En la escuela primaria Mártires del río Blanco, donde Josué Daniel estudió en la década de los noventa, un salón tenía un balcón con vista a la cascada del Salto de Juanacatlán sobre el río Santiago. “Nos salíamos a ver del balcón la caída del agua en tiempo de lluvias,” recuerda Josué Daniel, “y la espuma, porque se nos hacía curioso. Pero son puros químicos y químicos con los que jugábamos”. Muchas veces un olor penetrante invadía los salones por las mañanas mientras bolas blancas de espuma caían sobre la escuela que cerró en 2015.

Con treinta y dos años, Josué Daniel tiene dos hijos propios y vive con enfermedad renal crónica que lo llevó a requerir un trasplante renal. Ahora sus hijos le dicen que “huele a río”. “Ellos dicen huele a río porque huele mal”, explica Josué Daniel, “pero la realidad es que un río no tiene que oler mal… muchos se imaginarán a río, naturaleza, pescados, y aquí el huele a río [quiere decir] a huevo, a popó, a todo lo que se puedan imaginar.” Este es un mundo al revés: “No es normal”, dice Josué Daniel, “no es normal lo que estamos viviendo aquí en El Salto”.

Juan Carlos es de la misma generación que Josué Daniel y tuvo su trasplante renal cuando tenía 25 años. No fue a la misma escuela en El Salto pero convivía también con la cascada: “Pasaba yo con los amigos en la bicicleta por el puente y pues divertidos, uno no sabía nada, atrapando la espuma, pero la espuma caía en la piel y dejaba mancha”. No sólo eran las manchas en la piel sino que también “provocaba muchos malestares estomacales, náuseas, vómito, diarrea, y pues batallando”. Esos eran los impactos de momento, pero desde hace más de dos décadas residentes de El Salto y de Juanacatlán, al otro lado del río, han denunciado el aumento en casos de cáncer, abortos espontáneos, enfermedad renal y otras enfermedades que asocian con la contaminación ambiental. En el caso de la enfermedad renal, el Sistema de datos renales de los Estados Unidos, identifica a Jalisco como la región o país con mayor incidencia de enfermedad renal crónica en el mundo. En Jalisco, El Salto es uno de los focos rojos para esta enfermedad.

“Somos muchos de verdad”, dice Juan Carlos de los jóvenes que conoce con enfermedad renal en El Salto, “o sea, en un rango de dos o tres cuadras y que seamos seis enfermos y dos muertos, pues no es algo normal”. Desde hace más de quince años, el colectivo Un Salto de Vida se ha organizado en la zona para cuestionar, educar y buscar cambiar la situación anormal que se vive junto al río Santiago. Una de las actividades continuas del colectivo es llevar a grupos de estudiantes, periodistas y otros al llamado Tour del Horror, que recorre la zona más contaminada del río, la sub-cuenca El Ahogado, introduciendo a los participantes en un territorio donde se entretejen espacios industriales y urbanos, cuerpos de agua malolientes, grandes fábricas, almacenes anónimos y un gran número de fraccionamientos de interés social donde escasea el agua para los nuevos residentes.

Sofía Enciso, activista de Un Salto de Vida, explica que uno de los propósitos del Tour del Horror y del colectivo es romper con lo que llaman la “dictadura de la normalidad.” Romper con la normalidad de un entorno contaminado en donde, además, a la población “se nos ha impuesto tanto […] una educación técnica donde se nos maquila para ser una mano de obra barata, [y] también se nos impone la muerte y enfermedad a temprana edad.” Esto alude a lo más dramático de esta realidad: “Nuestros padres son la primera generación de padres que entierra sus propios hijos,” relata Sofía a un grupo de Tour del Horror en marzo de 2022.

Considerado de los cauces más contaminados del país, el río Santiago desafortunadamente es también el reflejo de muchos cuerpos de agua severamente deteriorados y del fracaso de planes y programas de saneamiento. En diciembre de 2019 se organizó la Caravana #ToxiTourMexico, un esfuerzo de organizaciones y comunidades ligadas a la Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales y el Transnational Institute. Fruto de esta caravana fue el convenio suscrito en septiembre de 2021 entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para establecer Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA). En estas regiones, como las cuencas de los ríos Atoyac y Alto Santiago, se comprometen a impulsar “políticas en materia de vigilancia y cumplimiento de la normativa ambiental y de salud.” Aún es muy pronto para saber en qué derivará el establecimiento de estas regiones.

No es temprano, sin embargo, para juzgar la inacción gubernamental. Evidencia de esa inacción proviene de la Red Nacional de Monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Con resultados de 3,493 sitios de muestreo de aguas superficiales en 2020, calificaron a 32.5% de los sitios con semáforo amarillo, que implica exceder los límites para los parámetros de Escherichia coli, coliformes fecales, oxígeno disuelto o sólidos suspendidos totales, y a 31.2% con semáforo rojo por incumplir los parámetros de demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, toxicidad o enterococos.

El caso del río Santiago es un buen ejemplo de la inacción así como de la simulación de acción de parte de entidades gubernamentales, al no atender las múltiples causas de la degradación de un río que recibe descargas urbanas, escorrentía agrícola, y efluentes de instalaciones agroindustriales y del mayor corredor industrial de Jalisco (McCulligh, 2020). El actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (2018-2024), tuvo su primer acto público junto a la cascada en Juanacatlán, donde anunció una estrategia de saneamiento de este río. La estrategia, llamada integral y nombrada Revivamos el Río Santiago, sigue el patrón de programas en diferentes partes del país al centrarse en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. La problemática de los vertidos urbanos es compleja pues, más allá de la construcción de la infraestructura, implica entender las fallas en la descentralización de los servicios de agua y saneamiento que se vinculan al abandono u operación deficiente de las plantas. Estas plantas, además, no atienden la problemática de la contaminación tóxica de fuentes industriales.

Un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM en 2016 calificó el estado del Alto río Santiago como “crítico”, con una calidad química “muy baja”. Al analizar más de 800 muestras tomadas entre 2009 y 2015, determinaron con respecto a la contaminación química que “la mayor parte de ella está asociada con actividades industriales” (Bollo Manent, 2016). Antes, en 2011, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua encontró 1,090 sustancias volátiles y semivolátiles en aguas del río Santiago o descargas al mismo (IMTA, 2011). La falta de acción desde el Estado para controlar la contaminación industrial fue parte de la lógica que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares para los pobladores de El Salto y Juanacatlán, así como varias comunidades de la ribera del lago de Chapala, en febrero de 2020.

Al remarcar que la principal medida presentada por el Estado era la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, la CIDH observó que “tales no son medidas idóneas para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales”. Por ello, además de proveer atención médica especializada para los pobladores, las medidas cautelares llaman al Estado a informar sobre “las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas”. Desafortunadamente, cuando se trata del control de los vertidos industriales —uno de los principales riesgos identificados— las acciones de la administración estatal y del gobierno federal brillan por su ausencia. 

Para abatir la contaminación del agua en México hubo una buena noticia en marzo de 2022 con la publicación de la NOM-001-SEMARNAT-2021, para regular las descargas a cuerpos de agua nacionales. Esta modificación de una norma laxa que estuvo vigente por 25 años, incorporó nuevos parámetros como demanda química de oxígeno, toxicidad aguda y color, y podrá controlar mejor la contaminación por compuestos orgánicos sintéticos. Hay que matizar, sin embargo, ya que como en caso de cualquier regulación, su efectividad también depende de la capacidad de aplicarla. En este punto las noticias no son alentadoras. De un nivel de por sí bajo, ha menguado la capacidad de inspección de la Conagua. De tener alrededor de 150 inspectores en 2015, la Comisión ahora cuenta con 80. Eso explica, al menos en parte, porque de realizar un promedio de 7,694 inspecciones por año entre 2010 y 2018, la Conagua ha efectuado sólo un promedio de 2,148 entre 2019 y 2021. El panorama con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es similar.

Desde la perspectiva de El Salto, Graciela González de Un Salto de Vida, observa llegar “más corredores industriales, más fraccionamientos, más destrucción.” Graciela ve acciones contradictorias: “Por un lado te destruyo y te doy en la madre y, por otro lado, te sobo con la bandera de que te voy a arreglar el río.” Romper, como invita el colectivo, con la “normalidad” de entornos tóxicos implica superar la simulación y demostrar la voluntad de priorizar el bien común sobre los intereses privados. La labor y la protesta de ésta y muchas agrupaciones y comunidades en el país, enfrascadas en conflictos socioambientales por la contaminación tóxica, llaman a la urgente necesidad de restaurar los ecosistemas que dan sustento a la vida. EP

Referencias

Bollo Manent, Manuel. Programa de manejo ambiental de la Cuenca del Río Santiago-Guadalajara. CIGA-UNAM, 2016.

IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua). Actualización del estudio de calidad del agua del Río Santiago (desde su nacimiento en el Lago de Chapala, hasta la Presa Santa Rosa. IMTA, 2011.

McCulligh, Cindy. Alcantarilla del progreso: corporaciones, corrupción institucionalizada y la lucha por el río Santiago. Ediciones CICCUS, 2020.

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