En este texto, Bernardo Alonso Aguilar analiza cómo la reforma a la Guardia Nacional podría traer consigo severas violaciones a los derechos de la comunidad LGBT+.
Texto de Bernardo Alonso Aguilar López 02/10/24
En este texto, Bernardo Alonso Aguilar analiza cómo la reforma a la Guardia Nacional podría traer consigo severas violaciones a los derechos de la comunidad LGBT+.
Gracias a Alondra Reyna por sus valiosos comentarios y correcciones.
Las fuerzas militares nunca han sido afectas al respeto de los derechos humanos. Basta recordar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que los regímenes militares cometieron durante el no muy lejano siglo XX en toda América Latina. La reforma a la Guardia Nacional, propuesta por los legisladores de MORENA y y apoyada por algunos miembros de la oposición, permite que esta institución pase a mando militar. ¿Esta reforma afectará a las poblaciones LGBT+? Este breve ensayo argumenta que las fuerzas armadas no son espacios incluyentes, por lo que el cambio de estatus de la Guardia de una jurisdicción civil a una militar posibilita una mayor impunidad en la violación de derechos humanos contra esta comunidad históricamente vulnerada.
“Las fuerzas militares nunca han sido afectas al respeto de los derechos humanos.”
De acuerdo con el Índice Global de Inclusión de personas LGBT+ en fuerzas armadas realizado por el Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, nuestro país ocupa el lugar número 47 de 103 en materia de políticas de inclusión para las personas de la diversidad sexual y de género en instituciones militares. El índice se construyó con 19 indicadores para determinar qué tanto los países incluyen o excluyen —algunos hasta persiguen— a las disidencias sexuales y de género en instituciones castrenses.1 Aunque el estudio no analiza a profundidad el caso mexicano, estos resultados implican que nuestro país no forma parte de los treinta primeros lugares que corresponden a las democracias que han implementado políticas específicas para sus militares de este grupo poblacional. Ahora bien, tampoco pertenece a los últimos diez lugares donde se criminalizan las prácticas homoeróticas. Aunque algunos califican estos mediocres resultados como un “cómodo lugar”, la realidad para las personas LGBT+ al interior de estas instituciones no suele ser tan agradable.
El trabajo cualitativo de Ruiz Anguiano apunta a que existe un discurso de supuesto progreso en la aceptación de las personas LGBT+ dentro de las fuerzas armadas mexicanas. Sin embargo, este discurso contrasta con las prácticas de las personas LGBT+ entrevistadas por el mismo investigador. Ellos ven el uso de pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) como poco viables o descartables en el ámbito militar ya que “llevaría a revelar su orientación sexual o identidad de género”.2 Aunque no queda claro de qué manera una prueba podría revelar su orientación sexual, ya que la orientación sexual no se relaciona con las ITS y las personas heterosexuales también adquieren infecciones sexuales, este temor deja en claro que en la práctica los militares LGBT+ entrevistados consideran que su orientación sexual e identidad de género los hace vulnerables frente a sus compañeros y superiores. Por lo tanto, aunque haya un discurso de aceptación sigue habiendo hostilidad hacia las personas de la diversidad sexual al interior del Ejército.
Esta animadversión hacia las personas LGBT+ por parte de los militares también se extiende hacia los civiles de la disidencia sexual y de género. Ytzel Maya analizó, en un brillante artículo, cómo la militarización afecta a las poblaciones LGBT+ en México. Primero, armó una base de datos con las quejas de personas de la disidencia sexual y de género contra militares presentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2007 y 2020. En su análisis Maya destaca dos datos importantes: 1) que las instituciones que más violan los derechos de estas comunidades son el IMSS, OADPRSS y Migración; y 2) para 2019 el número de quejas contra OADPRSS y el Ejército aumentó considerablemente. Posteriormente, analizó la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2022. Los números de violencia sexual son alarmantes. La Marina, la Guardia Nacional y el Ejército practican violencia sexual de forma generalizada y diferenciada por orientación sexual e identidad de género. De acuerdo con las gráficas presentadas por Maya, la Guardia fue la institución con menores niveles de ejercicio de violencia sexual durante el arresto. Mientras que el 79.9 % de las personas bisexuales sufrió violencia durante el arresto efectuado por la Marina, solo el 6 % de las personas bi fue violentada por la Guardia en una situación similar.3
En síntesis, ante la falta de políticas de inclusión al interior de las instituciones armadas mexicanas, como señala el Índice de Inclusión de personas LGBT en fuerzas armadas, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes se encuentran en una situación de hostilidad y desigualdad frente a sus pares heterosexuales y cisgénero. Las vulnerabilidades y preocupaciones son evidentes con base en los testimonios recopilados por Ruiz Anguiano y la situación de violencia sexual analizada por Ytzel Maya. Por estas razones, es evidente que las fuerzas armadas no son espacios amistosos para las personas de la diversidad sexual y de género, y este hecho tiene consecuencias en la interacción que tienen estas autoridades con la población civil.
“[…] la reforma militarizaría de forma permanente la seguridad pública…”
De acuerdo con el análisis realizado por las ONG Intersecta y Data Cívica, la reforma tiene dos ejes principales: por un lado, la Guardia Nacional, institución fundada por el presidente López Obrador al inicio de su mandato, se integra a las Fuerzas Armadas —es decir, tiene el mismo estatus que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea—, de forma permanente. Por otro lado, faculta a las Fuerzas Armadas para desempeñar labores de seguridad pública, y no solo de seguridad nacional como lo estipula la Constitución vigente.4
Las ONG advierten que la reforma militarizaría de forma permanente la seguridad pública, ya que la iniciativa desplaza a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la formulación de una estrategia, pero sin efectivos propios, y además faculta a la Guardia para la investigación de delitos. El reporte de las ONG apunta que hacer que la Guardia sea parte de las Fuerzas Armadas tiene consecuencias jurídicas al extender a esta institución el fuero militar. El fuero militar tiene consecuencias para el proceso de esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos porque los militares no están sujetos a las mismas reglas ni procedimientos judiciales que los civiles; por ejemplo, no están obligados a hacer públicas las sentencias.5
En el amicus curiae que presentó el Centro Prodh ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la procedencia de la controversia constitucional contra el acuerdo que proponía que las fuerzas armadas realizaran tareas de seguridad ciudadana en 2020, dicha ONG cita el argumento del ministro Alfredo Gutiérrez Oriz Mena en favor de la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior de 2018. El argumento del ministro es que no se debe normalizar la presencia de las fuerzas armadas en las acciones de seguridad ciudadana con base en criterio de convencionalidad y un criterio internacional basado en las resoluciones de la Corte Interamericana. El primer criterio se refiere a que las acciones militares deben estar siempre acotadas en vista de que nos encontramos en tiempos de paz bajo una república democrática, en donde siempre debe prevalecer el mando civil. El segundo criterio se refiere a la interpretación que hace el ministro del caso Montero Aranguren contra Venezuela, donde si bien la Corte Interamericana no prohibió explícitamente la presencia de militares en la seguridad ciudadana, sí establece que su presencia debe ser excepcional e interpretada restrictivamente. Cierra el argumento señalando que los derechos humanos están en juego cuando se permite a las fuerzas armadas entrar en tareas domésticas y por lo mismo se requiere extrema delimitación equivalente a la excepcionalidad para justificar su entrada.6
Si se acepta el argumento de que México se encuentra en una situación de guerra en vista del fortalecimiento sin antecedentes de las organizaciones criminales, aún quedan serias dudas sobre cómo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a través de la reforma a la Guardia Nacional puede resolver el problema de seguridad doméstica. Hay que recordar el manejo fallido que tuvo el ejército mexicano ante el asedio que vivió la ciudad de Culiacán en septiembre de 2024 luego de la captura del narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada. El general Jesús Leana afirmó que a pesar de la presencia de 3,000 efectivos la paz no dependía del Ejército, sino de que los narcos dejaran de enfrentarse entre ellos.7 Ante la incapacidad de los militares de resolver el problema de seguridad nacional desde la guerra contra el narcotráfico con el gobierno de Calderón Hinojosa, la militarización ha llevado a una mayor impunidad en la violación de derechos humanos, particularmente de grupos históricamente vulnerados como las personas de la diversidad sexual.
Esta es una de las preocupaciones de los expertos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, compuesto por relatores especiales de la ONU: la incapacidad de la reforma de prevenir la violación de derechos humanos. Sus reflexiones apuntan a que la asignación permanente de labores de seguridad tendría consecuencias en las desapariciones forzadas y la impunidad de las mismas. Dicho grupo de expertos recomendó que se debe “garantizar un alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”.8 El sometimiento de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar implica que los juicios sean juzgados por tribunales militares y no civiles, lo cual aumenta las posibilidades de impunidad.
Este incremento potencial ocurriría en dos sentidos. Por un lado, la Guardia Nacional puede gozar de impunidad en la violación de derechos humanos gracias al fuero que le concede la justicia militar. Los casos de violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas mexicanas están bien documentados. Entre 2014 y 2019, la CNDH registró más de 3 mil quejas por abusos cometidos por militares. Además, en julio de 2020, se viralizó un video donde se observa el enfrentamiento entre militares y 12 civiles, y se escucha como el mando militar manda matar a los civiles. 9
Por otro lado, las violaciones a derechos humanos pueden ocurrir al no cumplir con la responsabilidad de proteger a las personas LGBT+ en sus nuevas tareas de investigación. Si las autoridades militares ahora estarán facultadas para investigar crímenes, ¿estarán también capacitadas para investigar crímenes de odio, una institución que ni siquiera reconoce los derechos de las personas LGBT+ dentro de sus filas? ¿Cómo sabremos que una institución opaca y machista efectivamente persigue asesinos de mujeres trans? ¿Tienen la formación y la sensibilización para desarrollar estas tareas tan delicadas desde una perspectiva de género y diversidad sexual? Si el proceso de sensibilización es difícil en un contexto civil, ¿cómo se educará a una institución donde ni siquiera los militares LGBT+ se sienten a gusto hablando sobre su orientación sexual e identidad de género?
Además, hay una diferencia sustancial entre si las Fuerzas Armadas pueden investigar este tipo de crímenes y el hecho de que las personas LGBT+ confíen en las autoridades militares para denunciar estos crímenes. De acuerdo con el informe sobre desapariciones LGBT+ del relator especial de ejecuciones extraoficiales de la ONU, las actitudes negligentes, la presunción sobre los motivos, el miedo de los testigos y el miedo de las víctimas a la revictimización impiden que las investigaciones sobre desapariciones LGBT+ sean efectivas.10 Aunque se desconocen las actitudes de las personas LGBT+ hacia los militares en México, muchas personas de dichas poblaciones no nos sentimos protegidas por ellos al ser instituciones machistas. Las autoridades militares tendrían que formarse para ser competentes en la investigación con perspectiva de diversidad sexual y no revictimizar a las víctimas.
“[…] las actitudes negligentes, la presunción sobre los motivos, el miedo de los testigos y el miedo de las víctimas a la revictimización impiden que las investigaciones sobre desapariciones LGBT+ sean efectivas.”
En conclusión, en vista de que las instituciones castrenses son hostiles a las personas LGBT+, el sometimiento de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar posibilita que las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas LGBT+, como las descritas por Maya, queden impunes bajo la jurisdicción militar. Estas violaciones pueden ocurrir directamente por mano de los militares, o bien —debido al segundo eje de la reforma a la Guardia— pueden consistir en que los militares no estén capacitados para perseguir crímenes lgbtfóbicos, y por lo mismo, pueden por omisión incumplir la obligación que les impone la reforma de encargarse de labores de investigación. Aunque el panorama es poco halagüeño, las comunidades de la diversidad sexual harán lo único que saben hacer: acompañarse en la supervivencia. La denuncia de las violaciones de derechos humanos, la protesta, el cabildeo para visibilizar los crímenes que probablemente las autoridades militares cometerán contra estas poblaciones es la mejor arma para protegerse cuando el Estado parece desfallecer en este país. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
