Alejandra Atzín Ramírez reflexiona sobre el papel de los campos de golf y su consumo de recursos naturales ante la crisis hídrica que azota al país.
Texto de Alejandra Atzín Ramírez H. 19/04/24
Alejandra Atzín Ramírez reflexiona sobre el papel de los campos de golf y su consumo de recursos naturales ante la crisis hídrica que azota al país.
Es cierto que se ha profundizado la escasez hídrica y la crisis climática en nuestro país. También es cierto que el agua que tenemos no se encuentra asignada equitativamente y que las consecuencias de la emergencia climática tienen efectos diferenciados en la población. En términos generales podemos aseverar que las personas más vulnerables son las más impactadas ante la escasez hídrica y los cambios en el ecosistema. Por ello, es fundamental visibilizar aquellas actividades que acentúan estas problemáticas y reflexionar acerca de sus impactos en el territorio y en las dinámicas sociales. Y una de las actividades económicas que mejor representa un gasto significativo de agua y cambios en el uso de suelo es la construcción y operación de campos de golf y las actividades relacionadas con este deporte de élite.
“[…] el agua que tenemos no se encuentra asignada equitativamente…”
Recientemente se ha suscitado una polémica respecto a la cancelación de las actividades del Campo de Golf Tangolunda, ubicado en Huatulco, Oaxaca. Ante esta situación han surgido varios posicionamientos, desde los que celebran la cancelación hasta aquellos que sugieren que detrás de esto se esconde un ajuste de intereses políticos. Más allá de estas discusiones, este caso visibiliza una actividad económica cuestionable por su gran huella hídrica y ecológica. Por ello, en este texto exploraremos tanto los impactos que los campos de golf generan en nuestro país como el contexto en que ocurrió la cancelación del arriba mencionado.
El golf puede ser considerado como una actividad deportiva, pero su impacto económico se encuentra mayormente asociado al turismo, un sector que es cada vez más reconocido por consumir importantes cantidades de agua dulce a nivel local, regional y mundial. En México hay alrededor de 200 campos de golf según datos de la Federación Mexicana de Golf, aunque hay que señalar que existen otros que no se encuentran afiliados a esta federación. Los clubs de golf, privados y afiliados a la Federación Mexicana de Golf, cuentan, por lo menos, con acceso a alrededor de 8 millones de metros cúbicos al año de aguas nacionales (253 litros por segundo) a través de concesiones que les han sido brindadas. Según datos de CONAGUA, una persona promedio en México utiliza alrededor de 300 litros de agua al día; es decir, los campos de golf gastan por segundo casi lo mismo que una persona en 24 horas.
Nuestro país se ha posicionado como un país importante para jugar golf debido a la gran diversidad de destinos turísticos y desarrollos inmobiliarios que atraen a visitantes nacionales e internacionales. Lugares como Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco y la Riviera Maya son conocidos por sus campos de golf de clase mundial; estos destinos contribuyen a la economía nacional a través del turismo, ya que generan ingresos a través del alojamiento, la gastronomía y otras actividades relacionadas. Sin embargo, la población local no se encuentra del todo inmersa dentro de la dinámica económica que este deporte implica, pues la mayoría de los trabajadores suelen ocupar posiciones laborales de bajo rango, es decir, trabajos fundamentales para que estos centros puedan operar, pero que no son tan bien remunerados.
Al igual que muchas otras actividades humanas, el golf está asociado a conflictos ambientales debido a su uso intensivo de recursos naturales, especialmente agua y tierra, así como a los posibles impactos negativos contra el ambiente y la biodiversidad. Esto es especialmente relevante cuando estos desarrollos turísticos son construidos en áreas naturales, las cuales se ven afectadas por la implementación de pasto sintético, lagos artificiales y el uso de grandes cantidades de agua para su mantenimiento.
La construcción de campos de golf se encuentra sujeta a diversas regulaciones y normativas que comprenden aspectos ambientales, de seguridad, urbanísticos y de planeación. En México, es la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-140-SEMARNAT-200 la que establece los requisitos ambientales generales para la construcción de campos de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan, con el fin de que los sitios seleccionados, así como su diseño, construcción, operación y manejo, se realicen de acuerdo a disposiciones técnicas que garanticen la protección ambiental. Sin embargo, a pesar de que existe una normatividad clara y entidades regulatorias, es frecuente que en nuestro país se presenten casos, documentados, de campos de golf que no cumplen con estos lineamientos y que generan impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades aledañas, sin mencionar que el uso reservado y excesivo de agua por parte de un sector con claros privilegios económicos y de clase fortalece dinámicas de inequidad en su reparto.
En los últimos años, nuestro país ha enfrentado una sequía extendida. Hacia finales del año pasado, el 55.4 % del territorio nacional presentaba niveles de sequía que iban de moderados a graves. En contraste con esta sequía que ha aquejado a un gran porcentaje del territorio nacional y de la población están los campos de golf, completamente verdes y con constante flujo de agua en sus instalaciones. Este hecho nos obliga a preguntarnos: ¿por qué en medio de la escasez hídrica los campos de golf tienen agua y las colonias populares no?
La disparidad en el acceso al agua entre los campos de golf y las colonias populares son el resultado de una política hídrica orientada a favorecer a los sectores más privilegiados y de priorizar inversiones inmobiliarias y turísticas. Y es que, históricamente, el golf se ha considerado como un deporte de élite debido a sus orígenes aristocráticos y al hecho de que no es un deporte económicamente accesible; la mayoría de los campos de golf pertenecen a clubes privados que requieren membresías costosas e incluso cuentan con lista de espera y una serie de requisitos hasta cierto punto excluyentes. Esto se traduce en una distribución desigual de recursos y en prácticas ineficientes de uso del agua, hecho que acrecienta y profundiza las desigualdades socioeconómicas y estructurales.
“[…] la mayoría de los campos de golf pertenecen a clubes privados que requieren membresías costosas e incluso cuentan con lista de espera y una serie de requisitos hasta cierto punto excluyentes.”
Recientemente estas disparidades han sido más visibilizadas y este año el tema ha adquirido mayor relevancia en diversas regiones del país. En enero 2024 —cuando se puso el foco de atención en el riesgo que implica la sequía del año en curso—, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) anunció la verificación del consumo de agua de los 20 clubes de golf que hay en el Estado de México, ya que por medio de tomas satelitales se detectó que muchos de ellos tienen pozos privados. La CAEM pidió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revisar las concesiones y si estas se encuentran dentro de la legalidad.
Pero esto no es nuevo. Durante más de 20 años comuneros de Tepoztlán encabezaron una movilización político-social histórica en defensa de la tierra y el patrimonio biocultural; los pobladores se opusieron a la construcción de un club de golf que desde finales de los años 90 se anunciaba como el más moderno de Latinoamérica. Uno de los argumentos principales era que el campo de golf se pretendía establecer en terrenos comunales que además forman parte integral del Parque Nacional El Tepozteco (una de las primeras áreas naturales protegidas en nuestro país). Esto, naturalmente, representaba una amenaza para los recursos naturales y la gestión hídrica de la región. Después de años de resistencia, en 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución de tierras a habitantes de la comunidad indígena en Tepoztlán; se logró la restitución de 280 hectáreas a los bienes comunales, con lo cual concluyó el litigio con la empresa Pirámide y Convento. Esto ha sido un precedente histórico de defensa del territorio por parte de las comunidades.
Otra polémica —más reciente— se vincula con la clausura de operaciones del Club De Golf Tangolunda, parte de Tangolunda Bay, un complejo turístico y residencial que incluye hoteles de lujo, restaurantes y playas. El club operó durante años debido a una concesión otorgada al polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, y fungió durante años como un sitio atractivo para el turismo internacional. La ubicación de este campo de golf es estratégica ya que divide dos áreas naturales protegidas. Se estima que este espacio es generador de empleo para al menos 50 familias y que durante el tiempo que la concesión estuvo vigente los costos por el terreno para el empresario fueron mínimos.
Durante el actual gobierno al frente del presidente Andrés Manuel López Obrador se “ordenó la protección como reservas naturales de 16 mil hectáreas propiedad de Fonatur ubicadas en seis estados”. Entre estas hectáreas se encuentran aquellas correspondientes al complejo turístico y residencial de Tangolunda Bay. Por ello, el Gobierno federal ha argumentado que las concesiones asignadas al empresario no se encontraban vigentes y que el terreno es territorio mexicano. En medio de la polémica se ofreció que este espacio fuera vendido al empresario, pero este no aceptó la oferta y ha argumentado que el gobierno actúa arbitrariamente y fuera de la ley. El pasado 27 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decretó por el cual el campo de golf recibió la categoría de parque nacional; a pesar de ello, el espacio siguió operando hasta que intervino la guardia nacional a resguardar lo que hoy en día ya es considerado un área natural protegida. Este enfrentamiento se dio en medio de un contexto en el que el Gobierno federal ha hecho pública la deuda fiscal de Grupo Salinas, el conglomerado de Salinas Pliego.
También en la Ciudad de México el Gobierno ha anunciado que revisará los contratos y concesiones que tienen algunos campos como el Club Campestre de la CDMX, el Lomas Country Club, el Country Club Churubusco, el Club Campestre Chiluca y Bosque Real, por mencionar a algunos.
Ante ello, desde las oficinas de responsabilidad social de las organizaciones turísticas y de golf se enuncian discursos y acciones encaminadas a construir condiciones “amigables” para el medio ambiente y para transitar a modelos más sustentables. Definitivamente esto es importante, pero es necesario que los gobiernos locales, en vinculación con las autoridades competentes, revisen el cumplimiento de la legislación ambiental en los campos de golf y el estado de las concesiones.
“[…] es imperativo que ninguna actividad económica esté por encima del acceso equitativo a este recurso vital.”
En medio de una crisis hídrica y una emergencia climática a nivel mundial con claros impactos en las poblaciones más vulnerables, es imperativo que ninguna actividad económica esté por encima del acceso equitativo a este recurso vital. El agua no es ni debe ser una mercancía, sino un derecho. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
