A lo largo de la historia, la gratuidad de cualquier servicio nos ha llevado a encontrar ganadores, perdedores, beneficiados e inconformes, pero, sobre todo, innumerables opiniones, retos, oportunidades y ciertas conclusiones. Este es el caso de la investigación: ¿Transporte público gratuito en la CDMX?, que surgió al formularnos dicha pregunta.¹

En la Ciudad de México, el transporte público representa aproximadamente 8.6 millones de viajes diarios; el 67.8% de estos desplazamientos se realizan en servicios de vagonetas, microbuses y autobuses colectivos. El Sistema de Transporte Colectivo (STC o Metro) atiende el 38.2% de los viajes, mientras que el 20.8% restante se reparte entre otros modos como Autobuses de corredor, Metrobús (MB), el Trolebús (TB) y el Tren Ligero (TL), parte del Servicio de Transporte Eléctricos (STE) y de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).²

Para iniciar el análisis de la situación actual del sistema de transporte público de la CDMX, lo dividimos en dos categorías. La primera: los organismos descentralizados, que incluye el Metro, MB, STE y la RTP; la segunda corresponde a los servicios concesionados/privados, que abarcan vagonetas, microbuses, autobuses de corredor y zonales. Mientras que los servicios descentralizados operan bajo un esquema profesionalizado; los servicios concesionados, en su mayoría, funcionan bajo un modelo de “Hombre-Camión”, donde se opera y administra bajo concesiones individuales. 

En el caso del financiamiento, el servicio de transporte público colectivo en la CDMX opera bajo dos esquemas principales. El primero involucra servicios gestionados directamente por el Gobierno de la Ciudad de México (GCMDX) tales como el Metro, STE y la RTP, los cuales se financian a través de aportaciones del GCDMX, los ingresos obtenidos por las tarifas de servicio y otros recursos. El segundo esquema se aplica a los servicios concesionados, que incluyen principalmente vagonetas, microbuses y autobuses, tanto de ruta específica como de corredores, cuya principal fuente de financiamiento proviene de la recaudación de las tarifas por el servicio. En ambos modelos, las tarifas son reguladas por el GCDMX.

Ante esto, nos preguntamos: ¿de qué manera la CDMX podría contar con un transporte público gratuito y cuáles serían las razones para implementar esta medida? Para obtener una respuesta realista, efectuamos investigaciones, realizamos entrevistas, consultamos estudios, así como diversas experiencias internacionales, con el objetivo de generar reflexiones, implicaciones, retos, oportunidades y conclusiones que a continuación presentamos.

Primero, profundizamos en la comprensión del concepto de gratuidad en el transporte público, buscando ofrecer una visión integral y distinguiendo dos modelos: el total y el parcial. Ante esto, se considera que un sistema de transporte público es completamente gratuito si satisface cuatro criterios esenciales: Implementación en la mayor parte de la red de transporte; acceso garantizado para la gran mayoría de los usuarios; aplicación durante la mayor parte del tiempo operativo del sistema; y operación continua por al menos 12 meses.³

En el caso del esquema de gratuidad parcial, este representa un enfoque más flexible y adaptable, con mayor posibilidad de equilibrar la accesibilidad con la viabilidad financiera y operativa del sistema de transporte. Adicionalmente, hay esquemas de gratuidad temporales, por ejemplo, pilotos de implementación para evaluar la adopción formal de estos esquemas. En la CDMX, existen algunos de estos mecanismos parciales como el acceso gratuito en ciertos transportes de los menores de edad, personas de la tercera edad, así como de los estudiantes que cumplen ciertos trámites y requisitos. 

Dentro de este análisis conceptual, surgió el término “tarifa cero”, el cual describe más acertadamente la realidad del servicio que la palabra “gratuidad”. Este concepto reconoce que, a pesar de la ausencia de un costo directo para los usuarios al momento de utilizar el servicio, los gastos operativos (el mantenimiento de vehículos, los salarios del personal y la infraestructura, entre otros) persisten. Estos costos suelen ser cubiertos, generalmente, mediante subsidios gubernamentales o fuentes de financiamiento alternativas.⁴

Aplicar cualquiera de los modelos antes mencionados, trae como consecuencia diversos impactos en una ciudad, destacando ciertas implicaciones tales como: 

• Operativas. Mayor uso del transporte público, potencialmente saturando los sistemas en horarios específicos, trayendo consigo la necesidad de aumentar la capacidad y frecuencia del transporte para mantener la calidad del mismo. 
• Ambientales. Fomentar el cambio modal de vehículos privados a transporte público, aunque en la práctica estos resultados son limitados, la mayor transición se observa en modos como bicicleta o peatonales, beneficiando los tiempos de traslado.
• Financieras. Sostener el servicio sin ingresos por tarifas, lo que exige una gestión eficiente de recursos y la búsqueda de financiamiento alternativo, incluyendo subsidios gubernamentales, impuestos específicos y colaboraciones público-privadas. 
• Sociales. Mejorar la accesibilidad al transporte público, especialmente para poblaciones vulnerables y eliminando una barrera económica. Esto facilita el acceso a zonas urbanas periféricas, promoviendo la equidad social y mejorando la calidad de vida al permitir inversiones en salud y educación.⁵

A continuación, nos enfocamos en analizar los beneficios de tener una gratuidad en el transporte público. Destacan los económicos, produciendo un ahorro para ciudadanos de menores ingresos, mejorando su capacidad de gasto y potenciando la economía local; los ambientales, promoviendo la reducción del uso de vehículos privados disminuyendo emisiones contaminantes y mejorando la calidad del aire; los de movilidad, alentando el uso del transporte público para reducir la congestión vehicular y los tiempos de viaje; los operativos, minimizando los costos relacionados con el cobro y gestión de tarifas, como la impresión de billetes y mantenimiento de equipos; y los sociales, asegurando el acceso universal al transporte, favoreciendo la equidad y el acercamiento a oportunidades para todos los ciudadanos.

Esto nos llevó a abordar los principales retos que enfrenta la CDMX para ampliar la gratuidad en su sistema de transporte público, de los cuales destacamos dos. El primero radica en la prevalencia de servicios operados bajo el esquema “Hombre-Camión”, caracterizado principalmente por el uso de vagonetas, microbuses y autobuses. Estos modos de transporte, por una parte, derivan su rentabilidad del volumen de pasajeros transportados diariamente y, por otro lado, administran sus recursos de manera autónoma mediante concesiones individuales, lo que los hace altamente dependientes de los ingresos por tarifas. 

Es importante agregar que en muchos de los casos su flota vehicular es de tecnología obsoleta y opera fuera del marco regulatorio vigente, es decir, con vehículos de más de 10 años de antigüedad, algunos de los cuales llegan a tener hasta 46 años en servicio. Para 2023, se tenía el registro de 94 rutas operando con 4200 vagonetas, 5800 microbuses y 6090 autobuses.⁶ Estos servicios son especialmente relevantes en las áreas periféricas de la CDMX, donde frecuentemente representan la única opción de movilidad. La transición hacia un esquema de operación más profesionalizado, conocido como “Ruta-Empresa”, requiere de una inversión considerable. Por ejemplo, solo la renovación y adquisición completa de microbuses demanda más de 2159 millones de pesos.⁷

El segundo reto es lograr una integración tarifaria completa en todas las formas de transporte público mediante la implementación universal de validadores para la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Esto incluye tanto los servicios ya establecidos bajo el modelo de “Ruta-Empresa” como aquellos en proceso de integración. Aunque el sistema actual permite el uso de una única tarjeta para acceder a diferentes sistemas de transporte, la integración tarifaria plena se observa principalmente en el Metro y el MB. 

Por su parte, en la Ciudad de México, donde el 55% de los hogares tienen ingresos medio-bajos e invierten alrededor del 20% de sus ingresos en transporte, una proporción que aumenta para aquellos ubicados en las periferias,² es fundamental incorporar el análisis de la movilidad de cuidado, la cual engloba aquellos desplazamientos vinculados con actividades y tareas de asistencia, como acompañar a niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores, además de incluir acciones tales como realizar compras o trasladarse por razones médicas. Tradicionalmente, estas responsabilidades han recaído en mayor medida sobre las mujeres, siendo una forma de movilidad crucial para el desarrollo social, la cual frecuentemente ha sido pasada por alto.

Las mujeres suelen realizar la mayoría de sus viajes (34%) entre semana en transporte público no masivo (vagonetas, microbuses, TB o RTP), seguido de traslados a pie (32.5%).⁸ Esta situación pone de relieve la importancia del acceso al transporte en la vida cotidiana de las mujeres con patrones específicos de movilidad, así como los desafíos particulares que enfrentan, sabiendo que las mujeres con un nivel socioeconómico bajo destinan más tiempo a sus traslados que las de un nivel alto y que el 54% de las mujeres realizan sus viajes en transporte público con percepción de inseguridad.⁸ 

En resumen, proponemos un enfoque estratégico gradual, el diálogo inclusivo y la consideración de las realidades económicas. Todo esto apoyado en pruebas piloto y en la búsqueda del financiamiento adecuado, estableciendo el terreno para un sistema de transporte público más accesible y justo para todas las personas. Conforme a la investigación realizada, la transición hacia la gratuidad total en los servicios de transporte público requiere de una planificación que permita asegurar la sostenibilidad financiera, por lo que para los sistemas de los cuales se dispone información (Metro, STE, RTP y MB), se necesitan más de 2357 millones de pesos cada trimestre, los cuales pueden provenir del GCDMX, entidades privadas o mediante cualquier otro mecanismo que lo facilite.

Ante esto, desarrollamos un decálogo para la implementación de modelos de gratuidad en el transporte público, una iniciativa estratégica para impulsar la equidad social, la sostenibilidad urbana y una movilidad más accesible en cualquier ciudad. Más allá de esta investigación, se requiere un análisis que permita definir un modelo que responda a las necesidades y particularidades de cada lugar. Ante esto, presentamos algunos puntos clave hacia la búsqueda de la adopción de un esquema de gratuidad en el transporte público, los cuales enunciamos a continuación:  

1. Definir objetivos claros. Establecer metas específicas, a partir de un diagnóstico del contexto y las necesidades locales, para determinar el modelo de gratuidad más adecuado. 
2. Involucrar activamente a todos los sectores en el proceso de planificación. Asegurar que las personas usuarias, operadores de transporte, concesionarios, academia, gobierno y otros grupos de interés tengan un papel activo en el diseño.
3. Adoptar un proceso gradual y sostenible. Implementar la gratuidad de forma paulatina, comenzando con sectores o rutas prioritarias y pruebas piloto, para evaluar su viabilidad y realizar ajustes antes de una expansión.
4. Realizar una evaluación integral para garantizar la sostenibilidad. Efectuar un análisis completo que incluya aspectos financieros, operativos, y de impacto a corto, mediano y largo plazo, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del esquema de transporte público gratuito.
5. Integrar la gratuidad en políticas urbanas más amplias. Implementar acciones complementarias y aprovechar la sinergia de otras políticas públicas para apoyar y fortalecer el cumplimiento de los objetivos planteados.
6. Asegurar la calidad, cobertura y accesibilidad del servicio. Adoptar un modelo que garantice mantener y mejorar la infraestructura del transporte público, con modelos de operación más integrados y profesionalizados, incluyendo inversiones en tecnología y capacitación. 
7. Desarrollar modelos innovadores de financiamiento y gestión. Identificar y aplicar estrategias eficientes para el financiamiento y la gestión del transporte público, mediante la diversificación de fuentes de ingresos y la optimización de recursos.
8. Evaluación y ajuste continuo. Implementar un sistema de revisión constante para evaluar la efectividad y realizar los ajustes necesarios.
9. Promover activamente la inclusión y la justicia social. Asegurar que la gratuidad del transporte público sirva como herramienta para la inclusión social y que esté dirigida a mejorar la accesibilidad para todas las personas.
10. Fortalecer alianzas estratégicas locales e intermunicipales. Construir y fortalecer alianzas entre diferentes niveles de gobierno, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para una implementación efectiva y sostenible.⁹

Es innegable que los beneficios de la gratuidad en el transporte público son múltiples y significativos al promover la equidad social, garantizar el acceso universal al transporte, mejorar la movilidad urbana, incentivar el uso del transporte público sobre el vehículo privado, así como contribuir al cumplimiento de objetivos ambientales, mediante la reducción de emisiones contaminantes. También desempeña un papel crucial en abordar la brecha de género, facilitando a las mujeres un acceso seguro y económico al transporte, lo cual es esencial para su autonomía y participación en el espacio público y laboral.

Sin embargo, la implementación de un sistema de transporte público gratuito también plantea desafíos importantes. Los aspectos financieros son quizás los más críticos: asegurar la sostenibilidad del sistema requiere de una planificación cuidadosa y de la identificación de fuentes de financiamiento estables y adecuadas. Además, es fundamental garantizar que la gratuidad no comprometa la calidad y eficiencia del servicio de transporte, lo cual implica inversiones continuas en infraestructura y tecnología, así como en la capacitación del personal.

El debate sobre la gratuidad en el transporte público es una oportunidad para repensar la movilidad urbana y su papel en la construcción de ciudades más vivibles, amables y equitativas. Los invito a conocer la investigación completa donde podrán consultar a fondo las ideas presentadas en este escrito, pero, sobre todo, quiero invitarlos a que imaginemos para construir las ciudades que queremos. EP

1. CoRe Ciudades Vivibles y Amables, A. C. (2024), ¿Transporte público gratuito en la CDMX?, consultado en https://shorturl.at/xABHO [↩]
2. Ibid.: p. 17 [↩] [↩]
3. Ibid.: p. 3 [↩]
4. Ibid.: p. 4 [↩]
5. Ibid.: p. 13 [↩]
6. Ibid.: p. 23 [↩]
7. Ídem. [↩]
8. Ibid.: p. 27 [↩] [↩]
9. Ibid.: p. 35 [↩]

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