Tomar todas las medidas necesarias para que su población cuente con agua en cantidad y calidad adecuadas, a precios accesibles, es un deseo loable del Estado mexicano. Por supuesto que lo es. Nuestra Constitución, en su artículo 4°, párrafo 6, establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Podemos entonces congratularnos de que la disposición ya se encuentra en nuestra legislación. Con eso seguramente bastará para que todos los mexicanos tengamos suficiente agua limpia y barata. A continuación, expondremos las malas noticias a este respecto y, posteriormente, algunas soluciones posibles. Sin embargo, conviene de antemano recordar que el agua no es un recurso requerido únicamente por los seres humanos. Es fundamental para mantener la vida en la Tierra; es el eje rector de los ecosistemas, de los cuales dependemos los humanos. Por lo tanto, debemos mantener un caudal suficiente para el llamado “uso ecológico”. Asimismo, y de manera muy importante, no perdamos de vista que la disponibilidad de agua de buena calidad para consumo humano está vinculada con el resto de los usos del agua en el país. La agricultura consume alrededor del 70% del agua y la industria, incluyendo la minería, aunque no consume un porcentaje tan alto, sí es el sector que más la contamina.

En cuanto al servicio de agua potable, ¿cuál es su situación en nuestro país? El artículo 115° de la Constitución establece que corresponde a los municipios prestar este servicio. Sin embargo, la mayor parte de ellos lo hace de manera deficiente por problemas financieros, de infraestructura y de capacidad humana. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cobertura a nivel nacional es de 96%. En cuanto a la calidad del agua, menos del 90% de la población que recibe agua potable por la red se encuentra fuera de riesgo sanitario. Esto deja a varios millones de mexicanos en riesgo por agua, ya sea por falta de acceso a la red de agua potable o por falta de desinfección. Además, hay que considerar que menos del 40% de las viviendas cuentan con el servicio las 24 horas del día. Aparte del acceso limitado al recurso que lo anterior implica, el tandeo suele provocar fisuras en la red de tuberías, por las que se pueden infiltrar contaminantes. Por último, hay que tomar en cuenta que de los 41 parámetros que deben evaluarse, de acuerdo con la norma de agua potable para uso y consumo humano, sólo se suele medir el cloro residual libre. Es decir, estamos muy lejos de cumplir con lo que establece el artículo 4° de la Constitución. 

La solución que a mucha gente le viene de inmediato a la cabeza es privatizar el servicio de agua potable para aumentar su eficiencia. Por una parte, entre los organismos operadores con mejor desempeño se encuentran tanto los públicos (León, Monterrey, Mexicali), como los privados (Saltillo, Cancún y Aguascalientes). Por otra parte, en realidad, el agua ya está privatizada en gran medida: la deficiencia del servicio de agua entubada en México ha ocasionado que en las viviendas se complemente el abastecimiento de agua con servicios privados de agua embotellada y agua de pipa. 

Si hacemos un análisis de los gastos en agua de los hogares, obtenemos que la mayor parte corresponde al pago de ambos servicios. Esto afecta principalmente a los hogares más pobres: las viviendas en localidades con marginación media o alta y con más de 2,500 habitantes gastan el doble o triple en agua embotellada y de pipa que en el servicio de agua entubada. Mientras que el estrato más alto de nivel de ingresos gasta alrededor del 2% de los mismos en agua potable, esta cifra es de alrededor de 12% en el caso del decil inferior, aun cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que el gasto en agua potable no debe exceder el 4% del ingreso familiar. 

Para hacer efectivo el derecho humano al agua, se requieren inversiones de varios cientos de miles de millones de pesos. Sería muy conveniente que parte del dinero que los usuarios invierten en agua embotellada y de pipa se transfiriera al pago por el servicio de la red. De hecho, los organismos operadores del país con mejor desempeño corresponden a aquellos que recaudan montos mayores por metro cúbico de agua, ya sea por su eficiencia comercial o por la tarifa existente. Sin embargo, para que la gente esté dispuesta a un mayor pago, el servicio tiene que mejorar, incluyendo que el agua de la llave sea bebible. 

Se requiere una inversión inicial de fondos federales, estatales y municipales para obras de infraestructura, capacitación, mejorar los sistemas comerciales, implementar programas de sustentabilidad, entre otros. Una vez que el servicio mejore y que los consumidores puedan dejar de invertir en fuentes complementarias de agua, será posible aumentar las tarifas, especialmente para los grandes consumidores. 

De acuerdo con nuestra Constitución, no es posible cobrar de manera diferencial el servicio según el nivel de ingresos de las viviendas, pero sí se puede cobrar el consumo de manera diferencial. Cabe mencionar que las viviendas de nivel socio-económico alto suelen tener un consumo significativamente superior que las de nivel bajo. Las tarifas deben reflejar el costo real del servicio y también funcionar como incentivo para el ahorro de agua por parte de los usuarios. Recordemos que los derechos implican también obligaciones.

Es necesario considerar la posibilidad económica de los habitantes de cada localidad para mantener el servicio. En nuestro país, 42% de los municipios tiene un nivel de marginación alto o muy alto. Siendo realistas, es poco factible que por ahora todas las viviendas reciban agua las 24 horas del día. Mientras se logra mejorar las condiciones económicas de los habitantes de estas localidades, se pueden colocar llaves comunitarias a distancias razonables de los hogares, en las que se provea agua de manera continua y con calidad adecuada.

También es indispensable fomentar la confianza de los usuarios en las autoridades. Para ello, se les debe informar puntualmente sobre el manejo del agua, así como el destino de los recursos económicos. Bajo este esquema, se solicitaría de manera obligatoria a los organismos operadores los informes sobre criterios de calidad del servicio, financiero-administrativos, de sostenibilidad ambiental, entre otros. 

El benchmarking es una herramienta muy útil para comparar los indicadores de desempeño de los organismos operadores. Los resultados de este esfuerzo deben ser de acceso abierto. Un observatorio del agua a nivel estatal y nacional permitiría a los ciudadanos conocer y dar retroalimentación al desempeño de sus organismos operadores. Por otra parte, el Estado debe vigilar la conservación de la calidad y cantidad del agua de las fuentes de abastecimiento y la protección de los ecosistemas en donde se encuentran. 

En resumen, para que el derecho humano al agua deje de ser simplemente una buena intención, es fundamental que se realicen inversiones a nivel de los distintos niveles de gobierno, que se evalué el desempeño de los organismos operadores de agua y que éste sea transparente; que se apliquen tarifas que reflejen el costo del servicio y que la recaudación sea eficiente; que el usuario haga un uso responsable del agua, y de manera muy importante, que se proteja el recurso y los ecosistemas de donde proviene. EP 

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