más grande de personas y organizaciones, fuimos entendiendo que había
temas transversales y comunes que había que cuidar. Nos hemos unido varias
organizaciones para crear un sistema anticorrupción, la creación de una
fiscalía general para servir a muchos y otras agendas. Yo te diría que a fin de
cuentas lo que hemos aprendido son tres cosas para destacar: una, que la
corrupción no está en los genes de los mexicanos; dos, que hay arreglos
institucionales que propician la corrupción; y tres, que este tiene que ser un
esfuerzo social. No hay un solo gobierno en el mundo, por más trucha que sea su
líder, por más valiente y arriesgado que sea, que haya controlado el problema
de la corrupción, si no está acompañado por la sociedad.
GO:Ana, cuéntanos de tu organización.
AP: EQUIS
Justicia para las Mujeres se fundó en 2011, como una organización que trabaja
para el acceso de justicia para todas las mujeres. Los retos son enormes y
justo ahora son muy actuales. La idea detrás de la organización es que el
derecho a la justicia es un derecho básico y que sin acceso a la justicia tú no
tendrás las condiciones de gozar de ningún otro derecho. Pero hay una cosa en
la que insistimos y es que este derecho no sólo hay que pensarlo cuando las
mujeres son víctimas de la violencia. Otra cosa en la que hemos estado
trabajando mucho es demostrar que el acceso a la justicia no sólo se refiere a
procesos jurídicos, no es sólo presentar una demanda y esperar a que resulte en
una sentencia, sino entender que hay algo en el contexto que llega a poner a
las mujeres en desventaja y eso afecta la calidad de su acceso a la justicia.
Los retos han sido grandes. Justo ahora estamos viviendo un momento crítico en
que esta ira ha explotado; hemos visto que en efecto se ha invertido mucho
dinero y que hay voluntad política para resolver los problemas de violencia a
las mujeres, pero que simplemente no estamos haciendo las cosas bien. La
transparencia nos ha servido mucho para ver que lo que se ha construido son
castillos de arena, no sirven de nada ni fiscalías especializadas, ni
capacitaciones donde hemos detectado casos de corrupción. Encontramos que en el
estado de Veracruz hay 34 millones de pesos que se habrían utilizado para
capacitar a 100 jueces. No hay que olvidar que allí se dio el caso de Los
Porkys; cuando un juez absuelve a un violador dices “¿dónde estamos?”. Me uno
al llamado que hacen mis colegas sobre el gran papel que podemos jugar desde la
sociedad civil, porque a veces no es suficiente el dinero o la voluntad del
Estado.
GO:Hay algo que es común entre ustedes tres,
creo, y es que los tres son muy buenos comunicadores. Sus cuentas en redes
sociales son muy visitadas, hacen campañas muy vistas, la prensa y la gente les
prestan atención.
HP: Yo creo que
hemos avanzado en los últimos años, pero la verdad sí creo que es uno de
nuestros grandes retos. Y pienso que justo este es un buen momento político y
social para que nos cuestionemos cuáles son nuestras prácticas al interior de
las organizaciones. El movimiento #MeToo ha dejado muy clara la violencia
estructural instalada en distintos sectores de la población y las
organizaciones no se escapan. Son momentos interesantes para cuestionarnos,
revisarnos, tomar acciones al respecto. En términos de la comunicación es
importante reconocer que hay una distancia grande entre sectores más amplios de
la población y organizaciones profesionalizadas, urbanas. El reto es cómo
acercarnos más a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a las
poblaciones afectadas, para tener un contacto más directo y para poder
incorporar sus voces en nuestros estudios, en nuestros análisis, en nuestras
propuestas de política pública, y que no sean propuestas desde el gabinete, que
no sean propuestas desde la oficina en una situación de élite y de privilegio.
Necesitamos también cambiar algunas prácticas de rendición de cuentas, porque
no está mal tener intereses. Hay organizaciones que están financiadas por la
cúpula empresarial, hay organizaciones que reciben fondos de instituciones
internacionales, hay organizaciones que reciben fondos del propio gobierno y
eso, per se, no tenemos por qué satanizarlo. Sólo es relevante decir qué nos
mueve, cuáles son nuestros intereses y fuentes de financiamiento. También
vivimos en un momento de criminalización muy fuerte, donde la defensa de
derechos se tiende criminalizar y a perseguir, y eso nos hace muy vulnerables.
Sobre todo a organizaciones que están en pie de lucha, en contextos muy
complejos donde hay violencia y crimen organizado.
GO:Eduardo, en un libro de reciente publicación
hablas del largo plazo y dices que si la gente que se dedica a esto no está
viendo a largo plazo, está perdida. También te quería preguntar si es distinto
negociar con cada gobierno y cómo se negocia con éste.
EB: Quienes
llevamos tiempo en esto tenemos la ventaja de ver cómo hay ciertos ciclos que
se repiten. Siempre hay una esperanza social durante el periodo de la campaña.
Otra constante es que todo lo que se hizo antes está mal y hay que volverlo a
hacer, hay que comenzar a construir la nación de cero. Otra cosa muy frecuente
es que, cuando comienzan a equivocarse los del nuevo gobierno, hay un llamado a
cerrar filas. Después vienen los procesos electorales, donde los gobernantes
sienten una urgencia de regresar a tener contacto con la población y,
finalmente, viene la preparación de la siguiente elección presidencial.
Entonces el llamado ya no es por la unidad, ya no es para el proyecto, sino es
para no perder el poder. ¿Qué creo que para la sociedad civil es importante de
todo esto? Entender que lo que estamos tratando es de empujar políticas
públicas, que aunque uno tenga preferencias políticas diferentes, sirvan a
todos por igual. Quienes trabajamos en estos temas tenemos una obligación de
mirar más allá de la coyuntura. Es cierto que Twitter puede ser divertido y te
puedes enganchar en sus discusiones, pero hay temas que no son coyunturales,
que son más grandes. Para la sociedad civil la vida ocurre en presente, pero
también tiene que ocurrir en el futuro. Si Mariclaire Acosta y Héctor Cuadra,
entre otras personas, no hubieran empezado hace 30 años a pensar en los temas
de derechos humanos, por lo menos yo no estaría sentado aquí, porque no habría
el espacio necesario para eso.
GO:Ana, al revés de lo que acaba de decir
Eduardo, hay momentos en donde el tema de tu interés se enciende. ¿Qué papel
les toca a las organizaciones de la sociedad civil?
AP: Sé que nos
estamos vanagloriando de que somos muy buenos comunicando, pero me apego a lo
que dice Haydeé con respecto de la autocrítica, sobre la necesidad de pensar
cosas. En cuanto a la capacidad de comunicar, yo veo muchas propuestas que
escribimos antes de las elecciones, con la esperanza de que el país se
desmilitarizara, de que íbamos a llegar a un modelo para regular las drogas, y
todavía no me quiero rendir, pero lo que sí me sirvió de esta experiencia es
ver cómo fracasamos. Fallamos en bajar estos temas a los ciudadanos, a
engancharlos. Hay mucho trabajo por hacer para acercarnos a la gente. Este
gobierno ha dado marcha atrás en muchos temas; por ejemplo, los recortes que ha
hecho al fondo Proequidad de Inmujeres de 85 millones de pesos, que por varios
años estaba dedicado a fomentar la creación de una sociedad civil feminista.
Luego los recortes a los refugios, que son decisiones que podrían costar vidas.
Aprovecharía este momento para regresar a las bases, para ponerle cara a estos
estudios de política, para mostrar cómo algunas decisiones de gobierno están
afectando a los ciudadanos.
En su artículo en Animal Político, María Elena Morera y Ángeles Quintana también se quejan de la situación actual: “Lamentamos profundamente que la situación pueda empeorar con el nuevo gobierno. Como se mencionó antes, el presidente López Obrador ha reiterado su desconfianza, e incluso desagrado respecto de la sociedad civil, a la que ha calificado de “fifí” y de ser parte de la mafia del poder. Estos señalamientos, que descalifican el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos, están muy lejos de tender puentes de diálogo, que es lo único que nosotros queremos con el presidente, así como con las autoridades de todos los órdenes de gobierno: queremos espacios que nos permitan exponer nuestros argumentos y conocer con detalle sus propuestas, acciones y resultados; queremos también que haya transparencia y rendición de cuentas, la obligación más elemental que tienen los gobernantes para con sus gobernados. No queremos confrontación con nadie; únicamente queremos diálogo y colaboración en favor de nuestro país.”9
“Los movimientos feministas nos han dado una lección el año pasado, con el uso de redes sociales y movilizaciones han colocado sus temas en la opinión pública.”
Desde el periodismo es igual. Existen los mecanismos de
protección y las fiscalías especializadas, pero el nivel de violencia contra
los periodistas aún es un tema grave, así como la impunidad. Todavía no sabemos
quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte del periodista Javier
Valdez, que escribía para Ríodoce y
fue abatido a balazos en Culiacán en mayo de 2017. Al cierre de esta edición,
la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra
Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, acusado de ser el autor
intelectual de este asesinato, quien se entregó a la Administración para el
Control de Drogas estadounidense en julio de 2017. Los periodistas también
hemos sido malos comunicando nuestros argumentos; no estamos defendiendo a una
persona en particular, sino el derecho que tiene la sociedad a estar bien
informada. Los movimientos feministas nos han dado una lección el año pasado,
con el uso de redes sociales y movilizaciones han colocado sus temas en la
opinión pública, y este gobierno —con amplia mayoría en el Congreso— debe
aprender que no es centralizando el poder como hoy se gobierna, que hay un
enorme capital humano y de conocimiento en la sociedad civil que debe
aprovechar e incorporar en sus políticas públicas. EP
1. Mariclaire Acosta, 2010, “The Role of Civil Society”, en
Andrew Seele y Jacqueline Peschard, eds., Mexico’s
Democratic Challenges, politics government and society, Stanford University
Press, p. 269.
2. Mariclaire Acosta, Idem.
3. Alejandro Álvarez Béjar, “Punto Crítico en la estela del 68”, Nexos, en nexos.com.mx.
4. Mariclaire Acosta, Ibidem,
p. 270.
5. Carlos Monsiváis, 1987, Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza, Era,
México.
6. Elio Villaseño, 2004, Algunos
escenarios para la sociedad civil para 2004, DECA, Equipo Pueblo AC,
México.
7. Mariclaire Acosta, Ibidem,
p. 275.
8. María Elena Morera y Ángeles Quintana “AMLO y la sociedad
civil. Una relación compleja”, Animal
Político, 7 de marzo de 2019, en animalpolitico.com.
9. María Elena Morera
y Ángeles Quintana, Idem.
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